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martes, 26 de marzo de 2013

EL AHORRO ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?



            Las últimas declaraciones vertidas en el Congreso de los Diputados por el titular del Ministerio de Hacienda, don Cristóbal Montoro, insinuando la posibilidad de establecer un impuesto, aunque muy pequeño, sobre los depósitos bancarios, esto es, sobre los ahorros que las personas tienen guardados en los bancos suponen un acto de clara irresponsabilidad política y una declaración de intenciones de segura inmoralidad y de dudosa legalidad.

            En una economía perfecta e ideal, cosa que casi ninguna economía real es, las rentas que se ingresan deben aplicarse a tres partidas de la siguiente manera: un tercio para el pago de los gastos corrientes, un tercio para inversiones y/o consumo y un tercio para el ahorro. Las dos últimas partidas pueden variar y dedicarse más de un tercio a las inversiones y/o consumo y menos al ahorro o viceversa, pero la partida que no varía y la que es sagrada porque se ha de satisfacer siempre es la del gasto corriente. La mayor parte del problema de la economía española y de la inmensa mayoría de las economías domésticas en España radica precisamente en que el gasto corriente ha sido enorme en una forma pertinaz y su pago ha consumido íntegramente su parte de los ingresos y la totalidad de la parte de ingresos destinada a inversión y ahorro hasta el extremo de que se ha tenido y se tiene que acudir a financiación externa para su satisfacción, con todo lo que ello implica en materia de pago de intereses y la imposibilidad, en muchos casos, de hacer frente a las deudas contraídas.

            El ahorro está integrado por todas aquellas donaciones o masas hereditarias, que tributan en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) que se reciben y se guardan, pero sobre todo el ahorro es la parte de las rentas, que tributan en el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF), que no se consumen. Por tanto, todo ahorro existente ya ha tributado ya sea en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que poner un nuevo gravamen sobre los ahorros depositados en los bancos supone pagar dos veces por lo mismo además de tener un carácter claramente confiscatorio pues gravar aquello que genera o puede generar rentas, y no solo las rentas que se generan, supone un trasvase de riqueza y de patrimonio de los particulares hacia el estado lo que es lo mismo que una expropiación o requisa cuya consecuencia no solo es el empobrecimiento temporal de la población sino su más absoluto pauperismo.

            En la situación económica previa a la actual crisis, y más aun durante la misma, no todos los ciudadanos podían permitirse el ahorrar pues prácticamente toda su renta la tenían que dedicar al pago de los gastos corrientes, pero aquellos que modestamente conseguían ahorrar una pequeña cantidad al mes generalmente la depositaban en un banco bajo la forma de algún tipo de depósito a plazo (si es que no les engañaban con “las preferentes”) por el que conseguían un pequeño interés. Las personas acudían a depositar sus pequeños ahorros a los bancos no tanto por el interés que les daban, que era y es realmente insignificante, sino por la seguridad ya que, estando las cosas como están en materia de seguridad ciudadana, tener todos los ahorros en casa resultaba y resulta extremadamente peligroso tanto económica como físicamente.

            El ahorro siempre obedece a dos leyes intangibles e inexorables que son la desvalorización y la variabilidad. La primera, la ley de la desvalorización consiste en que el ahorro que no se incrementa periódicamente (generalmente de forma anual) con nuevas rentas no consumidas se va consumiendo aunque no se gaste porque su valor termina siempre siendo devaluado por los Incrementos de los Precios al Consumo (IPC), es decir, si se tienen ahorrados mil euros que se traducen en un poder adquisitivo actual de X, dentro de dos años, si el ahorro de esos mil euros no se ha visto incrementado por nuevas cantidades ahorradas, su valor y poder adquisitivo será de X menos Y.

            Por su parte, la ley de la variabilidad supone que todos los ahorros que se tienen depositados en los bancos o guardados en casa, son siempre variables, pues teniendo a fecha 31 de Diciembre de un determinado año la cantidad X, en la misma fecha del año siguiente, dependiendo de las circunstancias personales y económicas del ahorrador, dicha cantidad puede ser de X más Z o de X menos Z porque tal cantidad ahorrada puede verse incrementada por nuevas cantidades destinadas al ahorro o verse consumida en parte a causa de alguna necesidad o satisfacción de algún deseo.

            El ahorro, que debe diferenciarse del acaparamiento de capitales al igual que el ahorrador debe distinguirse del avaro (1), no es un lujo tal como muy interesadamente se pretende hacer creer a la población porque sobre los lujos se pueden justificar y llegar a comprender la imposición de gravámenes, sino que el ahorro constituye una necesidad y supone un síntoma revelador de la sanidad de una economía. Toda economía que no presenta a niveles domésticos un porcentaje, aunque sea ínfimo, de ahorro y a nivel estatal un porcentaje, por pequeño que sea, de superávit es una economía débil, enferma y propensa a padecer crisis terribles, pues el ahorro o el superávit indican la capacidad de resistencia de un estado y de una sociedad ante los pasajeros e imprevisibles infortunios económicos (2). Por otra parte el ahorro, o mejor dicho parte del ahorro, puede destinarse a aprovechar una oportunidad de inversión aunque fundamentalmente no es ese el objeto del ahorro y siempre es aconsejable que el pequeño ahorrador no invierta cantidades que no pueda permitirse perder, pues siempre hay que considerar la posibilidad de que la inversión salga mal.

            Y lo expuesto en el párrafo anterior nos lleva a responder a la pregunta de ¿Para qué sirve el ahorro?.  El ahorro precisamente sirve para proporcionar a las personas seguridad, libertad de acción y capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto económico o de cualquier otro tipo que pueda surgir a lo largo de la vida. Con la seguridad que nos proporciona el ahorro obtenemos el beneficio espiritual de la paz y la tranquilidad en nuestra existencia que nos permite pensar que, con los ahorrillos que se tienen o con una parte de ellos, podemos disponer de una economía saneada, la libertad de acción nos permite que tal vez, en algún momento, podamos destinar parte de esos ahorros a satisfacer un puntual capricho (un viaje, por ejemplo) que deseamos desde hace tiempo o aprovechar una oportunidad de inversión que nos han propuesto y que nos parece interesante y, finalmente con la capacidad de respuesta se nos proporciona la posibilidad de salvar un imponderable económico minimizando los riesgos y reduciendo los perjuicios que el mismo puede ocasionar.

            Sentada la base de lo que es el ahorro, de su necesidad y de las leyes intangibles e inexorables que le gobiernan y habiendo razonado que el ahorro no constituye en ningún caso un lujo, tenemos que indicar que las palabras pronunciadas la semana pasada por el Ministro de Hacienda del Gobierno de España suponen una grave irresponsabilidad política y económica ya que las mismas, sin llegar a concretar nada, podrían provocar la fuga de los grandes depósitos, esto es, de los grandes capitales, o la ocultación de los mismos mediante el alquiler de cajas de seguridad (3) en las distintas entidades bancarias de nuestro país así como la retirada de depósitos de los pequeños ahorradores atemorizados ante la posibilidad de perder sus ahorros sin haberlos disfrutado, todo ello en perjuicio del sector financiero que vería disminuir el número de sus depositantes en un momento en que el crédito se encuentra retraído a consecuencia de la falta de liquidez de los bancos. Por otra parte, esa retirada de depósitos conllevaría una reducción en los ingresos del estado ya que las rentas de los depósitos retirados dejarían de tributar en el IRPF y sobre las mismas no se podría aplicar la retención del veintiuno por ciento que actualmente se viene aplicando. Finalmente las manifestaciones del señor Cristóbal Montoro inciden y profundizan en el despropósito, ya iniciado por todos los gobiernos anteriores y en gran parte responsable del presente drama social y económico que padecen los españoles, de desincentivar el ahorro de los ciudadanos en vez de fomentarlo por todo lo cual el señor Ministro de Hacienda debería presentar su inmediata e irrevocable dimisión.


           



















(1) La figura del ahorrador ha de diferenciarse del avaro. El ahorrador junta a lo largo de su vida una pequeña cantidad de dinero para utilizar en caso de necesidad, es decir, por seguridad, mientras que el avaro, magníficamente retratado por Moliere, acumula dinero porque su simple visión y posesión le genera placer. Mientras que el ahorrador consumirá parte de sus ahorros por necesidad el avaro jamás se desprenderá de la más mínima parte de lo acumulado aunque para ello tenga que vivir en la más absoluta miseria. El ahorrador es una figura de la ciencia económica, el avaro es una figura de la psico-patología.

(2) En épocas no tan lejanas, como puede ser el Siglo XIX, estaba muy bien visto y se consideraba un excelente político a aquel que al dejar el cargo dejaba algún dinero en las arcas estatales, es decir, dejaba superávit. En cambio en la actualidad la tendencia es a la inversa porque se puede llegar a premiar y a considerar a una persona como un magnífico estadista  si deja endeudado a un país por varias generaciones siempre y cuando haya dejado construidas unas maravillosas infraestructuras que no sean utilizadas por nadie o cuyos beneficios no justifiquen las inversiones realizadas.

(3) Es de indicar que solo los grandes capitales pueden fugarse u ocultarse pues es seguro que ningún ciudadano de a pié puede pagarse con sus ahorros una “red de fuga de capitales” o una operación de “ingeniería financiera” y, aun en el muy raro y extraño caso de que sus ahorros ascendieran a la nada despreciable cifra de doscientos mil euros, con tal cantidad ni siquiera le abrirían una cuenta en Suiza o en un paraíso fiscal. Por otra parte desde aquí asesoramos gratis a don Cristóbal Montoro, que tantos asesores bien pagados tiene, regalándole la idea de poner un impuesto lineal que grave al arrendador de Cajas de Seguridad en entidades financieras e incluso le indicamos la posibilidad de que su Ministerio tome las medidas oportunas para conocer qué es lo que hay depositado en dichas cajas pues se puede tratar de dinero negro o no declarado y, en cualquier caso, escamoteado a la tributación.

VISITA DE DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA A ESPAÑA


El próximo domingo 21 de abril se celebrarán en la Ciudad de Tarragona distintos actos con motivo de la visita del titular de la Dinastía Legítima Don Carlos Javier y Doña Ana María de Borbón Parma a Cataluña,  organizados por la Agrupación Carlista “Ramón Hernández Oter”.

La Real Orden de la Legitimidad Proscrita invita a todos a participar en dichos actos, a fin de demostrar, con nuestra presencia, nuestra lealtad, afecto y compromiso con la Real Familia, y renovar así nuestro pacto en defensa de las libertades personales y colectivas de los pueblos de España así como en defensa de los más altos postulados de Justicia Social por medio de una mejor redistribución de la riqueza.
ACTIVIDADES

10:30.    Sagrada Eucaristía celebrada en la Iglesia de San Agustín, situada en la Rambla Vieja. Presidida por el Gran Maestre de la Real Orden de la Legitimidad Proscripta, D. Carlos Javier y Dª. Ana María de Borbón Parma.

12:00.    Recepción en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Tarragona, situado en la Plaza de la Font.

              Se procederá seguidamente, en el propio Ayuntamiento, a la  entrega de Cruces de la "Orden de la Legitimidad Proscrita" y a la celebración del Capítulo de la Orden.

13 a 15. Reunión de los Carlistas con nuestros Reyes en los  salones del Hotel Imperial Tarraco

15:00.    Comida en honor de los Reyes en el mismo hotel Imperial Tarraco.

              Finalizada la comida, proseguirán los encuentros con la Familia Real.

Coordinadora de Organización: Gloria Herrera Garcia (Tlf.607823009, gloriaherreragarcia@gmail.com)

Los asistentes que deseen participar al almuerzo deberán confirmarlo por e-mail o teléfono,  e ingresar, antes del día 5 de Abril, el importe de 50 euros en la cuenta 2013 3067 24 0200342567 Cataluña Caixa.   

martes, 19 de marzo de 2013

Y AHORA… ¡¡CHIPRE!!!



            El pasado sábado, 16 de Marzo de 2013, saltó la noticia a los medios de comunicación de que ahora es Chipre quien debe ser rescatado por la Unión Europea imponiéndose a los depositantes de fondos en entidades financieras radicadas en la isla mediterránea el llamado “corralito” bancario en virtud del cual no podrán sacar su propio dinero depositado en los bancos.

            Parece ser que lo que ha llevado a Chipre a pedir el rescate es el notable endeudamiento que le hace necesitar diez mil millones de euros que el gobierno chipriota tiene pensado pagar imponiendo a todos los ciudadanos que tienen ahorros depositados en bancos chipriotas el pago de un porcentaje de los mismos lo que equivale real y claramente a confiscar los ahorros particulares y privados de los ciudadanos chipriotas y residentes extranjeros en la isla. A este respecto tenemos que decir que si bien es injusta la confiscación por parte de los estados de bienes y propiedades particulares para responder de las deudas que los ciudadanos no han contraído, no es menos cierto que el gobierno chipriota al menos ha sido honesto pues directamente ha procedido a la requisa mientras que otros estados, como el español, simplemente se dedican a subir los impuestos y a reducir los salarios lo que, a la postre, implica que se tenga que echar mano a los ahorros para poder sobrevivir con la consecuencia de la reducción de los mismos.

            Es de recordar que Chipre entró a formar parte de la Unión Europea en el año 2004, año este en que se procedió a la mayor ampliación de toda su historia con la incorporación además de Polonia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, la República Eslovaca y Eslovenia. Muchos de estos países que se incorporaron a la Unión Europea en el 2004 presentaban y presentan graves carencias no solo en materia económica sino sobre todo en cuestión de derechos humanos y de derecho internacional. Mientras que la ampliación de la Unión Europea a los Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) planteaba problemas en materia de derechos humanos ya que en estos estados el número de minorías consideradas “apátridas” y sin derechos ciudadanos suman porcentajes extremadamente elevados, la admisión de Chipre en la Unión Europea planteaba un grave problema de derecho internacional ya que al ser excluida de la incorporación a la Unión Europea la llamada República Turca del Norte de Chipre, estado de facto tan solo reconocido por Turquía, se consolidaba la partición de la isla y se infringían todas las resoluciones de la ONU en este sentido.

            Así pues surge la inevitable pregunta ¿Por qué la Unión Europea se amplió y se sigue ampliando a países con graves deficiencias económicas, políticas y en materia de derechos humanos?. La respuesta es evidente: porque a la Unión Europea no le importan ni los derechos humanos ni las libertades políticas, a la Unión Europea solo le interesa la economía y aún así no es toda la economía la que le interesa sino solo aquella que corresponde a sus dos únicos estados importantes: Alemania y Francia.

            Desde el Tratado de Maastricht en 1992, Francia y Alemania están colaborando activa y sabiamente para repartirse el continente europeo en áreas de influencia económica y, como no puede ser de otra manera, también política y este reparto explica sobradamente lo que está ocurriendo actualmente en Grecia, Portugal, España, Irlanda y ahora Chipre (curiosamente la economía de todos estos países antes de su entrada en el Mercado Común estaba diversificada con cierta preponderancia de la agricultura sobre los demás sectores económicos y en todas ellas existía un incipiente y creciente sector industrial, en cambio, desde su incorporación a la Unión Europea las características económicas de todos estos estados derivaron en una preponderancia del sector servicios con una notable disminución del sector agropecuario y una práctica total desaparición del sector industrial). Hace menos de un siglo, si Alemania o Francia hubieran querido extenderse por Europa habrían lanzado innumerables ejércitos por sus fronteras, en cambio, hoy en día tan solo tienen que favorecer la entrada en la Unión Europea de países con economías débiles o previamente debilitadas (como en el caso español), hacerles endeudarse, bien haciendo que compren numerosas unidades producidas en el seno de los grandes programas industriales y tecnológicos europeos (Eurocopter, Eurofighter, etc…) donde la participación de la industria franco-alemana es mayoritaria o, bien, haciendo que construyan innumerables infraestructuras, muchas de ellas claramente innecesarias, y que luego cuestan tanto dinero el conservarlas que se convierten en un importante foco de endeudamiento público. Una vez que estos países han entrado en la Unión Europea y se han endeudado, Francia y Alemania les impondrán unas condiciones extremas para acudir en su ayuda financiera que se traducirá en la intervención directa de Francia y Alemania en las respectivas economías nacionales, en la compra a la baja de lo que aún constituya su tejido económico y en el radical empobrecimiento de la población autóctona en lo que es la eterna y vieja manifestación del mas decimonónico de los imperialismos.

            Y esto es lo que esta sucediendo en Grecia, Portugal, Irlanda, España y ahora en Chipre. Chipre recibirá una ayuda económica de unos diez mil millones de Euros cuya devolución se va a garantizar con los depósitos bancarios de sus ciudadanos y de los ciudadanos extranjeros residentes en Chipre, en lo que equivale a un “préstamo pignoraticio”. Cuando Chipre salga de la situación que atraviesa sus infraestructuras y su tejido económico habrán pasado mayoritariamente a manos de empresas alemanas o francesas y sus ciudadanos serán más pobres y menos libres al ser gobernados por el gobierno de turno radicado en Nicosia según los dictados de los gobiernos de Berlín o París.

            Y es que en esto, no nos engañemos, consiste la llamada Unión Europea: en la franca y leal colaboración Franco-Alemana para dominar a todos los demás pueblos europeos y repartirse, de mutuo acuerdo y en cordial amistad, todas sus riquezas, por lo que pretender que “otra Europa es posible” o clamar por “la Europa de los ciudadanos” es creer en los Reyes Magos o en la posibilidad de que pudiera existir un nazismo “de rostro humano” no cabiendo más opción, cierta y real, que reclamar la restitución de todas las soberanías nacionales entregadas a las distintas instituciones europeas cuyos fundamentos ya se han revelado esclavizantes.

martes, 12 de marzo de 2013

MORALIDAD, LEGALIDAD E HIPOCRESIA


La reciente moción de censura en la localidad leonesa de Ponferrada, donde el grupo socialista en la oposición ha desbancado de la alcaldía al Partido Popular gracias al apoyo de los concejales del grupo municipal de “Independientes Agrupados de Ponferrada” entre los que se encontraba Ismael Álvarez Rodríguez, ex alcalde popular de Ponferrada entre 1995 y 2002 y condenado, en el año 2003, por un delito de acoso sexual en el famoso “Caso Nevenka” ha revuelto el gallinero socio-político patrio ya que si el Partido Popular ha perdido la alcaldía de la capital de la comarca del Bierzo gracias a un antiguo militante suyo, el Partido Socialista no la ha ganado ya que todos sus ediles se han dado de baja en el mismo al no acatar, en la forma seguramente deseada, el ultimátum emitido por Ferraz de “o deja la alcaldía o deja el PSOE”.

            El tema que realmente subyace en este caso de la moción de censura en Ponferrada, al igual que en otros muchos casos que ocurren en nuestro país, es la cuestión de ¿Qué es lo que ha de prevalecer, la moral o la legalidad?.

            Estando las cosas como están, es incuestionable que la moción de censura realizada por el grupo municipal socialista en Ponferrada, liderado por el actual alcalde, Samuel Folgueral, ha sido legal. Se ha seguido el procedimiento establecido y se ha contado con las mayorías legalmente fijadas en la ley. Igualmente la constitución del ayuntamiento ponferradino, tras las últimas elecciones municipales celebradas en el año 2011, ha sido legal; esto es, todos los concejales que formaban parte del Consistorio, incluidos Ismael Álvarez Rodríguez y Samuel Folgueral, lo eran porque se habían presentado a las elecciones en el libre ejercicio de sus plenos derechos y habían obtenido el suficiente número de votos para ser elegidos concejales. Así pues ¿Por qué existe ahora este falso escándalo?

            En realidad, al igual que de Santa Bárbara nos acordamos cuando truena, de la Moral nos acordamos cuando su ausencia a algunos interesa. Y tal es el presente caso: El Partido Popular, en cuyas filas militó Ismael Álvarez y que es la víctima de la moción de censura explota su condición achacando al PSOE el llegar al poder municipal con el apoyo de un condenado por acoso sexual, el PSOE intenta ganar imagen pública haciendo que sus concejales en Ponferrada renuncien al poder (aunque este solo sea municipal) antes que contar con el apoyo de un condenado por “Acoso Sexual” y, finalmente, todos los demás grupos y ciertas asociaciones y colectivos que, olvidándose de todo lo que ellos mismos promueven y predican, se rasgan las vestiduras y se mesan los cabellos pareciendo desear, según les interese, penas eternas y negando toda posibilidad de reinserción social al infractor penal.

            El escándalo levantado por la moción de censura de Ponferrada no es tal, sino simple y llanamente constituye una manifestación a voz en grito de general hipocresía donde todos desean ocultar el llanto por la pérdida de poder o la fricción de manos por lo que creen que van a ganar con el revestimiento de una dignidad y de una grandeza de la que carecen.

            La moción de censura en Ponferrada pone de manifiesto una vez más el fracaso moral de toda una sociedad, la española, y de todo un estado, el español, que ha procurado en los últimos siglos alejar de toda inspiración moral y/o ética su legislación civil y su educación ciudadana en aras de una segura comodidad individual y de un posible liberalismo político y económico, llegándose al extremo de que, ante el presente caso en la capital del Bierzo, nadie se haya preguntado como es posible, no solo que una persona condenada por un delito común pueda presentarse legalmente a unas elecciones, sino que haya recabado entre la ciudadanía el apoyo electoral suficiente para resultar elegida para el desempeño de un cargo público.

            Para terminar, y volviendo a la pregunta que casi encabeza este artículo y que constituye su razón de ser ¿Qué es lo que ha de prevalecer, la moral o la legalidad?. Evidentemente, y no existe ninguna duda, la respuesta es la moral porque la legalidad para ser eficaz no puede ser otra cosa que una expresión práctica de esa moral cuya existencia se expresa, a su vez, en la constitución política de un estado moral o ético que, hoy por hoy, no existe en España fundamentalmente porque el mismo exige e implica la existencia de una ortodoxia pública a la que prácticamente ningún ciudadano le gustaría someterse por no ver coartada su individual comodidad. Así pues, ante la ausencia de un estado moral y de una sociedad educada en la virtud, solo es cuestión de tiempo que toda la legislación empiece a zozobrar para terminar siendo solo una pura formalidad que sirve exclusivamente para aparentar y encubrir la hipocresía generalmente practicada y tolerada a todos los niveles (sociales, políticos y jurídicos) y, según se encarga la historia de enseñarnos, no es otra cosa que la fase inmediatamente anterior a la degeneración y caída de las grandes civilizaciones.

martes, 5 de marzo de 2013

EL HUNDIMIENTO

            No existe mejor forma de comenzar este artículo que recordando el artículo periodístico titulado “El Abrazo de Vergara” publicado por don Pedro Antonio de Alarcón en 1854 pues al igual que éste, el título llamaba al equívoco y si  “El Abrazo de Vergara” nada tenía que ver con el intercambio de efusiones amistosas habidas entre el traidor  Maroto y el corrupto Espartero en los prados de Guipuzcoa en 1839, el presente texto nada tiene que ver con la obra histórica de Joachim Fest titulada “El Hundimiento”, la cual dio lugar, en el año 2004, a la película del mismo título.

            En el momento presente están ocurriendo en España, a nivel periodístico y político, cosas que eran impensables tan solo hace diez años y que, muy posiblemente, se querrán presentar por parte de la casta política y entender ingenuamente por parte del pueblo español como “profundizaciones” en las libertades, “regeneraciones” democráticas o “levantamientos del velo” que implican la transparencia, igualdad y general responsabilidad de todas y cada una de las instituciones del estado. Concretamente me estoy refiriendo a la constante tormenta de noticias periodísticas que se están difundiendo en los medios de comunicación sobre Su Excelencia el Jefe del Estado y su familia así como a ciertas actitudes de abierta crítica u oposición a las líneas políticas oficiales de los grandes partidos mostradas por ciertos dirigentes territoriales de los mismos.

            Hace no tantos años, hubiera sido impensable que cualquier medio de comunicación informase abiertamente sobre los viajes y amistades privadas de Su Excelencia el Jefe del Estado, del derrumbe de su popularidad o que algún dirigente de uno de los partidos mayoritarios hubiera roto la disciplina de voto y hubiera pedido, en el propio Congreso de los Diputados, la “abdicación” del Jefe del Estado. Estos movimientos políticos e informativos, a los que hay que sumar también ciertos movimientos que se están produciendo en corporaciones profesionales como la de los jueces que ahora, después de décadas viendo pasar impunemente bajo sus ojos cientos de miles de contratos de préstamos leoninos y/o usurarios, reclaman un cambio legislativo en la Ley Hipotecaria para evitar desahucios o en algunos sindicatos policiales que admiten la posibilidad de “la objeción de conciencia” de sus miembros a la hora de actuar en los desalojos de viviendas, no responden ni pretenden responder en realidad a las demandas populares que se vienen produciendo clamorosamente en las calles de las ciudades españolas desde mediados de Mayo de 2011, sino que constituyen hábiles maniobras de “cambio de bando” y es que el régimen nacido de la llamada Transición y de la Constitución de 1978 amenaza ruina y corre el, más que probable, peligro de derrumbarse y, como es lógico, llegado el momento, nadie quiere quedar sepultado bajo sus escombros a consecuencia de lo que puede convertirse en un loco empecinamiento por apuntalarlo.

            El fenómeno no es ni desconocido ni nuevo y es común a todas las situaciones de graves crisis institucionales con independencia del país en que se produzcan, de la ideología o de la forma de estado. Cuando un régimen político, por las circunstancias que sean, amenaza ruina siempre surgen entre los grupos que lo han sostenido y apoyado dos tendencias: una primera, integrada por todos aquellos que están íntimamente identificados con el régimen y que han sido pública y notoriamente beneficiados por el mismo, que lo sostendrá hasta el fin e incluso más allá del fin porque la caída del régimen implicará su propia desaparición de la escena pública y la pérdida de todas sus prebendas y, una segunda tendencia que, formada por líderes de segunda línea, poco significados y solo moderadamente beneficiados por el régimen, mostrará posturas ambiguas con la oculta intención de “cambiar oportunamente de bando” para que, cuando el régimen se derrumbe, quedar encima de sus ruinas y cimentar sobre ellas su nuevo futuro político y social.

            Esto es lo que esta pasando hoy en nuestro país y a ello obedecen todos estos cambios de actitud de la prensa, de algunos políticos y de algunos altos funcionarios y magistrados del estado y no a un sincero deseo de transparencia y justicia. En realidad lo que esta ocurriendo es que, no pocos personajes, actores secundarios en el drama que actualmente afecta al país, se están posicionando ante lo que ya parece ser evidente que va a ocurrir y que empieza a denominarse “La Segunda Transición”. Considerando que “cumplir con el deber es hacer lo que íntimamente se reconoce como correcto” estos personajillos, durante décadas, han estado considerado como correcto apoyar sin fisuras e incondicionalmente a la Constitución, a la Jefatura del Estado, a los Estatutos de Autonomía y a todas las demás Leyes Orgánicas y actuar duramente en su defensa sin preocuparse de si los ciudadanos se quedaban viviendo a “La Luna de Valencia” por lo que el pueblo español ha de ser extremadamente consciente de que considerar a esta clase de gentes como una esperanza y una opción válida de regeneración implicará la reproducción, a largo plazo, de las mismas circunstancias que en el presente estamos sufriendo.