Hace
un par de semanas, y como si en este país no hubiera otros temas mucho más
graves por los que escandalizarse, saltó la noticia, desde no se sabe dónde, de
qué varios conocidos "youtubers" españoles se habían trasladado a residir a Andorra con el fin de aprovechar
las ventajas fiscales que el principado pirenaico otorga a sus residentes, lo
cual desató las más duras críticas de varios personajes del mundo del deporte y
de la política que no dudaron de tachar tal actitud como de insolidaria.
Toda acción humana, como la de los
"youtubers", debe analizarse desde una doble perspectiva: la de la
legalidad y la de la legitimidad o moralidad.
Desde la perspectiva legal, la
legislación fiscal vigente en España, en cuya redacción quienes esto escriben
no han tenido ninguna intervención, deja muy claro que son contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas "las personas físicas que tengan su residencia habitual en
territorio español" (Artículo 8 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ) y que "se entenderá que el contribuyente
tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días,
durante el año natural, en territorio español y/o radique en España el núcleo
principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa
o indirecta" (Artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas). Por tanto si los famosos
"youtubers" se han domiciliado en Andorra están en su derecho de
hacerlo y si no permanecen más de 183 días en territorio español dentro del año
natural no tendrán que tributar en España y sí en Andorra con lo cual se
encuentran, total y absolutamente, dentro de la legalidad. Otra cosa es que se
hayan domiciliado formalmente en Andorra y sigan viviendo en España, lo que
constituiría un fraude de ley que no les eximiría de su obligación de tributar
en España pudiendo ser objeto de las pertinentes sanciones previstas para el
caso de que no lo hicieran.
Ahora bien, desde la perspectiva de
la legitimidad o moralidad, y solamente desde la certidumbre de que todo lo que
es legal no tiene por qué ser legítimo, ni ético ni moral, la actitud de los
"youtubers" puede ser criticable pero, aún así, no estaría
imposibilitada de acogerse a posibles eximentes o atenuantes.
En primer lugar, hay que afirmar y
reconocer que desde hace muchas décadas se ha fomentado desde el mismo poder
político y desde diversas instituciones del estado la cultura del individualismo
cuya perfección se materializa lógicamente en el puro y simple egocentrismo y
egoísmo. Los mismos que ahora acusan a los "youtubers" de
"insolidarios" son los que se han dedicado durante años, por
frivolidad, ignorancia o simple maldad, a atacar y debilitar varios verdaderos cuerpos
básicos de solidaridad, o de lo que Kropotkin denominaba "Ayuda
Mutua", tales como la familia o a encarnaciones metafísicas de lo
colectivo como la idea de patria. Así, una vez sentado el principio de que el
individuo y sus intereses lo son todo, no cabe limitación alguna a la
individualidad y a sus ambiciones por un sometimiento a un supuesto interés
general que es definido, en no pocos casos de forma arbitraria y caprichosa,
por sujetos que suelen identificar el general interés y el bien común por lo
que, en cada momento, suele interesar a su particular bienestar y beneficio.
Así pues, la actitud de los "youtubers" puede ser muy criticable y
considerarse muy mal, pero no por los mismos que durante años se han dedicado a
atacar todo aquello que hacía que el individuo se sintiera integrado y partícipe
en un proyecto colectivo superior a sí mismo.
Si
lo analizamos fríamente y sin apasionamiento; la "insolidaridad" de
que se acusa a estos "youtubers" tiene un menor impacto real en el
país que la falta de solidaridad que puede manifestar un español, residente en
territorio español todo el año, que abandona a sus mayores en una llamada
residencia para la tercera edad, o antepone su deseo de satisfacción lúdica a la
salud pública asistiendo a una fiesta de masas en plena epidemia o se vacuna
contra el COVID saltándose la lista de prioritarios, en cambio, estas tres
últimas actitudes parece que merecen por los medios y los poderes públicos
menos reproche.
En segundo lugar, realmente no se
critica a estos "youtubers" por haberse marchado a vivir fuera de
España, sino que lo que se critica es que, al parecer, con ellos se ha ido un
porcentaje importante del capital español, de la renta económica del país y del
Producto Interior Bruto, aunque nadie nos informa a que cantidades y porcentajes
concretos se están refiriendo ni en qué consiste esta actividad económica que,
a tenor de la polémica suscitada, parece tener una importancia muy superior a
cualquier otra, incluida el turismo que como todo el mundo sabe gracias al
Ministro de Consumo, Alberto Garzón, "tiene un escaso valor añadido".
Si el problema es que un grupo de
personas, que no deja de ser reducido, con cierto potencial económico ha
cambiado su domicilio al extranjero por lo que dejará de tributar en España, la
solución es tan simple como obvia: tener
una política adecuada para fomentar que personas con cierto poder
adquisitivo y de cualquier nacionalidad se domicilien en España para que paguen
aquí sus impuestos. No obstante, lo que realmente llama poderosamente la
atención es que, tras varias décadas en los que el país viene sufriendo una
constante desindustrialización provocada por el cierre de empresas y/o su
traslado a otros países (la llamada deslocalización), con la pérdida de miles
de puestos de trabajo que ello ha supuesto, se ponga el grito en el cielo, en
este preciso momento, porque menos de una docena de individuos se haya ido a
vivir a Andorra. Esto hace que surja la pregunta ¿Por qué precisamente ahora se
da tanta importancia al tema de la residencia de los "Youtubers"? ¿No
será una forma de desviar la atención sobre otras personas y otros temas?.
Otro punto sobre el que reflexionar,
es la respuesta que ha dado uno de los "youtubers" al Vicepresidente
Tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ante la acusación de
"insolidario" manifestó que no existe "una relación equilibrada entre el estado y el ciudadano" lo
cual pone el dedo en la llaga. ¿Realmente existe equilibrio entre lo que los
ciudadanos españoles pagan en concepto de impuestos y lo que reciben?. El político de PODEMOS afirma que sin pagar
impuestos no se puede sostener la educación, ni la sanidad, ni los servicios
públicos, ni las pensiones, lo cual es en gran parte cierto, porque recordemos
que las pensiones no se pagan con los impuestos sino con las cotizaciones
sociales de los trabajadores, pero, considerando que durante años, lustros y
décadas todos los españoles pagamos al estado un porcentaje importante de
nuestras rentas en concepto de impuestos para mantener unos servicios públicos,
que por cierto no todos utilizan (por ejemplo aquellos que no tienen hijos
además de tener menos deducciones fiscales no suelen utilizar la educación, o
aquellos que están completamente sanos tampoco utilizan la sanidad), deberíamos
tener una sanidad y una educación de una gran excelencia, pero resulta no ser
así. Nuestro sistema educativo se encuentra por debajo del nivel de Indonesia,
ninguna de nuestras universidades se cuenta entre las cien primeras del mundo y
ha venido una epidemia y no había ni mascarillas con las que protegerse. Con
este panorama no podemos menos que formularnos la pregunta ¿Dónde va a parar el
dinero de los impuestos?.
El
dinero que pagamos en concepto de impuesto va a parar, como ingreso, a los
Presupuestos Generales del Estado donde las partidas más importante del gasto
público, después de las pensiones, no son ni la sanidad ni la educación, sino el
mantenimiento de la administración pública; esto es, el pago de funcionarios,
trabajadores públicos y políticos varios y no vale jugar con el sofisma de que
entre los funcionarios y los trabajadores públicos se encuentran miles de
maestros, profesores y personal sanitario, porque, aunque tal cosa es cierta,
no es menos cierto que tales profesionales constituyen un porcentaje menor
entre la totalidad de empleados públicos. Seamos realistas, considerando que
las pensiones no se pagan con los impuestos sino con las cotizaciones sociales,
la mayor parte de nuestros impuestos va a parar a "gastos de
personal" y la mayoría del "personal" que tiene el estado
español a su servicio es puro personal burocrático, sin valor añadido alguno y que
no supone ninguna aportación social relevante. Esto hace que las críticas del
señor Vicepresidente Tercero del Gobierno a los "youtubers" sean
interesadas pues todos deberían saber que con las lentejas no se juega y mucho
menos con las lentejas de los que ostentan el poder.
Finalmente, y sobre este mismo tema
se impone otra reflexión. Se critica a los "youtubers" por haberse
domiciliado en Andorra, principado que es
considerado como "de baja fiscalidad" aunque no un paraíso fiscal; pero ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de en
Andorra se hubieran domiciliado en Gibraltar?. Gibraltar es un territorio que,
en el momento de escribir este artículo está considerado un paraíso fiscal, que
vive parasitariamente de España y que, por sus diversas actividades, podría
considerarse un territorio tan pirata como en el Siglo XVII lo fue la caribeña
Isla de la Tortuga, pero qué, como consecuencia de los recientes acuerdos a los
que ha llegado el actual gobierno de coalición PSOE/PODEMOS con ese territorio
ocupado por la Gran Bretaña, ahora se le pretende sacar, deprisa y corriendo, de
"la lista negra de paraísos fiscales" al mismo tiempo que se concede a
sus habitantes la libre circulación con nuestro país. ¿Acaso no resulta
contradictorio criticar a los "youtubers" y al mismo tiempo mantener
una política de tanta manga ancha con Gibraltar donde tienen su domicilio no
pocas sociedades mercantiles que actúan en nuestro país?. ¿No estaremos ante
una polémica artificial para encubrir otras cosas?.
