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| Siempre sonriente, siempre mirando para otro lado |
Los desechos de la
Transición se le acumulan al presidente del Gobierno sobre la mesa de su
despacho de la Moncloa. Y se amontonan, también, como un goteo incesante, en la
memoria histórica reciente de la “izquierda institucional”. El alejamiento
físico del emérito solo aplaza temporalmente sus responsabilidades y su destino.
Y su hijo, el actual jefe del Estado, intenta demostrar que no pasa nada, que
está limpio de polvo y paja, pero el declive de su imagen pública y de la
propia institución continua imparable. Nadie se cree, excepto el aparato de
propaganda gubernamental, que la monarquía vigente no participa de los vicios
franquistas. Y a los entusiastas de la Constitución del 78 hay que recordarles
que, en la institución monárquica, no se puede distinguir entre la persona y la
propia institución: Juan Carlos de Borbón -a título de rey- es la única persona
que figura con nombre y apellidos en el texto constitucional, para vergüenza de
quienes continúan apoyándola -“inasequibles al desaliento”- cual texto sagrado.
Al binomio paterno-filial, herencia de la Dictadura, se
le han añadido la pasada semana dos hechos significativos que siguen
recordándonos que la Transición se cerró en falso. Por un lado, la citación en
un juzgado argentino de Martín-Villa, por su presunta responsabilidad en los
crímenes del post-franquismo, y por otra la sentencia -recurrible- sobre la
propiedad del Pazo de Meirás. Dos hechos que nos recuerdan que una parte
importante del régimen franquista pervive, cuarenta y cinco años después de la
muerte del General. Las libertades democráticas siguen hipotecadas y los
residuos del franquismo continúan mostrando sus vergüenzas. El tránsito del
franquismo a la democracia sigue siendo una herida sangrante que se cicatrizó
en falso… y comienza a oler a podrido.
No ha sido la justicia española quien ha tomado la iniciativa
de investigar la basura que se esconde bajo la raída alfombra de la
Constitución del 78. Investigar hechos cometidos por relevantes ciudadanos con
pasaporte español y que afectan directamente a la legalidad institucional, han
tenido que iniciarse fuera de nuestras fronteras, para mayor gloria de nuestro
aparato judicial, siempre tan exquisito en su independencia como complaciente
con el sistema. Han tenido que ser un juez suizo, en el caso del emérito, y una
jueza argentina en el caso de Martín Villa, quienes abrieran los
procedimientos.
Que la justicia ordinaria -en este caso la española, que
algo tiene que hacer- haya reconocido que el Pazo de Meirás fue ofrecido al
general Franco en tanto que jefe del Estado, y por tanto debe volver a ser
patrimonio público, es una buena noticia. Y debería de ser el inicio para la
recuperación de otros bienes de dudoso origen, actualmente en propiedad de los
herederos biológicos y políticos del Dictador. La ministra portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado la sentencia: “nos parece de
justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver
al pueblo español…/… un patrimonio que de forma ilegal o fraudulenta fue
hurtada al Gobierno español”. ¿Y ese mismo argumento no sirve, igualmente, para
demandar al emérito que, aprovechándose de su impunidad constitucional, ha
amasado presuntamente una fortuna valorada, hace algunos años, por la prensa
americana, en dos mil millones de dólares? ¿No debería esa fortuna revertir
íntegramente en la hacienda pública española siguiendo el ejemplo del Pazo de
Meirás? Pero la defensa de la memoria democrática, a la que tanto recurre la
izquierda institucional, no sirve para investigar -independientemente de su
prescripción- la venta por don Juan de Borbón del Palacio de la Magdalena de
Santander; aquel palacio, pagado dos veces por la ciudadanía -primero como
regalo a Alfonso XIII y posteriormente como compra-, no era “¿patrimonio que
pertenece al pueblo español?” ¿Lo que demandamos a la familia Franco no es
demandable a los Borbones liberales? ¿Qué diferencia legal o ética hay entre la
patrimonialización privada de bienes públicos, como el Pazo de Meirás o el
Palacio de la Magdalena?.
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| Martín Villa, ¿Cantando la Macarena? |
De la imputación de
Martín Villa, por una jueza argentina, por sus responsabilidades en diversos
sucesos sangrientos ocurridos en los primeros años de la Transición hay que
destacar, como ya ocurrió en el caso del heredero del Dictador, la defensa
cerrada que la clase política, la “nomenklatura constitucional”, ha hecho del
político. De entre todos los apoyos recibidos por Martín Villa hay que
destacar, entre otros también reseñables, el de José Luís Rodríguez Zapatero,
ex-presidente del Gobierno e impulsor de la Ley de la Memoria Histórica. Según
Zapatero, no le consta que Martín Villa, ministro en los primeros años de
laTransición, tuviera responsabilidades en aquellos asesinatos; entonces,
¿quién las tenía? Y para proteger al político de origen franquista el
ex-presidente socialista no duda en recordar la Ley de Amnistía, una ley que,
recordemos, equipara legalmente la lucha por la democracia con los asesinatos
de Estado. La Ley de la Memoria Histórica, en muchos aspectos tan necesaria
para cerrar las heridas de la Guerra Civil, aclarar los crímenes del franquismo
y sepultar dignamente a los vencidos, debe de tener continuidad histórica, e
investigar los crímenes de Estado cometidos durante la Transición. Pero todo
nos conduce a pensar que el sistema –y especialmente la clase política
profesional- no tiene interés en sacar los cadáveres de los armarios: aunque
les vaya en ello su propia credibilidad democrática y su honestidad política.
Aun tiene que cumplirse un año del traslado de los restos
del Dictador desde la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de
Mingorrubio. Aquella inhumación se presentó como una apuesta personal del
Presidente Pedro Sánchez, una operación de propaganda mediática facilona y
sensiblera, aunque un tanto deslucida por los excesivos honores que se le
tributaron a Franco. Pero la sombra del franquismo, más allá de la momia del
Pardo, es muy alargada, continúa en el aparato policial, en el Ejército, en las
finanzas, en la justicia… Y conviene, aquí y ahora, recordar unas pintadas que
hace pocos años aparecieron en Pamplona, efectuada por jóvenes carlistas,
cuando se planteó el desmantelamiento de algunos monumentos erigidos durante el
franquismo: “Atrévete con los vivos”. Pues eso, Pedro Sánchez:
atrévete con los vivos, con Juan Carlos y Felipe, con Martín Villa…
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