Esto viene a cuento por la polémica
que se ha desatado esta última semana a consecuencia de la vacuna contra el
COVID19 fabricada por los laboratorios AstraZeneca, la cual parece que da
ciertos efectos secundarios adversos, incluso con resultado de muerte. En
realidad este debate que se ha suscitado resulta absurdo hasta más no poder
pues evidentemente desde que se inventaron las vacunas, la vacunación ha
evitado muchísimas muertes y han sido notablemente beneficiosas para la
humanidad; no obstante, a la hora de elegir la vacuna para hacer frente a una
enfermedad los criterios son elementales: si solo existe una vacuna, esa es la
que hay que poner, pero si existen varias, como es el caso actual frente al
Coronavirus, hay que poner la que mayor protección dé y la que menos efectos
secundarios graves provoque. Por tanto,
si suponemos que la vacuna de AstraZeneca tiene una protección del 92 por
ciento y produce efectos secundarios en un 0,005 por ciento de los casos y otra
de las vacunas tiene el mismo porcentaje de protección pero un 0,004 por ciento
de efectos secundarios, la solución resulta más que obvia: dejar de vacunar con
AstraZeneca y vacunar con esa otra vacuna lo que, evidentemente, se puede hacer
sin graves problemas salvo que existan intereses no declarados al haber
apostado por la vacuna de un laboratorio en concreto.
De hecho, toda la actual discusión
sobre el tipo de vacuna a utilizar recuerda lo trágicamente acontecido a principios
de los años sesenta del pasado siglo con la vacuna contra el virus de la
Poliomielitis. En 1960 había dos vacunas contra la Poliomielitis: la vacuna del
doctor Salk que era inyectable y la del doctor Sabin que era oral, ambas daban
una protección frente a la polio por encima del noventa por ciento aunque la
protección ofrecida por la vacuna de Salk (99 %) era ligeramente superior a la ofrecida
por la vacuna de Sabin (95%). Pues bien, mientras que el Seguro Obligatorio de
Empleados (SOE) controlado por la Falange apostó por la vacuna de Salk la
Dirección General de Sanidad (DGS) controlada por el Ejército apostó por la de Sabin que fue la que terminó siendo aprobada y
utilizada en nuestro país hasta que en los años ochenta, finalmente, la vacuna de
Salk contra la Poliomielitis se terminó imponiendo en España. El problema es
que mientras duró la discusión en la que posiblemente influyeran los precios de
una y otra vacuna y algún que otro interés (o comisión) oculto; en nuestro país
contrajeron el virus de la Polio unos treinta mil niños que de haberse aplicado
desde un primer momento el único criterio que se puede tener en consideración cuando
se trata de la salud y que es el criterio médico-sanitario, y no el político
y/o económico, no se habrían contagiado y no estarían sufriendo hoy en día las
consecuencias de aquella pésima gestión política de una crisis sanitaria.
A diferencia de lo que pasaba en los años sesenta del Siglo XX cuando solo existían dos vacunas contra el virus de la Poliomielitis, hoy existen tres vacunas contra el Coronavirus y en los próximos meses, o incluso semanas, existirán más por lo que ¿Por qué empecinarse en vacunar con una vacuna que tiene similar porcentaje de protección contra el virus que las otras pero tiene mayor porcentaje de posibilidades de generar efectos secundarios?, ¿Existe un compromiso contractual para comprar un número determinado de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca aunque cuando se adquirió tal compromiso no se hubieran testado suficientemente?, ¿Es la más barata?, ¿Existen intereses políticos ocultos?... En cualquier caso toda consideración que no sea sanitaria cede ante la salud, la vida y la integridad física de los ciudadanos porque la vacuna AstraZeneca no es la única y existiendo vacunas que generan menos efectos secundarios y similar protección esas son las que hay que adquirir y poner a los ciudadanos al utilizarse el único criterio que puede tomarse en consideración ante una epidemia que es el criterio médico y no el político y/o económico.
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