Ya dejadas atrás sus polémicas
opiniones sobre la final de la Copa de S.E. el Jefe del Estado a título de Rey consistentes
en proponer que, en caso de que las aficiones de cualquiera de los equipos
finalistas o de ambos silbasen la Marcha de Granaderos, se desalojase el estado
Santiago Bernabeu y que el partido se jugara a puerta cerrada, ignorando las
consecuencias políticas y de orden público que podría ocasionar dicho desalojo;
doña Esperanza ha vuelto a acaparar la atención política y social del país
con sus nuevas propuestas para ahorrar
que se resumen en mayores recortes en prestaciones sociales y en su propuesta
estrella de reducir en número de diputados en la Asamblea de Madrid a la mitad,
pasando de 129 a
65.
Efectivamente, de manera lógica y
matemática, la reducción a la mitad del número de diputados en la Asamblea
autonómica de Madrid debe llevar aparejada la disminución en la misma proporción
del gasto de dicha institución, pero también llevará aparejada una menor
representatividad del cuerpo electoral porque al repartirse los votantes entre
un menor número de diputados se requerirá un mayor número de votos para obtener
representación parlamentaria; es decir, cada diputado requerirá más votos para
ser elegido resultando perjudicadas las formaciones políticas minoritarias
actualmente representadas en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida y Unión
Progreso y Democracia.
Esta idea de reducir el número de
diputados de la Asamblea de Madrid para ahorrar no deja de ser extraña pues el
mismo ahorro se podría conseguir si, manteniendo los actuales 129 diputados, se
decretase la reducción a la mitad de los emolumentos que recibe cada diputado
no quedando así afectada la representatividad ciudadana
Si la única pretensión de esta idea
de doña Esperanza Aguirre fuera el ahorro, se podría tomar otra iniciativa más
radical y que implicaría mayor ahorro como sería la limitación del número de
diputados de la asamblea madrileña a uno por cada formación política con
representación parlamentaria cuyo voto se contabilizara por el número de
escaños obtenidos en las elecciones por su partido. Así, por ejemplo, si
tomamos en cuenta la actual composición de la Asamblea de Madrid que esta
integrada por 129 diputados de los cuales 72 son del Partido Popular (PP), 36
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 13 de Izquierda Unida (IU) y 8 de
Unión Progreso y Democracia (UPyD), la Asamblea de Madrid quedaría constituida
por solo 4 diputados (uno por cada partido o coalición con representación
parlamentaria) contabilizándose los votos en la Asamblea de la siguiente
manera: el voto del diputado popular valdría por 72 votos, el del diputado
socialista por 36, el de diputado de Izquierda Unida por 13 y el de UPyD por 8
votos.
El problema de este sistema es que
pondría de manifiesto y con más claridad que el agua la realidad de nuestro
actual régimen político que no es otra que cada señor diputado no representa a
la totalidad de los electores, teoría de política-ficción en la que se
fundamenta el actual sistema político-representativo, sino solo a los aparatos
directivos de sus respectivos partidos.
En realidad, la propuesta de reducir
el número de diputados de la Asamblea madrileña adolece de un error de base
cual es que el número de integrantes de las asambleas electivas no viene
exclusivamente determinado por la voluntad política sino sobre todo por la
realidad demográfica, existiendo en España, circunscripciones electorales que
han visto incrementados el número de diputados a elegir en ellas y otras que lo
han visto reducido en virtud del aumento o disminución del censo electoral.
Así pues, siendo más que dudoso que
doña Esperanza Aguirre pueda reducir legalmente el número de diputados de la
Asamblea autonómica de Madrid, aún es más dudoso que la finalidad de esta
pretendida reducción sea exclusivamente la de reducir el gasto público porque
tal medida beneficiará claramente a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) y de
entre estos, al más mayoritario que, hoy por hoy, es el partido político que,
casualmente, preside la señora Aguirre.
Por lo tanto, a pesar de lo populista de la propuesta, los ciudadanos deben
pensar, tienen la obligación de pensar, el por qué ahora, precisamente ahora,
la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace esta propuesta porque
posiblemente la razón no sea otra que la de fortalecer al partido mayoritario
alterando, aún más si cabe, la representatividad del actual sistema
liberal-parlamentario.
Finalmente, considerando las salidas
de pata de banco de la señora presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid,
doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Condesa consorte de Murillo y Grande de
España; los españoles deberían considerar muy seriamente la posibilidad de exigir
que se estableciera legalmente la imposibilidad de que los aristócratas de
título público y reconocido participen de forma activa en la vida política
española porque parece existir en ellos, y doña Esperanza es un botón de
muestra, cierta tendencia natural a creer que este país es su finca particular
y, ni España es un cortijo ni la aristocracia es un privilegio, sino una carga
de ejemplaridad y sacrificio. Pero en fin, aunque el tema sería muy largo de
exponer y no es del que ahora se trata, baste decir que en todas las Españas no
hay más aristocracia real que aquella que prefirió el anonimato, la pobreza y
el sacrificio que significó la lealtad a la legitimidad representada por don
Carlos V y sus descendientes antes que inclinar la cerviz ante una supuesta autoridad
que carecía y carece de toda legitimidad para reconocer o habilitar título
alguno existiendo también otra presunta “nobleza”, de gacetilla y papel couché,
que siendo ejemplo de aquello que afirmó don Carlos VII de que “más valía no
haber sido nunca noble que haber degenerado” no vale toda ella junta ni la
millonésima parte de una vulgar deposición de un simple Barón Báltico.
Lo que no entiendo es qué hacen los obreros de Madrid votando a esta persona. Se podría decir que se merecen lo que tienen, pero quiero mostrar mi respeto por el resto, por quienes eligen otras opciones.
ResponderEliminarLa última de la Señora Aguirre ha sido proponer en el día de ayer la desaparición del Tribunal Constitucional a consecuencia de la sentencia sobre SORTU.
ResponderEliminarYo estoy de acuerdo con la desaparición del TC y que las cuestiones de constitucionalidad sean resueltas por el pleno del Tribunal Supremo porque no es bueno que existan dos instituciones con las mismas competencias, ademas que resulta más caro sobre todo ahora que estamos en crisis.
Ahora bien, es indigno y sospechoso que la Sra. Aguirre se haya acordado de la politización del Tribunal Constitucional y de lo caro que resulta, precisamente ahora que el TC ha dictado al parecer una sentencia que no le gusta a la señora Presidenta de la Comunidad Autonoma de Madrid. Es decir... durante mas de treinta años, parece ser que el TC era una gran cosa y ahora que no ha hecho lo que al gobierno le hubiera convenido no es tan buena cosa...
Por otro lado, si la Sra. Aguirre tiene tan claro que el TC es un tribunal policizado, esto es, que no es independiente y que el las sentencias que dicta pesa más el servilismo político que la independencia y profesionalidad, lo que debería hacer la sra. Aguirre es pedir a su jefe de filas, don Mariano, que ordena la detención de todos los miembros del TC porque esa actitud se llama prevaricación.
En fin... Estamos ante un Estado que se hunde y ante una política que quiere ser la bailarina principal en la representación de "la muerte del cisne", por eso tantos cantos.