RUÍZ GALLARDÓN DE ESPAÑA Y DRACÓN DE TESALIA

            El actual Ministro de Justicia y ex alcalde de la Villa y Corte de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, parece desear dejar una eterna y profunda huella en el Ministerio que ocupa al igual que la dejó en el Municipio de Madrid que por sí solo suma el veinticinco por ciento de toda la deuda municipal española y cuyo pago sí que puede ser eterno para todos y cada uno de los ciudadanos madrileños.

            Don Alberto Ruiz Gallardón comenzó su actividad ministerial hace un año con inofensivas pero llamativas declaraciones como aquella en la que dijo que iba a habilitar el mes de Agosto para toda clase de actos procesales y para todas las jurisdicciones (hasta ahora el mes de Agosto solo es hábil para la Jurisdicción Penal en fase de instrucción), lo que vendría a significar que los abogados y procuradores no podrían disfrutar ni de una semana de vacaciones y ha continuado con hechos graves, trascendentes y peligrosos como la introducción de las tasas en los procesos judiciales, la desjudicialización de los Registros Civiles que dejan de tener al frente a un Juez para tener a un Registrador y la reforma del Código Penal con endurecimiento de las penas para todos los delitos, introducción de la Pena de Cadena Perpetua Revisable y la introducción de nuevos delitos.

            La introducción de las Tasas Judiciales para iniciar un proceso judicial implica que para interponer una demanda con la intención de hacer valer un derecho legítimo presuntamente vulnerado, habrá que pagar una cantidad fija dependiendo del tipo de procedimiento (Juicio Verbal, Juicio Ordinario, Monitorio, Ejecutivo…) y un 0´5 por ciento de la cuantía del mismo. La consecuencia inmediata de esta novedad legislativa es el encarecimiento del acceso a la justicia pero a medio plazo provocará un retraimiento de la actividad contractual particular con la consiguiente subida general de precios de determinados productos, afectando concreta y directamente a sectores como los arrendamientos urbanos, el mercado de segunda mano de vehículos y todo tipo de transacciones entre particulares con el más que previsible beneficio de las grandes empresas y corporaciones mercantiles, únicas que podrán permitirse contratar teniendo facilidades para pleitear si llega el caso. Así por ejemplo, si un ciudadano particular tiene una vivienda vacía se lo pensará dos veces antes de alquilarla pues en caso de arrendarla por seiscientos euros al mes a un inquilino sinvergüenza que le deja de pagar la renta, para demandarle tendrá que pagar, además de los servicios de un abogado y de un procurador, cien euros en concepto de tasa por el procedimiento a seguir (juicio verbal) más 36.- Euros correspondientes al 0´5 por ciento de la cuantía del procedimiento que en este caso concreto sería la de un año de renta, esto es 7.200.- Euros. Evidentemente, los que aún así mantengan su decisión de alquilar una vivienda repercutirán los riesgos y los presumibles costes procesales en la renta del alquiler lo que supondrá una subida del precio de la vivienda en alquiler o que esta deje de hacerse de “particular a particular” y se realice por medio de grandes empresas inmobiliarias. A mayor redundancia el pago de las costas no garantiza al justiciable ni la pronta resolución del procedimiento ni el cobro de las cantidades reclamadas en el procedimiento en caso de ganar el mismo.

            Por otra parte, las tasas judiciales contravienen claramente lo establecido en la Constitución de 1978 que garantiza la gratuidad de la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva, que consiste en el derecho de todos los ciudadanos a acudir a los tribunales en solicitud de amparo ante cualquier derecho presuntamente vulnerado.

            Por su parte, la sustitución de los Jueces a cargo de los Registros Civiles por simples Registradores, no solo supone la privatización de un servicio fundamental del estado y que, durante mucho tiempo sirvió para tener censados a los ciudadanos y reclamarlos para el servicio militar, debiendo estar, por tanto, solo a cargo directo del propio estado sino que además implicará que, o bien, habrá que pagar por las inscripciones obligatorias de nacimiento, matrimonio, fallecimiento y las que se hacen en la sección de “tutelas y representaciones legales” (Sección 4ª del Registro Civil), o bien, habrá que pagar por la expedición de certificados, literales o en extracto, de estas inscripciones y que son imprescindibles para realizar numerosas gestiones como testamentarías, determinados procedimientos judiciales, expedición de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte, etc… Todo ello sin contar con que también habrá que pagar por las inscripciones marginales como las que se hacen en la sección Segunda del Registro Civil (Matrimonio) en caso de separación o divorcio. Es decir, la reforma del Registro Civil se traduce en mayores costes para los ciudadanos y más beneficios para Notarios y Registradores que han visto descender notablemente sus ingresos con el hundimiento del sector inmobiliario además de retrotraer a España al periodo anterior a la creación del Registro Civil en 1871 cuando únicamente existían los Registros Parroquiales, creados por el Concilio de Trento, que eran y son llevados en cada parroquia y en los que constaban y constan el bautismo (nacimiento), confirmación, boda (matrimonio) y enterramiento (muerte) (1).

            Por último, la modificación prevista del Código Penal constituye ya el mayor de los desafueros que se pueden cometer enterrando definitivamente el principio de “intervención mínima del derecho penal”, inventando penas de dudosa constitucionalidad para determinados delitos como la pena de “Cadena Perpetua Revisable” y cuyo nombre en sí mismo es una contradicción en sus propios términos pues una Cadena Perpetua es precisamente perpetua y jamás puede revisarse, se endurecen las penas para los casos de “resistencia pasiva” y en los que intervenga “odio ideológico o racismo”, se crean delitos nuevos como el que prevé una pena de hasta dos años de prisión a todo aquel que ayude dando dinero o cobijo a un extranjero ilegal y se despenaliza la esterilización de las personas con discapacidad.

            Con esta reforma del Código Penal, el Partido Popular, el partido del gobierno, pone de manifiesto sus graves contradicciones internas y sus miedos. En primer lugar queda claro que el Partido Popular, a pesar de sus constantes protestas de fe democrática, posee una fuerte corriente interna de extrema derecha a la que tiene que cuidar, de ahí la creación de la pena de “Prisión Permanente Revisable” para determinados delitos y la creación del delito de ayuda o socorro a inmigrantes ilegales el cual, junto con la prevista despenalización de la esterilización de discapacitados, viene a contradecir el endurecimiento de las penas para los delitos de motivación racista o xenófoba y guarda cierta similitud “espiritual” con algunas de las disposiciones legales contenidas en “Las Leyes Raciales de Nuremberg” promulgadas en Alemania en 1938, haciendo de la xenofobia una especie de monopolio de la autoridad estatal. Por ultimo, el endurecimiento de las penas para los casos de resistencia pasiva y el reforzamiento del poder policial ante manifestaciones ciudadanas pone de manifiesto el miedo del gobierno de que, ante la situación de desesperación en que éste está llevando a la inmensa mayoría del pueblo español, la situación pueda ponerse fuera de control con la consecuente aparición de dudas respecto al acatamiento de un poder que pierde legitimidad por minutos.

            En definitiva, si el señor Ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, afirmó a un medio de comunicación hace unas semanas que “Gobernar es, a veces, repartir dolor” está demostrando con estas reformas legales que las leyes son su medio particular de repartir y acrecentar ese dolor. No obstante, el señor Ministro, que parece creerse un gran legislador destinado a la inmortalidad histórica, debería recordar a ese otro gran legislador que fue Dracón de Tesalia cuyas duras leyes le harían pasar a la historia pero también le hicieron morir en el exilio ante el descontento popular.

(1) La creación del Registro Civil fue una exigencia liberal del Siglo XIX para eliminar la influencia de la Iglesia Católica en el censo y registro de la población. No obstante, provocó una gran reacción social en gran medida a causa de que el Registro Civil servía de instrumento político para controlar a la población, exigirla impuestos y obligarla a hacer el servicio miliar, lo que provocó en que durante la III Guerra Carlista fuera un hecho habitual por parte de los carlistas la quema de los Registros Civiles junto con los Registros de la Propiedad, mientras que las tropas liberales afines al bisabuelo del actual Jefe del Estado se dedicaban a quemar los Registros Parroquiales.

UN AÑO MÁS

Próximo a terminar este año 2012 en el que mientras unos pronosticaban el fin del mundo otros aprovechaban tan apocalíptico vaticinio para hacer negocio, lo cierto es que el fin del mundo no se ha producido, lo cual no significa que el año haya sido bueno. 

La inexistencia de ese drama colectivo que hubiera sido la extinción del ser humano y la destrucción del mundo no debe alegrarnos al extremo de hacernos olvidar los miles y miles dramas individuales que en este año 2012 se han producido en nuestro país por la propia mano y voluntad de los hombres que ocupan puestos de gobierno: desahucios, ruinas familiares, recortes sociales de todo tipo que afectan a los económicamente más débiles, etc…

En realidad, el ser humano es completa y absolutamente libre para obrar y por tanto de todos los males que nos afectan es él el único responsable, porque precisamente responsabilidad es lo que implica la libertad, aunque tal responsabilidad no se nos exija inmediatamente y ni siquiera en este mundo. Y el ser humano ha demostrado no ser muy responsable porque guiado por un anhelo individualista y desproporcionado de riquezas y beneficios de todo tipo no se preocupa de los demás y no reflexiona sobre el hecho incuestionable del que el más pequeño de los actos que acometemos tiene sus consecuencias en los demás y su reflejo en la eternidad.

Los individuos deben pensar, y no existe mejor momento para ello que las fechas navideñas que se aproximan, que el hombre no es una isla en el mundo y que nada de lo que le rodea, sobre todo el sufrimiento, le es ajeno porque ver el padecimiento del prójimo y no remediarlo en la medida de nuestras posibilidades tendrá en el futuro su fatal castigo pero en el presente conllevara la penitencia de no poder alcanzar la felicidad pues como dijo el filósofo del martillo “mientas que haya un perro que sufra, el hombre no podrá ser feliz”.

En cualquier caso, y aunque este año 2012 ha sido una suma de tragedias individuales execrables y nada fácil para el que esto escribe, “El Chouan Ibérico” les desea a todos  

UNA MUY FELIZ NAVIDAD

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS PARA ESTAS NAVIDADES 2012

            Nuevamente, como en todas las Navidades anteriores, “El Chouan Ibérico”, desea sugerir a sus lectores que regalen libros porque, en este tiempo de mentiras y sofismas sutiles, se hace obligado adquirir conocimientos para, lejos de dejarse engañar y siguiendo la máxima filosófica de que “lo que se puede decir, se debe decir claramente”; llamar embusteros y falsarios a quienes nos engañan y mienten.

            Así pues, “El Chouan Ibérico” ofrece a sus lectores la siguiente pequeña relación de libros editados recientemente y que se consideran de interés para próximos regalos siendo de excelentes temáticas y calidades editoriales.

            - “Urdangarin. Un Conseguidor en la Corte del Rey Juan Carlos” de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, editorial La Esfera de los Libros. Obra próxima al reportaje periodístico que relata con los más mínimos detalles el primer gran escándalo conocido y televisado ocurrido en el seno de la familia del actual Jefe del Estado.  

       - “Robespierre” de Javier García Sánchez, editorial Galaxia Gutenberg. Voluminosa y bien documentada novela histórica que narra los acontecimientos decisivos de la historia europea y mundial en la que estuvo implicado el controvertido personaje de Maximiliano Robespierre.

            - “Masoneria, Religión y Política” de Manuel Guerra Gómez S.J., editorial Sekoia. Obra altamente documentada que sin caer en la teoría conspirativa y en el fanatismo fantástico de la abundante literatura dedicada al complot masónico, presenta con objetividad la historia, los procedimientos y las verdades descubiertas por el autor sobre esta sociedad secreta de la que muchos hablan, pocos conocen y menos aun, incluso miembros de la misma, saben cual es su finalidad.

            - “El Conde de Abranhos” de Eça de Queirós, editorial Acantilado. Aunque escrita hace casi cien años resulta una muy actual novela crítica que, con brillantez y humor, refleja las costumbres políticas de nuestro tiempo y como los más grandes bribones pueden esconderse bajo la más tupida capa de honorabilidad cuando un pueblo no sabe o no quiere reconocer la canalla vestida de seda.

ESCRITOS TRANSICIONALES (Y III): EL HISPANORUM MODUS VIVENDI

Muerto Franco, aprobada la Constitución y formado, por primera vez en la historia de España, el primer gobierno socialista en solitario; concluyó la gran operación de ingeniería jurídico-política conocida por “la transición”, la cual explica por sí sola la conocida frase de Giuseppe Tomaso di Lampedusa: “Es necesario que todo cambie para que todo siga igual”, y dio comienzo, con algún que otro altibajo, el momento político actual que aún continúa y que en realidad no ha sido nada más que un “Hispanorum Modus Vivendi” entre los de arriba y entre los de arriba y los de abajo.

            Con el Partido Socialista Obrero Español en el poder en el año 1982, no solo se derrumba el mito de la izquierda revolucionaria de una forma nítida y sin paliativos, sino que no son pocos los adinerados aristócratas de recio abolengo y los burgueses capitalistas que, al amparo de “el puño y la rosa”, hacen excelentes negocios y multiplican sus riquezas. Son los años ochenta del siglo pasado, España acaba de entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la entonces Comunidad Económica Europea (antes Mercado Común y después Unión Europea), los precios experimentan su primera subida espectacular de la noche a la mañana a consecuencia de la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava el consumo y se inician las primeras grandes inversiones públicas y privadas en infraestructuras en las que se invierten los ingentes “fondos de cohesión” que nos da Europa a cambio de acabar con el sector agropecuario español y con la infraestructura industrial existente. Son los años en qué criticar la entrada de España en la CEE estaba generalmente mal vista por todos, especialmente por los españolitos de a pié.

            Desde 1982 hasta el año 2008 aproximadamente, España percibe numerosas ayudas económicas de la Unión Europea, pero esas ayudas, en principio generosas en extremo, no son gratuitas sino que se deben a unas contraprestaciones exageradas y desproporcionadas que nuestro país hace a Europa como son limitar la producción agropecuaria, vender las industrias del sector público y eliminar todo sector industrial, como el naval o el siderometalúrgico, que pudiera hacer la más mínima competencia a la industria Francesa o Alemana. Por otra parte esas ayudas o “fondos de cohesión” debían de emplearse en construcción de infraestructuras de comunicación haciéndose numerosas autovías, autopistas, redes ferroviarias de alta velocidad y mejorándose puertos navales, aeropuertos etc.… A esas obras públicas que se estaban realizando en nuestro país se añaden a mediados de los años noventa del siglo XX el afán urbanizador que hace que se emprenda la construcción de numerosas urbanizaciones de lujo, Resort, complejos hoteleros y viviendas de toda clase destinadas no tanto a la venta en el mercado interior como a satisfacer el mercado turístico y el deseo de sol, playa y servicios sociales de numerosos europeos de “clase media” (1) que venían a disfrutar de su jubilación a nuestro país donde además se encontraban con la mejor sanidad de Europa. La construcción de todas estas infraestructuras y el boom inmobiliario contribuyeron a crear numerosos puestos de trabajo y a que el desempleo llegara, en el año 2007, a su cota más baja desde 1978 a la vez que el estado se enriquecía a través de todo tipo de impuestos, especialmente del IRPF, IVA y Transmisiones Patrimoniales; es decir se llegó a una situación de aparente riqueza y bien digo “aparente” porque la verdadera riqueza es aquella que se puede sostener indefinidamente en el tiempo y no la que se crea o se viene abajo de la noche a la mañana.

            En esta época nadie se percató que se había destruido todo el tejido productivo del país y que esas ayudas o fondos se podían dejar de percibir generando, el necesario mantenimiento de todas esas infraestructuras, en muchos casos faraónicas; un gasto constante al estado que este no podría afrontar sin incrementar el endeudamiento y el déficit público, sin subir los impuestos y sin cobrar o recortar determinados servicios públicos. Por otra parte esta era la época en la que un simple peón, sin más estudios que la Enseñanza Obligatoria, ganaba más que un doctor en filosofía y en la que los ciudadanos se hipotecaban alegremente a cuarenta y cincuenta años vista sin ser conscientes que, por las diversas modificaciones normativas en materia laboral, nadie tenía el puesto de trabajo asegurado más allá de cinco o seis años como mucho. Esta era la época en que criticar la construcción de tanto Resort y de tanta infraestructura estaba mal vista, era también la época en la que los escándalos de corrupción política surgían públicamente pero lejos de ser contestados en las urnas eran incluso recompensados por los votantes y finalmente era la época en la que quien decía que “se estaban asumiendo riesgos económicos peligrosos e innecesarios” era catalogado de pájaro de mal agüero.

            Y es que el régimen político nacido de la Transición y organizado jurídicamente conforme a la Constitución de 1978 culminó en la creación de un simple “Hispanorum Modus Vivendi” consistente en lo siguiente:

            Los políticos, convertidos en casta, mantenían muy cordiales relaciones entre si amparándose en numerosos casos entre ellos y estando totalmente de acuerdo en los temas llamados de “estado” y que consistían en favorecer la gobernabilidad y la estabilidad del régimen, es decir el sostenimiento del mismo, así como en apoyarse en los temas de política exterior que, a la postre, lo que implicaban realmente era perdida de soberanía y desmantelamiento productivo del país. Por su parte las Instituciones del Estado, actuando como verdaderos “estómagos agradecidos”, dotaban de legalidad,  aparente transparencia y credibilidad democrática a los actos de gobierno y aplicaban sin crítica ni conciencia las leyes, tratados y demás estipulaciones emanadas del poder legislativo que a su vez se limitaba a asentir ante las proposiciones de ley del ejecutivo el cual, por cierto, no era ajeno ni diferente a la mayoría parlamentaria.  De este modo los políticos se garantizaban la inexistencia de verdaderos ataques entre ellos y la moderación en todas las críticas de los contrarios (2).

            Por su parte, los gobernantes y demás políticos tomaban las decisiones de gobierno que estimaban oportunas, incrementaban lenta y progresivamente la carga impositiva a los gobernados pero a su vez les permitía ciertas prácticas o comportamientos disolventes. Así por ejemplo, jamás ha existido ni voluntad ni medidas socio-legales serias para conseguir que la llamada “economía sumergida” aflorase, es decir, el gobierno y las instituciones sabían que gran parte del pueblo español subsistía y conseguía un “sobresueldo” trampeando, “haciendo chapuzas”, etc… y le dejaban hacer (al fin y al cabo fue ese “trampeando” lo que evitó una explosión social en 1994 cuando se llegó a la cifra de tres millones de parados).

            Por último, los ciudadanos españoles vivían con cierta alegría, votaban cada cuatro años a uno u otro partido, se escandalizaban momentáneamente cuando transcendía a la prensa, siempre partidaria, un caso de corrupción política o institucional que al poco tiempo caía en el olvido, se mantenían con una “lealtad inquebrantable” hacia el “Régimen de libertades que nos habíamos dado todos” y ni criticaba ni se cuestionaba nada… el ciudadano español estaba incondicionalmente con el régimen emanado de la transición y con sus políticos al igual que antes había estado con el régimen franquista y con sus jerarquías. El ciudadano español, que mayoritariamente se declaraba “apolítico”, pero que luego contradictoriamente participaba masivamente en los procesos electorales, dejaba hacer libremente a la casta política y demostraba una fe ciega en ella satanizando o criminalizando toda opinión crítica con lo que estaba pasando. El ciudadano español, no tenía problemas importantes… llevaba a sus hijos al colegio sin considerar que los planes de estudios estaban tan desvirtuados que lo que estaban haciendo era preparar una generación (o varias) para el fracaso, si le subían los precios intentaba sacarse un sobresueldo haciendo “chapucillas” que no declaraba y si le subían los impuestos ocultaba sus ingresos sin ser consciente de que todo eso se lo dejaban hacer y si conseguía ocultar uno era porque le estaban sacando veinte por otro lado. En definitiva… el español consideraba que vivía bien porque abría el grifo del agua y el agua salía, porque por fin “éramos europeos” homologados y porque se estaban construyendo enormes rascacielos que daban un aspecto moderno y europeo a las ciudades españolas a la vez que podía irse de vacaciones a las playas valencianas circulando con su coche por una autovía en vez de por aquella tortuosa carretera nacional de dos carriles.

            No obstante,  este “Hispanorum Modus Vivendi”, que en resumen era una manifestación práctica de lo manifestado cínicamente por Federico El Grande en el Siglo XVIII de que “El pueblo dice lo que quiere, yo hago lo que me da la gana y a eso le llamamos democracia”; requería para su funcionamiento de tres cosas imprescindibles: Dinero, dinero y dinero. Mientras hubo dinero, la casta política podía enriquecerse, rodearse de privilegios, crear sinecuras u observatorios donde colocar a sus clientes, amigos y parientes, ocultar o maquillar la situación real de desempleo con convocatorias de empleo público y permitiendo Expedientes de Regulación de Empleo que terminaban con miles de prejubilaciones, ser transigente con las liberalidades y malas prácticas de los de abajo y tener garantizado cierto apoyo social y el silencio de los contrarios pues “poderoso caballero es don dinero”. Asimismo mientras hubo dinero los de abajo no se hacían preguntas ni se cuestionaban de donde salía el dinero para todo lo que se estaba haciendo ni se preguntaban hacia donde se encaminaba el país. El pueblo español no tenía fe en Dios porque eso de Dios es algo irreal o metafísico, no se puede tocar, tampoco podía tenerla pues toda su fe la tenía depositada en sus políticos sin darse cuenta que la política en cuanto acto humano jamás puede ser objeto de fe pues constituye una certeza material comprobable y/o racionalmente previsible.

            Pero un día, el dinero dejó de fluir y la casta política que no solo no quiere renunciar a sus mas sibaritas privilegios sino que requiere dinero para seguir callando las bocas de sus contrarios u oponentes y para seguir creando poltronas donde los amigos puedan calentarse el trasero empezó a dejar ver lo que había hecho con el país, o mejor dicho, lo que todos le habían dejado hacer y empezó a incrementar la carga fiscal sobre los ciudadanos hasta niveles claramente confiscatorios y a recortar derechos fundamentales reconocidos en la “sacrosanta” Constitución de 1978 e incluso preexistentes a la misma. Ante esto, el pueblo español, mayoritariamente ausente durante cuarenta años empezó a movilizarse y a protestar, despertó ligera e infantilmente a la cruda realidad, aunque sin grandes resultados porque no ha asumido aún y tal vez no lo asuma nunca que no hay más solución que hacer hoy la ruptura que se debió hacer en 1975 exigiendo responsabilidades a los culpables de la desastrosa situación que hoy padecemos y marginándoles de toda posibilidad de volver a ocupar puestos de responsabilidad en la sociedad y en el estado.

            Hoy el pueblo español sigue sin ser consciente de que cuando salgamos de esta crisis, y seguro que saldremos, nada volverá a ser igual que hace tan solo cinco años. Los derechos que hoy perdamos serán los derechos que jamás conocerán nuestros bisnietos. Hoy, el pueblo español más que buscar una solución definitiva al desastre socio-político-económico-moral-existencial en el que esta sumida España parece coincidir nuevamente, de forma inconsciente, con la casta política en la intención de recomponer el ya imposible “Hispanorum Modus Vivendi” antes descrito en vez de asumir la dirección de su destino dando la espalda a todo lo política e institucionalmente existente y que le es adverso.

              ARTICULOS RELACIONADOS:

ESCRITOS TRANSICIONALES (I) ¿QUÉ FUE LA TRANSICIÓN?

ESCRITOS TRANSICIONALES (II) LA CONSTITUCÓN DE 1978

(1)                La clase media europea no es equivalente a la clase media española. La clase media de centro Europa o de Europa del Norte en sus países de origen posiblemente están integrados, a tenor de su poder adquisitivo, en la clase media, media o, incluso, media baja pero al trasladarse a España con los sueldos o pensiones que cobran allí obtienen aquí gran poder adquisitivo y se convierten en clase media alta o incluso clase alta, máxime cuando una vez domiciliados en España acceden a todos los servicios y prestaciones que hasta ahora eran gratis para los españoles y que no tenían en sus países de origen como la sanidad.

(2)     Llama poderosamente la atención, y ahí están las hemerotecas donde se pueden consultar los periódicos, que un caso de corrupción que afecta a un político en concreto es rápidamente contrarrestado con otro caso de corrupción que afecta a otro político de signo contrario. Es como si al aparecer un caso de corrupción alguien hiciera aparecer otro para hacer entrever que todos tienen trapos sucios ocultos y que se pueden sacar a la luz y se pretende usar el caso de corrupción puesto al descubierto. 

           

ESCRITOS TRANSICIONALES (II): LA CONSTITUCIÓN DE 1978

            El 6 de Diciembre de 1978 el pueblo español aprobaba en referéndum la actual y vigente Constitución Española que se le había sometido a consideración siendo sancionada por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey el 27 de Diciembre y publicada por el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) el día 29 del mismo mes y año teniéndose extremo cuidado de evitar el Día de los Santos Inocentes (28 de Diciembre) por ser una jornada dedicada a la jocosidad y a las bromas no fuera a ser que, si la Constitución de 1812 adquirió el sobrenombre de “La Pepa” por ser aprobada un 19 de Marzo, ésta última fuera bautizada por la sabiduría popular como “La Inocentada”.

            Pasados más de treinta años desde su promulgación y entrada en vigor, la Constitución Española de 1978 no tiene sobrenombre conocido aunque bien le hubiera venido uno de los dos siguientes: el de “La Inocentada” por constituir, hoy en día, una verdadera broma de pésimo gusto para todos los españoles que ven día a día como se incumplen sistemáticamente todos los Derechos Fundamentales en ella proclamados; o bien, el de “La Cuestioná” pues no hay nadie de Norte a Sur y de Este a Oeste de la geografía española que no cuestione, de una forma u otra, su validez y eficacia.

            La redacción del proyecto del texto constitucional fue encargada a una ponencia integrada por siete diputados representantes de Unión de Centro Democrático (Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Miguen Herrero y Rodríguez de Miñón), Alianza Popular (Manuel Fraga Iribarne), Pacte Democratic per Catalunya (Miquel Roca i Junyent), Partido Socialista Obrero Español (Gregorio Peces Barba) y Partido Socialista Unificado de Cataluña-Partido Comunista de España (Jordi Sole Tura) encargándose la redacción del Preámbulo constitucional a Enrique Tierno Galván del Partido Socialista Popular. El proyecto constitucional fue aprobado en el Congreso con el voto a favor de todos los diputados menos los cinco de Alianza Popular, que  seguramente votaron así para salvar la cara ante sus votantes procedentes de aquello que se llamó “el franquismo sociológico”;  y uno de Euzkadiko Ezkerra dejando patente y manifiesto la conjura de todos los partidos en sacar adelante un texto que lo único que en realidad garantizaba era los derechos y prebendas de los dirigentes políticos.

            La aprobación y entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 supuso el final de la operación jurídico-política en que consistió la “Transición” consiguiendo que el régimen nacido de la misma adquiriera total credibilidad interna y externa. Dentro de España la Constitución consiguió que los españoles cerraran filas en torno a un texto legal que, lejos de ser directamente aplicable, es poco más que una mera declaración de intenciones que, por la propia estructuración del estado, no garantiza nada de forma efectiva, es decir, la Constitución de1978 fue para el pueblo español hasta hace muy poco tiempo una especie de “Bálsamo de Fierabrás” que amparaba a los justos de todo abuso o amenaza tiránica. Por su parte, internacionalmente la Constitución de 1978 despejaba todas las dudas sobre el camino emprendido por el régimen sucesor de la dictadura franquista haciéndolo homologable a los países occidentales al garantizar el “mínimo democrático” imperante en todas las democracias europeas, esto es: sufragio universal periódico, sistema representativo partitocrático (a través de partidos políticos), economía de libre mercado y unas garantías y derechos nominales, que no reales, abstractos y en cualquier momento susceptibles de interpretaciones restrictivas.

            El transcurso de los años, ha hecho que los españoles descubramos que la Constitución de 1978 sirve a unos fines que no son los que se proclamaron en su momento no suponiendo ninguna garantía de derecho ciudadano alguno. De hecho, justo resultaría referirse a la Constitución de 1978, con ánimo jocoso, como “La Inocentada” y ello porque el propio lenguaje jurídico empleado en la redacción de la misma sirve para ocultar a la inmensa mayoría de españoles, legos en derecho, que no pocos artículos constitucionales se redactaron como pura y simple justificación sin que realmente el legislador constitucional y sus sucesores tuvieran ánimo o espíritu alguno de aplicarlos.

            Para empezar y a modo de simples ejemplos, aunque podríamos citar más, citaremos el artículo 1º de la Constitución y el Título VII del mismo texto. El artículo 1º de la Constitución establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Esto supone claramente (con una claridad meridiana) que los derechos sociales de los que disfrutaban los españoles el día antes de entrar en vigor la Constitución deben ser mantenidos a toda costa porque si antes de la entrada en vigor de la Constitución no había un estado social y democrático de derecho naciendo el mismo de la Constitución de 1978 ello implica que jamás se pueden recortar derechos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del texto constitucional pues el mismo implica que, como mínimo, se han de garantizar esos derechos sociales preconstitucionales para que España pueda considerarse un Estado social. En este sentido, se ha de indicar que, una vez en vigor la Constitución, se puede emprender un camino tendente a ampliar y profundizar en derechos sociales pero jamás negarlos o reducirlos a un nivel inferior a los existentes en la situación pre-constitucional porque tal cosa supone el absurdo material, en el que ahora nos encontramos a causa de las medidas impuestas por el actual gobierno, de que en un Estado social legalmente constituido hubiera menos derechos que en el estado preconstitucional sin ser éste un Estado social.

            Por su parte el Título VIII de la Constitución, consagrado íntegramente a la “Organización Territorial del Estado” y a las Autonomías es el ejemplo más nítido de que la Constitución surgió con la intención de no aplicarse. Para bien o para mal, la Constitución reconoce la existencia del llamado “Estado de las Autonomías” que en ciencia política es una “cosa rara” pues no es un estado centralista, como tampoco es un estado federal o confederal. De todas las opciones posibles de organización territorial se excluyó la solución Federal (la mejor de ellas sin ningún género de dudas) porque la mayoría de los ponentes constitucionales eran claramente centralistas optando por la fórmula de compromiso de “Estado de las Autonomías” para dar algún tipo de cabida a las minorías catalana y vasca representada en las Cortes Constituyentes de 1977 por el Pacte Democratic per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, pero siempre con la intención de no ceder competencia alguna y mantener cierto centralismo. El “Estado de las Autonomías” implicaba, constitucionalmente hablando, la posibilidad de que las regiones que lo desearan se constituyeran en comunidades autónomas a las que el Estado central cedería unas concretas competencias enumeradas en el texto constitucional. No obstante, desde su origen la creación del “Estado de las Autonomías” ha generado tensiones entre diversas Comunidades Autónomas y el estado central a consecuencia de la negativa de éste último a cederle las competencias que, conforme a la Constitución y a las Leyes Orgánicas que aprobaban los respectivos “Estatutos de Autonomía” debían ser transferidas lo que ha provocado que el “Proceso Autonómico” haya tardado muchos años en cerrarse y, cuando lo ha hecho, lo haya hecho en falso, sin dar solución definitiva a la estructuración territorial del país.

            Finalmente, en el momento presente, la Constitución de 1978 también merece el sobrenombre de “la Cuestioná” pues no existe ciudadano, e incluso político constitucionalista, es decir, político que vive o ha vivido de la Constitución; que no cuestione su validez. Los modos y formas de cuestionar la Constitución son muy diversos y variados; así la cuestiona quienes deseamos unas Españas federadas, la cuestiona quien pretende la secesión de una parte del estado, la cuestiona quien desea una forma republicana de estado o quienes deseamos una dinastía reinante cargada de obligaciones, responsabilidades y legitimidad, pero los que más la cuestionan son los que, desde las diversas instituciones del estado la incumplen constantemente, la falsean y obtienen siempre interpretaciones judiciales conformes a sus decisiones políticas que permiten moldear la legalidad para ajustarla a los hechos en vez de valorar si los hechos se ajustan a la legalidad.

            Hoy, a los treinta y dos años de la aprobación de la Constitución, ésta resulta una ley estéril por sus frutos porque los españoles ya tienen menos derechos que antes de constituirse España en estado social, es un texto muerto por ser cuestionado por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y es un monumento a la falsedad política porque solo ha servido para garantizar la existencia de un régimen partitocrático donde impera impunemente la corrupción, el clientelismo, el enchufismo y el nepotismo. Por eso, frente a las numerosas voces que reclaman con justicia pero con excesiva inocencia la reforma constitucional se ha de hacer valer la coherencia y la experiencia reclamando la derogación constitucional y el inicio de un nuevo proceso constituyente del que estén marginados todos aquellos que han originado o han vivido a costa el actual régimen causando el presente desastre social y político en que se encuentra sumido el pueblo español.

Artículos relacionados: Escritos Transicionales (I) ¿Qué fue la Transición?