Y AHORA... ¿QÚE?

            El pasado 1 de Octubre, el Estado Español y sus instituciones pusieron fin a prolongados años de errores con una solemne estupidez descubriendo a todos los españoles, que han tenido el valor y la voluntad de querer verlo, la gran mentira que nos han hecho creer durante los últimos cuarenta años y que encubre la ausencia de grandes hombres que defendieran grandes valores.

            El Gobierno del Partido Popular junto con sus aliados y las demás instituciones del estado no han pretendido defender ni la unidad nacional ni solucionar problema alguno. Desde que empezó esta crisis, el único temor del gobierno y demás instituciones del estado ha sido mantener su justificación existencial para que los ciudadanos no nos cuestionemos nada y así poder seguir viviendo del presupuesto público aunque ello haya supuesto dar un desquiciado paso que ponga fin a más de quinientos años de vida e historia en común.

            Si el proceso secesionista iniciado por Artur Mas y continuado por Carles Puigdemont abría una brecha entre los catalanes y el resto de los españoles y hacia muy remotamente posible una secesión, la actuación de las fuerzas de orden público, el pasado 20 de Septiembre, ahondaba en esa brecha pasando esa secesión a ser probable y, finalmente, el 1 de Octubre se rompía definitivamente cualquier esperanza de reconciliación al ordenarse irresponsablemente actuar a las Fuerzas de Orden Público haciendo de la secesión una cosa prácticamente segura.

            El señor Rajoy y su gobierno han perdido toda legitimidad y credibilidad. Mientras los lugares de votación se encontraban abiertos y la gente votaba en gran número al tiempo que soportaba las cargas policiales ejecutadas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, el gobierno negaba que se estuviera celebrando ningún referéndum ni apariencia del mismo con lo que, o bien, había perdido cualquier contacto con la realidad como solo lo puede perder un pobre demente o estaba manifiestamente mintiendo como solo puede mentir un embustero patológico.

            Lo ocurrido el 1 de Octubre en Cataluña es tan grave y de tales consecuencias que resulta una exigencia política de primer orden y una necesidad moral imprescindible depurar responsabilidades a los más altos niveles. El Gobierno del Partido Popular debe dimitir y su presidente, Mariano Rajoy, debe ser sometido a un proceso judicial, preferiblemente un Consejo de Guerra (1), en el qué explique cuál ha sido la política de su gobierno hacia las reclamaciones catalanas en los últimos seis años, debe explicar cuál fue la infraestructura logística con la que contó para el despliegue en Cataluña de efectivos adicionales de Policía y de Guardía Civil, cuáles fueron las órdenes que impartió a los mandos de las Fuerzas de Orden Público destacadas a Cataluña para impedir el llamado referéndum y si recibió alguna advertencia o consejo de dichos mandos sobre las consecuencias que la ejecución de dichas órdenes podrían acarrear. Igualmente, el mando designado como coordinador de las Fuerzas de Orden Público, Coronel Diego Pérez de los Cobos, debe comparecer ante un Consejo de Guerra en el que explique qué órdenes concretas recibió, de quién partían y qué órdenes dio a sus subalternos para ser ejecutadas el día 1 de Octubre y si hizo alguna advertencia profesional como coronel graduado en Estado Mayor sobre las dificultades estratégicas, tácticas y logísticas que planteaban esas órdenes y sobre las consecuencias que podría acarrear la ejecución de las mismas aún en caso de éxito (1). Asimismo, Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey que, durante toda esta crisis, ha guardado un divino silencio debería tener a bien renunciar al cargo y retirarse, junto con toda su familia, a disfrutar de los placeres que le pueda proporcionar la vida privada (2).

            Repetimos que parece, y esa es la sensación general, que algo se ha roto el 1 de Octubre surgiendo la inevitable pregunta: Y ahora... ¿Qué?. 

            Hay quienes hablan de aplicar el artículo 155 de la moribunda Constitución de 1978 pero tal medida, además de seguir en la línea de fracturar aún más, no es realista y carece de fundamento porque si las Fuerzas de Orden Público ya han demostrado que han sido incapaces de impedir el referéndum a pesar de la desproporcionada fuerza empleada ¿Cómo se va a suspender el ejercicio de las instituciones autonómicas catalanas?.

            Unos hablan de convocar elecciones autonómicas en Cataluña, pero ¿Qué solucionarían esas elecciones si los resultados arrojan un parlamento autonómico con las mismas mayorías que las actualmente existentes?

            Otros hablan de negociar, pero ¿Negociar el qué?. Evidentemente el Gobierno autonómico de Cataluña y sus aliados parlamentarios ya han tomado una decisión que es la de ir a la independencia, decisión que, justo es decirlo, han tomado con la inestimable ayuda del gobierno y de las demás instituciones del Estado Español y un gobierno, cualquier gobierno, aunque sea el desquiciado gobierno que preside el señor Rajoy no puede negociar la disolución del estado.

            La única posible solución, si es que todavía existe alguna, sería ir a un proceso constituyente con exclusión de los causantes políticos e institucionales, de la presente crisis y solo si todos los ciudadanos de las Españas muestran su voluntad y deseo de encontrar puntos de encuentro y entendimiento que nos permitan constituir un sólido estado común y no una comunidad de intereses creados como la que surgió de la Constitución de 1978 o un vulgar matrimonio de conveniencia como algunos parece que están planteando que se haga. Esta solución, tal y como están las cosas a día de hoy, parece más bien un sueño que una realidad factible entre otras cosas por no encontrarse en todo el panorama patrio nadie con sentido común capaz de pilotarla.

            La casta política e institucional española y, especialmente dentro de la primera, el Partido Popular han llevado a España a una situación en la que, lamentablemente, parece haber solo dos soluciones, una mala y otra peor, que terminan con un mismo resultado: el divorcio entre Cataluña y las demás Españas.

            No faltará quien sugiera y proponga un incremento de la presión  sobre Cataluña con el incremento del número de efectivos de las Fuerzas de Orden Público allí destacados o incluso con el despliegue del ejército, pero alguien con un mínimo sentido común debería advertir a quien corresponda que, con tales medidas, se podrá controlar el territorio catalán e incluso doblegar a su población por un tiempo más o menos prolongado pero, en ningún caso, recuperar los corazones de los catalanes que hoy parecen dar la espalda a lo que, en ningún caso, deberíamos dar argumentos para que dejarán de considerarla su, nuestra, patria común.

            Si  Cataluña persiste en su deseo de secesión no nos quedará más remedio que aceptarla, aunque no se la reconozca, y retirarnos de allí con todas las consecuencias que la independencia pueda acarrear para ambas partes garantizando plenamente el gobierno de "lo que quede" que ninguno de sus ciudadanos va a salir perjudicado económicamente por dicha  secesión.

(1) Digo preferiblemente en un Consejo de Guerra porque las irresponsables decisiones tomadas por el gobierno han afectado gravemente al prestigio y credibilidad de las Fuerzas de Orden Público y, especialmente, al cuerpo de la Guardia Civil.

(2) Es de recordar que, tras la derrota de Santiago de Cuba y de Cavite, los almirantes Cervera y Montojo fueron sometidos a sendos Consejos de Guerra por su posible responsabilidad en la derrota siendo exonerados en los mismos por haber advertido fehacientemente al gobierno de la situación precaria en la que se encontraba la flota y que la impedía presentar batalla con garantías.

(3) La Constitución de 1978 en su artículo 56.1 establece que "El Rey es el Jefe del Estado símbolo de su unidad y permanencia".... evidentemente existen dudas y más que dudas de que el estado esté unido en estos momentos y de la permanencia de dicha unidad.