EL NEGOCIO DE LA INMIGRACIÓN

 Muchos europeos llevan décadas clamando contra la inmigración alegando infinidad de motivos, lo que ha llevado a no pocas formaciones de carácter xenófobo a gozar de representación parlamentaria en numerosas cámaras representativas de los estados miembros de la Unión Europea y a no menos numerosas formaciones políticas de tendencia opuesta a manifestarse en contra de las primeras en las calles e instituciones. Hoy, cuando en nuestro país, es muy posible que por primera vez en los últimos cuarenta años entre con fuerza en el Congreso de los Diputados un partido político, VOX, de estas tendencias ultra-liberales y neo-derechistas y que hace de la lucha contra la inmigración un pilar importante de su programa electoral, se impone hacer una reflexión sobre la otra cara de la inmigración, la otra cara de la que nadie habla, la cara de los negocios que genera el hecho migratorio.

            Seguramente muchos pensarán que, al hablar del negocio de la inmigración, nos vamos a referir a las redes organizadas que, desde el tercer mundo, trafican con seres humanos hacia Europa y Norteamérica, pero no; esa parte del negocio es ya muy conocida. Nos vamos a referir  en este artículo a otro tipo de negocio que genera la inmigración en los países de acogida, entendiendo por negocio toda actividad que proporciona una rentabilidad económica y/o política y que pasa prácticamente desapercibida a pesar de que tales negocios influyen en nuestra vida cotidiana de forma muy notoria.

            El primer negocio que podemos mencionar es el negocio que hacen aquellos propietarios de infraviviendas o viviendas ruinosas en las que, por diversas razones, no han invertido un céntimo en arreglarlas y adecentarlas y que, gracias a la urgente demanda de una vivienda asequible por parte de los inmigrantes, las consiguen alquilar a un precio desproporcionado considerando la calidad y dimensiones de dichas viviendas. Gracias a la inmigración, propietarios de viviendas situadas en viejos edificios del centro de las capitales que a ningún ciudadano nativo se le habría ocurrido pagar por ellas siquiera un euro mensual de alquiler han conseguido arrendarlas por un precio que va de los seiscientos a los mil euros mensuales. Al amparo de este negocio, claramente crematístico y material, surge una rentabilidad política porque el hecho de que un porcentaje relevante de población acepte vivir en minúsculos espacios o en infraviviendas permite a los políticos abogar por la creación de determinadas "soluciones habitacionales" para todos los ciudadanos en lo que no puede conducir nada más que a una degradación general de las condiciones de vida.

            Otro negocio digno de mención relacionado con la inmigración es el que hacen los empresarios a los que la inmigración permite mantener bajo el coste de la mano de obra, bien porque trabajan inmigrante ilegales a los que se les paga poco y sin cotizar a la Seguridad Social o, bien, porque consiguen emplear a trabajadores inmigrantes para trabajos que no desean realizar los nativos. Ahora bien, ¿Realmente se trata de trabajos que no desean realizar los nativos?; esto merece ser muy matizado, concretando de que se trata de trabajos que no desean hacer los autóctonos por el ínfimo sueldo que pagan los empresarios por desempeñarlos y si no fuera por la inmigración estos puestos laborales quedarían desiertos. Así pues la inmigración permite cubrir determinados puestos de trabajo que de otro modo no podrían cubrirse sin ofrecer incrementos salariales. Este negocio material tiene su correlativa rentabilidad política al permitir a determinados grupos políticos, que sin duda reciben apoyos electorales, y hasta económicos, de esos mismos empresarios, tener un discurso antiinmigración alegando que el extranjero viene a quitar el trabajo a los nacionales. Así mismo, también sacan rentabilidad política de esta situación los partidos del poder y los grupos denominados progresistas porque los primeros pueden azuzar el peligro totalitario para ocultar y justificar sus acciones políticas y de gobierno y los segundos pueden disfrutar de un discurso primitivo cargado de filantropía y humanitarismo que les permite llenarse de un contenido que de otra forma no tendrían.

 Por otra parte, no menos dignos de mención son los suculentos ingresos económicos que genera la inmigración a personas con pocos escrúpulos que a cambio de una cantidad, que puede ir de los quinientos a los mil euros, se ofrecen a los inmigrantes para gestionarles los documentos y los permisos de residencia y trabajo ante las administraciones públicas correspondientes. En la inmensa mayoría de los casos estas gestiones consisten en descargar un formulario de internet, rellenarlo, informar al solicitante de los documentos que han de acompañar al formulario y solicitarle cita previa para que el propio interesado acuda a entregarlos al registro administrativo pertinente permaneciendo a la espera de la resolución oportuna. Lo llamativo, y ahí la desvergüenza, es que en muchísimos casos estas cantidades se cobran por personas que saben de antemano que la solicitud gestionada no va a prosperar porque, o bien, la persona en cuestión lleva menos de dos años en nuestro país (es preciso probar una residencia de al menos dos años para el arraigo laboral y de tres años para el arraigo social) o, bien, porque dicha persona no reúne los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Extranjería para obtener la pretendida residencia legal.

            Finalmente y para terminar este artículo nos referiremos al negocio que hace el propio estado y sus instituciones con el fenómeno migratorio. Considerando que la inmensa mayoría de los inmigrantes aspiran a juntar unos dineros y retornar a su país al cabo de unos años, el Estado consigue que los inmigrantes legales coticen a la Seguridad Social para pagar las pensiones de los actuales pensionistas pero luego, si ese inmigrante retorna a su país tras cotizar, por ejemplo, catorce años al Régimen General de la Seguridad Social y sin que esa cotización sea dentro de los últimos quince años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación (situación que se da en muchos casos), resulta que dicho inmigrante no tendrá derecho alguno a cobrar una pensiona pública por lo que todos esos años cotizados habrán servido para ayudar a mantener el pago de las actuales pensiones pero sin ninguna contraprestación a cambio (por eso muchos inmigrantes no quieren regularizarse o desean trabajar en la economía sumergida). Otro negocio material que genera la inmigración en beneficio del estado es que, al incrementarse el número de población, aumenta el número de tributantes, esto es, de personas que pagan impuestos y, en cualquier caso, se incrementa el consumo con el aumento de ingresos públicos en concepto de recaudación por impuestos indirectos. Igualmente, el estado obtiene una rentabilidad política porque le permite justificar inmensidad de fracasos de gestión y/o de orden público precisamente en el hecho migratorio.

            Esta enumeración de negocios que genera la inmigración no es exhaustiva, porque seguro que hay más, que en estos momentos se nos escapan; pero es un hecho que el fenómeno migratorio es un negocio para mucha gente, incluso para aquellos que se llenan la boca oponiéndose vehementemente a él para obtener beneficios electorales, al mismo tiempo que permite a los gobiernos justificar medidas restrictivas de derechos sociales y de degradación de la calidad de vida, por lo que el tema debería tratarse con una seriedad y profundidad que va más allá de las simplonas posiciones extremas, de o todo blanco o todo negro, con el que actualmente se habla del tema.