El incremento del precio de la energía es notablemente superior al incremento del Índice de Precios al Consumo y responde a dos cuestiones importantes: la primera, evidentemente, es el deseo y la necesidad de llenar unas arcas públicas que están absolutamente vacías tras años de despilfarro y la segunda es reflejar en la factura que paga el consumidor el precio real de producción de una energía que, hasta ahora, venía siendo mínimamente subvencionada por el Estado, aunque tal subvención no constituía ningún obsequio para los ciudadanos porque el modelo energético que tenemos, el cual se basa en formas de producción de electricidad muy caras, fue, tan libre como erróneamente; adoptado por los sucesivos gobiernos sin contar con nadie.
No obstante, siendo para todos perjudicial el incremento del precio de la luz y del gas un diez y un tres por ciento respectivamente, lo peor de todo es que, a pesar de tantos derechos nominalmente reconocidos a los consumidores, tal subida se va a efectuar maquinal y solapadamente con carácter retroactivo aplicándose la misma, aproximadamente, desde el mes de Junio del 2010 porque las suministradoras energéticas llevan meses sin leer los contadores de millones de hogares españoles facturando en base solo a consumos estimativos por lo que, en este mes de Enero, cuando se proceda a la lectura y se facture en base al consumo real de energía, se aplicarán los incrementos establecidos a consumos de energía correspondientes a meses anteriores a la entrada en vigor de los mismos lo que supone que las “tan grandes e insignes empresas banderas de la economía española” van a utilizar prácticas más propias de los golfillos protagonistas de nuestra literatura picaresca que de empresas mercantiles serias que aspiran a ser competitivas.
Los ciudadanos de este país tienen el derecho y el deber de saber que la subida de la electricidad y del gas es consecuencia de la ausencia de un “Plan Energético Nacional” realista y eficaz que ningún gobierno ha querido realizar en los últimos treinta años así como de la inexistencia de un único gran sector energético público que evite que el calor de los hogares españoles en el frío invierno dependa de las caprichosas fluctuaciones del libre mercado. Así pues, una vez más, las consecuencias de la falta de previsión de quienes, por los cargos políticos y administrativos que ostentan, tienen la obligación de tenerla la van a pagar los pobres ciudadanos que vienen sufriendo en silencio una sucesión de malos gobiernos.
El incremento general de los precios que tendrá lugar el uno de Enero próximo y que no solo afecta a la electricidad y al gas sino que también se extiende a los transportes públicos unido a la congelación de las pensiones, a la supresión de la ayuda familiar a los parados y a la reducción de los salarios (no solo de funcionarios) que se prevé en un futuro muy próximo llevará a la población de nuestro país a una irremediable pérdida de poder adquisitivo y a un empobrecimiento generalizado que ya no puede ni debe imputarse exclusivamente a la mala gestión del presente gobierno sino que debe atribuirse por completo a la ineficacia y a la corrupción de todo el régimen imperante en nuestro país.