EL CASO DE VIC: ¿ES LA HIPOCRESÍA EL MAL DE LA DEMOCRACIA?

Curiosa y paradójicamente el mismo día, el 13 de Enero del 2010, en el que se conocía la muerte de Miep Gies, la última superviviente del grupo de no judíos que protegieron a Anna Frank y a su familia; el municipio barcelonés, catalán y español de Vic aprobaba por mayoría la nueva normativa local que impide el empadronamiento en dicho municipio de los inmigrantes ilegales.

Esta propuesta ha sido presentada por el equipo de gobierno del consistorio formado por los partidos “Convergencia i Unió”, “Partido Socialista de Catalunya” y “Esquerra Republicana de Cataluña” y aprobada con el apoyo del partido “Plataforma Per Catalunya” sobre el que siempre ha pesado el calificativo de ultraderechista, aunque tras la propuesta y aprobación de esta medida habría que preguntarse qué es y quién constituye la ultraderecha en España.

Los partidos políticos que han propuesto esta medida, y que son los mismos que hace pocos años fomentaban y aplaudían la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país porque dinamizaban y engrandecían nuestra economía al ser mano de obra que cotizaba a la Seguridad Social y que trabajaba sobre todo en la construcción y en las obras públicas a la vez que el empadronamiento de inmigrantes era utilizado para engrosar el número de habitantes de muchas localidades y así recabar más fondos de las instituciones autonómicas y estatales, la han calificado de legal; cosa que no dudamos que sea porque toda ley o reglamento por injusto que sea jamás dejará de ser legal. No obstante una normativa, por muy legal que sea, puede ser una disposición inmoral, inhumana y obscena como tal es el caso presente.

El empadronamiento es la prueba legal de que una persona es vecina del municipio que emite el certificado de empadronamiento y hasta ahora constituía una OBLIGACIÓN y un DERECHO independiente de la nacionalidad y de la situación de estancia que permitía ejercer otros derechos. En este sentido es de indicar que el empadronamiento es un requisito imprescindible para tener acceso a la asistencia médica, inscribir a los hijos en centros escolares y acceder a programas de ayuda social. Así pues, la medida aprobada por el Excelentísimo, democrático, liberal, estatutario y constitucional Ayuntamiento de Vic envía a la irreversible marginalidad a muchas personas quienes, ante cualquier enfermedad, no podrán ser asistidas en centros médicos y quienes tampoco podrán matricular a sus hijos en colegios públicos condenándolas a vagar sin rumbo por las calles y a engrosar el mundo de la delincuencia que, practicada en tales circunstancias no será delincuencia sino, en muchos casos, actos desesperados de subsistencia.

Evidentemente esta medida acordada en Vic tiende a generar la exclusión social y a limitar derechos fundamentales como son el derecho a la Sanidad y a la Educación, pero sobre todo deja al descubierto el verdadero rostro de una casta política, la española, que realmente no cree en la existencia de Derechos Fundamentales inherentes a la persona y que por tanto no duda en vulnerarlos con normas que impiden el ejercicio de derechos reconocidos en Tratados Internacionales y en Leyes Orgánicas a las que vacía de contenido y que recuerdan aquella “Ley de Ciudadanía del Reich” que tenía por objeto la exclusión y la muerte civil de los judíos.

Lo ocurrido en Vic es un acto inmoral que pone de manifiesto la hipocresía imperante en la política española que transmitida directa e indirectamente al mundo del derecho crea un estado de falseamiento constitucional y asesina la libertad y la decencia porque la hipocresía puesta al descubierto revela que la democracia liberal es una idea falsa.

Por último queremos terminar haciendo un reconocimiento especial a los que consideramos los únicos políticos dignos de Vic que han sido los concejales comunistas de “Izquierda Unida – Les Verts” y los independentistas de la CUP, de los que evidentemente nos separan muchas cosas entre ellas el amor que sentimos por la unión armónica de todos los pueblos que integran Las Españas, pero que han tenido el valor de oponerse y votar en contra de una propuesta legal que constituye un monumento normativo a Adolf Hitler.