DE RECORTES, PRIMAS, MERCADOS Y RESCATES

            Las últimas medidas adoptadas por el gobierno del Partido Popular no solo han supuesto los mayores recortes que se han tomado desde que se aprobara la Constitución de 1978 sino que han significado, junto con los aprobados por el anterior gobierno socialista en el año 2010, un retroceso social a tiempos de mediados de los años cincuenta del pasado siglo.

            El gobierno justifica estas medidas que se traducen en menor cobertura social, subida generalizada de impuestos directos e indirectos y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afirmando que es imprescindible crear confianza en los mercados para que éstos nos sigan prestando dinero y así poder continuar pagando el gasto corriente del estado. No obstante, una semana después de aprobar los últimos recortes, la prima de riesgo superaba los seiscientos puntos básicos provocando el total desconcierto entre los miembros del gobierno que, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría;  reconocían que “no sabían lo que pasaba”.

            Lo cierto es que todos los recortes que ha adoptado el actual gobierno y que seguramente se ampliarán en el futuro no responden a las dos grandes preguntas que, a medio plazo, se hacen los economistas que aconsejan a los mercados y a los compradores de deuda española que son:

            1º. ¿Cuándo va España a comenzar a amortizar el dinero prestado en vez de solo pagar los intereses de la deuda?

            2º. ¿Cuándo va España a dejar de pedir prestado para financiar sus gastos corrientes?

            Ciertamente todos los recortes adoptados hasta el momento y los que se adoptaran en el futuro tienden a reducir el déficit público, gastando menos e ingresando más, pero en ningún caso sirven para generar riqueza convirtiéndose la reducción del déficit en un medio (y no en un fin como debería ser) para conseguir que nos sigan prestando dinero, engrosando así la cuantía de la deuda pública.

            La cuantía total de la deuda pública española es tan inmensa que cabría preguntarse el por qué nos la siguen comprando en los mercados internacionales porque aunque la compra de estas emisiones de deuda sea a intereses usurarios, lo cierto es que se llegará a un momento, momento éste que yo creo que tiempo ha se ha superado, que el principal adeudado no se pueda pagar. 

            Por otro lado, la presión fiscal que supone la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) ha rebasado toda lógica y ha llegado a tener un puro carácter confiscatorio entre otras cosas porque únicamente a través de confiscaciones será capaz el estado de generar ingresos que permitan saldar la deuda o reducirla a cantidades amortizables. Ahora bien, estos incrementos confiscatorios de impuestos lo único que hacen es empobrecer a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que integran la clase media y reducir el consumo familiar lo que se traduce en que se incremente el desempleo y el estado no recaude más.

            Los sacrificios a los que nos esta sometiendo y nos pretende someter el gobierno presidido por Mariano Rajoy son sacrificios inútiles pues no van a generar ningún fruto positivo. Si un estudiante se sacrifica durante un tiempo y renuncia a toda diversión y salida en aras de sus estudios, ese sacrificio se traduce en el fruto de aprobar los exámenes, pero ¿Qué fruto va a dar tanto sacrificio de los ciudadanos y tanto recorte social?. Tal y como ha manifestado el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el fruto es conseguir que nos sigan prestando dinero para “poder pagar las nóminas” o, dicho de otra forma, para que el Estado siga funcionando mañana aunque pasado ya veremos qué pasa. En definitiva, el fruto de todas estas medidas económicas del gobierno es el fruto a corto plazo que se traduce en “pan para hoy y hambre para mañana”.

            El camino de las llamadas “reformas” emprendido por el Gobierno del Partido Popular no va a sacar a España de la crisis económica sino que simplemente va a desmantelar el estado del bienestar, va a liquidar a la clase media española y va a retrotraer al país a la situación social existente en los tiempos de la II República. Así pues, cuando todo el mundo dice que el camino emprendido por el gobierno de Mariano Rajoy no es bueno y cuando los resultados obtenidos lo demuestran ¿Por qué persiste el gobierno del Partido Popular en seguir este camino?. La respuesta  a esta pregunta es muy simple, la alternativa a la política liquidadora del estado del bienestar emprendida por el actual gobierno solo puede ser una política de liquidación del régimen político surgido de la llamada transición y de la Constitución de 1978, que llevaría aparejada la denuncia de todos los tratados internacionales firmados por España desde entonces, especialmente los de adhesión a la Comunidad Económica Europea; el desmantelamiento de la tupida red de caciquismo, clientelismo y enchufismo que los diversos partidos políticos con representación parlamentaria han ido tejiendo a lo largo de los últimos cuarenta años y que se extiende por todas las administraciones públicas, Poderes del Estado, Medios de Comunicación y por sectores empresariales y financieros y la exigencia, por último, de responsabilidades a todos los que, por acción u omisión, se han beneficiado del régimen.

            Esta liquidación del régimen nacido de la transición y de la Constitución de 1978 sería la consecuencia indeseada, tanto por la casta política autóctona como por la internacional, de una intervención de la economía española ya que los recortes alcanzarían a todas las subvenciones y emolumentos de los dirigentes políticos españoles, pero también es cierto que la intervención conllevaría tal política salvaje de recortes sociales que la tasa de paro, que es muy posible que por méritos propios se sitúe en torno al veinticinco por ciento, superase el treinta y cinco por ciento y que el umbral de la pobreza  (incluso el de la pobreza extrema) alcanzase a algo más del cincuenta por ciento de la población. Así pues, que nadie piense, como ya empiezan a pensar algunos ciudadanos de buena fe que la intervención significará el fin de los privilegios de los políticos y la liberación del pueblo español de la explotación a la que le somete su casta política porque los pueblos que, siendo incapaces de liberarse a sí mismos, ponen las esperanzas en libertadores foráneos lo único que consiguen es cambiar de amo.