El 11 de Septiembre pasado, se
celebró en Cataluña una nueva Díada que, lejos de disipar o disminuir el
carácter “soberanista” o “rupturista” de la Díada del pasado año 2012, venía a
confirmar, si no a reforzar, ese carácter con la formación de una cadena humana
en la que participaron millón y medio de personas y que unía simbólicamente los
cuatrocientos kilómetros que distan desde el municipio de Le Perthús, en la
línea fronteriza entre Francia y España, y el municipio de Vinarós, en la
provincia valenciana de Castellón.
No vamos a decir lo que ya hemos
dicho en numerosas ocasiones desde esta misma tribuna de que no existe un
“problema catalán” sino un “problema español”, un problema de concepto,
estructuración y sentido del estado español, en el que la cuestión catalana, actualmente,
es su síntoma más claro y manifiesto. Hoy simplemente vamos a hacer una
lectura, por dolorosa que nos resulte, de lo que ha significado esta última Díada
y de lo que este gobierno debe hacer.
La Díada de este año 2013 no ha
significado, como algunos pretenden sostener desde el año pasado, un toque de
atención de la sociedad catalana al estado español sino por el contrario ha
confirmado la fractura social entre el
pueblo catalán y el resto de los pueblos de las Españas. Los motivos de esta
ruptura son numerosos y variados y no
están exentos de artificialidades de las que es culpable, y bien digo culpable
y no solo responsable, la casta política existente a ambos márgenes del Ebro.
No obstante, tampoco me propongo exponer aquí nuevamente cuales son esas
artificialidades fomentadas por los políticos para romper la convivencia entre
los españoles sino, simple y llanamente, apuntar lo que el actual gobierno
tiene que hacer.
En primer lugar, el gobierno, hoy
presidido por Mariano Rajoy, no puede ni debe seguir poniendo paños calientes
conduciéndose y manifestándose como si aquí no pasara nada y como si un millón
y medio de personas clamando por la secesión de una parte del territorio del
estado no significara nada. Es justo y necesario que el gobierno hable
claramente a los españoles diciéndoles la verdad, y la verdad es que estamos
afrontando una crisis política sin precedentes en nuestra historia. El
reconocimiento de la existencia de esa crisis política constituye el primer
paso para buscar soluciones.
En segundo lugar, el gobierno, el
actual o el que le suceda, no puede ni debe buscar la solución en la aplicación
del artículo 8.1 de la Constitución ya que la solución militar no es aconsejable
y sobre todo no es posible. No es posible porque, en puridad lógica, no se
puede enviar un ejército a impedir la secesión de un territorio cuando anteriormente
se ha ordenado a ese mismo ejército colaborar con los sucesivos movimientos
secesionistas que acabaron con la República Federal Yugoslava, tampoco es
posible porque si, en cumplimiento de las órdenes recibidas, el ejército logra
sofocar el movimiento secesionista tendría que imponer un régimen de ocupación
militar que ahondaría en la ruptura social entre los catalanes y el resto de
los españoles de una manera irreversible y, finalmente, tampoco es aconsejable
porque el tipo de conflicto al que tendría que enfrentarse no es un conflicto
político entre estados sino un conflicto visceral entre pueblos que se ha ido
generando a través de las últimas décadas por una casta política irresponsable.
Por último, el gobierno tampoco
puede modificar el marco legal y constitucional existente porque entonces toda
la legislación quedaría al albur de las manifestaciones de las masas y el Poder
Legislativo pasaría de las Cortes Generales a las calles, siempre y cuando
estas acogieran manifestaciones multitudinarias teniendo que explicar el
gobierno el por qué a unas manifestaciones las hace caso y a otras no.
Así pues, expuesto lo que no se debe
hacer queda por indicar cual es la posible y aconsejable actuación del gobierno
ante la cada vez más abierta brecha entre el pueblo catalán y los demás pueblos
de las Españas. El actual gobierno del Partido Popular o el que le suceda debe
ser consciente de que los términos del debate abierto no son si el modelo de
estado debe ser autonómico, centralista, federal o confederal sino que la única
cuestión que se debate es si Cataluña quiere ser independiente o no. Dicho
esto, y no existiendo marco jurídico que permita la celebración de un referéndum
secesionista, el gobierno debe tolerar la celebración, en el año 2014, de un referéndum
que convoque a todos los ciudadanos españoles mayores de dieciocho años
censados en Cataluña y en el que clara y
directamente se haga una pregunta similar a esta: “¿Desea usted que Cataluña se
independice de España?”.
Asimismo, el gobierno debe
manifestar expresamente que, aunque no autorizará la celebración de este referéndum
por no existir marco jurídico para el mismo, tolerará su celebración, fomentara
la participación haciendo incluso proselitismo a favor del voto negativo a la
secesión y, lejos de emplear la violencia para impedirlo, velará porque la paz
reine en la jornada electoral. Igualmente el gobierno ha de manifestar que en
caso de que el resultado del referéndum sea desfavorable a la separación tal
resultado tendría como consecuencia el ostracismo político de los individuos y de
las colectividades que lo han convocado y la reorganización del estado en un
modelo federal de entidades soberanas indisoluble y lealmente unidas.
Por su parte si el resultado fuera
favorable a la independencia, al gobierno no le quedaría más que aceptar ese
resultado y, actuando en consecuencia, emplear el tiempo que mediase entre la
celebración del referéndum y la proclamación de la independencia para minimizar
todos los perjuicios que dicha independencia pudiera generar a los ciudadanos
que quedásemos a este lado de la frontera. Igualmente una vez proclamada esa
independencia la misma debería llevar como consecuencia el más absoluto ostracismo político de los
individuos y colectividades que apostaron por la Constitución de 1978 la cual,
huelga el decirlo, quedaría derogada por los hechos.
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