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jueves, 20 de abril de 2017

EL I.V.A. CULTURAL EXPLICA Y MARCA TENDENCIA



La formación del nuevo gobierno nacido del pacto Partido Popular-Ciudadanos tenía necesidad de alguna medida que transmitiera a la ciudadanía un cierto lavado de cara de aquella porción de la casta política que nos mal gobierna y para ello nada mejor que anunciar una bajada de impuestos subrayando la bajada del  llamado I.V.A. Cultural que gravaba con un 21 por ciento todos los espectáculos públicos. Ahora bien, todo tiene su trampa y por mucho que el actual gobierno nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino solo los muy lo harán.

            En primer lugar, el descenso del I.V.A. Cultural no es realmente tal porque la anunciada bajada del 21 al 10 por ciento no se aplicara a todos los sectores culturales al aplicarse exclusivamente a los espectáculos públicos que sean en directo es decir a funciones teatrales, musicales y conciertos, dejando fuera a todos los demás sectores y  que, curiosamente, son los que más consumidores tienen y, por tanto, los que más recaudan en este concepto. De esta forma el cine, los DVDs y los discos mantendrán el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido en el 21 por ciento.

            Así pues, la tan cacareada bajada del I.V.A. Cultural no es más que una medida cosmética que como hemos explicado anteriormente no es cultural, sino solo parcialmente cultural y que, ni siquiera, supone una bajada real como ahora explicaremos.

            Desde 1993 el Impuesto sobre el Valor Añadido en nuestro país no ha dejado de subir. Si en dicho año se estipulaban tres tipos de I.V.A: el general del 15 por ciento, el reducido del 6 por ciento y el superreducido del 3 por cierto; en 1995 dichos porcentajes subieron al 16, 7 y 4 por ciento respectivamente; en 2010  se incrementaron al 18, 8 y 4  por ciento respectivamente llegándose dos años después, en 2012, a fijarse en el 21, 10 y 4 por ciento actual. Que ahora el gobierno que preside el señor Rajoy y que sostiene el señor Rivera pretenda aplicar el tipo reducido del 10 por ciento de  I.V.A  en vez del tipo general del 21 por ciento a determinadas actividades artísticas, no supone una bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido sino que sigue suponiendo un incremento de dicho impuesto en un dos por ciento respecto al año 2010  y de un tres por ciento respecto a 2009.

            Ciertamente el gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado tiene la facultad soberana de fijar los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero que la facultad sea soberana e, incluso, caprichosa no quiere decir que no tenga que someterse a los mínimos principios de la lógica y del sentido común, cosa que la anunciada bajada del I.V.A. Cultural no hace porque o bien el tipo que grava la cultura baja o no baja, pero no se puede bajar a unas actividades culturales y a otras no y afirmar que el I.V.A. Cultural baja. La anunciada intervención gubernamental sobre el I.V.A. Cultural marca tendencia definitivamente y esa tendencia no es otra que la del mantenimiento de una presión fiscal alta porque como hemos explicado antes la evolución del Impuesto Sobre el Valor Añadido en los últimos ocho años ha sido al alza solo pudiéndose hablar realmente de bajada impositiva si los tipos quedasen por debajo de los existentes en el año 1993.

            El estado español tiene plena libertad para fijar el tipo impositivo que se aplica a los impuestos que gravan cada actividad y cada producto y debería utilizar esa soberanía para regular los precios de mercado y hacerlos más asequibles a los ciudadanos pero, en vez de eso, utiliza dicha libertad exclusivamente para asegurarse una mayor recaudación.

            Cuando por el año 2003, los constantes incrementos del precio de los inmuebles hacían presagiar la futura imposibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda, el estado pudo intervenir en los precios de la misma bajando el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y los tipos de I.V.A. del 7 por ciento que gravaba entonces la compraventa de las viviendas al 4 por ciento así como reduciendo el Impuesto sobre el Valor Añadido a los materiales de construcción lo que hubiera supuesto una muy sensible bajada del precio de venta al público de un bien tan necesario como la vivienda habitual, pero lejos de eso el estado mantuvo los tipos impositivos incrementándolos en 2010 y 2012, lo cual solo se explica por el rapaz deseo de recaudar del estado.

            El Impuesto sobre el Valor Añadido es la más clara y  expresa explicación de la rapacidad recaudadora del actual Estado Español que queda concebido como un puro negocio pensado para no perder dinero y en el que más que ciudadanos solo hay contribuyentes que pagan sus impuestos para luego soportar recortes, estafas y recibir falacias por explicaciones y el  I.V.A. Cultural es un claro ejemplo.

            Una de las funciones del estado es defender la cultura y promocionarla entre sus ciudadanos, frente a esa obligación, el estado actúa como si la actividad cultural solo fuera una oportunidad de recaudar y una parcela de negocio. A la hipotética pregunta de ¿Qué es más importante, la cultura o el dinero? el estado español parece responder, al igual que el editor de una obra o el productor de una película, que el dinero pero con la notable diferencia de que mientras el editor o el productor reconocen que la cultura es un negocio en el que invierten en espera de obtener beneficios el estado no participa en la creación artística utilizándola exclusivamente para recaudar a través de los impuestos que gravan su consumo por parte del público.

            Un sistema impositivo debe ser justo y la justicia del mismo radica en el hecho de que los caudales públicos sean honrada y eficazmente gestionados y el ciudadano reciba del estado, bajo la forma de servicios y prestaciones públicas, al menos tanto como él aporta a ese estado y evidentemente en el caso de nuestro país no es así por lo que el estado español solo parece concebido por nuestra casta política como un negocio perfectamente pensado para recaudar dinero. Al estado español parece no importarle si el ciudadano vive en condiciones paupérrimas, si es así le remite a los servicios sociales donde un plato de sopa caliente  y una mísera pensión insuficiente para subsistir puede ser la contrapartida a toda una vida de contribuyente pero, si por el contrario, el ciudadano gana algo de dinero con su trabajo ahí está el estado para pedirle su parte y decirle que es su necesaria e imprescindible contribución económica a la protección que le presta. Por cierto esto de pagar por la protección me suena de alguna película, pero no recuerdo cual.

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