A VUELTAS CON LA LEY DEL MENOR

Los últimos y terribles hechos delictivos acaecidos en España consistentes en dos agresiones sexuales de las que han sido autores menores de edad han abierto un controvertido y artificial debate sobre la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (conocida popularmente como la Ley del Menor) y bien digo “debate artificial” porque es un debate político y politizado en el que los partícipes, distinguidos miembros o publicistas de los dos partidos mayoritarios del actual régimen político español, se eximen de responsabilidad, echan las culpas al contrario y buscan sacar rentabilidad política a costa de la desgracia de unas familias y de la alarma social provocada por tales hechos execrables.

La actual ley del menor, que entró en vigor el año 2000 gobernando nuestro país el Partido Popular, es de aplicación a los menores de edad que se encuentren entre la franja de edad comprendida entre los 14 y los 18 años, de tal forma que a los mayores de 18 años se les aplica directamente el Código Penal y a los menores de 14 no se les aplica ninguna ley penal aunque los padres de los mismos responderán civilmente de todos los actos que cometidos por sus hijos. Lo que escandaliza a mucha gente es que si un menor de catorce años mata brutalmente a una persona, las autoridades policiales solo puede identificarle, llevarle a la comisaría o cuartel de la Guardia Civil y entregarlo a sus padres no respondiendo penalmente ni recibiendo ninguna sanción penal por el delito cometido y quedando exclusivamente a los familiares de la víctima la posibilidad de reclamar a los padres del menor la correspondiente indemnización económica en la jurisdicción civil.

No obstante lo que debiera escandalizarnos a todos es el incremento en España de la delincuencia entre todas las edades y el hecho de que menores de catorce años sean capaces de cometer o participar en delitos tan graves y terribles como son los delitos contra la vida humana y los delitos contra la libertad sexual. Tal incremento de delincuencia es síntoma, no solo del fracaso de una legislación determinada, sino de toda una sociedad que, presumiendo de liberal y avanzada, es incapaz de inculcar el respeto a la libertad y a los derechos de los demás entre los más jóvenes quienes nacen y crecen de espaldas a todo valor moral o ético.

Ahora, tras la tragedia, todos los responsables políticos olvidando sus pasadas responsabilidades en la redacción de las Leyes que nos rigen como es, por ejemplo, la Ley del Menor; se llevan las manos a la cabeza, se mesan los cabellos y rompen en lamentos, quebrantos, pero sobre todo, en demagogias de mercadillo proponiendo como solución rebajar la edad penal a los doce años, pensando que tal propuesta puede permitirles arañar algunos votos. La rebaja de la edad penal a los doce años solo significa que la Ley del Menor se aplicará a los menores de edad que se encuentren entre la franja de edad comprendida entre los 12 y los 18 años por lo si un hecho delictivo es cometido por un menor de doce años se repetirá la misma situación que hoy ocurre con los menores de catorce años, surgiendo la pregunta de que si esto sucede ¿Volverán nuestros políticos a solicitar una nueva rebaja en la edad penal esta vez a los diez años de edad o ya directamente propondrán la privatización de la justicia con la reinstauración del derecho de “seguimiento de sangre”?.

Desde su entrada en vigor, la Ley del Menor, ha sido una constante muestra de ausencia de voluntad política para hacer una buena ley y de carencia de medios materiales para ponerla en práctica convirtiéndose en una especie de centro gravitatorio alrededor del cual giran importantes intereses económicos de entidades privadas además de ser, últimamente, un recurrente tema para arañar votos. El fracaso de la Ley del Menor se palpaba desde sus comienzos cuando, deprisa y corriendo, se tuvieron que crear los Juzgados Centrales de Menores para juzgar a los menores de edad que cometieran determinados delitos vinculados con organizaciones terroristas lo que equivalía a poner una nota de excepcionalidad en la aplicación de dicha ley, a la que ahora nuestros políticos quieren añadir otra pretendiendo que, al menos, se rebaje la edad penal para determinados delitos.

Desde estas páginas hemos sostenido y lo sostendremos siempre que las leyes penales tienen que existir, pero su aplicación, sin ser deseable, solo constituye la última línea de defensa de una sociedad siendo el caso de que si a una sociedad solo le queda el Código Penal para defenderse es una sociedad de la que habría que huir a toda prisa y sin mirar atrás.

La educación de los jóvenes en valores morales y/o éticos junto con el fomento del respeto a los demás unido con la responsabilidad de todas las instituciones del Estado que deben dar ejemplo y evitar el fomento del abandono de las buenas costumbres y la degeneración de las mismas es la mejor medida que se puede tomar contra todo tipo de delincuencia en general y de la delincuencia juvenil en particular. Lo demás solo son parches y paños calientes aplicados con intenciones electorales.