UN MOMENTO PARA LA DESMEMORIA

¿Ley de Memoria partidaria o de Desmemoria interesada?

Existe un popular refrán que reza del siguiente modo: "dime de qué presumes y te diré de qué careces" y, desde luego, nunca estuvo más acertada la sabiduría popular expuesta en ese refrán.

            El pasado 20 de julio de 2021, el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS acordaba enviar al Congreso de los Diputados su "Ley de Memoria Democrática" para su pertinente tramitación parlamentaria en lo que no es más que un alarde de presunción de memoria, de una memoria que al ser selectiva, no es más que desmemoria pues fomenta, reitera y limita toda la historia de España a un periodo y en un sentido muy concreto de la misma fuera del cual no existe nada ni cabe interpretación alguna.

            No obstante, como si de algún tipo de justicia poética se tratase el gobierno que preside el señor Pedro Sánchez tomo su decisión sobre la "Ley de Memoria Democrática" en la misma semana en la que unas mentes forjadas en el sistema educativo y en la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y, por tanto, ignorantes de muchas materias y, sobre todo, de la historia asaltaban la indefensa Cripta de Montserrat en la que descansan los restos de decenas de carlistas integrantes del "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" muertos durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 en un acto claramente de desmemoria histórica fomentado desde las esferas del poder porque la historia del "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" no deja de ser de lo más curiosa.

            A pesar de las notables reservas de sus dirigentes nacionales, que consideraban que nada se le había perdido al Carlismo en la pugna que se estaba planteando entre el caos institucional republicano y el marxismo por un lado y el militarismo de toda la vida y el fascismo por otro; la base de la militancia carlista impuso (hoy se diría que se empoderó) a sus dirigentes el sumarse a la rebelión por pura supervivencia ya que los grupos marxistas y las instituciones republicanas no habían dejado de atacar los templos de la fe de sus mayores, de acosarles en los actos públicos carlistas y de asesinarles sin motivo por las calles y las esquinas de las ciudades. Así llegó el 18 de julio de 1936, y los carlistas catalanes salieron de sus casas para concentrarse en los cuarteles barceloneses de las Ataranzanas y como el levantamiento se produjo entre gritos de viva la república y cánticos del "Cara al Sol", decidieron no salir de los cuarteles camino de la Plaza de Catalunya, quedándose en los mismos como guarnición. Al fracasar el levantamiento en Barcelona, los requetés abandonaron los cuarteles y se fueron a sus casas donde, las fuerzas gubernamentales y sus auxiliares paramilitares de sindicatos y partidos de izquierda iban a buscarlos para asesinarlos pudiéndose destacar el cruel asesinato del Jefe Regional Carlista de Catalunya, Tomás Caylá, que ferviente enemigo del levantamiento, fue descuartizado entre dos camiones. Ante este panorama, y para salvar la vida, muchos carlistas catalanes emprendieron la huída pasando primero a Francia y, luego, reentrando a España por la frontera pirenaica donde, agrupados en pequeños grupos, eran detenidos e internados en campos por la Guardia Civil porque hablaban en catalán, lengua que muchos de ellos era la única que conocían. Meses más tarde estos carlistas catalanes, exiliados de su tierra y represaliados por unas autoridades que empezaban a ser claramente franquistas, organizaron el que sería el "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" unidad que sufrió un notable número de bajas en combates, obtuvo la Laureada de San Fernando Colectiva y varias individuales y rescató los famosos documentos que estaban en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron devueltos a Cataluña hace algunos años, cuya quema y destrucción había sido decretada en 1939 por unas autoridades republicanas en retirada. Esta es, en síntesis, la historia de unos hombres cuyo eterno descanso ha sido profanado por la ignorancia, que es la más repugnante de todas las madres que puede tener el odio, ante la pasividad, cuando no la complicidad, de unas autoridades que saben que el odio organizado es la más fuerte base sobre la que se puede asentar el poder.

Fotograma del video de la profanación de la Cripta de Montserrat

Como si no fuera suficiente prueba de desmemoria, dejadez y despreciable ignorancia, cuatro días después de la profanación de la Cripta de Montserrat y dos días después de que se anunciase el envío  al Congreso de la "Ley de Memoria Democrática", esa misma semana, el 22 de julio de 2021, se conmemoraba el centenario del inicio del Desastre de Annual (22 de julio a 9 de agosto de 1921), que costó la vida a más de diez mil soldados españoles y que constituye, por número de bajas (muertos, heridos y prisioneros), el mayor desastre militar español contemporáneo en una guerra exterior pues, para que se haga el lector una idea; entre los desastres de Cavite y Santiago de Cuba en 1898 donde los norteamericanos hundieron la totalidad de ambas flotas españolas, la suma de bajas no llegaron a cuatro mil entre muertos, heridos y prisioneros. Pues bien, el centenario del Desastre de Annual de 1921, que tanto contribuyó diez años después, en 1931, a la caída del régimen de la Restauración Alfonsina y a la proclamación de la tan aclamada, por distintos miembros del actual gobierno, II República ha pasado completamente desapercibido, constituyendo otro ejemplo de desmemoria e indignidad institucional y nacional.

            El "Desastre de Annual" fue fruto de la trágica conjunción de megalomanía imperial, corrupción política y social e incompetencia militar.  Tras el desastre de 1898, España se había convertido en una potencia de segunda fila que poco o nada pintaba en el panorama internacional y en vez de resignarse a asumir un nuevo papel donde la cohesión interna, la alfabetización, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la ciencia, la industria y el comercio fueran los pilares sobre los que reasentarse; aceptó, tras la Conferencia de Algeciras de 1906, las sobras que las grandes potencias europeas no quisieron o no pudieron engullir tras el reparto de Marruecos. El gobierno Español no vio en ello el caramelo envenenado de que se trataba sino que se dejó guiar por la absurda ilusión de convertirse en una potencia imperial como Inglaterra, Francia o Alemania olvidando que unos pocos años antes se había quedado sin fuerzas navales y había tenido que desprenderse de sus restos imperiales en el Pacífico (venta de las Carolinas, Marianas y Palaos al Imperio Alemán en 1899) porque no podía mantenerlos.

            La ocupación efectiva de la zona del Rif encomendada a España por las potencias internacionales y que tenía una extensión de unos treinta mil kilómetros cuadrados (algo más grande que la Provincia de Badajoz), se creía una empresa fácil sin ser consciente de que su población estaba formada por diversas tribus independientes que llevaban décadas sin reconocer la autoridad del Sultán marroquí por lo que las autoridades españolas, a diferencia de las francesas, no podían contar con la ascendencia de éste sobre la población autóctona. Tan complicada resultó la empresa, que quince años después de firma del Tratado de Algeciras, en 1921, España aún no controlaba la inmensa mayoría del territorio rifeño y prácticamente no había salido de las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla.

Cadáveres insepultos de soldados españoles en Monte Arruit (1921)

En enero de 1921, el ejército español al mando del General Fernández Silvestre y formado por mas quince mil soldados españoles reclutados forzosamente entre los que no disponían de las dos mil pesetas que costaba pagar a un sustituto que les permitiera eludir el servicio militar comenzó un lento y progresivo avance hacia el interior del Rif que se aceleró a mediados del mes de mayo de 1921, al parecer espoleado por un telegrama que dirigido por Alfonso, llamado el XIII, al General Fernández Silvestre, rezaba "¡Olé, tus cojones!". A pesar de que todos los informes e indicios indicaban que las tribus bereberes estaban mejor organizadas de lo que se creía, lo que se traducía en una oposición cada vez mayor y más fuerte y a pesar del ataque a Sidi Driss, en la retaguardia de la línea de avance de las fuerzas españolas, las tropas continuaron avanzando ocupando Igueriben el 7 de junio que quedo guarnecido por trescientos españoles al mando del comandante Benítez y suponiendo dicha ocupación el  punto de mayor avance del ejército español. El 17 de julio de 1921, las distintas cabilas unificadas por Abd-el-Krim, atacan todo el frente español; Igueriben, queda sitiado sin posibilidad de recibir auxilio, el 22 de julio cae Annual en manos rifeñas y a partir de ese día comienza la retirada del ejército español que abandona las posiciones que guarnecía y se establece en otras que no tardan en ser rebasadas o sitiadas siendo constantemente hostigado por los rifeños.

            Las posiciones españolas van cayendo una tras otra y la mayoría de los soldados españoles que se rinden son torturados y asesinados quedando sus cuerpos insepultos. La propia ciudad de Melilla corre el riesgo de caer en manos de los rifeños salvándose gracias a la actuación de Abd-el-Kader quien, leal a las autoridades españolas, se opone al avance rifeño hacia la ciudad otorgando a ésta el tiempo suficiente para recibir los refuerzos de la Legión, procedentes de Ceuta, y de nuevas tropas llegadas de la propia península.

            En manos rifeñas quedaron unos quinientos soldados españoles de los que sobrevivieron poco más de trescientos y que fueron liberados el 27 de enero de 1923 tras el pago de cuatro millones de pesetas de la época que fueron entregados personalmente por el empresario vasco Horacio Echevarrieta a Abd-el-Krim entre la canallesca exclamación de "¡Qué cara está la carne de gallina!" pronunciada por el comandante en Jefe del Ejército y del  Estado Español Alfonso, llamado el XIII.

            Hoy, cien años después, la mayoría de los restos de los soldados españoles caídos en Annual se encuentran en diversos cementerios militares españoles en territorio marroquí completamente abandonados y en ruinas entre las que crecen algunas hierbas que sirven de pasto para las cabras. Aquel 22 de julio de 1921, los soldados españoles en el Rif, la mayoría de los cuales habían sido arrancados de sus hogares y de sus trabajos habituales para prestar un servicio militar que no pudieron eludir por ser pobres y muchos de los cuales estaban bajo el mando de oficiales incompetentes, no pudieron sentirse más abandonados, y con razón, por el gobierno y el estado que les había mandado allí. Hoy, transcurridos cien años de aquella carnicería, unos gobernantes y unas instituciones que, de tan miserables ya resultan despreciables, haciendo gala de una "Memoria Histórica" y de una "Memoria Democrática", que no es más que una distinción en la Historia de España entre muertos de primera categoría que merecen loas y respeto y muertos de segunda que solo merecen el desprecio del olvido, les vuelve a abandonar haciendo que caiga la noche y la niebla sobre su sacrificio que parece no merecer el más modesto y oficial de los homenajes.

 

Y... ¡¡EL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ!!

Tras casi año y medio de espera dando ejemplo de competencia, entrega y sacrificio, sea dicho esto con todo el cinismo y sarcasmo posible, ¡¡por fin!!, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las medidas tomadas tras la declaración del primer estado de alarma en marzo del año 2020 y ha declarado que el confinamiento de los españoles que duro tres meses era INCONSTITUCIONAL porque implicaba una suspensión de los derechos fundamentales que no tenía cabida en la figura jurídica del Estado de Alarma.

            Aunque todo indica que el Tribunal Constitucional ha dejado "todo atado y bien atado" para que no puedan plantearse reclamaciones económicas más allá de la nulidad de las multas impuestas y de la devolución de las cantidades cobradas por tales multas, surgen numerosas dudas de cuál es la situación jurídica en la que queda la totalidad del estado y sus instituciones.

            Evidentemente las multas impuestas por supuesta violación del confinamiento devienen nulas y las cantidades abonadas deberán ser reintegradas a aquellos ciudadanos que las pagaron, pero lo que es más importante y sobre lo que nadie incide es lo siguiente: ¿Qué es lo que ocurre con las condenas penales impuestas a los ciudadanos por desobediencia o atentado contra la autoridad?. Durante el confinamiento hubo ciudadanos  (y no faltan imágenes que fueron emitidas por TV que lo prueban) que decidieron no quedarse en casa y salir a la calle por lo que fueron interceptados por la Policía Nacional,  Guardia Civil o incluso por el Ejército y al negarse a identificarse o al mostrarse disconformes de algún modo con el enclaustramiento eran detenidos por delito de desobediencia a la autoridad y/o atentado, dando lugar a la incoación de un procedimiento penal que terminaba con una condena por tales delitos.

            Pues bien, si un policía autonómico, municipal o nacional, un guardia civil o un soldadito del glorioso ejército español intentaban hacer valer con su presunta autoridad el confinamiento, ahora declarado inconstitucional y por tanto ilegal, estaban cometiendo una ilegalidad lo cual les hacía perder, en ese preciso momento, su condición de autoridad por lo que aquellos que se oponían a cumplir las órdenes no estaban cometiendo ningún delito y sí, en cambio, lo estaban cometiendo aquellas presuntas autoridades que cumplían, por convicción o por sumisión, órdenes ilegales. Dicho de otro modo, las sentencias condenatorias por delitos de desobediencia o atentado a la autoridad impuestas a ciudadanos por no obedecer a policías, guardias civiles o soldaditos valerosos deben ser anuladas y se debería deducir testimonio para juzgar por el delito correspondiente a esos soldaditos, guardias civiles o policías porque no pueden quedar amparados, y en este sentido ya se  pronunció la justicia española con motivo del proceso del 23-F e incluso el Tribunal  Penal Internacional de Núremberg, por la "obediencia debida" que por otro lado era una eximente que desapareció de nuestro derecho penal con la entrada en vigor del Código Penal de 1995.

            La sentencia del Tribunal Constitucional no dice que el gobierno no pudiera ordenar el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, lo que dice es que la suspensión de derechos que conllevaba el confinamiento no tenía cabida en el Estado de Alarma debiéndose haber decretado, al menos, el Estado de Excepción.  Ante esto el gobierno se defiende, y  sus gacetilleros afines lo justifican, diciendo que el Estado de Excepción solo está pensado para alteraciones del orden público y no para epidemias; pero lo cierto es  que algún miembro del gobierno o algún funcionario adscrito a los servicios jurídicos del estado debería de saber, y así haber informado a quien correspondiera, que el orden público tiene muchas acepciones y por orden público no solo se tiene que entender el respeto generalizado de la ley que impida la existencia de disturbios en las calles sino también el normal funcionamiento del estado y de sus instituciones y, por tanto, cualquier situación, en este caso epidémica, que pudiera llevar a dificultar o impedir el normal funcionamiento del estado, sus instituciones o de los servicios públicos y además a poner en peligro de forma generalizada la vida y la integridad física de los ciudadanos es una situación que afecta al orden público y, por tanto, ante una situación de grave epidemia cabe la posibilidad de decretar el Estado de Excepción. 

Lo que realmente ha pasado es el que, en este nuestro pobre país, desde hace décadas las leyes se hacen sin que exista la más mínima fe en ellas por parte de quien las redacta; se promulgan a bombo y platillo como una "garantía para los derechos y las libertades ciudadanas", pero con la intención de no aplicarlas jamás o para aplicarlas arbitrariamente según  convenga y a quien convenga porque aplicarlas implica tomar una decisión (que puede ser imprescindible pero no gozar de popularidad) y hacerse responsable de ella. A ver si, de una vez por todas, se entera quien se tenga que enterar que gobernar no es un concurso de simpatía, que gobernar consiste en hacer lo que se tiene que hacer en beneficio de la colectividad con independencia de la opinión pública. El gobierno del señor Pedro Sánchez debió declarar el Estado de Excepción pero no lo hizo por lo mismo que no lo hubiera hecho un gobierno presidido por Pablo Casado u otro político de la oposición: por no querer asumir la responsabilidad de decretar un estado legal que no se decretaba en España desde la época del régimen franquista.

            Si una persona tiene encerrada a otra en una habitación en contra de su voluntad y sin amparo legal alguno se puede decir que la tiene secuestrada y que esa persona es una secuestradora, así pues ¿Cómo calificar a un gobierno que ha tenido a toda la población encerrada en casa  durante tres meses? ¿Cómo calificar a unas fuerzas de Orden Público que han sido el garrote del gobierno para hacer valer un confinamiento domiciliario declarado inconstitucional?: Pero no nos engañemos, la responsabilidad de haber llevado al estado a la quiebra constitucional, porque si de esta chapuza no se depuran responsabilidades penales eso es precisamente lo que habrá ocurrido, una quiebra del Estado de Derecho; no le corresponde solo al gobierno sino también a los diputados que votaron a favor del confinamiento y sus reiteradas prórrogas, a las fuerzas armadas y del orden público que colaboraron para mantener a la población encerrada en casa y, por supuesto, a un poder judicial que no hizo nada porque estaba escondido no se fuera a contagiar y que, cuando alguien le pidió amparo, tardó casi año y medio en pronunciarse y cuando se pronunció su pronunciamiento carecía efectos prácticos al no evitar el mal producido.

            Y... ¡¡¡El Tribunal Constitucional se pronunció!!!, pero lejos de solucionar un problema, pues la gravedad de la situación exigía que se hubiera pronunciado en unas pocas semanas si no en unos pocos días, ha generado otro problema mayor pues ¿Que ciudadano con sentido común puede confiar en una legalidad que cuando él se la salta le aplican las penas del infierno y cuando se la salta el gobierno y/o las autoridades no pasa nada?. De no abrirse una investigación que depure las responsabilidades penales de todos los individuos e instituciones implicadas en la aplicación del inconstitucional confinamiento, el llamado "Estado de Derecho" y el "Imperio de la Ley" habrán demostrado ser una farsa en manos de unos dirigentes políticos y de unos funcionarios sin escrúpulos que habrán reducido el régimen de 1978 a un estado arbitrario y de falseamiento constitucional.

COMUNICADO DE DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA ANTE EL DELITO DE ODIO SUFRIDO EN LA CRIPTA DEL TERCIO DE MONTSERRAT

           

          Con verdadera consternación y profunda tristeza me entero del delito de odio que ha sufrido la cripta del Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat, existente en la Santa Montaña del mismo nombre, y cuya única finalidad ha sido la de borrar selectivamente la memoria viva de Catalunya y del resto de las Españas. Ha sido un ataque al patrimonio inmaterial del bello e inigualable pueblo catalán.

      En esta cripta, y durante varias generaciones, los carlistas hemos recordado y rezado por los muertos de esta unidad de voluntarios catalanes, así como por todos los que murieron en la guerra civil de 1936-1939. Una unidad netamente catalana que portaba, como símbolo sacrosanto, la senyera de Catalunya y que cantaba el 'Virolai'.

            Fue ahí, en la Santa Montaña que cobija la cripta, donde mi abuelo, nuestro viejo rey Don Javier, juró los fueros y libertades del Principado de Cataluña, como años antes los había jurado su antecesor Don Carlos VII, renovando la propuesta carlista de un modelo federal para las Españas, compromiso que mantiene el Carlismo del siglo XXI.

       Uniéndome en comunión con todo el Carlismo, y especialmente con los descendientes de los integrantes del Tercio, por tan doloroso atentado, a Nuestra Señora de Montserrat imploro que nos ayude a todos a poner fin a la crispación política y traiga la serenidad y la armonía a nuestra querida tierra catalana y al resto de las Españas.

            Finalmente, junto con todos los carlistas, quiero expresar mi solidaridad y acompañamiento en el dolor, a todos los hijos y nietos de los requetés del Tercio de Montserrat, que tienen cristiana sepultura a los pies de nuestra Virgen. En estos momentos más que nunca, tanto Ana María como yo, compartimos el dolor de las familias, deseando que toda la sociedad catalana en su conjunto se solidarice para condenar este tipo de actos.

 

 

En La Haya, a 19 de julio de 2021