A VUELTAS CON GIBRALTAR

Et in Arcadia Ego

 Como una serpiente de verano o como un entretenimiento para bobos, de vez en cuando, reaparece en la escena política española la cuestión del  Peñón de Gibraltar. Esta vez, la excusa ha sido la discusión del acuerdo del Brexit entre la Gran Bretaña y la Unión Europea donde el Reino Unido ha defendido, como es lógico, sus derechos en detrimento de los derechos españoles, los cuales solo han sido débil y tímidamente sostenidos por el actual gobierno que preside Pedro Sánchez, aunque en su descargo siempre se puede decir que el actual problema con Gibraltar viene de la política heredada de los anteriores gobiernos socialistas y populares que se han sucedido en nuestro país desde 1982.

            Con la negociación del Brexit, nuestro país ha perdido una oportunidad de oro para hacerse valer en Europa. Cuando España se incorporó en 1986  a la entonces Comunidad Económica Europea lo hizo claudicando ante una serie de exigencias europeas, que entre otras incluían el desmantelamiento de nuestra infraestructura industrial, el desmantelamiento de nuestra agricultura y la apertura de la verja de Gibraltar; uniéndose, junto con Grecia y Portugal, a una organización supranacional que tenía otros seis miembros entre los que se encontraba el Reino Unido de la Gran Bretaña. Con el tiempo la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea al ampliarse sucesivamente con estados miembros tras unas arduas negociaciones que suponían modificaciones sustanciales en el título constitutivo de la Comunidad Europea y que implicaban cesiones por parte de España, la cual veía reducirse hasta desaparecer los llamados "fondos de cohesión" que recibía en favor de las nuevas potencias incorporadas.

            Pues, bien, si la incorporación de nuevos estados miembros en la Unión Europea supone cambios en el título constitutivo de la misma, evidentemente la salida de uno de sus miembros, uno tan importante como la Gran Bretaña, también supone un cambio sustancial en ese título constitutivo por lo que, al cambiarse las reglas del juego en el concierto de la Unión Europea, nuestro país podía y debía haber planteado condiciones que nos fueran favorables tales como la condonación total o parcial de nuestra deuda externa con los estados miembros de la Unión Europea, retorno de parte de los "fondos de cohesión", eliminación de las condiciones restrictivas impuestas a España y por las que anualmente nos condenan a pagar unas sanciones que nuestro gobierno ya considera simples tasas y, por supuesto, dejar claro que en el tema de Gibraltar solo caben unas relaciones puramente bilaterales entre España y la Gran Bretaña que, dentro del marco legal que marca el Tratado de Utrecht y las Resoluciones de la ONU sobre la roca, solo pueden concluir con la restitución plena de la soberanía española sobre el Peñón y el istmo de Gibraltar.

            Lejos de una enérgica actuación, el gobierno del Partido Socialista empezó demostrando una total pasividad e indiferencia ante la cuestión del "Brexit" marchándose su presidente, Pedro Sánchez, de caribeña excursión a La Habana mientras que en las instituciones europeas se planteaba la discusión final del mismo para darse cuenta tarde que, hábilmente, Inglaterra intentaba establecer jurídicamente, mediante el tratado por el que se consuma su salida de la Unión Europea, que la cuestión de Gibraltar pasaría a ser una cuestión bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea y no entre el Reino Unido y España, lo que suponía y supone de facto una cesión por parte de España de la soberanía o, al menos, de la reclamación de la soberanía sobre Gibraltar, a la Unión Europea.

Lamentable, patetico, penoso y triste triunfo diplomático

 La reacción ante tal ninguneo a España por parte de la Gran Bretaña y de la Unión Europea ha sido tardía y débil, muy débil. El gobierno debería haber vetado el acuerdo del Brexit hasta que las exigencias españolas hubieran sido total o ampliamente satisfechas. Lejos de eso, el gobierno no ha planteado en tiempo y forma reivindicación alguna y se ha conformado con una carta que a modo de "adenda" o "codicilo" se incorpora al tratado y que, sin carácter jurídico realmente vinculante, no es más que una vaga promesa o declaración de principios que tan solo permite maniobrar al Presidente del Gobierno español para presentarse ante los medios de comunicación españoles como un gran estadista que ha conseguido un gran acuerdo.

            En realidad, el supuesto acuerdo alcanzado no supone ningún éxito de la diplomacia española, más bien al contrario supone un rotundo fracaso. Es de recordar que en la tradición diplomática británica estos "acuerdos verbales" y "cartas" o "acuerdos privados" no valen ni el papel en los que están escritos. Es de recordar que hace ciento cuatro años, en 1914, Gran Bretaña había prometido a Francia verbalmente y por un acuerdo privado que, en caso de guerra con Alemania, ésta podía enviar su flota al Mediterráneo porque la Armada Británica protegería los puertos atlánticos franceses y que en agosto de ese año de 1914, cuando Francia requirió a la Gran Bretaña para cumplir su compromiso ésta se intentó escaquear del mismo y solo se vio obligada a cumplirlo cuando el Imperio Alemán invadió masivamente la neutral Bélgica y es de subrayar lo de masivamente porque incluso el Reino Unido habría aceptado sin inmutarse una violación mínima de la neutralidad belga por parte de Alemania a pesar de ser una de las potencias garantes de dicha neutralidad. Igualmente, hay que recordar el incumplimiento británico en marzo de 1939 de las garantías ofrecidas a Checoslovaquia en octubre de 1938 abandonándola a su suerte ante la agresión nazi.

            Pedro Sánchez es tan libre en creer en la solidez y validez de la misiva remitida por la Primera Ministra Británica, Theresa May, como de creer en Papal Nöel pero tales creencias nos permiten dudar fundadamente de su capacidad para gobernar el país y de que no lo haya traicionado. La posición del Presidente del Gobierno español ante el supuesto acuerdo logrado en la discusión del Brexit es tan lamentable, patética, penosa  y triste como la de Chamberlaín cuando, tras los Acuerdos de Munich de 1938, aterrizó en Londres ondeando al viento un papelito y diciendo aquello de "paz para nuestro tiempo".

CONMEMORACIÓN DE LA TRAGEDIA O CELEBRACIÓN DE LA VICTORIA

 El domingo 11 de Noviembre de 2018, a las 11.00 horas de su mañana, se cumplió el primer centenario de la firma del armisticio que acabó con aquella carnicería humana en el Frente Occidental que supuso la Gran Guerra, la cual no se convirtió en la I Guerra Mundial hasta que, veinte años después, estallase la II Guerra Mundial.

            Como no podía ser de otra forma las antiguas potencias beligerantes en aquel conflicto planificaron a lo grande su conmemoración, la cual sutilmente tenía más de hipócrita y sutil celebración de una victoria que de una triste conmemoración de algo que pudo y debió ser evitado a pesar de que, siendo realistas, todos los actos supusieron "la flor de un día" por la poca repercusión social que tuvieron. En este sentido se puede afirmar con poco peligro a equivocarse que la conmemoración del primer centenario del final de la Gran Guerra ha sido tan ignorado, al en España, como la conmemoración, el año pasado, de la Revolución Rusa, todo lo cual contrasta con pasadas conmemoraciones históricas como la del bicentenario de la Revolución Francesa o el cincuenta aniversario del Desembarco de Normandía o del Final de la II Guerra Mundial que tuvieron notoria repercusión informativa durante días.

            Se quiso presentar la conmemoración del primer centenario del armisticio de 1918, como un momento en que las diferencias europeas que habían dado lugar al conflicto bélico habían quedado totalmente superadas y en el que, desde hace tiempo, las potencias mundiales han emprendido un acercamiento y una política de distensión que hará imposible que hechos similares vuelvan a repetirse. No obstante hubo gestos sutiles que demuestran que tal conmemoración no fue así.

            En primer lugar destaca  la ausencia en los actos centrales que tuvieron lugar en Paris, el 11 de noviembre pasado, de las más altas personalidades del Reino Unido que prefirieron homenajear a sus caídos en la Gran Guerra en Londres con actos pura y propiamente británicos.

            En segundo lugar, la conmemoración fue más bien una celebración francesa, muy francesa, tal y  como lo fue la redacción de los tratados de paz de Versalles en 1919. A pesar de la intencionalidad manifestada, todos los actos de Paris dejaban entrever claramente que Francia, la misma Francia que se consideró victoriosa en la I Guerra Mundial y que impuso sus criterios en unos tratados de paz que luego provocarían la II Guerra Mundial y otros múltiples conflictos algunos de los cuales permanecen activos hoy en día, quería dejar patente que había sido la vencedora.

 Por otro lado, la visita de Macron, actual Presidente de la República Francesa, junto con la Canciller Alemana, Ángela Merkel, al famoso y reconstruido vagón del Mariscal Foch en el bosque de Compiègne, lugar donde se firmo el armisticio en 1918, no dejó de tener un punto de morbosidad porque en una situación de supuesta superación del conflicto volver allí con el representante de una potencia perdedora para conmemorar el armisticio es como hacer pasar a los alemanes por una especie de "Horcas Caudinas". No obstante es muy posible que, en ese momento y en ese lugar, lo que Ángela Merkel tuviera muy presente en su fuero interno fuera otro armisticio: el que tuvo lugar en el mismo vagón y en el mismo bosque de Compègne en Junio de 1940.

            Finalmente, la elección del lugar para la celebración de los actos centrales de la conmemoración no pudo ser más desafortunada si realmente se hubiera querido escenificar una reconciliación y una superación del centenario conflicto. El lugar elegido fue Paris y concretamente el Arco del Triunfo (en cuya piedra están grabadas todas las victorias napoleónicas y algunos de sus crímenes),  justamente los lugares donde hace cien años se celebró la victoria sobre los Imperios Centrales y donde hace noventa y nueve años (en 1919) tuvo lugar el gran desfile de la victoria.

            En realidad, la conmemoración del primer centenario del armisticio de 1918 no ha sido una conmemoración sino una celebración de aniversario de la victoria de las potencias de la Entente sobre los Imperios Centrales para mayor gloria de Francia y de sus dirigentes actuales. Si en realidad se hubiera querido conmemorar el fin de la carnicería de 1914 a 1918 con ánimo de reconciliación ¿Por qué no elegir como lugar de celebración la capital Belga, el país que mayor destrucción sufrió durante el conflicto?, o mejor aún, ¿Por qué no haber planeado los actos centrales de la conmemoración en la capital Alemana lo que hubiera sido un verdadero gesto de superación, olvido y derogación de aquella cláusula de culpabilidad en el inicio de la guerra que se impuso a Alemania por los tratados de paz de 1919?.

JUSTICIA, POLÍTICA E IMPUESTOS

 Finalmente fue el día 6 de noviembre y no el 5, como estaba previsto, cuando el Tribunal Supremo se puso de acuerdo para tomar la decisión de sobre a quién le correspondía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas. La decisión del alto tribunal no pudo ser más sorprendente pues esperándose que dijera que correspondía a los bancos, confirmando así la sentencia del pasado 18 de octubre, y fijara un concreto plazo de prescripción tiró por donde nadie se lo esperaba al imponer a los hipotecados la totalidad del pago del tributo y haciendo ya innecesario cualquier pronunciamiento sobre el plazo de prescripción desde el cual se podía solicitar la devolución del impuesto.

            La decisión del Tribunal Supremo constituye un escándalo sin precedentes, modifica la interpretación de una sentencia firme, abre a los bancos la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo y consolida socialmente la inseguridad jurídica dimanante de la lógica desconfianza en unos órganos judiciales que rivalizan con la Donna de Rigoletto a la hora de ser "mudables cual pluma al viento".

            La Justicia española no puede estar más en entredicho. Entre el controvertido procedimiento penal abierto por el 1-O, las fracasadas solicitudes de Ordenes Europeas de Detención contra Puigdemont, cursadas ante la Justicia Alemana y Belga, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que Otegi no tuvo un juicio imparcial  y ahora, como la guinda de un pastel, la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados existen sobrados indicios  que, valorados en su conjunto,  permiten pensar racional y razonadamente que la Justicia en España no funciona y solo es el refugio de una elite funcionarial que aspira a un prestigio que no merece y que cobra unos emolumentos demasiado generosos por los pocos problemas que soluciona y los muchos que genera.

            La Justicia española, se ha retratado totalmente porque planteándose a su consideración un importante problema de relevancia social y económica no ha sabido dar respuesta al mismo pasando su resolución al legislador, es decir, llevando la cuestión de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes.

            Ahora, el gobierno que preside Pedro Sánchez reacciona hábilmente y aprovecha la respuesta insatisfactoria dada por la Justicia para convertir el veneno en remedio e intentar sacar partido disimulando el más puro oportunismo. En este sentido el gobierno ha sido raudo en anunciar que llevará al Congreso de los Diputados (Poder Legislativo) un Decreto Ley que, sin efectos retroactivos por lo que solo afectará a las hipotecas que se suscriban a partir de su entrada en vigor, impondrá el pago del  Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las Hipotecas a los bancos poniendo de manifiesto la gran hipocresía de nuestra casta política.

                En primer lugar surge la cuestión del por qué no se ha hecho antes. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lleva gravando las hipotecas décadas y décadas, el estado o las Comunidades Autónomas llevan décadas y décadas ingresándolo en sus arcas y ningún gobierno de ninguna tendencia política ha hecho ascos a tal ingreso importándole muy poco quien lo pagase y que gravase, junto con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre el Valor Añadido, la adquisición de la vivienda. De hecho, hace tan solo diez años, cuando nadie podía comprarse una vivienda sin hipotecarse durante cincuenta años, a ningún político y a ninguna administración le importaba la repercusión social que la carga impositiva tenía sobre la vivienda, lo único que les importaba era lo que ingresaban por recalificaciones de suelo y por impuestos. Socialistas y populares, que pasaron por el gobierno del país durante la época de la burbuja inmobiliaria, podían haber intervenido el precio de la vivienda o rebajarlo tímidamente reduciendo el tipo del I.V.A y de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 4 por ciento pero no lo hicieron porque solo les interesaban los ingresos que por tales conceptos obtenían poniendo de manifiesto que los intereses de los ciudadanos les importaban un bledo y que su preocupación por la ciudadanía es directamente proporcional a la necesidad de sus votos.

 Asimismo está la muy importante cuestión de que dicho Decreto Ley, al no tener efectos retroactivos, supone un agravio comparativo para los numerosos ciudadanos que suscribieron  sus hipotecas con anterioridad a su entrada en vigor. Es decir es como si entre el Tribunal Supremo y el Gobierno se hubieran concertado tácitamente para dar una solución salomónica que salve la cara a las administraciones autonómicas, verdaderas beneficiarias del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y a los bancos, quienes ya se buscaran la manera de repercutir en el hipotecado el pago del impuesto.

            En segundo lugar, está el hecho de que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava todo tipo de escrituras públicas con valor económico (préstamos personales, reconocimientos de deuda, etc...) y no solo las hipotecas, con lo que la medida anunciada por el gobierno debe o debería dar respuesta de a quien corresponde pagar dicho tributo en todos los casos y no solo en el de las hipotecas.

            Finalmente surge la cuestión, la gran cuestión metapolítica y jurídico-filosófica, que ningún miembro de la casta política se ha planteado, cual es si resulta legítimo que el estado grave con impuestos, como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el I.V.A . y Transmisiones Patrimoniales, el ejercicio de derechos fundamentales como la adquisición de la vivienda.

            La decisión del Tribunal Supremo ha supuesto un paso más en el desmaquillaje de un régimen y de unas castas públicas, la política y funcionarial, que ven como toda su aura de perfección democrática y popular se cae a pedazos dejando ahora al descubierto que el estado social, democrático y de derecho más bien es un régimen político constitutivo de un "estado corsario" que, pase lo que pase, sufra quien lo sufra y perjudique a quien perjudique, quiere su porcentaje en todas las operaciones que se hacen con su anuencia.

CRÓNICA DEL ACTO PRESIDIDO POR DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA EN MADRID

 En la mañana del domingo de ayer, 4 de Noviembre de 2018, Don Carlos Javier de Borbón Parma, acompañado de su hermano Don Jaime y de su tía Doña María Teresa, ha presidido los actos carlistas organizados en Madrid por la Asociación 16 de abril con motivo del Día de la Dinastía Legítima.

            Los actos comenzaron a las 10.00 horas con la celebración de la Eucaristía en la madrileña parroquia de San Sebastián, sita en la calle Atocha, tras la cual el numeroso público asistente se trasladó al Hotel Tryp Atocha en uno de cuyos salones tuvo lugar el nombramiento de Caballeros y Damas de la Legitimidad Proscripta, Orden creada por el Rey Jaime III y única orden carlista existente,  con la imposición de la Cruz distintiva de dicha Orden a los nuevos caballeros  y damas entre los que se encuentran el historiador y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona Doctor don Robert Vallverdú Martí, autor de numerosas obras historiográficas sobre el Carlismo Catalán, y don Domingo Madolell Aragonés, antiguo líder estudiantil, miembro de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas y represaliado por el franquismo tras las revueltas estudiantiles acaecidas en la Universidad de Barcelona en 1957.

            Después del solemne acto de imposición de Cruces de la Legitimidad, Don Carlos Javier se dirigió a los asistentes en un discurso en el que, analizando los graves problemas que afronta el mundo en general y las Españas en particular,  advirtió sobre las tentaciones recentralizadoras y totalitarias, frente a las cuales propuso un modelo profundamente federal, basado en el Principio de Subsidiariedad, como solución para el problema político de las Españas, una Democracia societaria articulada de abajo a arriba como mejor forma de garantizar la representación y libertad de los ciudadanos y una economía basada en la responsabilidad social que sustituya el criterio del beneficio por el del servicio al bien común. Es decir, recordando que la alternativa carlista al sistema vigente es patrimonio común de todos los españoles, y que la misma se encuentra plenamente vigente para los tiempos de hoy. Un Carlismo del siglo XXI, para el siglo XXI.

            A continuación, por parte del profesor doctor don Robert Vallverdú se disertó sobre la lógica evolución carlista del cuatrilema decimonónico de Dios, Patria, Fueros y Rey al cuatrilema de principios de los años setenta del Siglo XX de Libertad, Socialismo, Federalismo y Autogestión y la pervivencia del primero en el segundo siendo tal evolución propia de los organismos políticos vivos que aspiran siempre a proponer soluciones a los variables problemas políticos de un mundo en constante movimiento.

            Finalmente, cerró el acto Don Manuel Fernández de Sevilla quien en su discurso afirmó que, sin desear entrar en polémicas sobre el debate monaquía/república, la monarquía solo se justifica si es la roca ante la cual se quiebran todas las injusticias proponiendo un modelo federal que, entroncando con la clásica tradición política que encarnó lo que fue la Monarquía Hispánica, constituya un estado plurisoberano y representativo de todos y cada uno de los pueblos que integran Las Españas. Asimismo abogó por un cambio en el modelo económico que prime la economía productiva sobre la especulativa en un marco de crecimiento sostenible resultando de una ceguera absoluta que se continúe sobreexplotando los recursos naturales porque al ser imposible la existencia de un crecimiento infinito en un mundo finito la actual política de crecimiento económico solo puede terminar en un colapso que sobrevendrá al agotarse los recursos naturales.