SEXO, DROGAS Y RECAUDACIÓN

El Estado podría pedir su parte de negocio en el tráfico de drogas.

Hace aproximadamente un mes saltaba la noticia de que la Unión Europea instaba a sus estados miembros a incluir en sus respectivos P.I.B (Producto Interior Bruto) una valoración estimativa de la riqueza que genera la actividad ilegal del tráfico de drogas y la actividad alegal de la prostitución. Mientras Francia encabeza una rebelión contra esta medida ordenada por las Instituciones Europeas, el gobierno del señor Rajoy ya ha anunciado, como era de esperar de su servilismo, que ordenará al Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) la inclusión de estas actividades en el cómputo del Producto Interior Bruto español a partir del próximo mes de Octubre de 2014.

            Resulta evidente que las instituciones europeas, que hacen escrupulosamente lo que ordena Alemania, buscan algo con esta medida y ese algo no puede ser otra cosa que reducir los llamados fondos de cohesión y las ayudas económicas a los países más pobres de la Unión Europea porque la inclusión, aunque solo sea estimativa, de la riqueza que genera el tráfico de drogas y la prostitución en el Producto Interior Bruto hará que éste aumente artificial y ficticiamente haciendo que la riqueza de un país sea mayor que la que realmente es e incluso, muy posiblemente, impedirá que ningún país europeo vuelva a entrar en recesión, alejando de forma puramente virtual, cualquier nueva crisis económica.

            Frente a esta orden de la Unión Europea que, en el caso español, inflará artificialmente nuestra economía de un 2´7 a un 4´9 por ciento y nos hará a los españoles virtualmente más ricos en esos mismos porcentajes; ya se han levantado las pragmáticas voces de los Inspectores de Hacienda pidiendo que se legalice y regule la venta de drogas, al menos de la Marihuana, y la prostitución.

            La postura de los Inspectores de Hacienda es lógica y práctica porque responde al siguiente razonamiento: Ya que estas actividades se van a computar en el PIB sin que produzcan efectos reales en la economía, que las mismas se legalicen y se regulen y al menos los efectos sobre la economía serán reales y se podrán cobrar nuevos impuestos aumentando la recaudación. Ahora bien, ¿Qué clase de regulación pueden tener estas actividades por parte del Estado?.

            Respecto a la legalización de la venta de drogas que, ya puestos a legalizar, no sé por qué se ha de limitar a la Marihuana, el tema está muy claro y es relativamente fácil proceder a ella porque bastaría con aplicar el mismo régimen legal y económico que rige en nuestro país para el tabaco, esto es, que la droga tuviera también la condición de monopolio estatal siendo el Estado quien autoriza su cultivo o importación, fija su precio y permite su venta a través de las concesiones administrativas que son los  “Estancos” (1).

            La legalización de la venta de droga llevaría a la desaparición de los delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas reduciéndolos, todo lo más, a un delito de contrabando y no dejaría de estar en sintonía con la concepción de España como “país de vacaciones y de servicios” pues sin duda generaría un aumento de ese turismo de baja calidad que parece gustarle tanto a nuestros políticos.

            Igualmente, la legalización de la venta de drogas, llevaría aparejada que, en caso de que el cultivo y producción propia fuera insuficiente, el Estado tendría que entenderse con los grandes productores, es decir, con los grandes “Cárteles de la droga” de Hispanoamérica y Asia elevando a estos asesinos mafiosos a la condición de honorables hombres de negocios o descendiendo el propio Estado a la condición de organización criminal. 

Además de aumentar la recaudación, sin duda la legalización de la prostitución hará descender el desempleo

           Problema distinto plantea la legalización de la prostitución llamando la atención que sean funcionarios públicos de la escala A (la máxima categoría de funcionarios solo estando por encima de ellos los de libre designación) los que aboguen por la legalización de la prostitución porque estos leales y preparados funcionarios deberían saber que la prostitución estuvo regulada y fue legal en España hasta el año 1962 en el que nuestro país suscribió el “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir la ilegalización primero y la no regulación después de la prostitución en España se debe a una obligación impuesta por un Tratado Internacional suscrito con la Organización de las Naciones Unidas pretendiéndose denunciar dicho tratado y darlo por no suscrito, lo que evidentemente es cuestionar a la O.N.U. planteándose la cuestión de que si no se le hace caso en este tema ¿Por qué hay que hacérselo en otros?.

            Sin duda, no faltarán los que justificándose en cierto “progresismo”, en no sé qué derechos fundamentales y sobre todo en un “estar con los tiempos y con el lugar” aleguen que la prostitución ya ha sido legalizada y regulada en otros países de nuestro entorno como Holanda, pero lo cierto es que en estos países no ha sido la prostitución sino el proxenetismo lo que se ha regulado.

            Fríamente considerada, la relación de una prostituta con su cliente constituye un contrato bilateral y personalísimo (ya que el cliente elige concretamente a una prostituta y la prostituta acepta concretamente a un cliente) de prestación de servicios cuyo cumplimiento en ningún caso puede ser exigido por el cliente por ser de contenido sustancialmente inmoral. Así pues, cualquier regulación de la prostitución pasa forzosamente por hacer obligatorio el cumplimiento del contrato, es decir, por obligar jurídicamente a la prostituta a cumplir su parte del mismo, con lo que el Estado estaría amparando y autorizando la explotación sexual de las personas convirtiéndose claramente en un “proxeneta”, “chulo” o “rufián”.

            Por otra parte, y en puridad lógica, la legalización y regulación de la prostitución llevaría aparejada la ampliación de la categoría de “Enfermedades Profesionales” a las “Enfermedades de Transmisión Sexual” (ETS) con el consecuente incremento del gasto en sanidad y prestaciones sociales por bajas laborales e incluso un aumento de reclamaciones de Responsabilidades Civiles a particulares y de Responsabilidades Patrimoniales al Estado, porque evidentemente si el estado regula, autoriza y grava con impuestos la prostitución se beneficia de ella y debe hacerse responsable de que esta actividad se realice con todas las garantías sociosanitarias siendo, asimismo, responsable de los perjuicios sanitarios que puedan generarse entre los consumidores de estos servicios. No obstante, parece que a los señores Inspectores de Hacienda al igual que a los miembros de la casta política que los retribuye solo les interesan los ingresos y la recaudación, no los gastos y la responsabilidad.

            Con la aceptación de las órdenes emanadas de la Unión Europea y con la justificación de un posible incremento de la recaudación, los ciudadanos españoles asistimos, una vez más, estupefactos y con dolor al triste espectáculo de desvergonzado servilismo que está dando el gobierno del Partido Popular y demás Instituciones del Estado que vuelven a demostrar por enésima vez como el dinero impera sobre la moral, el sentido común y los más fundamentales derechos humanos.

           

         

(1) No hay que considerar la venta de tabaco en bares ya que estos cobran un sobreprecio por venderlo siendo más caro comprar una cajetilla de tabaco en un bar que en un “Estanco”. De hecho hasta que no se generalizaron las máquinas expendedoras era el dueño del bar quien iba directamente a un “Estanco” a comprar determinadas marcas de tabaco que luego revendía a los clientes de su establecimiento.