La
semana pasada, justamente después de la investidura de Mariano Rajoy Brey como
Presidente del Gobierno, surgía un pretendido escándalo en la emergente
formación política "PODEMOS" con motivo de conocerse la venta, en el
año 2010, de un piso de precio protegido adquirido, en el año 2007, por el actual
senador de la formación morada designado por la Asamblea de Madrid, don Ramón
Espinar Merino. Parece ser que la venta de dicha vivienda pudo reportar al
senador la "increíble y cuantiosa" cantidad de treinta mil euros lo
que, según los medios de comunicación descubridores del asunto, constituye un "pelotazo".
En realidad la obtención de una
plusvalía de treinta mil euros en la venta de una vivienda que se ha mantenido
en propiedad durante tres años no constituye ningún "pelotazo", en
primer lugar porque treinta mil euros hoy en día no es una gran cantidad y en
segundo lugar porque de esos treinta mil euros hay que descontar los gastos de
mantenimiento de la vivienda durante el tiempo que ha permanecido en propiedad
de la persona en cuestión y deducir los impuestos que corresponde pagar en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la obtención de un Incremento
Patrimonial.
Lo que sí da que pensar, y mucho,
son tres cuestiones en cuyas consecuencias socio-políticas nadie ha reparado:
1ª. El hecho en sí mismo.
2ª. Las explicaciones dadas por el
señor senador.
3º. Lo que el hecho ha revelado.
En cuanto al hecho en sí, hay que
reconocer que ni es ni el único, ni el primero ni el último caso que se da en
nuestro país en el que una vivienda de precio protegido o de protección oficial
se vende al poco tiempo de adquirirse, sin esperar el plazo estipulado ni
respetar el límite de precio establecido legalmente, consiguiendo el adjudicatario
un beneficio económico y ello se debe, prácticamente en exclusiva, a que estas
viviendas responden fundamentalmente a operaciones de imagen de las
administraciones públicas que, una vez obtenida la foto y la portada mediática,
se desentienden de hacer un seguimiento y control sobre el destino de las
mismas tras su adjudicación. Lo que sí tiene de peculiar o relevante este hecho
concreto es que, siendo esta práctica en nuestro país más rancia que vieja, quien
la haya realizado sea un senador de una formación política que jura y perjura
que es nueva, que viene con nuevas ideas e intenciones y que nada tiene ni debe
a "lo viejo" presentándose sus dirigentes prácticamente como
apóstoles inmaculados de toda mancha.
Por lo que se refiere a las
explicaciones dadas por don Ramón Espinar Merino. ¿Qué decir?... vienen a ser
idénticas a las explicaciones que daba hace pocos años cualquier viejo político al que le pillaban
in fraganti en la comisión de cualquier irregularidad : "No es
exacto", "No es para tanto", "Es un acto legal",
etc... Ahora bien, hay que tener
presente que no todo acto legal es necesariamente justo y ni necesariamente
moral y que la explicación dada por Ramón Espinar de que empezó a hacer
aportaciones a la cooperativa mientras que era estudiante, que pagó la entrada
de la vivienda gracias a un préstamo familiar y que posteriormente descubrió
que no podía hacerse cargo de la hipoteca porque entre lo que ganaba y la cuota
mensual de hipoteca había una diferencia de 160 euros mensuales, no dejan de
ser malas excusas que encima dejan políticamente muy mal a Su Señoría porque
¿Es qué no estudió las condiciones económicas de la vivienda que aspiraba a
comprar antes de adquirirla? ¿Pensaba que la suerte le depararía un premio
Gordo de la Lotería nada más terminar sus estudios?. En definitiva, que no tuvo
la más mínima previsión, no valoró todas las posibilidades, entre las que
figuraba el no encontrar trabajo con suelo suficiente para hacer frente a las
obligaciones económicas que voluntariamente contraía, ni consideró todas las
consecuencias entre las que se encontraba la de no poder hacer frente a la
hipoteca. Así pues, don Ramón Espinar actuó como han actuado siempre los
políticos de la vieja política demostrando tener muy poca cabeza, menos
prudencia y.... acudiendo al endeudamiento externo.
También respecto a las explicaciones
dadas, surge la cuestión fundamental a
la que Su Señoría, el senador, no ha hecho la más mínima mención. ¿Por qué no
se limitó a renunciar a la vivienda a favor de otro adjudicatario?. Si lo
hubiera hecho se habría liberado del pago de la hipoteca y una vez adjudicada de nuevo la vivienda la
cooperativa hubiera devuelto a don Ramón Espinar las cantidades aportadas a la
misma para su compra.
Para terminar, en cuanto a lo que la
noticia ha revelado o ha puesto de manifiesto es el hecho de que don Ramón
Espinar Merino es hijo del veterano político socialista don Ramón Espinar
Gallego, antiguo Alcalde de Leganés, Ex-Consejero
de Cultura y, posteriormente, de Hacienda de la Comunidad de Madrid y ex-miembro
del Consejo de Administración de Caja Madrid; actualmente imputado en el
proceso sobre las tarjetas Black al presuntamente haberse beneficiado de las
mismas por un montante total de unos 178.400.- Euros. Muy posiblemente, de no
haber sido por la noticia de la venta de la vivienda del Senador, sus
vinculaciones familiares no habrían trascendido más allá de un estricto círculo
íntimo.
Evidentemente nadie elige a la
familia en la que nace o se desarrolla, pero que entre los que se proclaman renovadores
de la política de nuestro país, pertenezcan a "Ciudadanos" o a
"PODEMOS", exista un porcentaje, si no mayoritario, desde luego muy relevante
de vinculaciones familiares con los políticos de los viejos partidos a los que
se dice culpar de todos los males, no deja de ser un grave síntoma de que
"la casta política" puede renovarse con nuevas caras y nuevos
discursos pero en ningún caso desaparecer al haber adquirido la actividad
política en nuestro país el carácter de una actividad exclusiva a desarrollar
por una minoría privilegiada que se ha erigido en una nueva aristocracia,
incluso de sangre.
En definitiva, podemos concluir que
el "affaire Espinar" debe enmarcarse más bien en una filtración
interesada en un momento clave en la lucha interna desatada en
"PODEMOS" entre errejonistas y pablistas que reproducen los viejos
espectáculos de luchas internas de los viejos partidos y que, si bien, no debe
considerarse estrictamente como un escándalo de corrupción no puede por menos
que considerarse que es un hecho que "marca maneras" de que la
prometida renovación no es más que una renovación puramente formal mientras que
la substancia sigue siendo más de lo mismo.
Qué escándalo, qué horror!!! El portavoz de Podemos atrapado en la venta de un piso, denominado de "protección oficial o subvencionado".
ResponderEliminarSeñores políticos de la Nación Española, si quieren luchar contra la corrupción, empiecen porque no existan pisos de protección oficial o subvencionados. España de Norte a Sur, de Este a Oeste, está plagada de casos como el que nos ocupa o similares.
Mi propuesta es la siguiente: Ni un solo piso más de "protección oficial o subvencionado". Estudien, eso sí, de cuantos pisos han de disponer los Ayuntamientos para destinarlos a "Alquiler" con relación al número de habitantes. Estimo que hasta el periodo de renta debería ser limitado, (10, 15 años), prorrogable según las circunstancias familiares del arrendado.
El político siempre ha de responder sin esperar a las resoluciones judiciales. La absolución judicial no tiene porqué llevar aparejada la no responsabilidad política.