LA CORRUPCIÓN Y SUS SECTORES

            Desde hace ya algunos años, los españoles suelen protestar y manifestarse contra la corrupción convencidos de que es un mal que esta más generalizado que, simplemente, extendido, entre los miembros de la casta política. No obstante, de lo que no son conscientes aquellos españoles que se manifiestan es que la política solo es un ámbito, y no precisamente el más importante, en el que se manifiesta la corrupción del estado siendo la corrupción política simplemente la consecuencia lógica en la que culmina la corrupción de otros sectores institucionales.

            En todo tipo de colectividad o agrupación humana, puede haber individuos corruptos que intentan pervertir sus finalidades y redirigirlas hacia el interés propio o particular de unos pocos. Ese hecho, la existencia de seres egoístas y corruptos, no hace que una colectividad humana sea en sí misma corrupta. Lo que hace que un grupo humano sea corrupto es el tratamiento que se da por parte del mismo a los casos de corrupción, es decir, si ante un individuo corrupto o corruptor el grupo reacciona y pone en marcha los mecanismos pertinentes para sancionarlo y alejarlo de los puestos de dirección, no existe una responsabilidad colectiva imputable al grupo; pero si por el contrario, ante una conducta inapropiada de uno o varios de sus dirigentes o miembros pone en marcha esos mismos mecanismos de supervisión y de garantía para justificar esa conducta, ocultarla, minimizarla o incluso ampararla, entonces existe una responsabilidad colectiva en la corrupción y eso hace que todo el grupo humano pueda y deba ser considerado corrupto en su generalidad.

            En el caso concreto de España, la corrupción transciende de la política y se manifiesta en otros importantes ámbitos sociales e institucionales haciendo que la corrupción política no sea nada más que la parte visible de la corrupción de todo el régimen nacido de la transición.

            Así, existe corrupción en el mundo económico y empresarial que está íntimamente relacionado con el mundo político. Los ciudadanos perciben la corrupción empresarial con menor intensidad que la corrupción política y no la consideran tan grave ignorando el hecho de que, en no pocos casos, es la corrupción empresarial la que marca un rumbo político que, desde su origen, esta viciado y condenado a desembocar irremediablemente en la corrupción. Como ejemplo de de esta corrupción empresarial podríamos señalar aquellos casos de empresarios que ante un concurso por conseguir un contrato con cualquier administración pública no se ajustan a las normas establecidas y buscan por medio de sobornos o de “espionaje industrial” conocer las ofertas que van a proponer sus competidores para poder mejorarlas.

            Igualmente existe una corrupción en los medios de comunicación que en realidad mantienen una pura y simple relación de tipo simbiótica con los distintos partidos o fuerzas políticas en virtud de la cual ellos defienden y amparan a tal o cual formación política a cambio de conseguir algún tipo de beneficio cuando esta llegue al poder en alguna institución autonómica, local o nacional. Los medios de comunicación (y esto es fácil de comprobar releyendo el tratamiento dado en el pasado a casos de corrupción conocidos) en realidad no descubren ni denuncian la corrupción, sino que lanzan algunos hechos flagrantes de corrupción contra la parcela política contraria en beneficio de la propia mientras que los medios de comunicación de tendencia contraria tratan de contrarrestar esos hechos minimizándolos,  justificándolos o, incluso, sacando a la luz otros casos de corrupción que afectan a sus contrarios para así intentar hacer callar a sus oponentes o hacer ver que son hechos habituales, normales y por tanto nada denunciables ni escandalosos.

            También existe una corrupción judicial, que posiblemente sea la más grave de todas, que tiende actuar, o mejor dicho, a no actuar contra quien paga la nómina. Si ciertamente algunos casos de corrupción terminan siendo enjuiciados y las personas implicadas en ellos son condenadas, no es menos cierto que dicho enjuiciamiento se produce cuando dichos hechos son tan públicos y manifiestos que son conocidos por todos los ciudadanos no pudiéndose sustraer el poder judicial a su obligación de investigarlos porque dicha sustracción resultaría notoriamente sospechosa. El Poder Judicial, debe velar por la legalidad de todos los actos de gobierno y también por la conveniencia o no de la legislación que se promulga, en cambio en estos últimos treinta años se han promulgado leyes que han tenido repercusiones negativas para importantes sectores sociales y el Poder Judicial jamás ha levantado la voz en contra de estas iniciativas legislativas ni ha advertido de sus consecuencias limitándose a aplicarlas sin más.

            El Poder Judicial debe intervenir “a priori” ante una acción de gobierno para velar por su legalidad y, sobretodo, para que no sea perjudicial para los ciudadanos porque una intervención “a posteriori” no impide ni remedia el mal causado. En este sentido llama la atención, por ejemplo, que ante la noticia emitida por alguna televisión de que la Presidenta de la Comunidad de Madrid se había reunido en secreto con el magnate Adelson a fin de convencerle de instalar sus casinos en Madrid, ningún Juez haya llamado a declarar a doña Esperanza Aguirre a fin de que explique qué ha tratado en secreto ya que en democracia solo tiene cabida una política transparente y si, en dicha reunión, se hicieron promesas al promotor de “Eurovegas” de cambios legales en determinadas materias estaríamos ante una clara violación del procedimiento legislativo que posiblemente sería punible.

            Así pues, los españoles tienen derecho y obligación de denunciar la corrupción y protestar contra ella pero no han de cometer el grave error de centrarse exclusivamente en el ámbito político de la misma sino que han de reclamar depuración de responsabilidades en todos y cada uno de los ámbitos y sectores del actual régimen.