TRAS EL 9-N: ¿ENCUENTRO O DESENCUENTRO?

         

El pasado Domingo 9 de Noviembre, algo más de dos millones  trescientos mil catalanes acudieron a su cita con las urnas a pesar de la suspensión cautelar impuesta por el Tribunal Constitucional lo que ha abierto una nueva y amplia polémica, totalmente estéril y fuera de lugar, sobre si se debía haber intervenido o no para impedir la consulta.

            Los resultados de la consulta dan lugar a una muy amplia interpretación, pero un hecho es incuestionable: la jornada fue un éxito para los convocantes porque consiguieron movilizar a más de dos millones de personas sin que ocurriera ningún incidente reseñable. Por el contrario es un importante fracaso para el gobierno que preside el señor Mariano Rajoy quien, después de casi un año repitiendo la salmodia de que el referéndum no se iba a celebrar, se ha tenido que tragar sus palabras y recurrir a eufemismos para intentar convencer a la ciudadanía de que lo que estaba ocurriendo en Cataluña durante el Domingo 9 de Noviembre, sencillamente no estaba pasando.

            Por lo que se refiere a todos los demás aspectos de la consulta, sinceramente, no creo que se pueda calificar la celebración de la misma ni de éxito ni de fracaso. La consulta, que no ha sido nada más que una manifestación sintomática de un problema no resuelto y que arrastra el estado español desde hace dos siglos, ha abierto cierta fractura social y política por el tratamiento que se le ha dado durante los dos últimos años por ambas partes, pero especialmente por la de este lado del Ebro (escribo desde Madrid)  que ahora es preciso cerrar satisfactoria e inteligentemente.

            Los resultados de la consulta y que han sido publicados por la Generalitat no pueden dejar lugar a dudas, la participación ha sido de algo más de dos millones trescientos mil electores lo que supone un 37 por ciento de las personas convocadas a las urnas significando que un 63 por ciento de los catalanes decidieron quedarse en casa. De esos dos millones trescientos mil catalanes que votaron el Domingo, 1.861.000 optaron clara y decididamente por la independencia, lo que supone un 80 por ciento de los sufragios emitidos, por el contrario 232.000 votantes, el 10 por ciento de los sufragios, optaron por manifestarse a favor de que Cataluña sea un estado pero no independiente y 104.000 votantes, el casi 5 por ciento de los sufragios, optaron claramente en contra de la independencia.  Aquí surge una importante cuestión que los convocantes de la consulta no querrán reconocer y que el gobierno del Partido Popular, caracterizado por una total incompetencia política, no sabrá ver que es que el referéndum convocado en Cataluña no ha sido ni clarificador ni decisor de ninguna situación.

El hecho de que el referéndum se haya celebrado con las carencias que lo ha hecho a causa de la ceguera del gobierno que se negó a autorizarlo, ha provocado que no haya existido campaña ni movilización alguna a favor de las dos posibles respuestas contrarias a la independencia por lo que la suma de los 336.000 votos obtenidos por los contrarios a la separación y que suponen casi un 15 por ciento de los sufragios emitidos son de una significación muy importante lo que, unido al elevado índice de abstención a pesar de que a este referéndum estaban convocadas personas que no tienen derecho al voto conforme a la legislación electoral estatal, implica que con Cataluña y los catalanes aún existe una posibilidad de concordia y entendimiento si todavía existiera entre toda la casta política un solo hombre de estado. 

            En primer lugar, el gobierno debe asumir, al menos íntimamente y en privado, que el 9 de Noviembre pasado ha hecho el ridículo y paralizar todo intento de sancionar penalmente a los convocantes y participantes en el referéndum catalán porque no solo sería políticamente contraproducente y dificultaría toda posibilidad de diálogo sino que además supondría poner a las instituciones del estado a los pies de los caballos ya que si el sacar las urnas a la calle era un delito fue un delito flagrante ante el cual las autoridades judiciales y policiales debían haber actuado sin pararse a valorar consecuencias políticas ya que, como estas mismas instituciones no dejan de manifestar constantemente, no pueden ni deben meterse en política siendo su función el limitarse a cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales.

            En segundo lugar, el gobierno ha de favorecer el inicio de un proceso constituyente al final del cual no solo se redacte una nueva constitución sino que en la misma se cierre de una vez por todas el tema de la organización territorial del estado bajo la forma de un estado federal integrado por entidades soberanas, se fije la forma de estado y se sienten claramente las pautas a seguir en materia de política exterior ya que el posible desarrollo de la misma podría vaciar de contenido la federación haciendo resurgir nuevamente las tensiones territoriales (1). 

            Estas dos cosas son, a mi modesto parecer, las que se deberían empezar a hacer sin demora siendo las graves cuestiones a dilucidar las de si el gobierno que hoy preside don Mariano Rajoy tendrá la altura  de miras de dar vía libre al proceso constituyente y si los viejos partidos que construyeron el fracasado  régimen de 1978 y que hoy están totalmente salpicados de casos de corrupción son instrumentos válidos y dignos de participar en dicho proceso.

(1) No sería la primera vez que un estado suscribe un tratado internacional que afecta a su legislación interna y especial y concretamente a algún territorio el cual, lógicamente, se podría sentir seriamente agraviado.