UNA NUEVA VARIABLE EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La última reforma del sistema público de pensiones que ha diseñado el actual gobierno del Partido Popular presenta dos novedades fundamentales consistentes en el hecho de que las pensiones ya no se revalorizarán anualmente conforme al Incremento de Precios al Consumo (I.P.C.) sino que se incrementarán todos los años tan solo un 0´25 por ciento y en el hecho de la introducción en dichas pensiones del llamado “coeficiente de sostenibilidad” en virtud del cual se calculará la cuantía de la pensión a percibir en relación con la esperanza de vida del perceptor en el momento de cumplir los sesenta y siete años, nueva edad de jubilación establecida por el anterior gobierno del Partido Socialista.

            Estas dos novedades que, en síntesis, se traducen en una reducción en la cuantía de las pensiones a percibir introducen una nueva variable en el sistema público de pensiones cual es el establecimiento de la “pensión estructuralmente deficitaria”.

            Desde su creación tal y como lo conocemos, a finales de los años cincuenta del siglo pasado, y hasta hace muy poco, el sistema público de pensiones respondía a la idea de proporcionar a nuestros mayores, tras la finalización de su vida laboral, una existencia digna y sin penurias abonándoles mensualmente una pensión que se acercara lo máximo posible a la satisfacción del cien por cien de sus necesidades imprescindibles uniéndose a la cuantía de la pensión otros beneficios sociales, que nunca llegaron a ser considerados a efectos fiscales como retribuciones en especie, como era la exención del pago de medicamentos, notables descuentos en transportes públicos, etc… A partir de ahora y debido exclusivamente a décadas de irresponsables políticas económicas y sociales, el sistema público de pensiones se ha convertido en una especie de chivo expiatorio con el que se pretende acabar dando la apariencia de que se protege y sostiene a fin de sanear, en el presente y en el futuro, las cuentas públicas.

            Para ello nada mejor que reorganizar la totalidad del sistema de protección social de la vejez y las pensiones públicas a fin de que las mismas sean estructuralmente deficitarias, es decir que, de forma sistemática y prolongada, cubran cada vez menor porcentaje de las necesidades de las personas que las perciben haciéndolas recurrir a sus ahorros para complementarlas o a la suscripción de planes privados de pensiones siendo precisamente a esto a lo que tienden las futuras medidas que pretende ejecutar el gobierno.

           

Ahora bien, ¿Qué justificación tiene el mantenimiento de un sistema público de pensiones en el que, llegado el momento, sus beneficiarios van a pasar, no ya solo necesidades, sino graves penurias económicas?. La respuesta a esta pregunta es muy simple y es que no se pretende mantener el sistema público de pensiones sino simplemente justificar a corto y medio plazo (1) la existencia misma del propio estado que cada vez más ha dejado de ser un instrumento medial para terminar convirtiéndose en un fin en sí mismo.

            La existencia de cualquier estado solo se justifica si sirve al bien común manteniendo interiormente la paz, defendiendo a la colectividad frente a posibles agresiones externas y redistribuyendo, de una u otra forma, la riqueza entre sus ciudadanos a fin de que no existan grandes desigualdades sociales ni enormes bolsas de pobreza, pero cuando un estado no solo no intenta cumplir con esas obligaciones mínimas sino que además desarrolla una política claramente contraria a las mismas se convierte metafísica y filosóficamente en un absurdo mientras que materialmente pasa a ser un mero engranaje de explotación del ser humano siendo precisamente esto lo que todo estado que se aleja de su finalidad original intenta ocultar y disimular utilizando fundamentalmente la propaganda institucional y la demagogia. Es por ello que el actual gobierno quiere mantener a toda costa un sistema público que pensiones aunque en el futuro serán a todas luces insuficientes para mantener a nuestros mayores, porque mientras al final de la vida laboral exista una pensión, por exigua, ridícula e insuficiente que esta sea para mantener al jubilado con un mínimo de dignidad, el estado podrá seguir justificando no solo su propia existencia sino también el hecho de que los ciudadanos estén cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos con los que los miembros de la casta política viven opíparamente.

            Por otra parte, la alternativa que la casta política pretende ofrecer a los ciudadanos españoles ante la futura reducción cuantitativa de las pensiones públicas es la suscripción de planes privados. Ahora bien, sin entrar en otras consideraciones de carácter sociológico y considerando exclusivamente la cuantía media de los salarios de los trabajadores en nuestro país así como los gastos imprescindibles que las familias tienen que afrontar mensualmente resulta que, tras atender a las necesidades de vestido y alimentación así como a las de alojamiento (ya sea éste en compra o alquiler) y suministros (luz, gas, teléfono…), a la mayoría de ellas no les queda cantidad alguna que puedan destinar al ahorro y mucho menos a invertir en un plan privado de pensiones por lo que está claro que el final de la planeada reforma del sistema de pensiones no solo supondrá el empobrecimiento de las futuras generaciones que se incorporen a “la tercera edad” sino su completo desamparo en una fase de la vida humana donde son más numerosos, obligados y perentorios los gastos.

            Una vez más, y ahora concretamente en el tema de las pensiones, los miembros de la casta política vuelven a engañar y a mentir a los ciudadanos porque lo que deberían reconocer de una vez por todas es la verdad que no es otra que el sistema público de pensiones peligra porque durante décadas la inversión pública que debería haber ido a él se ha destinado a otros fines, principalmente a juegos de artificios políticos como subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales etc… así como a operaciones puramente estéticas como la inversión en megalómanas infraestructuras. Igualmente deberían decir a los ciudadanos que hoy rondan los cuarenta o cincuenta años de edad que cuando lleguen a la jubilación la pensión pública que van a percibir tras toda una vida de cotizaciones no les va a alcanzar ni para comprar una ración de supervivencia en un puesto ambulante sin licencia. No obstante, nuestros políticos jamás reconocerán lo primero porque equivale a reconocer su falta de honradez y su completa inutilidad mientras que lo segundo no lo dirán jamás porque entonces no podrían justificar el pago de las actuales cotizaciones a la Seguridad Social por lo que los ciudadanos podrían empezar a plantearse el por qué contribuir a un sistema del que van a recibir menos de lo que les obligan a aportar y ello, evidentemente, llevaría al colapso total e inmediato del sistema de pensiones que alcanzaría a los actuales beneficiarios que serán de los últimos en disfrutar de unas pensiones menos deficitarias.  

(1)   Es preciso aclarar que, a todos los efectos, se entiende por corto plazo aquello a lo que se puede llegar en menos de seis meses, medio plazo es aquello que se puede alcanzar en un periodo de tiempo que va de seis meses a seis años y largo plazo aquello cuyos resultados se prevé que se pueden materializar en un tiempo superior a los seis años.