Y … SI ESPAÑA SE ROMPE ¿QUÉ PASA?

El referéndum, ni legal ni vinculante, sobre la independencia de Cataluña celebrado en Arenys de Munt el pasado día 13 de Septiembre del 2009 como colofón de la festividad de la “Diada” no puede considerarse como algo anecdótico o folklórico porque, entre otras cosas, pone de manifiesto que en las últimas décadas se ha fomentado artificialmente en determinadas Comunidades Autónomas, sobre todo por medio del sistema educativo, la creación de un creciente odio a España y un no menos creciente e irrevocable deseo de separación entre las nuevas generaciones de jóvenes nacidas tras la llamada transición democrática.

Sin querer entrar en profundidades, solo indicaremos que a esta lamentable situación se ha llegado a través décadas de falseamiento de la historia que tiene su origen en una interesada e irresponsable manipulación política de determinados grupos y partidos que ha sido respondida y rebatida por el silencio cómplice de academias e instituciones que en el mejor de los casos se limitaban a afirmar que “la unidad de España estaba garantizada por la Constitución”.

No es nuestra intención hacer un erudito texto sobre el origen de la españolidad de la que no puede escapar ningún territorio ni ciudadano ibérico por ser “España” simple degeneración lingüística de la denominación puramente geográfica “Hispania” dada por los romanos a toda la Península Ibérica, pero sí es nuestra intención poner de manifiesto las consecuencias que la ruptura del estado español tendrían para todos y que son ocultadas y minimizadas por los amigos de la secesión, distinguiéndose claramente consecuencias económicas y políticas.

En primer lugar y dentro de las consecuencias económicas, la secesión significaría de forma inmediata para los nuevos territorios independientes la pérdida del mercado interior, que conllevaría la reducción de la inversión extrajera ya que esta invierte en España porque le interesa entrar en un mercado de más de cuarenta millones de consumidores potenciales y no solo en uno de cinco o seis millones. Esta pérdida del mercado interior llevaría igualmente a una crisis económica inmediata y al descenso del nivel de vida. Por otra parte, la independencia produciría en los nuevos estados un incremento del gasto público y el consiguiente endeudamiento y la segura reducción de la inversión pública porque de la noche a la mañana se verían en la necesidad de crear de la nada un ejército, un servicio diplomático, pagar las cuotas de pertenencia a determinadas organizaciones supranacionales e incrementar las fuerzas policiales y la organización judicial, todo ello sin entrar a considerar los problemas sociales que generaría el crear, igualmente de la nada, un sistema de pensiones o la salida inmediata del Sistema Nacional de Transplantes.

Por su parte, el estado que surgiera como heredero del extinto Estado Español, solo se vería afectado de forma significativa en materia de pensiones, pues la Seguridad Social perdería automáticamente millones de cotizantes al mismo tiempo que se vería obligada, en un principio, a seguir satisfaciendo el mismo número de pensiones por lo que el vigente sistema público de pensiones quebraría, aunque siempre se podría crear uno nuevo sacando del mismo a los antiguos pensionistas del quebrado sistema y que fueran ciudadanos de los nuevos estados.

Junto a estas consecuencias económicas que apuntamos aparecerían no menos importantes consecuencias políticas que sin duda también tendrían repercusiones en la economía. Teniendo en cuenta que los nuevos estados que surgieran del proceso de descomposición de España surgirían con claro carácter imperialista (recordemos que tanto el nacionalismo catalán como el vasco mantienen reclamaciones territoriales sobre zonas pertenecientes a otras comunidades autónomas) y que en sus sociedades el sentimiento nacionalista no sería unánime al existir un importante porcentaje de población que se seguiría sintiendo española surgiría la problemática cuestión de “las minorías irredentas” lo que unido a que las fronteras que surgieran serían altamente inestables porque en las proximidades a las mismas existirían no pocas poblaciones que desearían estar al otro lado de esas fronteras tendríamos una situación de inestabilidad política en toda la península ibérica propia de la pasada época de la Reconquista con constantes e innumerables reivindicaciones territoriales de unos sobre otros a las que habría que añadir las que, sin duda, presentarían otros estados extranjeros como podría ser Portugal sobre Olivenza y Marruecos sobre Ceuta, Melilla y las Canarias.

En consecuencia, el proceso de secesión que quieren abrir o justificar irresponsablemente algunos partidos políticos dirigidos por megalómanos personajes y del que el referéndum de Arenys de Munt es solo un botón de muestra no liquidaría tanto un estado jurídicamente constituido o una patria de antigua y noble historia como una “Unión de Convivencia” dentro de la cual, con algún que otro problemilla (sobre todo en estos últimos doscientos años), todos hemos convivido y progresado durante siglos y todo ello para abrir un muy prolongado y peligroso periodo de inestabilidad de consecuencias imprevisibles a mayor gloria y mejor beneficio de ciertos demagogos que deberían ser marginados en sus respectivas sociedades.