HABÉIS OÍDO QUE SE DIJO... PERO YO OS DIGO...

Aquel Maestro, llamado Jesús de Nazaret, enseñaba con autoridad propia. No dependía de los dichos de los sabios, ni de los escribas. Se atrevía a ir más allá de ley judía, llevándola a su radicalidad, con lo que la trascendía. Rompía su esquema retributivo y se situaba en otra esfera. Se dijo “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Yo, en cambio, os digo: “Amad a vuestro enemigos”. La ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, resulta desbordada.

¿Los seguidores de Jesús habremos de poner la otra mejilla, tendremos que renunciar a hacer frente a quien nos agravia, nos estará vedado el resistir al mal?. Y aquí los exégetas empiezan a discutir, a razonar sobre lo que dijo o quiso decir, sobre si la traducción es fiel a las palabras recogidas por el evangelista. ¿Dónde quedaría la justicia o la legítima defensa?... Lo que realmente rompen las palabras de Jesús es la distinción opositora entre los míos y los otros, entre los amigos y los enemigos. A los nuestros los calificamos de buenos, de los extraños solemos sospechar su maldad. Cuando ocurre un crimen en un lugar, lo primero que dicen las gentes, es si habrá sido alguien que vino de fuera. Y recelamos de forasteros y extranjeros, sobre todo si son pobres. El horror nos paraliza y angustia, si resulta que el criminal es alguien de dentro, de nuestro pueblo, de nuestra casa.

El mal moral existe, producido por los seres humanos, desde los principios de la historia. Hoy lo seguimos cometiendo en formas mucho más refinadas y agigantadas. Y todo mal tiene autor o autores, a menudo cómplices, y siempre víctimas. El sufrimiento de las víctimas clama al cielo y golpea a toda conciencia recta. No podemos permanecer impasibles ante ese llanto, ante esas heridas físicas o morales. Hemos de atender, consolar, cuidar a las víctimas. Pero más aún: hemos de tratar de impedir que ese daño se siga produciendo. No podemos callar, ni mirar hacia otro lado, aunque no hayamos participado en la comisión inicial, nuestro silencio cobarde, nuestro pasotismo inmoral nos convertiría en cómplices. La exigencia de verdad ante las injusticias, ante los crímenes, ante las violaciones de Derechos Humanos es el primer escalón de la justicia.

Luego viene el deber de reparar el daño causado. La impunidad del mal es el mejor caldo de cultivo para que se siga produciendo. Cuando alguien atropella, arrasa, esclaviza, violenta a otros seres humanos, los emplea de instrumento para conseguir sus fines, la equidad exige que repare, en lo posible, el daño causado. Pero, ¿quién puede devolver la vida a los asesinados, quién podrá secar las lágrimas de las víctimas, quién podrá restituir el honor a los vilipendiados?. Los vencidos no suelen tener más consuelo que el recobrar la memoria de la injusticia cometida, pero la historia suele estar escrita por los vencedores o por mercenarios a su servicio. La reparación sería el segundo escalón para una justicia humana. Lo difícil es no traspasar la línea tenue que separa la justicia de la venganza. En ese sentido, la ley del talión representó un avance histórico: una cierta proporción entre el daño causado y la pena impuesta por él. Era la familia, el clan de los agraviados, quienes la aplicaban. El derecho de las víctimas a juzgar y castigar a los ofensores fue universal, cuando podían ejercerlo.

Un paso siguiente en el avance civilizador fue la exigencia de que no se podía ser juez y parte al mismo tiempo. El juzgador debía ser imparcial, alguien ajeno a la víctima y al ofensor. Los jueces eran elegidos por la comunidad o designados directamente por quien ejercía el poder político. Las reglas reguladoras de la pena podían seguir siendo las mismas: el ojo por ojo. Claro que con la invención del dinero podía convertirse en pecuniaria. Y se dio con frecuencia una tasación en función de la calidad de la víctimas: cuando la víctima era un notable, la sanción era mucho más elevada que cuando se trataba de un villano.

Otro avance de calado mucho mayor se produjo cuando se introdujo la distinción entre el crimen involuntario, la culpa objetiva, de aquel provocado con intencionalidad. A lo hora de juzgar, la apreciación de lo que hoy llamamos circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes condujo a un aquilatamiento mucho más equitativo de la responsabilidad. Y otra conquista fue la superación de la responsabilidad familiar o colectiva. Ni los descendientes, ni el clan fueron ya sancionados por delitos cometidos por un antecesor u otros miembros de la comunidad.

En el mundo occidental, la llegada de la modernidad se tradujo en este campo en tres conquistas: la exigencia de la tipificación previa del delito en una ley o código; las garantías jurídicas en el proceso penal para evitar la comisión de arbitrariedades, con la presunción de inocencia de todo acusado y su derecho a un abogado defensor. Y recaída la pena, la superación de ésta como mero castigo o efecto disuasorio en la sociedad, para tratar de conseguir a través de ella, un efecto rehabilitador en la persona del delincuente. Varias críticas pueden hacerse hoy a la práctica penal y penitenciaria: la pervivencia de la pena muerte (esa forma de asesinato legal) en varios Estados; el olvido muchas veces de las víctimas; el escaso efecto rehabilitador de las sanciones: y la discriminación real, en función de la clase social o etnia, en el castigo de los delitos.

Desgraciadamente, se sigue dando la impunidad en delitos cometidos directamente por el propio poder político o por bandas delictivas, con cierto apoyo social. La llamada razón de Estado juega en estos casos para favorecer la no persecución de estos crímenes. La negativa de Estados poderosos a aceptar la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia es el ejemplo más grave de la arrogancia de quienes se sitúan por encima de las leyes. Pero hay otras prácticas muy graves que lesionan Derechos Fundamentales de las personas, amparadas por los ordenamientos jurídicos que están condenando a millones de seres al hambre, la sed, la enfermedad, al destierro, en definitiva; a la muerte.

¿Cuál debe ser la conducta de los seguidores de Jesús ante esta realidad tan dramática?. Es ineludible que resistamos al mal, lo mismo que cualquier persona honesta, sean cuáles fueren sus creencias o increencias, con ellas y codo a codo con ellas. Cerrar los ojos y los oídos ante el sufrimiento de tantos hermanos es injusto, nos convierte en cómplices del mal. Claro que una resistencia que incremente el dolor de otras personas no puede ser legítima. La violencia, el devolver mal por mal, la venganza, aparte de incrementarlo, no resuelve el problema. Existen formas de resistencia no-violenta, algunas de ellas ya probadas en la historia, que deben utilizarse. Tienen sus riesgos indudables, desconocerlo sería suicida. Exigen superar el propio miedo y enfrentarse cara a cara con los malhechores, denunciar sus abusos, negarse a consentir sus desmanes...

Pero las palabras inquietantes de Jesús nos piden bastante más. Amar a los enemigos nos sitúa en otro nivel, más allá del estrictamente retributivo. Para ello, tenemos que renunciar a juzgar, no podemos conocer el interior de las personas. Hay resistir al mal, pero reprimiendo el afán de convertirnos en enemigos de quienes lo cometen. Para ello, hemos de reconocer el mal que existe en nuestro interior, el daño que también nosotros hemos cometido contra nuestros prójimos. Y al sabernos perdonados por el Amor incondicional nos ayudará a dar nuestro perdón. Como decían las líneas finales, dirigidas a quien le iba a asesinar, en la carta póstuma del superior de los monjes asesinados en Argelia, recogida en la película “De dioses y hombres”: “Y a ti, también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también GRACIAS y este A-DIOS en cuyo rostro te contemplo y que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío”. Sí, son las palabras de nuestro Hermano mayor en la Cruz :”Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Pedro Zabala

LA CRISIS LIBIA: PRUEBA DE LA CRISIS ÉTICO-MORAL DE OCCIDENTE

La noche del pasado 20 de Marzo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaba los ataques aéreos en Libia contra el ejército de Moamar El Gadafi, con la justificación de proteger la vida y los derechos humanos de aquella parte de la población de la Cirenaica que se sublevó contra el tirano de Trípoli hace dos meses.

Moamar el Gadafi es un personaje político lleno curiosidades que demuestran, como poco, las contradicciones de quienes ahora le bombardean. Así en los años ochenta del siglo pasado fue calificado por la administración norteamericana como “el perro loco de Oriente Medio”, bombardeado por los Estados Unidos en 1986 fue estigmatizado por toda la Comunidad Internacional hasta que a finales del siglo pasado y tras mediar el atentado terrorista del vuelo 103 de la Pan Am que explotó en el aire sobre la localidad británica de Lockerbie, paso a ser recibido amistosamente por todos los cancilleres europeos a cuyos países empezaba a suministrarles petróleo y gas natural.

Según datos públicos y publicados hace años, desde que llegara al poder en 1969, El Gadafi, ha gobernado Libia con mano de hierro, sin respeto alguno a los más elementales derechos humanos y ha favorecido la acción de diversos y variopintos grupos terroristas en terceros países aunque parece ser que es ahora, en el año 2011, cuando Occidente se ha dado cuenta de que “el señor de la guardia amazónica” es un cruel tirano.

Así pues, los europeos no podemos salir de nuestro asombro: si hoy Gadafi es un criminal y un dictador, también lo sería en el año 2001 cuando, conociéndose su implicación en el atentado terrorista de Lockerbie de Diciembre de 1988, obviando este tema y olvidándose occidente de aquello de que “no se negocia con terroristas”; se le recibía con grandes honores por todas las instituciones y gobiernos europeos. Entonces ¿Por qué es ahora cuando Europa y Estados Unidos se enteran de que el régimen libio esta violando los derechos humanos?.

Aunque a la opinión pública se le ha vendido los bombardeos como una “acción humanitaria” la única razón lógica para los mismos es el deseo de estabilizar y pacificar Libia porque la sublevación de los libios contra el régimen de Gadafi ha desestabilizado gravemente un país exportador de petróleo y de gas natural lo que ha originado la subida de los precios de estos productos en el mercado internacional agravando la crisis económica y dificultando la salida de la misma. Esa es la única explicación lógica a los bombardeos, porque si Gadafi hubiera controlado inmediatamente la situación, aunque hubiera desplegando toda la crueldad imaginable contra sus compatriotas, occidente jamás habría intervenido contra él e incluso aun le seguiría riendo las gracias.

En la actual crisis de Libia merece especial mención la actitud de la casta política española y concretamente la de su gobierno porque toda la que disfruta de representación parlamentaria comparte con sus homólogos europeos la indignidad y la vergüenza de haber compartido mesa y mantel con el dictador africano y si bien es cierto que Gadafi regaló en el año 2003 un bello caballo árabe al entonces presidente del gobierno, José María Aznar (el de la guerra de Irak), el actual gobernante de este país nuestro que cada vez se asemeja más a un cortijo, José Luis Rodríguez Zapatero (el de el No a la Guerra de Irak) le permitió plantar su “jaima” en los jardines del Palacio de la Moncloa en el 2007 prebenda jamás reconocida a ningún otro mandatario extranjero.

No obstante, si toda la casta política española (salvo la honrosa posición de don Gaspar Llamazares y de los dos diputados del Bloque Nacionalista Galego) esta sumisa y repugnantemente de acuerdo con la participación de nuestro ejército en las acciones militares contra el régimen libio, solo de nauseabunda debe calificarse la actitud del gobierno socialista que preside el señor Rodríguez Zapatero.

En primer lugar, el Señor Rodríguez Zapatero ha puesto de manifiesto que en esta España nuestra todo vale para estar o seguir en política y que se pude alcanzar el poder sin tener principio alguno. Así, este espécimen representativo de nuestra casta política ha demostrado que el estar a favor o en contra de una guerra depende de la rentabilidad política que se pueda sacar en cada momento demostrándose una vez más que se podía estar a favor de la guerra contra Irak en 1991, cuando mandaba su partido, en contra de la guerra contra Irak en el 2003, cuando mandaba el partido contrario y, finalmente a favor de los bombardeos contra Libia cuando el dueño del cortijo es él. Por otra parte ¿Qué se puede esperar de un partido político que entre sus muchas sombras tiene el haber pasado del “No a la OTAN” al “Sí a la OTAN”, pasando por aquel “OTAN, de entrada No”?.

En segundo lugar el Señor Rodríguez Zapatero ha pretendido hacer gala durante su largo mandato de que él siempre pediría autorización del Congreso de los Diputados para desplegar tropas en el exterior. No obstante, es de aclarar para los que seguramente no se han dado cuenta de que una autorización siempre es anterior a la toma de una decisión o a la ejecución de una acción y, en el presente caso, primero se ha tomado la decisión, luego se ha puesto en práctica la misma ordenando el despliegue de tropas y finalmente se ha ido al Congreso de los Diputados no a pedir autorización, sino a solicitar la convalidación de la decisión tomada, lo que constituye una evidentemente tomadura de pelo a todo el pueblo español.

Por otra parte, el señor Presidente del Consejo de Ministros, don José Luis Rodríguez Zapatero, no puede ampararse en los compromisos adquiridos por España con sus supuestos aliados porque hay que recordarle que, de entre esos aliados, Alemania se ha desmarcado de las acciones militares y en las mismas no participan ni Grecia ni Portugal, países estos que están atravesando una grave crisis económica solo equiparable a la que sufre España. En este sentido es de indicar que el mismo gobierno que para combatir la crisis económica y reducir el gasto público ha congelado las pensiones de nuestros jubilados y ha limitado la velocidad máxima por autopista a 110 Km/h a fin de ahorrar combustible ahora no le preocupa ni la crisis, ni el gasto público, ni el ahorro de combustible y despliega un submarino, un buque de superficie y cuatro cazas F-18 al mediterráneo con el coste que eso significa tanto en dinero como en consumo de combustible. Es decir, se nos dice que no hay dinero para prestaciones sociales, pero sí para participar en guerras que ni han sido declaradas ni son defensivas.

En definitiva, la actual crisis libia y los bombardeos contra Gadafi evidencian la debacle ética y moral de Occidente en general y de España en particular que se manifiesta en la hipocresía, en la falsedad, en la doble vara de medir y en el desprecio hacia los gobernados que ejerce la casta política europea y española y, también, en la indiferencia, pasividad y sumisión con la que dichos gobernados acogen los dictados de sus gobernantes.

LA NECESIDAD DE REORGANIZAR LA SOCIEDAD CIVIL

Cuando los que ejercen la profesión política, dejan de servir generosamente al bien común, caen en la corrupción y se constituyen en casta; es cuestión de tiempo que corrompan las instituciones estatales para ponerlas a su exclusivo servicio convirtiendo al propio Estado en un fin en sí mismo. Ante esta situación, cuando ya no se puede confiar en los políticos ni en las instituciones limitadoras del poder, donde existe un riesgo cierto, posible y probable de perder toda libertad; aun cabe una esperanza para los ciudadanos que consiste en qué la “Sociedad Civil” se oponga y actúe.

En ciencia política se entiende por “Sociedad Civil” la diversidad de personas que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales, así la “Sociedad Civil” está integrada por diversas agrupaciones o asociaciones que actúan con independencia de toda institución pública y al margen de todo poder político instituido quedando fuera de tal “Sociedad Civil” todos aquellos colectivos que actúan bajo cualquier tipo de vinculación con los poderes del estado ya sea por haber sido creados directamente por éstos o por disfrutar de algún tipo de subvención o ayuda estatal.

En la reconstrucción de las Democracias Occidentales, tras la derrota de los fascismos en la II Guerra Mundial, se asumieron y se adoptaron no pocas de las técnicas y de los principios filosóficos de los totalitarismos derrotados para el mejor control político de todo movimiento social. Para ello no se dudó en crear y subvencionar distintas asociaciones u organizaciones sociales de todo tipo que, por dimanar o ser clientes del propio Estado, serían sumisas al poder establecido convirtiéndose en prolongaciones del largo brazo del Estado. De este modo se desarticuló la posibilidad de que existiera una sana “Sociedad Civil” que, en un momento concreto, reclamará ser vía de representación y participación política de los ciudadanos y, en última instancia, sustituyera al Estado corrompido.

Actualmente no existe en toda Europa Occidental una “Sociedad Civil” organizada pues todos los colectivos, grupos, asociaciones, corporaciones profesionales, etc... nacen directamente del Estado o están, total o parcialmente, subvencionadas por el mismo no constituyendo en ningún caso foco de oposición a los modos y prácticas políticas instituidas. Aunque crece el número de individuos libres de toda dependencia que piensan, reflexionan y muestran cierta contestación a lo existente no se puede decir que constituyan siquiera un embrión de “Sociedad Civil” porque su actividad individual les lleva a una total falta de coordinación y ésta a una ausencia de eficacia, no obstante el novedoso medio de internet puede hacer cambiar esto al favorecer que individuos que ni se conocen ni viven en un lugar común intercambien rápidamente ideas e información permitiéndoles organizarse a través y en el propio ciberespacio, es decir: Internet puede ser un útil medio para reorganizar la necesaria “Sociedad Civil”.

Para este fin, para reorganizar la “Sociedad Civil”, es imprescindible abandonar todo personalismo y estar dispuesto a entenderse con otros, aunque no piensen exactamente lo mismo que nosotros, sin más límite que el respeto a los Derechos Fundamentales que asisten a todo ser humano porque es de indicar que la “Sociedad Civil” solo podrá ser tal si tiene un carácter transversal y abarca un amplio espectro de ideas.

En los difíciles momentos de tribulación que padecemos la reorganización de una sana “Sociedad Civil” es imprescindible pues, solo si ésta existe, se podrá poner freno y limites a todo desafuero y a toda política, social o económica, contraria a los intereses de la mayoría de los ciudadanos haciendo uso, si ello fuera necesario, de las dos armas más poderosas que posee toda “Sociedad Civil” articulada: La Desobediencia Civil y la Resistencia Pasiva.

¿VOLVERÁ EL RACIONAMIENTO?

Anteayer, día siete de Marzo del 2011, con la supuesta intención de ahorrar energía, entró en vigor por “Orden de la Autoridad”, la muy imaginativa medida de limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 Kilómetros por hora.

En primer lugar esta medida, que pretende ser temporal y que se supone terminará el próximo mes de Junio, resulta de dudosa inteligencia porque lo cierto es que tan solo significará una modesta reducción en el consumo de combustible para las economías domésticas lo que, por cierto, también llevará a una pequeña reducción en los ingresos del Estado derivados de las decenas de impuestos indirectos que gravan la gasolina, aunque sin duda esta reducción de ingresos se compensará con las multas que se van a imponer por rebasar los nuevos límites de velocidad. Por otro lado no deja de llamar poderosamente la atención que un gobierno que ha justificado no pocas de las iniciativas legislativas que ha adoptado con aquello de que “con su cuerpo cada uno hace lo que quiere” ahora pretenda proteger las economías familiares preocupándose por lo que cada ciudadano gasta en llenar el depósito de su automóvil e impidiéndonos circular a 120 Km/h cuando durante años ha estado permitiendo alegre e irresponsablemente que los españoles hipotecaran dos vidas para poder tener un techo digno bajo el cual vivir.

En segundo lugar, la reducción de la velocidad máxima en las autovías y autopistas viene a cuestionar el para qué y el por qué durante años y años se han estado construyendo infraestructuras y más infraestructuras entre las cuales se encontraban líneas de ferrocarril y miles de kilómetros de autovías y autopistas para que ahora se nos diga que tenemos que circular por ellas como si se tratara de las viejas carreteras radiales de los años setenta del pasado siglo y se nos afirme que hay que ahorrar energía eléctrica ¿Acaso no sabían nuestros sabios políticos que si se hacían mejores carreteras era para hacer más rápido y seguro todo el transporte por carretera? ¿Es qué no previeron nuestros inteligentes legisladores que el incremento de la red de ferrocarriles supondría un proporcional incremento de consumo eléctrico?.

Finalmente, la reducción de la velocidad máxima en carreteras, unida a las otras medidas para el supuesto ahorro de energía resulta carente de la más mínima sinceridad hacia los ciudadanos pues detrás de ella se encuentra la lamentable situación energética de nuestro país que es la siguiente: El consumo de energía en España se ha incrementado notablemente en los últimos años sin que exista una infraestructura energética suficiente para satisfacer la demanda interna lo que hace que el gasto público dedicado a la importación de crudo y de electricidad producida en el exterior se haya disparado hasta niveles insostenibles, todo ello sin que exista ni se plantee el tener en el futuro un plan energético que responda a la creciente demanda de energía en nuestro país.

Tras la adopción de estas medidas es imprescindible preguntarse cuanta energía se ha gastado en la fabricación de las pegatinas que se pondrán sobre las señales de autovías y autopistas y cuanto gasto generará el cambio de bombillas en la iluminación pública de calles y carreteras porque del ahorro energético que se presupone se va a generar hay que deducir el gasto que la puesta en marcha de las mencionadas medidas va a ocasionar y lo más probable es que se compruebe que el ahorro esta muy lejos de ser significativo.

En definitiva, atendiendo a la grave situación energética que padecemos y considerando que se habla de la existencia de varios escalones de medidas de ahorro energético a adoptar siendo el que ha entrado en vigor el primero de ellos cabe pensar si no se terminará implantando la cartilla de racionamiento de combustible para vehículos privados y cortes periódicos en el alumbrado público en todas las ciudades españolas. Al fin y al cabo, si por ejemplo, se estableciera el racionamiento de combustible a cuarenta litros por mes y por persona con carnet de conducir y se cortara el alumbrado público en todas las ciudades una hora diaria entre las tres y las cuatro de la madrugada, no cabe duda de que el ahorro de energía sería muy superior al que va a generar esta medida propia de unos hippies que tanto parecen añorar los tiempos pasados que desean revivirlos hasta con restricciones y cartillas de racionamiento incluidas con tal de no afrontar de forma sería y eficaz el problema energético español.

EL TRIBUNAL DEL JURADO: FALSEAMIENTO O INEFICACIA

La noticia de que la mujer acusada en Tafalla (Navarra) de haber provocado la muerte a su marido volverá a ser juzgada después de que fuera absuelta de todos los cargos en virtud del veredicto dictado por un Jurado popular reabre la polémica sobre esta institución judicial en nuestro país.

Desde que, en 1996, se iniciaran los procedimientos del Jurado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de Mayo han existido varios casos (entre ellos el que absolvía a un joven que acabó con la vida de dos Ertzainas en Euskalherria) que han cuestionado la eficacia de estos procedimientos judiciales, tal vez, porque el legislador al plasmar su existencia en la Constitución de 1978 tuvo la intención, como en otros muchos casos, de reconocer formalmente el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia a través del Jurado, pero jamás se le pasase por la cabeza que tal derecho se pudiera poner en práctica. Esta podría ser una explicación del por qué los Tribunales del Jurado tardaron casi veinte años en constituirse desde que se reconociera la existencia de esta institución en la Constitución de 1978.

El Jurado es una institución jurídica fundamentalmente asentada en el Common Law o Derecho Anglosajón que se aplica en Estados Unidos o Inglaterra, habiendo sido adoptado también por el Derecho Continental Europeo o Sistema Romano Germano Francés aunque en este segundo sistema no se trata de un Jurado Puro integrado totalmente por personas legas en Derecho sino de un Jurado Escabinado o mixto formado por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados por sorteo.

En nuestro país se adoptó el sistema de Jurado Puro rechazándose el Jurado Escabinado y en vez de reformar toda la legislación procesal penal para que el Tribunal del Jurado fuera la base de la administración de justicia, se procedió a encajarlo forzosamente en un sistema procesal al que le resultaba extraño tal institución limitándose su competencia al conocimiento de determinados delitos muy graves, tales como el homicidio y el asesinato, siempre que lo fueran en grado de consumación, y excluyéndose de su conocimiento la inmensa mayoría de los delitos recogidos en el Código Penal. Así pues, por la propia competencia objetiva atribuida al Tribunal de Jurado por la Ley 5/1995 de 22 de Mayo, queda nítidamente demostrada la ausencia de fe del legislador en esta institución judicial.

No obstante, lo más grave y que priva de toda credibilidad y validez al Jurado en nuestro país es el establecimiento de un sistema de recursos que le escamotea su elemento substancial y esencial que es la plena soberanía de sus decisiones reflejadas en los veredictos.

El procedimiento del Jurado en cualquier país es básicamente el siguiente: a un número determinado de ciudadanos en plenitud de sus derechos (nueve en nuestro ordenamiento jurídico) se les convoca para considerar sobre la culpabilidad o inocencia de otro ciudadano, se les presentan unas pruebas (científicas, documentales, testificales, etc…) y se les argumenta a favor o en contra del reo. Posteriormente se retiran a deliberar en secreto y, aislados de toda influencia externa, llegan a una conclusión que plasman en un documento que se denomina Veredicto y en el que se declara al acusado culpable o inocente. Todo este procedimiento no está exento de que pueda concurrir en él, tanto por parte de las defensas como por parte de las acusaciones, un elevado; pero también legítimo y legal, componente de teatralidad para conseguir atraer a los miembros del Jurado a sus intereses.

Este componente de teatralidad, que queda perfectamente reflejado en numerosas películas norteamericanas, permite a las partes acudir a numerosas técnicas y argumentos, siendo el último y el más grave de ellos la posibilidad que tiene la defensa de invertir la culpabilidad, es decir, de hacer aparecer a la víctima como merecedora del daño sufrido (1).

Como consecuencia de todo el procedimiento y de toda la actividad probatoria que se debería realizar ante el Jurado, los miembros de éste pueden valorar libremente las pruebas que se les hayan presentado y asimismo valorar libremente los argumentos que se les hayan realizado a favor o en contra del reo por lo que pueden llegar a la decisión que quieran aunque esta sea contraria a las pruebas y razones presentadas por mucho que las mismas demostrasen sin ningún género de duda la inocencia o la culpabilidad del acusado. Por todo ello, el Jurado es completamente libre y soberano en sus deliberaciones y decisiones y no debería caber revisión de un veredicto dictado por un Tribunal del Jurado salvo en los casos en que se hayan ocultado, manipulado o falseado las pruebas que se les haya presentado para su valoración hasta tal punto de que, de haberse presentado esas pruebas o de no haberse manipulado las mismas, el resultado del veredicto pudiera haber sido otro.

En nuestro sistema procesal penal la revisión, por vía de recurso, de las decisiones tomadas libremente por el Tribunal del Jurado, privan a este de toda soberanía en la toma de sus decisiones permitiendo que los veredictos, que a juicio de profesionales del derecho no sean ajustados al mismo, sean revisados por tribunales superiores y exclusivamente formados por jueces profesionales por lo que se abre el camino a la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado por el simple hecho de ser consideradas escandalosas o generadoras de alarma social, lo que nos hace preguntarnos ¿Para qué se han instituido los Tribunales del Jurado si no se les permite ser soberanos en sus valoraciones y sus veredictos quedan sujetos a revisión cada vez que originen sentencias que no sean del gusto de la autoridad superior?, y si la decisión final recae en un Tribunal formado exclusivamente por magistrados profesionales ¿No hubiera sido mejor dejar la administración de justicia a estos Tribunales integrados exclusivamente por profesionales del Derecho?.

(1) Caso Raoul Villain, 1919, Francia. El 31 de Julio de 1914 Raoul Villain asesinó al diputado socialista francés Jean Jaures, tras más de cuatro años de prisión preventiva fue sometido a juicio en 1919 y considerado inocente por un Jurado popular, el argumento del veredicto tuvo el siguiente contenido: “Si el adversario de la guerra Jean Jaurès hubiera tenido éxito, Francia no habría podido ganar la guerra". La familia de Jaurés, que se preocupó de llevar a los tribunales a Villain fue condenada a pagar las costas del proceso. Posteriormente y, en gran medida a consecuencia de este caso, se instauro en Francia en el año 1932 el Jurado Escabinado.