Tal y como aparece preceptivamente
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 26 de diciembre de 2013
y mientras la mayoría de españoles disfrutaba de las fiestas Navideñas, en el
seno de la ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014,
el Partido Popular ha incluido una enmienda que establece que las personas
desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán el
derecho a la Sanidad Pública española si están tres meses fuera del territorio
del estado español.
Esta medida obligará a
todos los que hayan abandonado el país en busca de mejor fortuna a contratar
servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar
directamente a la atención médica. También una vez retornen al país estarán
excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo,
ya que, una vez pasados noventa días desde su marcha, serán considerados como
no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.
Tras estas enmiendas,
aprobadas con la mayoría absoluta del Partido Popular, se darán de baja de la
Seguridad Social cientos de miles de emigrantes españoles que han salido del
país para encontrar un trabajo en el extranjero forzados por los altos niveles
de desempleo, y cuando regresen (si es que lo hacen) se encontrarán con la
necesidad de contratar un seguro médico privado.
El cambio hecho a la Ley
16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la letra
d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que “tendrán la
condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber
agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de
similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la
condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.
Es precisamente esta
última frase referida a la residencia en el país la que afecta a los que no
pueden ser considerados sino como verdaderos exiliados por motivos laborales,
junto con la nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, que determina la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social” y donde se indica que “el beneficiario de dichas prestaciones
tiene residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el
extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año
natural”.
Teniendo en cuenta la
dinámica de emigración a otros países que lleva produciéndose desde el comienzo
de la crisis y especialmente en los últimos dos años, el número de nuevos
excluidos de la Seguridad Social podría ser de gran magnitud.
Solo el último año 400.000
personas han abandonado el país, entre ellas los “Jóvenes Aventureros”, como
son considerados los exiliados laborales por la ministra de Empleo Fátima
Báñez. Ahora, a las dificultades de la “aventura”, se suma también el riesgo a
perder la sanidad pública en su país de origen. Una nueva traba para la juventud
española forzada a la “Movilidad Exterior” por la difícil situación de crisis
en España y las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular.
Según Médicos del Mundo,
ya antes de esta ley España excluía diariamente a casi 2.500 personas del sistema
público de salud, cuando la excepción a recibir la prestación médica solo se
aplicaba a inmigrantes de otros países en España. Ahora, con esta nueva medida,
el sistema público dejará de proteger también a los expatriados aun cuando
vuelvan a España si han pasado más de tres meses desde su marcha.
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