JUSTICIA, POLÍTICA E IMPUESTOS

 Finalmente fue el día 6 de noviembre y no el 5, como estaba previsto, cuando el Tribunal Supremo se puso de acuerdo para tomar la decisión de sobre a quién le correspondía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas. La decisión del alto tribunal no pudo ser más sorprendente pues esperándose que dijera que correspondía a los bancos, confirmando así la sentencia del pasado 18 de octubre, y fijara un concreto plazo de prescripción tiró por donde nadie se lo esperaba al imponer a los hipotecados la totalidad del pago del tributo y haciendo ya innecesario cualquier pronunciamiento sobre el plazo de prescripción desde el cual se podía solicitar la devolución del impuesto.

            La decisión del Tribunal Supremo constituye un escándalo sin precedentes, modifica la interpretación de una sentencia firme, abre a los bancos la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo y consolida socialmente la inseguridad jurídica dimanante de la lógica desconfianza en unos órganos judiciales que rivalizan con la Donna de Rigoletto a la hora de ser "mudables cual pluma al viento".

            La Justicia española no puede estar más en entredicho. Entre el controvertido procedimiento penal abierto por el 1-O, las fracasadas solicitudes de Ordenes Europeas de Detención contra Puigdemont, cursadas ante la Justicia Alemana y Belga, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que Otegi no tuvo un juicio imparcial  y ahora, como la guinda de un pastel, la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados existen sobrados indicios  que, valorados en su conjunto,  permiten pensar racional y razonadamente que la Justicia en España no funciona y solo es el refugio de una elite funcionarial que aspira a un prestigio que no merece y que cobra unos emolumentos demasiado generosos por los pocos problemas que soluciona y los muchos que genera.

            La Justicia española, se ha retratado totalmente porque planteándose a su consideración un importante problema de relevancia social y económica no ha sabido dar respuesta al mismo pasando su resolución al legislador, es decir, llevando la cuestión de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes.

            Ahora, el gobierno que preside Pedro Sánchez reacciona hábilmente y aprovecha la respuesta insatisfactoria dada por la Justicia para convertir el veneno en remedio e intentar sacar partido disimulando el más puro oportunismo. En este sentido el gobierno ha sido raudo en anunciar que llevará al Congreso de los Diputados (Poder Legislativo) un Decreto Ley que, sin efectos retroactivos por lo que solo afectará a las hipotecas que se suscriban a partir de su entrada en vigor, impondrá el pago del  Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las Hipotecas a los bancos poniendo de manifiesto la gran hipocresía de nuestra casta política.

                En primer lugar surge la cuestión del por qué no se ha hecho antes. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lleva gravando las hipotecas décadas y décadas, el estado o las Comunidades Autónomas llevan décadas y décadas ingresándolo en sus arcas y ningún gobierno de ninguna tendencia política ha hecho ascos a tal ingreso importándole muy poco quien lo pagase y que gravase, junto con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre el Valor Añadido, la adquisición de la vivienda. De hecho, hace tan solo diez años, cuando nadie podía comprarse una vivienda sin hipotecarse durante cincuenta años, a ningún político y a ninguna administración le importaba la repercusión social que la carga impositiva tenía sobre la vivienda, lo único que les importaba era lo que ingresaban por recalificaciones de suelo y por impuestos. Socialistas y populares, que pasaron por el gobierno del país durante la época de la burbuja inmobiliaria, podían haber intervenido el precio de la vivienda o rebajarlo tímidamente reduciendo el tipo del I.V.A y de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 4 por ciento pero no lo hicieron porque solo les interesaban los ingresos que por tales conceptos obtenían poniendo de manifiesto que los intereses de los ciudadanos les importaban un bledo y que su preocupación por la ciudadanía es directamente proporcional a la necesidad de sus votos.

 Asimismo está la muy importante cuestión de que dicho Decreto Ley, al no tener efectos retroactivos, supone un agravio comparativo para los numerosos ciudadanos que suscribieron  sus hipotecas con anterioridad a su entrada en vigor. Es decir es como si entre el Tribunal Supremo y el Gobierno se hubieran concertado tácitamente para dar una solución salomónica que salve la cara a las administraciones autonómicas, verdaderas beneficiarias del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y a los bancos, quienes ya se buscaran la manera de repercutir en el hipotecado el pago del impuesto.

            En segundo lugar, está el hecho de que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava todo tipo de escrituras públicas con valor económico (préstamos personales, reconocimientos de deuda, etc...) y no solo las hipotecas, con lo que la medida anunciada por el gobierno debe o debería dar respuesta de a quien corresponde pagar dicho tributo en todos los casos y no solo en el de las hipotecas.

            Finalmente surge la cuestión, la gran cuestión metapolítica y jurídico-filosófica, que ningún miembro de la casta política se ha planteado, cual es si resulta legítimo que el estado grave con impuestos, como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el I.V.A . y Transmisiones Patrimoniales, el ejercicio de derechos fundamentales como la adquisición de la vivienda.

            La decisión del Tribunal Supremo ha supuesto un paso más en el desmaquillaje de un régimen y de unas castas públicas, la política y funcionarial, que ven como toda su aura de perfección democrática y popular se cae a pedazos dejando ahora al descubierto que el estado social, democrático y de derecho más bien es un régimen político constitutivo de un "estado corsario" que, pase lo que pase, sufra quien lo sufra y perjudique a quien perjudique, quiere su porcentaje en todas las operaciones que se hacen con su anuencia.