¡¡¡NI UN TONTO MÁS!!!

A las 00.00 horas del día 9 de mayo pasado terminaba el estado de alarma que ha estado vigente durante seis meses sin que se haya renovado cada quince días como, en principio, establece la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio siendo celebrada dicha finalización con numerosas concentraciones festivas en las que se relajaron las medidas de protección y el consumo desmedido de alcohol produjo numerosos ingresos en los servicios de urgencias hospitalarios ocasionados por "comas etílicos" e hicieron dispararse todas las alarmas de que la falta de responsabilidad de los ciudadanos pudieran provocar nuevos brotes de COVID19 en los próximos días y todo ello a pesar de la vacunación que, si bien avanza, no ha alcanzado todavía un porcentaje mínimo de seguridad colectiva.

            Aunque el estado de alarma ha terminado la epidemia continua y si los ciudadanos deben mantener todo tipo de precauciones para evitar contagios, las autoridades han de adoptar las medidas pertinentes para contener la epidemia, pero el gobierno que preside Pedro Sánchez, alegre e irresponsablemente, ha pasado la responsabilidad de la toma de medidas de contención del virus a las Comunidades Autónomas, las cuales no disponen de los instrumentos jurídicos necesarios para tomarlas. Por su parte el Jefe del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado, acusa al gobierno de no haber querido acordar con él una "Ley de Pandemias" que permitiera a las Comunidades Autónomas gestionar limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales.

            Pues muy bien, la aún vigente Constitución de 1978 es muy clara, extrañamente clara en comparación con otros temas, cuando dice en su artículo 55 que "Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución"; es decir, fuera de los estados de Alarma, Excepción y Sitio no se pueden establecer medidas restrictivas de derechos fundamentales y el pretender crear una ley en este sentido sería una clara vulneración de la Constitución.

            El problema, el único problema, radica en que el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS ignora qué es gobernar. Gobernar es asumir responsabilidades y tomar decisiones y el Sr. Sánchez no quiere tomar ninguna decisión que pueda suponer una merma de su popularidad cara a unas elecciones y como el "Estado de Alarma" supone una incomodidad para los ciudadanos y merma la popularidad de quien lo decreta pues no desea asumir tal responsabilidad y eso que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio deja un enorme margen de maniobra al gobierno que es el único competente para acordar cualquiera de esos estados excepcionales pudiéndose acordar el "Estado de Alarma" tan solo en una Comunidad Autónoma o en una parte concreta de ella haciendo posible, en tal caso, compartir la gestión del "Estado de Alarma" con las autoridades autonómicas de la comunidad de la que se trate por lo que a todo punto resulta innecesaria la elaboración de la "Ley de Pandemias" sugerida por el Sr. Casado, la cual lo único que aportaría sería mayor conflictividad legal y competencial además de suponer un peligro cierto para las libertades.

En realidad el gobierno y el principal partido de la oposición están planteando un problema donde no lo hay y suscitando un debate a todas luces innecesario. Ante la crisis sanitaria que padece nuestro país lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar y si tiene que decretar un "Estado de Alarma" en todo el territorio nacional o ir decretando "Estados de Alarma" en determinadas Comunidades Autónomas que lo haga pero lo que desde luego no puede continuar es desplazando la responsabilidad a otras instituciones que no tienen instrumentos jurídicos para asumirlas y por supuesto, no se pueden crear esos instrumentos, como pretende Pablo Casado, cuando ya existen y lo único que tiene que hacerse es que quien tiene la facultad y la obligación de utilizarlos los utilice.

            El Gobierno que preside el Sr. Pedro Sánchez está demostrando que no es un mal gobierno, sino algo mucho peor. Un mal gobierno es el que toma malas medidas, hace malas o injustas leyes y toma malas o erradas decisiones; el gobierno del Sr. Sánchez es, simplemente, un gobierno que no quiere asumir responsabilidades ni tomar decisiones convirtiéndose, por tanto, en el mero desgobierno.

            Ante una crisis sanitaria como la que padecemos no se puede confiar todo a la responsabilidad de los ciudadanos cuando los propios dirigentes políticos se niegan a asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio de sus cargos. Si se volviera a hacer necesario tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales ya existe en el ordenamiento jurídico español un instrumento para ello que es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio no siendo necesaria ningún otro, requiriéndose tan solo la voluntad y el valor de asumir la responsabilidad de aplicarlo.

            No quiero terminar sin poner un símil cómico o, mejor dicho tragicómico, que explica muy bien lo que está pasando. Considerando que la responsabilidad más grave que se tiene que asumir en política es tener que declarar una guerra ¿Alguien se imagina que Pedro Sánchez y Pablo Casado hubieran sido respectivamente "el Primer Ministro" de la Gran Bretaña y el "Leal Jefe de la Oposición" el día 1 de septiembre de 1939? Pues seguramente, en tal caso, Pedro Sánchez hubiera derivado la responsabilidad de declarar la guerra a Alemania a los distintos pueblos y territorios que integraban el Imperio Británico y Pablo Casado hubiera exigido del Gobierno de Su Majestad que se elaborara de mutuo acuerdo una ley ordinaria que permitiera a esos distintos pueblos y territorios del Imperio Británico combatir con las armas a la Alemania nazi y en la que la guerra no se llamara guerra ni la movilización, movilización.

    Por mucha corrupción, irresponsabilidad, cortedad de miras, oportunismo y egoísmo procedente de los políticos que pueda aguantar un estado, desde luego no puede aguantar durante mucho tiempo la acción de unos idiotas que poseen un muy alto e injustificado concepto de sí mismos como el que están demostrando poseer los distintos miembros de la hispánica casta política.

            Señores: ¡¡¡la política española ya no soporta ni un tonto más!!!