BASES PARA UN PROCESO CONSTITUYENTE

El artículo publicado por "El Chouan Ibérico" la semana pasada criticaba la intención de la casta política española de reformar la actual Constitución de 1978 alegando su inutilidad para afrontar los graves problemas políticos que afectan al país, siendo más favorable hacia el inicio de un nuevo proceso constituyente que, de una vez por todas, vertebre política y socialmente nuestro país. Ahora bien, para iniciar un proceso constituyente se ha de ser perfectamente consciente de para qué se requiere una Constitución, de para qué se inicia el proceso y cuáles deben ser sus bases.

            Como su propio término indica, una "Constitución" es una serie de principios, documentados por escrito o no, en los que se constituye o fundamenta políticamente un estado, por tanto la finalidad de cualquier Constitución es constituir normativamente un estado. Las "Constituciones" han estado presentes y han fundamentado los estados desde los orígenes de estos por lo que el principio "Constitucional" no es patrimonio, como se pretende, del derecho nuevo surgido tras la Revolución Francesa y no en vano tal afirmación queda acreditada con el hecho de que ya Licurgo legisló la "Constitución de los Espartanos" y Aristóteles dirigió un grupo de trabajo que estudió y escribió sobre la "Constitución de los Atenienses". Los principios liberales de la Revolución Francesa, todo lo más, lo que hicieron fue imponer el carácter escrito de las Constituciones contemporáneas despreciando muchos usos y costumbres en los que se habían fundamentado los estados del Antiguo Régimen. Siendo la finalidad de cualquier constitución, como ha quedado dicho,  la de constituir un estado; la primera cuestión a la que hay que dar respuesta a la hora de afrontar un proceso constituyente es: ¿Existe el deseo y la voluntad por parte de los ciudadanos de constituir un estado renunciando a la libertad absoluta, limitándola y sometiéndose a unas reglas superiores que pueden suponer, y supondrán, sacrificios en aras de la convivencia colectiva y de un proyecto en común?. Si la respuesta a esta pregunta es NO, sería inútil iniciar un proceso constituyente porque su resultado solo podría ser un estado fallido.

            Existiendo, como es el actual caso español, una constitución previa que por causas diversas ha dado por resultado un estado fallido con la floración de graves problemas sobrevenidos o subyacentes y no solucionados, resulta imprescindible ser conscientes también de que el inicio de un nuevo proceso constituyente no tiene otro objeto que el solucionar definitivamente esos problemas por lo que en primer lugar hay que analizar la situación e identificar los problemas concretos a solucionar. Hoy por hoy, esos problemas principales son la cuestión suscitada por Cataluña (1) y si la forma de gobierno ha de ser monárquica o republicana siendo tales cuestiones las bases del proceso constituyente por lo que en primer lugar, antes de iniciar el proceso, se han de arbitrar medios para que, después de intentar al máximo el encontrar fórmulas que satisfagan el encaje de Cataluña dentro del proyecto común español, los ciudadanos catalanes se pronuncien de forma inequívoca, irrevocable y definitiva sobre si quieren o no formar parte del estado que surja del proceso constituyente. Una vez resuelta esto se podrá plantear, con la participación catalana en el caso de que se pronuncien a favor de continuar integrados en el estado o sin ella si no lo desean, la cuestión de la forma de gobierno consultando directamente a la ciudadanía si prefieren una monarquía o una república porque evidentemente cuando se inicie el proceso constituyente se ha de tener muy claro si se va a constituir un estado republicano o un estado monárquico.

Resueltas estas cuestiones previas ya solo quedaría la tarea de la mejor formulación jurídica de derechos y obligaciones de los ciudadanos, garantías de esos derechos, competencias y prerrogativas de las instituciones, relación entre estas, etc... tras lo cual el proceso constituyente concluiría con la aprobación por la ciudadanía del texto resultante y la puesta en marcha de un nuevo régimen político.

            Dos cosas, y no insignificantes, que habría que tener en cuenta a la hora de iniciar el proceso constituyente son una premisa y una consecuencia. La premisa es que los que han sido los máximos exponentes y defensores del moribundo régimen no pueden formar parte activa del proceso constituyente porque cualquier aportación que de ellos pudiera surgir tendería a reproducir los mismos errores que han llevado al fracaso a la vieja constitución y la consecuencia es que, por los mismos motivos, en ningún caso esos mismos defensores y exponentes del régimen del ayer no podrán tener cabida activa en las instituciones del futuro régimen quedando a disposición de la justicia por si tuvieran que depurarse responsabilidades.

            En definitiva, un proceso constituyente requiere de la voluntad general de todos los ciudadanos de constituir un estado sin la cual el citado proceso no tiene sentido, se ha de saber de antemano quienes van a participar en el proceso constituyente y quienes no por lo que la cuestión suscitada en Cataluña debe resolverse con carácter previo y finalmente también se ha de saber de antemano si lo que se va a constituir es un estado monárquico o republicano. Estas son las bases que de ignorarse solo llevarían a la redacción de otra Constitución fracasada y cuestionada al poco tiempo de su entrada en vigor.

           

(1) Nos referimos a Cataluña expresamente por ser la Comunidad Autónoma que actualmente más cuestiona su permanencia en el estado, pero dicha referencia no es exclusiva ni excluyente.