RESCATE FINANCIERO Y NAUFRAGIO DEL PUEBLO

       El pasado Sábado, día 9 de Junio del 2012, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, comunicó a los ciudadanos que España había solicitado la ayuda europea para recapitalizar su sector bancario, lo que se traduce en la supuesta inyección de cien mil millones de euros al sistema financiero procedentes del fondo de rescate europeo.    

 

            Tras la apresurada rueda de prensa que hizo saltar la noticia, todas las tertulias televisivas trataron el tema llegando a la conclusión de que esta “línea de crédito” o “rescate” lograría estabilizar los mercados de valores, haría bajar la prima de riesgo y conseguiría que los indicativos de la bolsa española subieran. No obstante, todas estas afirmaciones han quedado contradichas por la apertura, el Lunes 11 de Junio del 2012, de las distintas bolsas en las que el IBEX-35 continuó cayendo y la prima de riesgo española subiendo.

            Lo cierto es que este “rescate” financiero no ha servido para estabilizar los mercados de valores porque ha supuesto una mala noticia cierta y concreta cual es que el sistema financiero español esta en quiebra técnica y que el estado español no puede, por sí solo, reflotarlo. Asimismo también ha supuesto otras malas noticias ciertas pero inconcretas como son que este dinero habrá que devolverlo por no se sabe bien quién ni de que manera, en un plazo que se desconoce y con un tipo de interés que no se sabe. Evidentemente, la noticia de este “rescate” ofrece más interrogantes que respuestas por lo que es lógico que exista mayor inestabilidad en los mercados ahora que cuando los problemas del sistema financiero español eran tan solo rumores.

            Lo que no parece tan cierto es que este “rescate” sirva para restaurar el flujo de los créditos hacia las familias y empresas españolas y ello porque seguramente la banca dedique principalmente esta ayuda europea a “cubrir agujeros” y a pagar sus deudas retrasando la reactivación del crédito hasta el momento en que haya logrado deshacerse del enorme stock de inmuebles que se ha ido adjudicando en los últimos años a causa del impago de los prestamos hipotecarios concedidos.

            Lo que tampoco está tan claro es lo que va a suponer este “rescate” para la sociedad española pues, aunque el señor (por llamarlo de alguna forma) Rajoy ha manifestado que no tendrá coste alguno para los ciudadanos españoles, lo cierto es que ha sido el estado español  y no una empresa o entidad privada quien ha solicitado a la Unión Europea esta “Línea de Crédito” (como la llama don Mariano) y que, además, las entidades financieras que más se van a beneficiar de ella son casualmente las recientemente “nacionalizadas”. Por otra parte, el “rescate” financiero suplicado por el gobierno español a Europa es la única forma posible de “rescate” para España y supone, aunque se pretenda negar hábilmente, una intervención aunque “suave” en nuestra economía que sustituye o reemplaza la intervención total al estilo griego, irlandés o portugués que no puede darse en el caso español a causa de la notable diferencia demográfica con estos países porque, con cuarenta y ocho millones de habitantes y una tasa de paro que roza actualmente el veinticinco por ciento, una intervención a la griega haría que la tasa de paro se disparase más allá del treinta y cinco por ciento y que más de la mitad de la población se viera afectada por la total desprotección social y la indigencia.

            Por otra parte, y aunque en un principio parezca una menudencia léxica, no estaría mal que el gobierno aclarase definitivamente a los ciudadanos si lo que nos ha concedido la Unión Europea es un “Préstamo” de cien mil millones de euros o un “Crédito” por esa cantidad porque mientras lo primero significa que se va a ingresar directamente en las arcas del Estado Español cien mil millones de euros por los que vamos a pagar un determinado interés, lo segundo implica que la Unión Europea no hace ingreso alguno sino que simplemente pone a disposición del Estado Español una cantidad máxima de cien mil millones de euros para que se vaya utilizando según se necesite y por cuya mera disponibilidad se tendrá que pagar un determinado interés por la cantidad total aunque tan solo utilice la mitad de la misma.

            Así pues, aunque haya quien lo niegue y quien lo dude,  el “rescate” financiero solicitado por el Gobierno Español supone la intervención de España y de su economía porque, considerando que TODA la economía ha funcionado a base de financiación ajena  y endeudamiento es lógico pensar que quien controla y fiscaliza el sistema financiero, fiscaliza y controla la economía española. Así pues, no nos pretenda engañar el señor Presidente del Gobierno con erráticos eufemismos porque la realidad es está: España está intervenida y esta “línea de crédito” como gusta llamarla el señor Presidente del Consejo de Ministros supondrá a medio y largo plazo mayores recortes sociales y más subidas de impuestos por la sencilla razón de que la deuda pública española a pagar se ha incrementado, desde el 9 de Junio pasado, en cien mil millones de euros (si es un préstamo) o en la cantidad que resulte de las auditorías que se van a realizar al sistema bancario español (si es un crédito) más sus correspondientes intereses con lo que todos los recortes practicados por el gobierno hasta ahora con el objetivo de ahorrar no alcanzan a cubrir este nuevo incremento de deuda.

            Por otra parte, es de preveer que las entidades financieras que recaben la ayuda de este “rescate” tendrán que reducir costes por lo que es previsible que se practiquen nuevos Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en el sector bancario que supondrá un incremento del paro y del gasto público en concepto de prestaciones por desempleo.

            En definitiva, este “rescate” financiero presenta muchas incertidumbres que estoy seguro que se concretarán en las próximas semanas pero, sobre todo, presenta una duda fundamental que consiste en la cuestión de si verdaderamente servirá para algo porque lo que parece bastante claro es que las entidades financieras que reciban este dinero europeo lo van a emplear para “tapar sus propios agujeros” y para pagar a sus acreedores siendo su intención esperar a vender, aunque sea a la baja, el enorme stock inmobiliario que han ido adquiriendo en los últimos años a causa de sus malas prácticas hipotecarias para retomar las concesiones de préstamos y créditos, lo que provocará que la situación de estancamiento económico continúe.

            Por último también es de indicar que la venta a la baja de las viviendas que ahora mismo poseen los bancos no va a significar un beneficio para los ciudadanos que desean adquirir su primera vivienda porque, si no hay prestamos y facilidades económicas para que la gente compre esas viviendas, aunque su precio se vea reducido a la mitad; los únicos que podrán adquirirlas serán aquellos que dispongan de liquidez (que evidentemente no son ni jóvenes, ni parados, ni personas de recursos limitados), que las adquirirán para negociar con ellas haciendo resucitar la galdosiana figura del “rentista urbano” produciéndose el cambio definitivo en la sociológica tendencia española de poseer la vivienda en propiedad por la de tenerla en alquiler, limitándose el derecho a la propiedad de la vivienda a las personas de elevado poder adquisitivo. Tal vez esta sea la explicación de la reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de los constantes incrementos del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.).