MORALIDAD, LEGALIDAD E HIPOCRESIA

La reciente moción de censura en la localidad leonesa de Ponferrada, donde el grupo socialista en la oposición ha desbancado de la alcaldía al Partido Popular gracias al apoyo de los concejales del grupo municipal de “Independientes Agrupados de Ponferrada” entre los que se encontraba Ismael Álvarez Rodríguez, ex alcalde popular de Ponferrada entre 1995 y 2002 y condenado, en el año 2003, por un delito de acoso sexual en el famoso “Caso Nevenka” ha revuelto el gallinero socio-político patrio ya que si el Partido Popular ha perdido la alcaldía de la capital de la comarca del Bierzo gracias a un antiguo militante suyo, el Partido Socialista no la ha ganado ya que todos sus ediles se han dado de baja en el mismo al no acatar, en la forma seguramente deseada, el ultimátum emitido por Ferraz de “o deja la alcaldía o deja el PSOE”.

            El tema que realmente subyace en este caso de la moción de censura en Ponferrada, al igual que en otros muchos casos que ocurren en nuestro país, es la cuestión de ¿Qué es lo que ha de prevalecer, la moral o la legalidad?.

            Estando las cosas como están, es incuestionable que la moción de censura realizada por el grupo municipal socialista en Ponferrada, liderado por el actual alcalde, Samuel Folgueral, ha sido legal. Se ha seguido el procedimiento establecido y se ha contado con las mayorías legalmente fijadas en la ley. Igualmente la constitución del ayuntamiento ponferradino, tras las últimas elecciones municipales celebradas en el año 2011, ha sido legal; esto es, todos los concejales que formaban parte del Consistorio, incluidos Ismael Álvarez Rodríguez y Samuel Folgueral, lo eran porque se habían presentado a las elecciones en el libre ejercicio de sus plenos derechos y habían obtenido el suficiente número de votos para ser elegidos concejales. Así pues ¿Por qué existe ahora este falso escándalo?

            En realidad, al igual que de Santa Bárbara nos acordamos cuando truena, de la Moral nos acordamos cuando su ausencia a algunos interesa. Y tal es el presente caso: El Partido Popular, en cuyas filas militó Ismael Álvarez y que es la víctima de la moción de censura explota su condición achacando al PSOE el llegar al poder municipal con el apoyo de un condenado por acoso sexual, el PSOE intenta ganar imagen pública haciendo que sus concejales en Ponferrada renuncien al poder (aunque este solo sea municipal) antes que contar con el apoyo de un condenado por “Acoso Sexual” y, finalmente, todos los demás grupos y ciertas asociaciones y colectivos que, olvidándose de todo lo que ellos mismos promueven y predican, se rasgan las vestiduras y se mesan los cabellos pareciendo desear, según les interese, penas eternas y negando toda posibilidad de reinserción social al infractor penal.

            El escándalo levantado por la moción de censura de Ponferrada no es tal, sino simple y llanamente constituye una manifestación a voz en grito de general hipocresía donde todos desean ocultar el llanto por la pérdida de poder o la fricción de manos por lo que creen que van a ganar con el revestimiento de una dignidad y de una grandeza de la que carecen.

            La moción de censura en Ponferrada pone de manifiesto una vez más el fracaso moral de toda una sociedad, la española, y de todo un estado, el español, que ha procurado en los últimos siglos alejar de toda inspiración moral y/o ética su legislación civil y su educación ciudadana en aras de una segura comodidad individual y de un posible liberalismo político y económico, llegándose al extremo de que, ante el presente caso en la capital del Bierzo, nadie se haya preguntado como es posible, no solo que una persona condenada por un delito común pueda presentarse legalmente a unas elecciones, sino que haya recabado entre la ciudadanía el apoyo electoral suficiente para resultar elegida para el desempeño de un cargo público.

            Para terminar, y volviendo a la pregunta que casi encabeza este artículo y que constituye su razón de ser ¿Qué es lo que ha de prevalecer, la moral o la legalidad?. Evidentemente, y no existe ninguna duda, la respuesta es la moral porque la legalidad para ser eficaz no puede ser otra cosa que una expresión práctica de esa moral cuya existencia se expresa, a su vez, en la constitución política de un estado moral o ético que, hoy por hoy, no existe en España fundamentalmente porque el mismo exige e implica la existencia de una ortodoxia pública a la que prácticamente ningún ciudadano le gustaría someterse por no ver coartada su individual comodidad. Así pues, ante la ausencia de un estado moral y de una sociedad educada en la virtud, solo es cuestión de tiempo que toda la legislación empiece a zozobrar para terminar siendo solo una pura formalidad que sirve exclusivamente para aparentar y encubrir la hipocresía generalmente practicada y tolerada a todos los niveles (sociales, políticos y jurídicos) y, según se encarga la historia de enseñarnos, no es otra cosa que la fase inmediatamente anterior a la degeneración y caída de las grandes civilizaciones.