EL "ESCÁNDALO" DE LOS YOUTUBERS

Hace un par de semanas, y como si en este país no hubiera otros temas mucho más graves por los que escandalizarse, saltó la noticia, desde no se sabe dónde, de qué varios conocidos "youtubers" españoles se habían  trasladado a residir a Andorra con el fin de aprovechar las ventajas fiscales que el principado pirenaico otorga a sus residentes, lo cual desató las más duras críticas de varios personajes del mundo del deporte y de la política que no dudaron de tachar tal actitud como de insolidaria. 

            Toda acción humana, como la de los "youtubers", debe analizarse desde una doble perspectiva: la de la legalidad y la de la legitimidad o moralidad.

            Desde la perspectiva legal, la legislación fiscal vigente en España, en cuya redacción quienes esto escriben no han tenido ninguna intervención, deja muy claro que son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas "las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español" (Artículo 8 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ) y que "se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español y/o radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta" (Artículo 9 de la Ley  35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Por tanto si los famosos "youtubers" se han domiciliado en Andorra están en su derecho de hacerlo y si no permanecen más de 183 días en territorio español dentro del año natural no tendrán que tributar en España y sí en Andorra con lo cual se encuentran, total y absolutamente, dentro de la legalidad. Otra cosa es que se hayan domiciliado formalmente en Andorra y sigan viviendo en España, lo que constituiría un fraude de ley que no les eximiría de su obligación de tributar en España pudiendo ser objeto de las pertinentes sanciones previstas para el caso de que no lo hicieran.

            Ahora bien, desde la perspectiva de la legitimidad o moralidad, y solamente desde la certidumbre de que todo lo que es legal no tiene por qué ser legítimo, ni ético ni moral, la actitud de los "youtubers" puede ser criticable pero, aún así, no estaría imposibilitada de acogerse a posibles eximentes o atenuantes.

            En primer lugar, hay que afirmar y reconocer que desde hace muchas décadas se ha fomentado desde el mismo poder político y desde diversas instituciones del estado la cultura del individualismo cuya perfección se materializa lógicamente en el puro y simple egocentrismo y egoísmo. Los mismos que ahora acusan a los "youtubers" de "insolidarios" son los que se han dedicado durante años, por frivolidad, ignorancia o simple maldad, a atacar y debilitar varios verdaderos cuerpos básicos de solidaridad, o de lo que Kropotkin denominaba "Ayuda Mutua", tales como la familia o a encarnaciones metafísicas de lo colectivo como la idea de patria. Así, una vez sentado el principio de que el individuo y sus intereses lo son todo, no cabe limitación alguna a la individualidad y a sus ambiciones por un sometimiento a un supuesto interés general que es definido, en no pocos casos de forma arbitraria y caprichosa, por sujetos que suelen identificar el general interés y el bien común por lo que, en cada momento, suele interesar a su particular bienestar y beneficio. Así pues, la actitud de los "youtubers" puede ser muy criticable y considerarse muy mal, pero no por los mismos que durante años se han dedicado a atacar todo aquello que hacía que el individuo se sintiera integrado y partícipe en un proyecto colectivo superior a sí mismo.

Si lo analizamos fríamente y sin apasionamiento; la "insolidaridad" de que se acusa a estos "youtubers" tiene un menor impacto real en el país que la falta de solidaridad que puede manifestar un español, residente en territorio español todo el año, que abandona a sus mayores en una llamada residencia para la tercera edad, o antepone su deseo de satisfacción lúdica a la salud pública asistiendo a una fiesta de masas en plena epidemia o se vacuna contra el COVID saltándose la lista de prioritarios, en cambio, estas tres últimas actitudes parece que merecen por los medios y los poderes públicos menos reproche.

            En segundo lugar, realmente no se critica a estos "youtubers" por haberse marchado a vivir fuera de España, sino que lo que se critica es que, al parecer, con ellos se ha ido un porcentaje importante del capital español, de la renta económica del país y del Producto Interior Bruto, aunque nadie nos informa a que cantidades y porcentajes concretos se están refiriendo ni en qué consiste esta actividad económica que, a tenor de la polémica suscitada, parece tener una importancia muy superior a cualquier otra, incluida el turismo que como todo el mundo sabe gracias al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, "tiene un escaso valor añadido".

            Si el problema es que un grupo de personas, que no deja de ser reducido, con cierto potencial económico ha cambiado su domicilio al extranjero por lo que dejará de tributar en España, la solución es tan simple como obvia: tener  una política adecuada para fomentar que personas con cierto poder adquisitivo y de cualquier nacionalidad se domicilien en España para que paguen aquí sus impuestos. No obstante, lo que realmente llama poderosamente la atención es que, tras varias décadas en los que el país viene sufriendo una constante desindustrialización provocada por el cierre de empresas y/o su traslado a otros países (la llamada deslocalización), con la pérdida de miles de puestos de trabajo que ello ha supuesto, se ponga el grito en el cielo, en este preciso momento, porque menos de una docena de individuos se haya ido a vivir a Andorra. Esto hace que surja la pregunta ¿Por qué precisamente ahora se da tanta importancia al tema de la residencia de los "Youtubers"? ¿No será una forma de desviar la atención sobre otras personas y otros temas?.

            Otro punto sobre el que reflexionar, es la respuesta que ha dado uno de los "youtubers" al Vicepresidente Tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ante la acusación de "insolidario" manifestó que no existe "una relación equilibrada entre el estado y el ciudadano" lo cual pone el dedo en la llaga. ¿Realmente existe equilibrio entre lo que los ciudadanos españoles pagan en concepto de impuestos y lo que reciben?.  El político de PODEMOS afirma que sin pagar impuestos no se puede sostener la educación, ni la sanidad, ni los servicios públicos, ni las pensiones, lo cual es en gran parte cierto, porque recordemos que las pensiones no se pagan con los impuestos sino con las cotizaciones sociales de los trabajadores, pero, considerando que durante años, lustros y décadas todos los españoles pagamos al estado un porcentaje importante de nuestras rentas en concepto de impuestos para mantener unos servicios públicos, que por cierto no todos utilizan (por ejemplo aquellos que no tienen hijos además de tener menos deducciones fiscales no suelen utilizar la educación, o aquellos que están completamente sanos tampoco utilizan la sanidad), deberíamos tener una sanidad y una educación de una gran excelencia, pero resulta no ser así. Nuestro sistema educativo se encuentra por debajo del nivel de Indonesia, ninguna de nuestras universidades se cuenta entre las cien primeras del mundo y ha venido una epidemia y no había ni mascarillas con las que protegerse. Con este panorama no podemos menos que formularnos la pregunta ¿Dónde va a parar el dinero de los impuestos?.

El dinero que pagamos en concepto de impuesto va a parar, como ingreso, a los Presupuestos Generales del Estado donde las partidas más importante del gasto público, después de las pensiones, no son ni la sanidad ni la educación, sino el mantenimiento de la administración pública; esto es, el pago de funcionarios, trabajadores públicos y políticos varios y no vale jugar con el sofisma de que entre los funcionarios y los trabajadores públicos se encuentran miles de maestros, profesores y personal sanitario, porque, aunque tal cosa es cierta, no es menos cierto que tales profesionales constituyen un porcentaje menor entre la totalidad de empleados públicos. Seamos realistas, considerando que las pensiones no se pagan con los impuestos sino con las cotizaciones sociales, la mayor parte de nuestros impuestos va a parar a "gastos de personal" y la mayoría del "personal" que tiene el estado español a su servicio es puro personal burocrático, sin valor añadido alguno y que no supone ninguna aportación social relevante. Esto hace que las críticas del señor Vicepresidente Tercero del Gobierno a los "youtubers" sean interesadas pues todos deberían saber que con las lentejas no se juega y mucho menos con las lentejas de los que ostentan el poder.

            Finalmente, y sobre este mismo tema se impone otra reflexión. Se critica a los "youtubers" por haberse domiciliado en Andorra,  principado que es considerado como "de baja fiscalidad" aunque no un paraíso fiscal;  pero ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de en Andorra se hubieran domiciliado en Gibraltar?. Gibraltar es un territorio que, en el momento de escribir este artículo está considerado un paraíso fiscal, que vive parasitariamente de España y que, por sus diversas actividades, podría considerarse un territorio tan pirata como en el Siglo XVII lo fue la caribeña Isla de la Tortuga, pero qué, como consecuencia de los recientes acuerdos a los que ha llegado el actual gobierno de coalición PSOE/PODEMOS con ese territorio ocupado por la Gran Bretaña, ahora se le pretende sacar, deprisa y corriendo, de "la lista negra de paraísos fiscales" al mismo tiempo que se concede a sus habitantes la libre circulación con nuestro país. ¿Acaso no resulta contradictorio criticar a los "youtubers" y al mismo tiempo mantener una política de tanta manga ancha con Gibraltar donde tienen su domicilio no pocas sociedades mercantiles que actúan en nuestro país?. ¿No estaremos ante una polémica artificial para encubrir otras cosas?.