EL POSIBLE SOFISMA DE LA REFORMA FISCAL

El gobierno promete que bajará los impuestos

Sofisma.- Razón o argumento aparente

con que se quiere defender

o persuadir lo que es falso. 

            El actual Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, debe estar muy preocupado por los resultados de las próximas elecciones generales y ha empezado a difundir interesadamente el bulo o rumor de que su Ministerio esta estudiando una rebaja de impuestos para el año 2015 que, curiosamente, es el año de las elecciones y bien digo bulo o rumor porque esas raras aves que anidan en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, cuya extraña peculiaridad consiste en que no emigran nunca, no dejan de ser unos pajarracos que solo emiten graznidos cacofónicos de mal augurio. De hecho, la misma semana en que se anunciaba la rebaja de impuestos para el año que viene se hacía público el informe de una “Comisión de Sabios” a la que se había encargado, es de suponer que por el actual gobierno del Partido Popular, un estudio sobre la Reforma Fiscal, siendo sus conclusiones de lo más desalentadoras y contrarias a una rebaja de impuestos.

            El informe de dicha “Comisión de Sabios” sugiere igualar el tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) al general, con lo que se incrementaría del diez al veintiuno por ciento, eliminar la deducción por adquisición de vivienda habitual y que esta se imputase como renta en la declaración del Impuesto sobre las Personas Físicas (I.R.P.F.) en vez de permanecer exenta como hasta ahora (actualmente solo los propietarios de segundas y siguientes viviendas sufren una imputación de rentas en su declaración equivalente al 1´1 por ciento del valor catastral de las mismas), crear un impuesto universal de sucesiones para todos los españoles que gravara con un mínimo de un cuatro o un cinco por ciento todas las transmisiones Mortis Causa y la reducción del Impuesto de Sociedades.

            En definitiva, la tendencia de la “Comisión de Sabios” es bajar los impuestos de los que tienen suficiente capacidad económica para constituir sociedades, aunque estas sean meramente patrimoniales, introducir rentas ficticias hasta ahora exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fin de aumentar la base imponible de este impuesto y, sobre todo, incrementar los impuestos indirectos.

            Aunque el gobierno del Partido Popular ya ha adelantado que no está en la obligación de hacer caso a esta “Comisión de Sabios”, lo cierto es que deja muy claro a los ciudadanos por donde pueden ir los tiros de la tan cacareada “Reforma Fiscal”.

            En primer lugar, la posible reducción del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (I.R.P.F.) obedece más a la realidad que a un generoso deseo del gobierno de hacer justicia porque la realidad indica que en España las rentas procedentes del trabajo y del capital mobiliario han disminuido en los dos últimos años y con ellas los ingresos del estado en virtud de los impuestos que las gravan. Así, por ejemplo, si un ciudadano español tenía hace dos años unas rentas de 1.000.- Euros que eran gravadas con un 20 por ciento el estado ingresaba en concepto de impuestos sobre la renta 200.- Euros, pero si en el presente las rentas de ese mismo ciudadano se han visto reducidas, por las razones que sean, a 800.- Euros el estado, manteniendo el mismo tipo de gravamen, solo ingresará 160.- Euros, es decir, ingresará 40.- Euros menos; haciendo imprescindible, si desea mantener la misma recaudación por estos conceptos, que tenga que incrementar el tipo de gravamen que en el caso concreto del ejemplo quedaría fijado en el 25 por ciento. Evidentemente, ningún estado haría esto porque ello equivaldría al dejar al ciudadano con menos renta disponible avocándole al umbral de la pobreza por una política fiscal confiscatoria.

            Por lo tanto, tal vez la intención del gobierno pueda ser aparentar que rebaja el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reduciendo el tipo de gravamen pero al mismo tiempo incrementar la base imponible del Impuesto con la incorporación de nuevas “imputaciones de renta” lo que en realidad supondría mantener la presión fiscal al mismo nivel que ahora o, incluso, incrementarla ligeramente. Las “imputaciones de renta”, que en nuestro país de momento solo se aplican a segundas y posteriores viviendas, como su propio nombre indica  son rentas ficticias que no tienen por qué existir realmente ni percibirse y que el recaudador atribuye unilateralmente al contribuyente por el mero hecho de poseer un bien no teniendo en cuenta para nada la cantidad de renta real que el contribuyente dedica al mantenimiento de ese bien y el extenderlas a la vivienda habitual sería una vulneración del Derecho Fundamental a una vivienda digna consagrado en la Constitución de 1978, porque gravar un Derecho Fundamental solo puede responder a la intención de que el mismo no se ejerza. No obstante no es de esperar que este gobierno se detenga ante la posible inconstitucionalidad de una decisión política ya que en otras ocasiones no ha dudado en violentar la Constitución como por ejemplo cuando ha negado el derecho a la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la justicia con la implantación de las llamadas “Tasas Judiciales”.

Pero al final, el ciudadano pagará lo mismo o quizás más

            En segundo lugar, todo parece indicar que la intención del gobierno puede ir orientada igualmente a subir los impuestos indirectos como el IVA, los diferentes impuestos sobre hidrocarburos, etc. Los impuestos indirectos constituyen la gran panacea de cualquier estado ávido de recaudar: gravan el consumo de determinados bienes y servicios, los pagan todos los contribuyentes/consumidores, pasan inadvertidos en la mayoría de los casos y no discriminan a nadie por razón de su capacidad económica. Una subida de los impuestos indirectos provocará irremediablemente una subida generalizada de precios que a su vez provocará un empobrecimiento mayor entre la población que se verá obligada a dedicar más renta a comprar lo que antes compraba por menos. Alguien podría argumentar que la mejor forma de combatir el efecto de los impuestos indirectos es reduciendo el consumo, pero afirmar tal cosa es un grave error porque hay bienes como los de primera necesidad cuyo consumo es prácticamente obligado y tampoco se puede considerar a los impuestos indirectos como igualitarios porque, aunque todos los ciudadanos sin distinción quedan obligados a su abono, estos impuestos no afectan por igual a la economía doméstica de un magnate de las finanzas que a la de un trabajador que solo percibe el salario mínimo.

            Finalmente, es de considerar que si los tipos impositivos se bajan el año que viene pero permanecen más altos que los que existían al comienzo de la andadura del Gobierno del señor Rajoy, en realidad no habrá existido una bajada de impuestos sino que, por el contrario, se estará perseverando en su subida.

            En definitiva, que la tan traída y llevada “bajada de impuestos” que se propone hacer el gobierno no es más que un anuncio electoralista que, con apariencia de lo contrario, supondrá una subida de impuestos en el sentido de que los españoles tal vez tengan menos retenciones mensuales en sus nóminas pero luego tengan que pagar más cuando realicen la declaración anual de la renta o incluso que, pagando menos en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tengan que pagar más en concepto de todo tipo de impuestos indirectos. Y es que el pueblo español debe empezar a comprender que cuando algún miembro de la casta política imperante habla de “cambios” para favorecer el “progreso” siempre se termina tratando de cambios que perjudican la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y favorecen el progreso particular de quienes los promueven.