DEMAGOGIAS CONTRA LA CRISIS Y ESTUPIDECES PARA REAFIRMARSE

         Que estamos en crisis todo el mundo lo sabe porque la inmensa mayoría de la población, aquella que no forma parte de la privilegiada casta política y de sus aledaños, la esta sufriendo de forma cruel en sus propias carnes. Esta crisis es una crisis clásica provocada por una pésima gestión que durante años ha favorecido y ha permitido un gasto desmesurado lo que a la postre ha originado un endeudamiento impagable y el agotamiento de la hacienda pública que, actualmente, no tiene ni un céntimo para hacer frente al sostenimiento de los más esenciales servicios.

            Así pues, como esta crisis es una crisis clásica provocada por la falta de liquidez pública; las “lumbreras” de la casta política creen haber encontrado la solución en gastar menos, de ahí la política de recortes en prestaciones sociales, y en ingresar más, de ahí la política de subidas de impuestos que amenazan con asfixiar a muchos españoles. Dentro de este afán recaudatorio, los jerifaltes del régimen parece que han encontrado una nueva vía como es la ampliación de la masa impositora poniendo en el punto de mira a la Iglesia Católica, quién en virtud del Concordato suscrito entre España y la Santa Sede en 1979, no viene obligada al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I) por los locales destinados al culto o considerados de interés artístico, cultural o histórico.

            La idea lanzada por la izquierda (PSOE, IU…), pero también recogida favorablemente por la derecha (PP…) en aquellos municipios en los que gobierna responde a la imperiosa necesidad que tienen las corporaciones locales de recapitalizarse, pero resulta manifiestamente discriminatoria además de tener una evidente intención de servir de reafirmación ideológica a unos colectivos políticos que hace ya mucho tiempo carecen de todo sustento en el mundo de las ideas.

            La intención de que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I) por los inmuebles de los que es propietaria es discriminatoria porque se centra precisamente en la Iglesia Católica omitiendo esa obligatoriedad a otras confesiones  o cultos y a otros inmuebles propiedad de Partidos Políticos o Sindicatos e incluso propiedad de empresas y particulares que, por ser considerados de interés histórico-cultural, están exentos del pago de este impuesto.

            En realidad, los temas substanciales que han de plantearse respecto a las relaciones Iglesia-Estado, no es si la Iglesia Católica tiene o no que pagar el I.BI., sino los dos siguientes: 

            1º. La Iglesia Católica en la actualidad desarrolla unas prestaciones sociales y asistenciales que, siendo inferiores a las que prestaba hace treinta años cuando nutría de monjas-enfermeras los hospitales, dan cobertura a varios millones de personas en España. Estas prestaciones asistenciales se financian con lo que la Iglesia Católica percibe a través de la famosa “X” en las Declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.),  por medio de los donativos de muchos fieles y con las rentas que obtiene de actividades económicas que pueden ir desde el alquiler de plazas de garajes hasta la venta en tiendas especializadas de distintos productos elaborados ecológicamente en diversos monasterios (es de indicar que la Iglesia Católica paga los impuestos correspondientes a estas actividades incluido el I.B.I. de aquellos inmuebles de los que es propietaria y en los que desarrolla una actividad lucrativa). Siendo esta la realidad objetiva, es al Estado Español a quien le corresponde plantear a los ciudadanos si la labor asistencial desarrollada por la Iglesia Católica debe considerarse como una simple actividad de beneficencia llevada a cabo por una entidad privada que debe financiarse exclusivamente de las donaciones y cuotas de las personas afines, eliminando tanto la casilla destinada a la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta como la reducción por donativos que disfrutan los ciudadanos o, por el contrario, seguir como hasta ahora.  En el caso de que se optase por lo primero, sin duda se reducirían los ingresos que percibe la Iglesia con lo que también se reducirían las prestaciones que oferta por lo que el Estado debería optar, bien por dejar en total desamparo a los ciudadanos que ya no podrían beneficiarse de las prestaciones sociales de la Iglesia  o bien, asumir directamente esas coberturas con el coste económico que ello conlleva.

            2º. Asimismo, la Iglesia Católica española ha adquirido a lo largo de más de dos mil años de historia cierto patrimonio cultural, artístico e histórico que administra, sostiene y conserva gracias igualmente a los fondos que percibe de la casilla de la Declaración de la Renta, de donativos particulares y de subvenciones públicas que percibe para esta concreta finalidad. También en este aspecto, es al Estado Español al que corresponde decidir si le interesa mantener el Status Quo con la Iglesia Católica en la que ésta sostiene el patrimonio cultural con ayudas del estado o privarla totalmente de la administración de ese patrimonio haciéndose cargo íntegramente de su mantenimiento, lo que implicaría un importantísimo incremento del gasto público o el abandono a su suerte de gran parte del precitado patrimonio histórico y cultural.

            Ya sé que no pocos lectores criticaran el hecho de que la Iglesia Católica Española tenga ese patrimonio, pero a ellos les digo que dicho patrimonio ha sido lentamente adquirido a lo largo de más de dos mil años y que, tal vez, mejor y más productivo sería el cuestionarse el como y el por qué determinados políticos han conseguido hacerse con sus actuales patrimonios particulares y privativos en tan solo veinte años o menos.

            Por otra parte, resulta extremadamente curioso, como ha sido precisamente en estos momentos cuando los políticos se han dado cuenta que los inmuebles históricos, culturales, artísticos y aquellos dedicados al culto que tiene la Iglesia Católica en distintos municipios no pagan el Impuesto municipal de Bienes Inmuebles a pesar de que muchos de estos políticos han estado en el poder durante décadas sin decir nada al respecto y es que este tema, además de responder a un posible afán recaudatorio (pues la casta política española esta por sacar dinero de donde sea para seguir la juerga), sirve de campaña política y de afirmación ideológica porque, en primer lugar, no hay mejor forma de movilizar a las masas que movilizarlas en contra de algo o de alguien y, en segundo lugar, porque unas corrientes políticas llamadas “progresistas”, que están ideológicamente huérfanas desde que renegaron del Stalinismo y desde que han tenido que justificar el desmantelamiento del estado del bienestar; encuentran en el anticlericalismo la base ideal para reafirmarse, revitalizarse y justificar su existencia.

            Es dentro de esta orfandad ideológica y reafirmación existencial donde hay que encuadrar las recientes manifestaciones y apoyos recibidos por el cantautor Javier Krahe durante el juicio celebrado contra él en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado día 29 de Mayo del 2012 y que constituyen una estupidez política solo comparable a la estupidez de haber interpuesto la querella que ha dado lugar al proceso. Partiendo del hecho de que es absurdo e injusto pretender procesar a una persona por unos hechos que tienen una antigüedad de más de treinta años y que consisten en rodar una película (recordemos que los asesinatos prescriben a los veinte años) hay que reconocer que la cinta, más que ofender unos sentimientos religiosos es simple y llanamente de muy mal gusto, pero el mal gusto no es delito porque si lo fuera… no habría prisiones para meter a tanta gente empezando por el que diseño los actuales uniformes del Cuerpo  Nacional de Policía que, por su color negro, recuerdan al de los fascistas de la Milicia Voluntaria de la Seguridad Nacional (MVSN).

            Dicho esto, es de indicar que el Juicio Oral contra Krahe ha servido para que sectores intelectuales y políticos autocalificados de “progresistas” lo utilicen desesperadamente para reafirmarse en sus supuestas y, cada vez más diluidas, posiciones ideológicas haciendo del acusado un perseguido por la intransigencia católica y al caso como una cuestión de “libertad de expresión” cuando lo únicamente cierto es que la película en cuestión no es delito, difícilmente ofende y desdora más allá de a las propias personas que la hicieron y la emitieron y simplemente es de un surrealismo de pésimo gusto e ideológicamente muy dudosa porque, al fin y al cabo, lo que rueda el señor Krahe también puede interpretarse como la introducción en efigie, treinta y seis años después de la reunión de Wannsee, de un (personaje) judío en un horno. Todo ello aplaudido estúpidamente por unos sectores superados por la historia y por sus propios errores e incoherencias y que ya no pueden hacer nada más que agarrarse a un clavo ardiendo para justificar el decir algo en alta voz. 

Y ELLOS SIGUEN…. AHORA ¡¡¡EUROVEGAS!!!

            Al mismo tiempo que los políticos manifiestan públicamente que están esforzándose para sacar al país de la gigantesca crisis económica en la que, ellos mismos, lo han metido y proclaman con gran entonación que hay que cambiar de modelo económico, los hechos contradicen manifiestamente sus palabras y, como si tuvieran en la memoria a Felipito Takatun, personaje interpretado en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado por el gran cómico argentito Joe Rigolí; ellos siguen. Ellos siguen apostando por la construcción, ellos siguen apostando por la especulación inmobiliaria y ellos siguen apostando por el turismo de ínfima calidad, como base de una economía española que no existe y que no puede existir con tales apuestas.

            Ahora, ya no se trata de conseguir la organización del mayor espectáculo deportivo del mundo para Madrid como son las Olimpiadas del año 2020 (¡¡Dios tenga la bondad de librar a los madrileños de tal despropósito!!) ni de ofertar un bono alcohólico a los estudiantes británicos para que extiendan el “SalouFest” por toda la Costa Brava, sino de algo de tan dudoso gusto como construir en suelo español  el mayor complejo de juego y ocio de toda Europa que haría la competencia al mismísimo Estado Norteamericano de Nevada donde se encuentran “Las Vegas” y que se denominaría  “Eurovegas”.

            El megalómano proyecto de “Eurovegas”, por el que Madrid y Cataluña están estúpidamente pugnando, consistiría en levantar un complejo hostelero partiendo de un macrocasino que sería su pieza angular y a partir del cual, durante diez años, se irían construyendo doce hoteles con más de treinta y cinco mil camas, seis casinos más pequeños, tres campos de golf, nueve teatros y un enorme escenario para conciertos con más de quince mil localidades. Todo ello según aseguran, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; generaría doscientos mil puestos de trabajo, aunque tal cifra además de algo exagerada resulta engañosa porque evidentemente los puestos de trabajo que se crearían con la construcción de este emporio lúdico se perderían una vez finalizadas las obras.

            Por otra parte, el magnate norteamericano del juego Sheldon Adelson, patrocinador de la idea y propietario del grupo “Las Vegas Sands”, pretende imponer entre otras condiciones para materializar en nuestro país “tan benefactora idea e inversión” las siguientes:

            Al Estado Español:

            1º. Que le avale un préstamo de una cuantía sin precisar (pero que se adivina muy elevada), que pediría a una entidad financiera europea para construir su emporio,

            2º. Que se modifique el Estatuto de los Trabajadores para la suspensión de los Convenios Colectivos del personal empleado.

            3º. Que se le den facilidades legales para la contratación de personal extranjero, entre ellos, agilización de la concesión de permisos de trabajo.

            4º. Que se flexibilicen los controles en materia de prevención del blanqueo de capitales.

            5º. Poder disfrutar durante dos años de exenciones de pago de todo tipo de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social

            A la Comunidad de Madrid o Generalitat de Catalunya (Según la administración

Periférica que se incline y obtenga la “magnificencia” del Sr. Adelson)

            1º. Que le cedan el suelo necesario recurriendo a las expropiaciones que sean precisas, reubicando a los propietarios expropiados.

            2º. Que se autorice de entrada de menores en los casinos del complejo.

            3º. Que se suspenda en el complejo la aplicación de la legislación antitabaco.

            4º. Que se construyan las infraestructuras que solicite o complementos de las ya existentes.

            Examinadas estas condiciones y conociendo la historia de “Las Vegas” originarias podemos concluir que la instalación en España del complejo lúdico conocido como “Eurovegas” tiene implicaciones económicas, políticas y sociales de gran calado que desaconsejan radicalmente su instalación en cualquier punto de España.

            Dentro de las implicaciones económicas nos encontramos en primer lugar que, según la condición 1ª que se solicita al Estado Español y la condición 1ª que se exige a Madrid o a Cataluña, estamos ante el mayor y el más claro “engañabobos” que jamás se haya visto a nivel institucional porque lo que pretende Sheldon Adelson es que se le regale el suelo sobre el que va a construir su complejo y se le financie la inversión que supuestamente pretende realizar avalándole un préstamo, que tal vez no pague nunca y toque pagar a las distintas instituciones españolas. Es decir, el “gran filántropo” que se ha fijado en España para generar doscientos mil puestos de trabajo pretende montar su negocio sin prácticamente poner un céntimo.

            Igualmente, y dentro de las implicaciones económicas, resulta increíble o directamente falso que la comunidad donde se instale “Eurovegas” vaya a beneficiarse de la creación de doscientos mil puestos de trabajo (idea esta con la que los políticos quieren vender a los ciudadanos los beneficios de este macrocomplejo lúdico) porque, atendiendo a la condición tercera solicitada al Estado Español, es de suponer lógicamente que la mayor parte del personal empleado por los casinos hispanos del señor Adelson procedan del extranjero y más concretamente de las tafurerías ubicadas en los Estados Unidos y de las que es propietario.

            Finalmente, la instalación en Madrid o en Cataluña de “Eurovegas” generaría la ruina de los pequeños casinos autóctonos que se encuentren alrededor (por ejemplo el Casino “Gran Madrid” de Torrelodones) con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo porque, tal y como está concebido el proyecto, la intención es que el que acuda a “Eurovegas” encuentre todo lo que pueda desear en ese microcosmos no siendo necesario salir de su perímetro para nada.

            Dentro de las implicaciones políticas tenemos que concluir que considerando la condición 4ª solicitada al Estado Español solo se puede deducir lógicamente que “Eurovegas” aspira a atraer y a manejar capitales de dudoso origen o directamente ilícito y convertirse en una especie de “lavadora de dinero” porque nadie solicita que se reforme o se flexibilice una legislación con la que se pretende cumplir escrupulosamente como un buen y honesto ciudadano. A mayor redundancia y en apoyo de esto tenemos que recordar el moderno origen de “Las Vegas” en Estados Unidos, las cuales comenzaron a ser lo que son hoy en día en 1941 cuando el gángster Bugsy Siegel construyó, con dinero procedente de los sindicatos del crimen de la costa Este, el primer hotel y casino (“Flamingo”) entorno al cual se fueron construyendo los demás casinos y hoteles (curiosamente coincide con la idea de construcción del proyecto “Eurovegas”). Por otra parte, la reforma o flexibilización de la legislación en materia de control y blanqueo de capitales perjudicaría seriamente a España en sus relaciones con los demás estados de nuestro entorno porque difícilmente podríamos oponernos a la existencia de territorios que son paraísos fiscales (por ejemplo, Gibraltar) cuando nosotros, en el seno del Estado Español, hemos flexibilizado o modificado nuestra legislación en la materia para beneficiar exclusivamente a un solo individuo.

            Finalmente, entre las implicaciones sociales de la instalación de Eurovegas en España no debemos limitarnos a señalar el duro golpe que supone para los derechos de los trabajadores la pretendida suspensión de aplicación de los Convenios Colectivos al personal empleado pues mucho me temo que la liquidación de los derechos laborales de los trabajadores españoles será un hecho con independencia de lo que exija el señor Adelson, sino que también debemos indicar otras muchas. Así, por ejemplo nos encontraremos con que es posible que se produzca un incremento de los problemas de ludopatía entre la población incluso entre los menores de edad a los que se pretende que se les permita entrar en los casinos (condición 2ª de las exigidas a Madrid y Cataluña) en los cuales se pretende que se permita fumar creando una excepción en la legislación antitabaco (condición 3ª expuesta a la Comunidad de Madrid y Generalitat de Catalunya). Además, teniendo en cuenta lo que sucede en “Las Vegas” originales, habrá que permitir la venta de bebidas alcohólicas las veinticuatro horas del día así como aceptar un incremento de la prostitución, del alcoholismo y de todo tipo de criminalidad, incluso organizada, en las zonas próximas.

            En definitiva, “Eurovegas” presenta más inconvenientes que ventajas para el pueblo español aunque tal vez no para los miembros de su casta política. El hecho de que un individuo tenga la desvergüenza de presentar unas exigencias infamantes ante un estado soberano y sus instituciones y que todavía ese estado y esas instituciones no haya hecho un bodoque con las mismas y se las hayan tirado a la cara pone de manifiesto la bajeza moral y material de los que dirigen nuestro país, además de levantar manifiestas sospechas sobre su honestidad (el exigir que se flexibilice la lucha contra un delito como es el blanqueo de capitales a cambio de una dádiva como sería la instalación en España de las tafurerías de Sheldon Adelson, roza el tipo penal de cohecho).

            Resulta evidente que, mientras que el paro roza los seis millones de desempleados, no hay tejido industrial que absorba a medio o largo plazo la mano de obra en paro y mientras se ha descubierto que existen dos millones y medio de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza; los señores de la casta política española siguen en su política de “arroz y tartana” y en fundamentar la economía en pelotazos inmobiliarios-turísticos cuya consecuencia inmediata es atraer un turismo del más bajo jaez hasta el extremo que, de instalarse “Eurovegas” en Madrid, se podría modernizar el lema turístico de “España, todas las cosas bajo el sol” y convertirlo en “España, de la mesa de la ruleta a la habitación del burdel en dos horas y media” en clara referencia a la conexión de la mayor casa de tafures de Europa con la más grande casa de lenocinio del continente (sita en La Junquera) por medio de la gran infraestructura, financiada por todos, del AVE, Madrid-Barcelona.

En fin, para llorar… o, también, para despertar y levantarse.

EL NUEVO MODELO ECONÓMICO QUE NOS VAN A PROPONER

Desde sectores políticos se viene hablando, como si de un globo sonda se tratase, de la necesidad de cambiar el modelo económico para que la economía española no dependa exclusivamente de la construcción, del turismo y del sector servicios que son los tres únicos vectores de inversión y factores de crecimiento en nuestro país desde que éste ingresara en la Unión Europea en 1986.

                                                                                                                               

            Es evidente, que una sana economía ha de nutrirse de los tres sectores que la integran: el primario o agropecuario, el secundario o industrial y el terciario o de servicios con cierta primacía del segundo de ellos respecto a los otros dos. No obstante, en virtud de los tratados de adhesión a la Comunidad Económica Europea, los sucesivos gobiernos de España decidieron desmantelar su sector primario hasta el punto de hacer de nuestro país un país alimenticiamente dependiente y desmantelar el pequeño sector industrial representado fundamentalmente por Astilleros y Altos Hornos, apostando decididamente por convertirse en un país de servicios donde el autoconsumo fuera lo fundamental.  

            En cierto sentido, y en aras a nuestra deseosa (por algunos) entrada en el Mercado Común, España se convirtió en un país similar a aquellos que existen por el Tercer Mundo y cuya economía se basa exclusivamente en producir mucho de un solo producto, generalmente agrícola. Como un país de servicios da para lo que da, y desde luego no es para mucho; España sufrió la crisis de 1993 en la que se alcanzó un importante porcentaje de desempleo (tres millones de parados) que se empezó a reducir a partir del año 1997 a base de construir inmuebles.

            Con la construcción casi todo el mundo salía ganando: los municipios, recaudaban mucho dinero a base de las recalificaciones de terrenos de rústicos a urbanos que a su vez les permitían ingresar más en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles y Plusvalías, las Comunidades Autónomas ingresaban cantidades ingentes en sus arcas procedentes del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Estado Central incrementaba su recaudación gracias al Impuesto del Valor Añadido, las constructoras se enriquecían vendiendo pisos, los bancos dando hipotecas del ciento diez por cien del valor del la vivienda a comprar, los compradores de pisos se beneficiaban porque compraban algo por diez que en menos de un año podrían vender por veinte y así todos, menos los que, no queriendo emular a Fausto, se negaban a firmar hipotecas a cincuenta años con Mefistófeles.

            Con el “boom” de la construcción, los ingresos públicos se incrementaron enormemente permitiendo reducir ligeramente los impuestos y eliminar algunos de ellos, pero en vez de llevar a cabo unas inversiones inteligentes en otros sectores productivos más seguros como podría ser el sector industrial, los empresarios particulares seguían reinvirtiendo sus beneficios en la construcción y las administraciones públicas invertían en megalómanas infraestructuras, lo que equivalía a seguir invirtiendo en construcción. Y en este estado se estaba cuando la llamada “burbuja del ladrillo” explotó condenando a la ruina a muchos miles de empresarios que se quedaron con promociones enteras de inmuebles sin vender, a la morosidad y al impago a muchos centenares de miles de ciudadanos que se quedaron sin poder continuar pagando sus prestamos hipotecarios y con la realidad de que sus pisos no valían ni la mitad de la cantidad por la que se habían hipotecado, al paro a millones de trabajadores que vieron como cerraban las constructoras en las que trabajaban y a la quiebra técnica a todas las administraciones publicas (municipales, autonómicas y estatales) que vieron sus arcas vacías y reducida su capacidad recaudatoria.

            El momento oportuno para cambiar de modelo productivo o de crecimiento, si tal imprescindible mutación se hubiera tomado realmente en serio por la casta política, habría sido hace seis o siete años cuando había riqueza circulando o, como diría Carlos Marx, Capital Acumulado que permitiera hacer cuantiosas inversiones en sectores productivos. No obstante, en aquel entonces nadie pensaba que la época feliz tenía sus días contados y se despreciaba como pájaro de mal agüero las advertencias que venían del propio Banco de España que mencionaba claramente en sus informes periódicos “la explosión de la burbuja inmobiliaria” como el mayor de los peligros para la estabilidad económica.

            Hoy, cuando la situación es la que es, ya no se puede hablar seriamente de cambiar de modelo económico por la sencilla razón de que España SE HA QUEDADO PRÁCTICAMENTE SIN ECONOMÍA al colapsar esta por lo que de lo único que cabe hablar seriamente es de la CREACIÓN DE UNA ECONOMÍA partiendo de cero. En este sentido de crear una economía es de indicar que se podría cometer el grave error de repetir los errores que nos han llevado a la presente crisis buscando un crecimiento artificial pero muy grande y en poco tiempo lo que siempre termina en una debacle o hacer las cosas bien entendiendo por esto el sacar de donde se pueda, tomar las medidas políticas, internas y externas, necesarias y empezar a crear un tejido industrial productivo, reconstruyendo, al mismo tiempo, nuestro sector agropecuario mucho del cual puede llegar a tener aplicaciones industriales sobre todo en el campo de los biocombustibles.

            No obstante, parece haber un sospechoso acuerdo o consenso (como gustan llamarlo los de la casta política) en el tema de insistir en el momento presente en la ya superada (por las circunstancias) cuestión del cambio de modelo económico. Ahora bien ¿Qué entiende la casta política por cambio de modelo económico?. Esa pregunta constituye el gran misterio y tal vez la gran trampa porque de la actual situación de creciente desempleo que padecemos solo se puede salir, en puridad lógica aplicada a la economía, o con un incremento de las exportaciones o con “la colonización” entendiéndose por esta última la emigración de población que se encuentra en España a otros lugares lo que no solo reduciría el número de desempleados sino también el número de personas demandantes de servicios públicos y sociales con lo cual las distintas administraciones podrían reducir su gasto público. Como evidentemente no hay un tejido industrial y agropecuario suficiente para producir bienes competitivos en precio y calidad destinados a la exportación parece ser que, por “cambio de modelo económico”, nuestra casta política entiende el fomento de la emigración utilizando para ello el más avieso de los procedimientos como es la constante reducción de derechos sociales, el aumento de la presión fiscal, la disminución de la protección social y la reducción de servicios públicos fundamentales para generar unas condiciones de vida inasumibles para un gran número de ciudadanos que de esta forma se verán obligados a buscarse la vida en otros países o incluso en otros continentes. Este “nuevo modelo económico” favorecedor de la emigración es tal vez la secreta justificación de tanta subida de precios y tanto recorte social como venimos padeciendo desde hace menos de seis meses porque ningún estadista serio y con dos dedos de mente puede tomar tantas y tan graves medidas dirigidas todas ellas, en mayor o menor medida, a asfixiar a los ciudadanos con menos capacidad económica, salvo que pretenda que abandonen masivamente el país.

BANKIA Y LA CUESTIÓN DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

            El pasado lunes 7 de Mayo del 2012, saltó la noticia de la dimisión del antiguo vicepresidente económico del anterior gobierno popular, Rodrigo Rato, como presidente de la recientemente creada Bankia por motivos aun no aclarados, lo que ha supuesto que la cotización de las acciones de esta entidad financiera se hundan en los mercados de valores y se hayan abierto todo tipo de especulaciones sobre la salud de las entidades de crédito españolas.

            Lo cierto es que desde que empezó la crisis económica en el año 2008 siempre ha existido una gran preocupación sobre el auténtico estado financiero de los bancos y Cajas de Ahorro (1) que durante años se dedicaron a prestar dinero a promotores inmobiliarios para construir viviendas que a la postre se han quedado sin vender y por tanto han generado impagos así como a personas que mostraban evidentes síntomas de que podrían plantear problemas de cobro en caso de que tuvieran la mala suerte de ser rozados, aunque fuera ligeramente, por la inestabilidad económica. Esto ha provocado que las entidades financieras españolas tengan un alto porcentaje de morosidad y un exceso de inmovilizado integrado por todo tipo de inmuebles cuya propiedad se vienen adjudicando en distintos procedimientos hipotecarios que se traduce en una muy importante falta de liquidez económica que retrotrae el flujo del crédito para empresas y particulares.

            Esta situación hecha pública, con más o menos maquillaje, hace un año se ha pretendido combatir con una llamada “Reforma del Sistema Financiero” que ha tenido dos líneas de actuación: una impulsada desde el estado y otra desde los distintos Consejos de Administración de los bancos. La línea de actuación estatal ha consistido en inyectar dinero público a los bancos para que tuvieran liquidez y en fomentar la conversión de las Cajas de Ahorro (véase “La Cuestión de las Cajas de Ahorro) en simples entidades financieras comunes así como la fusión entre ellas; mientras que desde los Consejos de Administración se han tomado medidas tendentes a reducir los intereses que se daban a los clientes por cuentas corrientes y simples “Libretas de Ahorro” e incrementar las comisiones que se cobran a los clientes llegando, algún banco, a suprimir productos como las imposiciones a plazo para nuevos depósitos.

            La inyección de dinero público a los bancos, no ha conseguido restaurar el esperado y deseado flujo del crédito porque, evidentemente, con ese dinero lo que han hecho los bancos ha sido cubrir gastos corrientes y “tapar agujeros” mientras que la fusión de las Cajas de Ahorro y demás entidades financieras ha tenido dos efectos: el primero ha sido conseguir la reducción del gasto de estas entidades ya que se han cerrado sucursales y se han realizado Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) que han permitido rebajar los costes en instalaciones y en personal, mientras que el segundo ha sido un simple efecto de maquillaje porque la fusión de varias entidades sin liquidez y con porcentajes importantes de morosidad no constituye una entidad solvente, sino una entidad más grande, con mayor problema de liquidez y mayor porcentaje de morosidad.

            Actualmente el problema, del que la dimisión del Sr. Rato es solo un síntoma externo, reaparece de nuevo porque no se solucionó de forma coherente y eficaz en su momento. La inyección de dinero público realizada hace un año fue escasa y, además, sin condiciones, con lo que ahora el estado tendrá que volver a inyectar dinero público (ya se habla de cincuenta mil millones de Euros) al sistema financiero lo que provocará el descontrol del déficit que el gobierno dice querer combatir con la subida de impuestos y el recorte de prestaciones y servicios sociales, pero lo que es peor, supondrá la repetición del error de hace un año que es el creer que con la simple inyección de dinero público se solucionara el problema cuando lo cierto es que, sin una intervención estatal directa en la gestión bancaria, todo el sistema financiero español amenazará en convertirse en el agujero negro que se trague todo el presupuesto y dispare el déficit.

            Respecto a esto, el actual gobierno del Partido Popular echa en cara al anterior gobierno del Partido Socialista el haber “regalado” el dinero a los bancos mientras que ellos, los populares, simplemente lo van a prestar para ser devuelto en once años a un tipo de interés que rondará el ocho por ciento. Ahora bien, este “préstamo” si bien es posible, y solo posible, que inyecte liquidez a las entidades financieras (si es que no lo vuelven a utilizar para cubrir su gasto corriente) es muy dudoso que reestablezca el flujo del crédito ya que si las entidades bancarias tienen que pagar un ocho por ciento al estado no prestaran por menos del 8.25 por ciento con lo cual muy pocas empresas y particulares tendrán acceso a un crédito de tan elevado interés. Así pues, la “generosa” idea del actual gobierno amenaza en convertirse en una maniobra que disparará el déficit público, hará incrementar las privaciones de los ciudadanos y todo ello solo para ganar once años y aplazar durante ese tiempo el problema existente y que realmente subyace.

            Si bien es cierto que el estado no puede permitirse el frívolo desliz de que cualquier entidad financiera española (Bankia, Caixabank, BBVA, BSCH…) quiebre y que los depositarios pierdan los ahorros de toda su vida porque, en primer lugar, ello colapsaría totalmente la economía española al no poder hacer frente los ciudadanos a sus gastos corrientes y periódicos y, en segundo lugar, porque se generaría tal situación de inestabilidad social cuyos resultados últimos serían muy difíciles de predecir, no es menos cierto que tampoco puede sacrificar más a los ciudadanos menos favorecidos en aras de unos aventureros de la economía y de unos agiotistas.

            Por todo ello, si el estado inyecta dinero público en el sistema financiero debe poner condiciones tajantes y de contenido social que impliquen su intervención, bien directamente o bien a través del Banco de España, en la gestión de las entidades financieras. Estas condiciones podrían ser, entre otras, las siguientes:

        1º. La eliminación de la exigencia del tipo de interés de demora en los procedimientos ejecutivos, pudiéndose cobrar exclusivamente el tipo de interés ordinario pactado en el contrato.

              2º. La imposibilidad de cargar las costas procesales sobre el ejecutado en los procesos de ejecución hipotecaria.

           3º. La exigencia de que, en los procesos hipotecarios que tengan por objeto viviendas habituales y en los que el banco ejecutante sea también el adjudicatario, el banco adquiera la propiedad pero no la posesión dejando a la familia ejecutada en el uso de la vivienda en un régimen de arrendamiento social cuya renta mensual resulte de la suma, en su caso prorrateada, de los gastos (IBI, Tasa de Residuos, Seguro Multirriesgo del Hogar, Comunidad de Propietarios, etc…) más un plus de cien a doscientos euros que no computará como beneficio de la entidad financiera a la hora de tributar al estado. El arrendatario conservará en todo caso el derecho legal al tanteo y al retracto en caso de posterior venta de la vivienda.

            4º. La exigencia a las entidades financieras, de que el stock de viviendas vacías que tienen, y que figuran en sus activos cuando en realidad deberían figurar en sus pasivos, se dediquen al alquiler social en las condiciones descritas en el párrafo anterior, si transcurren más de tres meses sin que se hayan vendido a contar desde el día siguiente al que se hubieran adquirido.

            5º. Fijación de un límite máximo a las retribuciones que reciben los ejecutivos de las entidades bancarias y miembros de sus consejos de administración y eliminación de todos los beneficios de los que disfrutan.

            6º. Suprimir temporalmente y mientras dura esta situación excepcional el reparto anual de beneficios entre los accionistas o reducir el reparto de dichos beneficios entre un cincuenta y un setenta y cinco por ciento, destinándose la cantidad no repartida a provisión de fondos, saneamiento de la entidad y devolución del dinero estatal prestado.

            Finalmente, no quiero terminar sin reiterar a mis pocos o muchos lectores que tengan confianza en que sus depósitos están seguros porque como he dicho anteriormente, el estado no puede arriesgarse a que cualquier entidad financiera quiebre y los depositarios pierdan sus ahorros, porque ello significaría el caos y la guerra.        

(1) Hace ya dos o tres años, cuando la crisis empezó a sentirse en España y parecía que el objetivo fundamental era expulsar del poder al entonces gobierno socialista una cadena de televisión entrevistó a un economista norteamericano y le preguntó si con un cambio de gobierno retornaría a nuestro país la confianza de los mercados, pero cual fue la sorpresa de la periodista, que esperaba un rotundo e incondicional, sí; cuando el economista contestó que las mayores dudas de los mercados recaían sobre el sector financiero español porque si en Estados Unidos se habían dado un tercio de hipotecas menos que en España y allí habían quebrado doscientos bancos no se podían creer que aquí no hubiera quebrado ninguno.

           

“EL DON APACIBLE” de Mijail Shólojov

            La editorial “Debolsillo” ha tenido la feliz idea de publicar recientemente en un cómodo formato integrado por cuatro volúmenes presentados en caja, la emblemática y extensa novela de Mijail Shólojov (1905-1984) titulada “El Don Apacible” escrita por este autor soviético entre 1928 y 1940.

Si en un principio, Shólojov pretendió que “El Don Apacible” fuera una novela costumbrista en la que quedara reflejada la forma de vida de las comunidades cosacas instaladas, desde mediados del Siglo XVI, en las riberas del río Don terminó siendo una novela histórica fiel a los acontecimientos acaecidos en Rusia en las dos primeras décadas del Siglo XX.

De esta forma, “El Don Apacible” empieza con una extensa presentación de los personajes principales (los diferentes miembros de la familia Melejov) que ocupa la mayor parte del primer volumen y que sirve para plantear el argumento y describir la forma organizativa de la comunidad cosaca en Khutores (pequeños poblados), Stanistsas (unidad administrativa que abarca más de un Khutor) y Yurts (limite territorial que reúne a todas las Stanistsas que están dentro de él) así como sus costumbres tradicionales caracterizadas por una enorme vinculación a la tierra, a la agricultura y a un peculiar servicio militar considerado como un rito iniciático de los jóvenes cosacos que significaba el abandono de la niñez y la entrada en la edad adulta. Tras esta presentación altamente descriptiva, Shólojov, parece dar un giro narrativo a “El Don Apacible” para centrarse en los acontecimientos históricos y en la forma en que estos afectaron al pueblo cosaco convirtiéndose en una novela histórica en la que se narra el comienzo de la I Guerra Mundial, las fracasas ofensivas rusas contra los Imperios Centrales, la Revolución Rusa, el derrumbe del ejército ruso y sobre todo la Guerra Civil que asoló Rusia entre los años 1918 a 1921.

Es precisamente la Guerra Civil Rusa (1918-1921) el tema que ocupa la mayor parte de “El Don Apacible” siendo la objetividad con la que su autor la trata altamente llamativa teniendo en cuenta que Shólojov, que siempre se consideró un leal ciudadano soviético, ingresó en el Partido Comunista de la Unión Soviética en 1932 llegando a ser miembro de su Comité Central en 1961. De esta forma no se oculta ni se mitiga en “El Don Apacible” la brutalidad ejercida por los dos bandos contendientes (el Blanco y el Rojo), ni la peculiar característica de aquel conflicto armado consistente en un constante cambio de lealtades de las unidades militares que integraban ambos ejércitos. Tampoco oculta Shólojov la política de requisa de alimentos llevada a cabo por las autoridades bolcheviques entre los cosacos del Don que llevó a estos a intentar ocultar las cosechas y al ejército rojo a practicar sangrientas represalias que fueron, en definitiva, las que decidieron a los primeros a levantarse contra las autoridades soviéticas y a colaborar con el Ejército de Voluntarios al que habían expulsado de su territorio unos meses antes.

Esta cruda objetividad con al que Shólojov trata la Guerra Civil Rusa en “El Don Apacible” constituye una característica fundamental de este autor que a lo largo de toda su producción literaria se debatió siempre entre la fidelidad a la realidad vivida y la sumisión a los dictados de la propaganda soviética oficial.

“El Don Apacible” de Mijail Shólojov no sólo es la mejor obra de su autor sino que además constituye la cima de la literatura rusa del periodo soviético siendo de gran valor histórico al permitir conocer a los lectores el poco conocido episodio de la Guerra Civil Rusa mejor que a través de cualquier manual de historia contemporánea.