DE RECORTES, PRIMAS, MERCADOS Y RESCATES

            Las últimas medidas adoptadas por el gobierno del Partido Popular no solo han supuesto los mayores recortes que se han tomado desde que se aprobara la Constitución de 1978 sino que han significado, junto con los aprobados por el anterior gobierno socialista en el año 2010, un retroceso social a tiempos de mediados de los años cincuenta del pasado siglo.

            El gobierno justifica estas medidas que se traducen en menor cobertura social, subida generalizada de impuestos directos e indirectos y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afirmando que es imprescindible crear confianza en los mercados para que éstos nos sigan prestando dinero y así poder continuar pagando el gasto corriente del estado. No obstante, una semana después de aprobar los últimos recortes, la prima de riesgo superaba los seiscientos puntos básicos provocando el total desconcierto entre los miembros del gobierno que, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría;  reconocían que “no sabían lo que pasaba”.

            Lo cierto es que todos los recortes que ha adoptado el actual gobierno y que seguramente se ampliarán en el futuro no responden a las dos grandes preguntas que, a medio plazo, se hacen los economistas que aconsejan a los mercados y a los compradores de deuda española que son:

            1º. ¿Cuándo va España a comenzar a amortizar el dinero prestado en vez de solo pagar los intereses de la deuda?

            2º. ¿Cuándo va España a dejar de pedir prestado para financiar sus gastos corrientes?

            Ciertamente todos los recortes adoptados hasta el momento y los que se adoptaran en el futuro tienden a reducir el déficit público, gastando menos e ingresando más, pero en ningún caso sirven para generar riqueza convirtiéndose la reducción del déficit en un medio (y no en un fin como debería ser) para conseguir que nos sigan prestando dinero, engrosando así la cuantía de la deuda pública.

            La cuantía total de la deuda pública española es tan inmensa que cabría preguntarse el por qué nos la siguen comprando en los mercados internacionales porque aunque la compra de estas emisiones de deuda sea a intereses usurarios, lo cierto es que se llegará a un momento, momento éste que yo creo que tiempo ha se ha superado, que el principal adeudado no se pueda pagar. 

            Por otro lado, la presión fiscal que supone la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) ha rebasado toda lógica y ha llegado a tener un puro carácter confiscatorio entre otras cosas porque únicamente a través de confiscaciones será capaz el estado de generar ingresos que permitan saldar la deuda o reducirla a cantidades amortizables. Ahora bien, estos incrementos confiscatorios de impuestos lo único que hacen es empobrecer a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que integran la clase media y reducir el consumo familiar lo que se traduce en que se incremente el desempleo y el estado no recaude más.

            Los sacrificios a los que nos esta sometiendo y nos pretende someter el gobierno presidido por Mariano Rajoy son sacrificios inútiles pues no van a generar ningún fruto positivo. Si un estudiante se sacrifica durante un tiempo y renuncia a toda diversión y salida en aras de sus estudios, ese sacrificio se traduce en el fruto de aprobar los exámenes, pero ¿Qué fruto va a dar tanto sacrificio de los ciudadanos y tanto recorte social?. Tal y como ha manifestado el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el fruto es conseguir que nos sigan prestando dinero para “poder pagar las nóminas” o, dicho de otra forma, para que el Estado siga funcionando mañana aunque pasado ya veremos qué pasa. En definitiva, el fruto de todas estas medidas económicas del gobierno es el fruto a corto plazo que se traduce en “pan para hoy y hambre para mañana”.

            El camino de las llamadas “reformas” emprendido por el Gobierno del Partido Popular no va a sacar a España de la crisis económica sino que simplemente va a desmantelar el estado del bienestar, va a liquidar a la clase media española y va a retrotraer al país a la situación social existente en los tiempos de la II República. Así pues, cuando todo el mundo dice que el camino emprendido por el gobierno de Mariano Rajoy no es bueno y cuando los resultados obtenidos lo demuestran ¿Por qué persiste el gobierno del Partido Popular en seguir este camino?. La respuesta  a esta pregunta es muy simple, la alternativa a la política liquidadora del estado del bienestar emprendida por el actual gobierno solo puede ser una política de liquidación del régimen político surgido de la llamada transición y de la Constitución de 1978, que llevaría aparejada la denuncia de todos los tratados internacionales firmados por España desde entonces, especialmente los de adhesión a la Comunidad Económica Europea; el desmantelamiento de la tupida red de caciquismo, clientelismo y enchufismo que los diversos partidos políticos con representación parlamentaria han ido tejiendo a lo largo de los últimos cuarenta años y que se extiende por todas las administraciones públicas, Poderes del Estado, Medios de Comunicación y por sectores empresariales y financieros y la exigencia, por último, de responsabilidades a todos los que, por acción u omisión, se han beneficiado del régimen.

            Esta liquidación del régimen nacido de la transición y de la Constitución de 1978 sería la consecuencia indeseada, tanto por la casta política autóctona como por la internacional, de una intervención de la economía española ya que los recortes alcanzarían a todas las subvenciones y emolumentos de los dirigentes políticos españoles, pero también es cierto que la intervención conllevaría tal política salvaje de recortes sociales que la tasa de paro, que es muy posible que por méritos propios se sitúe en torno al veinticinco por ciento, superase el treinta y cinco por ciento y que el umbral de la pobreza  (incluso el de la pobreza extrema) alcanzase a algo más del cincuenta por ciento de la población. Así pues, que nadie piense, como ya empiezan a pensar algunos ciudadanos de buena fe que la intervención significará el fin de los privilegios de los políticos y la liberación del pueblo español de la explotación a la que le somete su casta política porque los pueblos que, siendo incapaces de liberarse a sí mismos, ponen las esperanzas en libertadores foráneos lo único que consiguen es cambiar de amo.

EL TOTALITARISMO Y SU SUPERVIVENCIA EN LA POLÍTICA ACTUAL

            Muchos han sido los grandes pensadores contemporáneos (Hanna Arendt, Raymond Aron y Claude Lefort entre otros) que han dedicado una amplia parte de sus estudios al totalitarismo político no pudiendo ser menos la atención prestada a este fenómeno ya que el mismo ha marcado por completo la historia de la primera mitad del Siglo XX y, aunque se le diera por muerto en 1945 con la derrota de las potencias fascistas, ha pervivido en su forma original hasta el derrumbe del bloque soviético en 1989.

            Los estudios publicados, ya clásicos en la historia del pensamiento, tienen una gran valía en cuanto que ahondan en la búsqueda de los orígenes del totalitarismo y lo diferencian de otras formas políticas como la tiranía o el autoritarismo pero adolecen del error de considerarlo exclusivamente desde el punto ideológico por lo que entienden y explican que el totalitarismo es una ideología en base a la cual se organiza un estado. Esto lleva a definir a un régimen como totalitario en función de la ideología que profesa y a ciertas características sin las cuales el régimen no es totalitario. Concretamente, Raymond Aron cita cinco características básicas que son:

1º. Un único partido que posee el monopolio exclusivo de la actividad política.

2º. Dicho partido único posee una ideología que le confiere una autoridad absoluta

3º. El estado se reserva el monopolio de los medios de persuasión y coacción, los medios de comunicación son dirigidos por el estado

4º. La economía, al menos en gran parte es controlada por el estado y se convierte en parte del mismo estado.

5º. Práctica del terror institucionalizado.

            Según esto, un régimen que no reúna todas y cada una de estas características no es un régimen totalitario. Así pues, no puede existir totalitarismo en un régimen de pluripartidismo político aunque éste, de una forma efectiva, culmine en el bipartidismo que es una forma de oligopolio político (el sistema de partido único es en realidad un monopolio político).

            No obstante, el totalitarismo debería ser estudiado y considerado desde otra perspectiva mucho más novedosa porque los años transcurridos desde que, en 1989, se considerasen definitivamente enterradas las formas políticas totalitarias con la implosión del comunismo en la URSS; han demostrado sobradamente que el totalitarismo esta por encima de cualquier ideología porque en realidad no es ni se debe a una ideología (se podrá afirmar que fascismo y comunismo son totalitarismos, pero no todo totalitarismo es fascista o comunista), sino que es fundamentalmente UNA ESTRUCTURA que supedita todo principio y toda idea a un fin último que es la supervivencia estructural del estado que es entendido no como un instrumento al servicio de la sociedad sino como un fin en sí mismo.

            El totalitarismo como estructura no requiere una forma política concreta pues puede adoptar las más variadas (parlamentarismo, democracia representativa,  pluripartidismo, monarquía, república y, naturalmente, dictadura) porque lo fundamental para él es que nadie, ni dentro de la cadena jerárquica del estado ni entre la población, se cuestione la legitimidad y la legalidad de las decisiones políticas que se adopten y que estas sean correctamente ejecutadas sin ninguna consideración de orden moral superior. El totalitarismo estructuralmente considerado tampoco requiere la existencia de un partido único ni de grandes fuerzas coactivas ya que le basta con ejercer el monopolio legislativo lo cual le permite redactar leyes y cambiarlas en cualquier momento según las circunstancias permitiéndole de este modo presentar cualquier decisión política como legal y, por tanto, como legítima.

            Lo que sí requiere el totalitarismo como estructura es tener unos medios de información o de comunicación de amplia difusión que le permitan favorecer y fomentar el acriticismo en la sociedad y en las jerarquías inferiores del estado pero ello no se consigue necesariamente por la coacción ni por el miedo, sino a través de la legalidad (licencias administrativas, reglamentaciones, etc…) y a través del dinero.

            Finalmente el totalitarismo, además de ser fundamentalmente una estructura, es también un sistema moral que se basa en un único principio nacido de la perversión de la ética kantiana que se ve reducida a un único imperativo categórico en virtud del cual “hay que obrar de tal manera que si tus superiores te vieran aprobasen tu conducta”. Este sistema moral se crea a partir del totalitarismo estructural por medio de la ingeniería social.

            Así pues, el totalitarismo nunca considerado como estructura ni como moral aparece alejado en extremo de las férreas características indicadas por todos los prestigiosos estudios publicados hasta el momento sobre el tema, lo que favorece que muchos ciudadanos vivan sometidos a regímenes totalitarios sin percatarse de ello y creyendo disfrutar de las mayores libertades políticas y sociales.

            La manera eficaz de identificar si se vive bajo un régimen totalitario es muy sencilla y consiste en la simple observación. Si un gobierno legisla sobre cualquier tema o toma cualquier decisión ejecutiva, como evidentemente le corresponde hacer, basta observar si la decisión en cuestión despierta alguna crítica dentro de la propia estructura del estado o no; si toda ley y toda decisión política es aceptada y cumplida dócilmente por el escalafón jerárquico que forma el estado, evidentemente estamos ante un régimen totalitario. Si por el contrario dentro de la estructura estatal existen discrepancias y críticas y estas no son rápidamente contrarrestadas por alguna campaña de los medios de comunicación tendente a criminalizar al disidente, ciertamente no se podría afirmar que estemos ante un régimen totalitario.

             

LA TRAMPA DEL COPAGO FARMACÉUTICO

            Dentro de las andanadas de recortes con las que el Gobierno del Partido Popular agrede al pueblo trabajador español tras lanzarlas en sucesivos Consejos de Ministros, el último de ellos presidido por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, especial mención merece el llamado copago farmacéutico porque de una forma sibilina, deshonesta y trapacera oculta la rebaja de las pensiones de jubilación e implica un coste para nuestros pensionistas superior al indicado por los sofistas que integran y ocupan el gobierno.

            Según esta medida de copago farmacéutico, los pensionistas que hasta el 1 de Julio del 2012 no tenían que pagar por los medicamentos que les eran médicamente recetados tendrán que pagar las medicinas que les sean necesarias con un límite de ocho o dieciocho Euros al mes (Euros 8.- ó 18.-) a partir de los cuales tendrán el derecho de que la administración pública les reintegre el exceso pagado aunque no está claro ni como y cuando se va a producir dicho reintegro.

            Es casualmente en esta fórmula donde radica el embuste del gobierno o, lo que es peor, el desconocimiento de la realidad social del país que dice pretender gobernar. Estadísticamente los jubilados españoles son personas mayores que tienen numerosos achaques y enfermedades crónicas que han de ser tratadas con medicamentos por lo tanto el obligarles a pagar ocho o dieciocho Euros (Euros 8.- ó 18.-) al mes en concepto de copago farmacéutico, equivale a rebajarles la pensión 96.- ó 216.- Euros al año (o incluso el doble si son un matrimonio jubilado que tiene una sola pensión de jubilación). Pues bien, de todas las medidas al respecto del copago farmacéutico que el gobierno podía tomar ¿Por qué no tomo la de rebajar directamente las pensiones de jubilación en 96 ó 216 Euros al año (o el doble si es un matrimonio que disfruta de una sola pensión)?.

            La respuesta a esta pregunta es doble. En primer lugar, el gobierno no quiso adoptar tan injusta pero también sincera medida porque se pondría de manifiesto nítidamente que lo que se estaba produciendo era una rebaja o disminución de las pensiones de jubilación y en segundo lugar porque al hacer el copago farmacéutico de esta forma el estado se asegura un mayor porcentaje de financiación del gasto farmacéutico por los ciudadanos particulares.

            Esto resulta en primer lugar, porque el jubilado que va a la farmacia a adquirir los medicamentos recetados para sus dolencias, generalmente crónicas, tiene que pagar el porcentaje legalmente establecido que es el de un diez por ciento y si el medicamento es caro, entendiéndose por tal y solo a modo de ejemplo el que supere los cien euros, tendrá que abonar por él diez Euros. Como es previsible que el paciente acuda tres o cuatro veces al mes a la farmacia a adquirir dicho medicamento, resulta que el jubilado tendrá que ADELANTAR a sanidad, treinta o cuarenta euros al mes de los cuales tendrá derecho a que le reintegren (sin intereses y seguramente tarde) veintidós o treinta y dos euros al mes. Así pues, es posible que el jubilado vea como su pensión mensual ha disminuido realmente en treinta o cuarenta euros. Ahora, imaginemos, y es muy posible que así ocurra, que el jubilado no necesite solo un medicamento sino varios y que alguno de ellos ronde o supere los cuatrocientos euros ¿En cuanto se verá mensualmente reducida de forma práctica la pensión de jubilación?. En este sentido es de indicar que, aunque la cantidad que supere los ocho o dieciocho euros al mes, sea devuelta, el hecho de que el pensionista tenga que adelantarla afecta grave e irreversiblemente a su capacidad adquisitiva y calidad de vida, y todo ello sin entrar a considerar la subida generalizada de precios que va a provocar la próxima subida del Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.).

            Por otro lado, tenemos el caso contrario. El jubilado que, afortunadamente para él, requiera de poca medicación o que esta no sea muy cara es posible que su gasto farmacéutico no supere los veinte euros al mes de los cuales tendría derecho a que le reintegraran doce (si el límite establecido para él es de ocho Euros) o dos Euros (si el límite es de dieciocho Euros) por lo que considerando que para reclamar el reintegro el jubilado debe llevar una contabilidad exhaustiva de su gasto sanitario con un archivo ordenado de las facturas o ticket de compra, lo más probable es que renuncie a solicitar el reintegro al considerar que son mayores los problemas que genera la solicitud de devolución que los beneficios materiales que le va a proporcionar el recibir las cantidades a cuyo reintegro tiene derecho (salvo, claro está, que el gobierno pretenda con esta medida dinamizar la economía insinuando a cada pensionista que contrate un gestor que le lleve esta contabilidad como si fuera una empresa).

            A todas estas consideraciones tenemos que añadir una más que es que el copago farmacéutico de los pensionistas afecta a cada titular de la tarjeta sanitaria por lo que, considerando que estadísticamente, en la mayoría de los matrimonios de pensionistas solo existe una pensión de jubilación, resulta que las cantidades de obligado pago (8.- ó 18.- Euros) se duplican con lo que la cuantía de renta disponible para los matrimonios pensionistas se reduce aún más.

            En definitiva, el copago farmacéutico impuesto por el gobierno a los pensionistas españoles implica el mayor atentado contra la salud, bienestar y calidad de vida de nuestros mayores que jamás haya perpetrado estado alguno viéndose agravada esta medida por la maldad de la misma que queda demostrada por el adorno de los calificativos de necesaria y poco onerosa con la que se ha implantado.

SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS

El Chouan Ibérico, no pudiendo ni queriendo guardar silencio en nada de lo que haga referencia a la dramática situación por la que están atravesando cientos de miles de familias trabajadoras de todos los sectores de la economía a causa de la crisis en las que nos ha sumido una pésima gestión y corrupta administración ejercida por una casta política frívola e irresponsable, desea manifestar su apoyo a las reivindicaciones de los mineros y su adhesión a las movilizaciones que vienen realizando desde hace varias semanas.

            El sector de la minería, que llegó a emplear en las Españas a más de cien mil trabajadores constituye actualmente el sustento de unas diez mil familias que ven peligrar su estabilidad económica y su futuro a causa de los recortes impuestos por Bruselas y aplicados servilmente por el Gobierno del Partido Popular que ha eliminado toda ayuda al sector.

            Antes de recortar en servicios o prestaciones sociales, antes de recortar en salarios de trabajadores o en ayudas publicas a sectores económicos estratégicos, se puede y se debe recortar en salarios y emolumentos de toda la casta política emboscada en las instituciones.

            Por todo ello, convocamos a los muchos o pocos lectores que podamos tener a participar en el recibimiento de las distintas marchas mineras que confluirán en Madrid pasado mañana, día 11 de Julio del 2012, con el fin de demostrar a la casta política encaramada en las instituciones que esta gobernando sin el consentimiento de los gobernados.

EN MADRID, EL 11 DE JULIO, ¡¡¡TODOS CON LOS MINEROS!!!

DEMOCRACIA IMPERFECTA

Todas las obras humanas son necesariamente imperfectas.  Pero claro, cuando la  imperfección es mayúscula y contradice su finalidad misma, entonces nos encontramos con una patología grave que, si no se corrige, emponzoña todo. Esto ocurre con la institución de la democracia en casi todos los países del mundo y especialmente en España.  La forma de la democracia sabemos cuál es: un gobierno elegido por sufragio universal, la separación entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la independencia de éste último. Si la mecánica electoral y la forma del cómputo del voto conduce a que dos minorías se alcen con representación mayoritaria y las cámaras legislativas no pueden ejercer  su misión principal de control del ejecutivo, pues están supeditas a éste, como ocurre en este país, aquí tenemos un agujero inmenso por dónde la democracia hace aguas.

         Otro requisito imprescindible y fundamental es la independencia del poder judicial. Parece que estamos muy lejos de poder presumir de ella, aunque esté consagrada en el ordenamiento jurídico. Para empezar adolece de una anomalía grave: la parcelación del aparato de administración de justicia. Los jueces se constituyen sí en poder independiente, que dependen orgánicamente de un órgano superior el Consejo del Poder Judicial, lastrados por las influencias políticas en la designación de sus miembros. La Fiscalía que depende del Ministerio de Justicia, con una dependencia jerárquica acentuada del ejecutivo, visible en la forma de actuar, según las instrucciones recibidas. El nuevo gobierno y el recién nombrado fiscal general han proclamado su voluntad de hacerlo independiente. ¿Por qué entonces no se saca esta institución del ejecutivo y pasa a formar parte también del Poder Judicial?. En la misma situación se encuentran los secretarios judiciales. En cambio, el resto de los funcionarios de las oficinas judiciales, y debido al desquiciamiento del proceso autonómico, dependen de los gobiernos autonómicos. Una mínima racionalización y la garantía de la cacareada independencia, exigen que todos los componentes constituyan un Poder autónomo propio, con sus competencias y responsabilidades bien delimitadas.

         El ejercicio independiente e imparcial de la administración de justicia exige que no sea vean obstaculizados en su labor, ni por los gobernantes, ni por los medios de comunicación, ni por los ciudadanos, individual o colectivamente. Esto implica el respeto y acatamiento de sus decisiones, independientemente del juicio que pueda suscitar en los afectados directa o indirectamente. Y en el campo penal es donde esto tiene mayor trascendencia.

         Un Estado de Derecho se define en su contenido por el respeto de  de los Derechos Fundamentales de las personas. Uno de ellos son las garantías jurídicas en cuanto a la sanción de actos ilícitos penales que no podrán ser perseguidos sin su previa tipificación en leyes. Otro principio es la presunción de inocencia de todos hasta que no hayan sido condenados después de un proceso contradictorio con derecho a su defensa a través de abogado. Dos posible violaciones de estas garantías son los juicios paralelos que muchas veces se hacen en los medios comunicación, considerando culpables a quienes quizás ni siquiera han siquiera imputados  o durante el proceso antes de la sentencia firme. La nula formación jurídica de muchos periodistas  o personas de la calle, propicia el impacto de estos juicios paralelos. La otra puede darse, debilitando el derecho a la defensa, si se vulnera el secreto de comunicaciones entre abogados y reos.

         Relacionado con esto último es la sentencia recaída en el primer juicio contra el juez Garzón. Juez estrella, polémico y mediático, con  largo historial en persecución de delitos de narcotráfico, terrorismo y corrupción, desde su puesto en la Audiencia Nacional. En su intensa carrera se ha granjeado amigos y enemigos influyentes en los campos político y profesional. Por haber autorizado las escuchas de las comunicaciones entre imputados del caso Gurtel y sus abogados ha sido condenado por delito de prevaricación. Delito que consiste en haber dictado una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El alegó que lo hizo para evitar que se siguiera cometiendo desde la cárcel el delito de blanqueo de dinero. Pero resulta que según la normativa vigente sólo pueden autorizarse estas escuchas en delitos de terrorismo.

         Sin conocer los entresijos del proceso, es lógico que nos asalten dudas. ¿Se vulneró directamente del derecho a la defensa de los acusados?. ¿Fue arbitraria la resolución o existía realmente el riesgo de que se siguiese cometiendo el delito a través de esos letrados?. ¿Por qué en el caso de Marta del Castillo, hubo escuchas autorizadas para ver si aparecía el lugar dónde están los restos de la acusada, sin consecuencia sancionadora alguna?. ¿Por qué no se procesó junto a Garzón a los fiscales, policías cuya actuación fue necesaria para cometer este delito? ¿Y al juez que lo prosiguió y ordenó la prórroga de las escuchas?. ¿Se trataba de sancionar a Garzón por actuaciones pasadas?. ¿O una llamada de atención al resto de la judicatura para que se tienten la ropa en futuros procesos de corrupción contra cargos públicos?. Una jurista amiga me comentaba que esperaba la sentencia condenatoria pero lo que le había extrañado eran los largos años de inhabilitación impuestos. Lo que si se aprecia en este caso es una laguna legal que, opino, deberían subsanar los legisladores. Una garantía procesal en el campo penal es la segunda instancia ante un tribunal superior en las condenas por delito. Pero un magistrado aforado juzgado por una Sala del Tribunal Supremo no tiene posibilidad de la revisión ordinaria de su condena. Al juez Garzón sólo le caben las vías extraordinarias de un recurso ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

         Acatar esta y todas las resoluciones de la judicatura es la mejor manera de proteger su independencia. ¿No está en riesgo el mismo Estado de Derecho si lanzamos al ruedo de las pasiones políticas el respeto o el rechazo de las mismas?.

                                                                      Pedro Zabala