CATALUÑA, OTRA VUELTA DE TUERCA

Lasemana pasada criticábamos, desde estas páginas, la actitud de los políticosindependentistas catalanes ante la aplicación del artículo 155 de laConstitución y, especialmente, la salida del territorio catalán del Presidentde la Generalitat porque daba la impresión de que les había fallado la fe en elproceso que ellos mismos habían iniciado y que, realmente, carecían de voluntadpara culminarlo. No obstante, la decisión judicial  tomada por la Juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el pasado 2 de Noviembre de 2017, de decretar prisión provisional contra el Vicepresidente de la Generalitat y siete Consejeros más del gobierno catalán da un giro inesperado a la situación existente que viene a explicar lo que parecía inexplicable y que demuestra que, lejos de haber terminado la partida de ajedrez iniciada por Carles Puigdemont porque éste había tirado el tablero, tal y como dijimos la semana pasada, la partida no ha terminado y Puigdemont ha vuelto a entrar en juego.

            Si la aplicación limitada del artículo 155 de la Constitución con una convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña en menos de dos meses, unida a la actitud  generalizada de sumiso acatamiento por parte de los políticos catalanes y a la salida de territorio catalán del President de la Generalitat, había descolocado al mundo independentista y supuesto un cierto desprestigio de la casta política catalana;  la prisión preventiva decretada contra Oriol Junqueras y siete Consejeros del gobierno catalán reabre, revive y agudiza el problema y hace que, si era posible que de las elecciones del 21 de Diciembre resultara una composición parlamentaria distinta a la existente antes del 27 de Octubre, ahora sea seguro que las elecciones planeadas no resolverán nada arrojando las mismas mayorías parlamentarias en Cataluña, o incluso, un incremento de apoyos electorales al bloque separatista.

            Nunca un estado y sus instituciones han actuado jamás con mayor ceguera política ni de peor manera para la defensa de sus intereses aunque, después de lo visto el 2 de Noviembre con la prisión provisional decretada contra una parte del destituido gobierno autonómico catalán, caben muchas, muchísimas, dudas de cuáles son esos intereses y si los mismos coinciden con los intereses de la inmensa mayoría de los españoles.

            Desde el punto de vista jurídico, la prisión provisional constituye la más grave medida cautelar que se puede decretar contra un investigado (antes imputado) en la fase de instrucción de un procedimiento penal que tiene que fundamentarse en la posibilidad de destrucción de pruebas y de continuación  en el acto delictivo por parte del reo, en la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia del mismo y en la repercusión o alarma social que los hechos hayan suscitado. En el presente caso, solo con una interpretación extremadamente rigorista y, hasta cierto punto, torticera de la ley concurren esos requisitos.

            En primer lugar, una vez destituido el Gobierno Catalán, sus Consejeros y Vicepresidente ya no pueden ordenar nada que suponga la destrucción de pruebas y si esto se produjera sería porque funcionarios subalternos lo estarían haciendo motu proprio, no porque esas autoridades destituidas lo estuvieran ordenando.

            En segundo lugar, no se puede deducir que los investigados vayan a continuar en la presunta acción delictiva porque al ser cesados y al haberse disuelto el parlamento catalán los investigados han perdido toda condición de autoridad, solo desde la cual, han podido cometer los supuestos delitos que se les imputan porque sin esa condición de autoridades difícilmente se puede malversar fondos públicos para destinarlos a un referéndum ilegal o proclamar más república independiente que la de su propia casa. Si contra esto se argumenta que los investigados manifiestan que de continuar siendo autoridades volverían a hacer lo mismo, lo que se estaría sancionando sería exclusivamente una determinada tendencia ideológica además de demostrarse que la administración de justicia actúa arbitrariamente porque, las cosas como son, Oriol Junqueras y los demás Consejeros del Gobierno Catalán llevan afirmando que iban a ir a la Declaración Unilateral de Independencia y actuando públicamente en ese sentido desde que fueron elegidos en las elecciones catalanas de 2015 sin que la administración de justicia haya actuado antes.

            Por lo que se refiere a la posibilidad de sustracción a la acción de la justicia, no se pude presuponer de una forma lógica la existencia de tal posibilidad en unas personas que acuden voluntariamente y por sus propios medios a una citación  de un órgano judicial radicado a más de quinientos quilómetros de sus domicilios porque para abandonar el país, como ha demostrado el propio Carles Puigdemont, han tenido tiempo más que suficiente y no lo han hecho. Además todos ellos tienen domicilio conocido, arraigo probado en nuestro país y existen otras medidas cautelares menos gravosas, como la personación apud acta  ante el juzgado cada semana o cada quince días y la retirada del pasaporte, que sirven sobradamente para garantizar la presencia de los investigados en el acto del Juicio Oral. Además es de considerarse que son personas muy conocidas, sobre todo Oriol Junqueras, lo que dificulta su ocultamiento y que siempre se les puede someter a una discreta vigilancia por parte de las autoridades policiales correspondientes, todo ello sin entrar a considerar que sin pasaporte al único lugar donde podrían fugarse sería a un estado de la Unión Europea donde se podría dictar una Orden Europea de Detención y Entrega que es poco más que una Orden de Búsqueda y Captura nacional y que, como dijo un ministro del gobierno de Rajoy refiriéndose a los jóvenes que se veían obligados a emigrar por motivos económicos, salir de España para ir a estados de la Unión Europea no es abandonar el país.

Finalmente, y en lo referente a la repercusión o alarma social suscitada hay que indicar que dicha repercusión se viene dando, como muy poco, desde hace unos cinco años como demuestra la cantidad de noticias que el llamado "Procés" ha generado en todos los medios de comunicación. Desde hace un lustro, como mínimo, los únicos que parecían que no estaban alarmados con la deriva que estaban tomando los acontecimientos en Cataluña eran los señores Magistrados, Jueces, Fiscales y Abogados del Estado que se dedicaron a mirar para otro lado con lo que, si en realidad existiese algún delito de los que se pretenden imputar a los cesados miembros del Gobierno Catalán, ellos mismos también lo habrán cometido por una manifiesta negligencia "In Vigilando", tan gigantesca que solo podría tener relevancia penal.

            Evidentemente, todo este proceso que, hasta el momento, ha culminado con la prisión provisional del Vicepresidente de la Generalitat y de siete Consejeros del Gobierno Catalán ha sido un proceso públicamente planteado y ejecutado a lo largo de un prolongado espacio de tiempo durante el cual las autoridades políticas y judiciales del estado español han tenido sobrado conocimiento del mismo, aunque solo fuera por lo que  se podía oír en las emisoras de radio, y ante el cual no han hecho nada en absoluto para atajarlo en su momento por lo que, si bien no nos encontramos ante un delito provocado, bien podríamos considerar que estamos ante una delito tolerado y permitido por los poderes del estado y tolerado durante tan largo tiempo que el pretender hacer valer ahora, en este preciso momento, la legalidad cuando se ha podido hacer mucho antes y no se ha hecho no deja por menos que sorprender, permitiendo interpretar que estamos ante una clara y manifiesta aplicación arbitraria de la ley al aplicarse ésta solo en el momento y con el grado que interese.

            La desproporcionada actuación judicial del pasado 2 de Noviembre de 2017, viene a justificar los argumentos de Carles Puigdemont en Bruselas sobre la "terrible represión" que iba a desencadenar el estado en Cataluña y, nuevamente, permite presentarse al independentismo catalán como víctima de una "durísima persecución" echando leña, más bien gasolina, al fuego de la crisis abierta entre Cataluña y el resto de España cuya explicación se encuentra fuera de toda lógica.

            Fuera de toda lógica, salvo que... todo responda a una enorme cortina de humo que esté haciendo que el tema de Cataluña monopolice absolutamente todo permitiendo que pase a un segundo plano el incremento del paro y de la pobreza en España o la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) con Canadá y que deja en un juego de niños al Tratado Transatlántico  de Libre Comercio (TTIP). También puede ser una maniobra electoralista para permitir al Partido Popular reforzar su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales dependiendo para gobernar exclusivamente de sí mismo o, todo lo más, de "Ciudadanos" y hundiendo por completo a la izquierda que representa PODEMOS, que según las encuestas pierde un tercio de sus votos, y al PSOE, que se descompone por momentos y a ojos vista. Igualmente, es casi seguro que estemos ante un movimiento de autojustificación de unas instituciones que pretenden demostrar que la autoridad y el Estado de Derecho existen aunque el segundo se encuentre en una nítida fase de degeneración y la primera se ejerza mal y a destiempo.

            No nos cansaremos de repetirlo y lo repetiremos una vez más. En toda esta crisis entre catalanes y catalanes y el resto de españoles, que ya se prolonga demasiado, el bien supremo a proteger no es la legalidad constitucional, ni las prebendas de unos funcionarios garbanceros ni la ambición de unos políticos alejados de toda finalidad de servicio público. El bien supremo a proteger, política y jurídicamente, es la unidad de convivencia que suponen Las Españas y para ello se debe empezar a trabajar para cerrar la fractura abierta entre Cataluña y el resto de España al igual que se trata una profunda herida abierta para favorecer su cicatrización (lentamente y de dentro a fuera), haciendo pedagogía y alejándonos tanto de posiciones separadoras como separatistas y desde luego, sépalo el Gobierno, la Fiscalía y los Tribunales, metiendo a la gente en la cárcel no es la mejor manera de iniciar tan ardua tarea.