DEMAGOGIAS CONTRA LA CRISIS Y ESTUPIDECES PARA REAFIRMARSE

         Que estamos en crisis todo el mundo lo sabe porque la inmensa mayoría de la población, aquella que no forma parte de la privilegiada casta política y de sus aledaños, la esta sufriendo de forma cruel en sus propias carnes. Esta crisis es una crisis clásica provocada por una pésima gestión que durante años ha favorecido y ha permitido un gasto desmesurado lo que a la postre ha originado un endeudamiento impagable y el agotamiento de la hacienda pública que, actualmente, no tiene ni un céntimo para hacer frente al sostenimiento de los más esenciales servicios.

            Así pues, como esta crisis es una crisis clásica provocada por la falta de liquidez pública; las “lumbreras” de la casta política creen haber encontrado la solución en gastar menos, de ahí la política de recortes en prestaciones sociales, y en ingresar más, de ahí la política de subidas de impuestos que amenazan con asfixiar a muchos españoles. Dentro de este afán recaudatorio, los jerifaltes del régimen parece que han encontrado una nueva vía como es la ampliación de la masa impositora poniendo en el punto de mira a la Iglesia Católica, quién en virtud del Concordato suscrito entre España y la Santa Sede en 1979, no viene obligada al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I) por los locales destinados al culto o considerados de interés artístico, cultural o histórico.

            La idea lanzada por la izquierda (PSOE, IU…), pero también recogida favorablemente por la derecha (PP…) en aquellos municipios en los que gobierna responde a la imperiosa necesidad que tienen las corporaciones locales de recapitalizarse, pero resulta manifiestamente discriminatoria además de tener una evidente intención de servir de reafirmación ideológica a unos colectivos políticos que hace ya mucho tiempo carecen de todo sustento en el mundo de las ideas.

            La intención de que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I) por los inmuebles de los que es propietaria es discriminatoria porque se centra precisamente en la Iglesia Católica omitiendo esa obligatoriedad a otras confesiones  o cultos y a otros inmuebles propiedad de Partidos Políticos o Sindicatos e incluso propiedad de empresas y particulares que, por ser considerados de interés histórico-cultural, están exentos del pago de este impuesto.

            En realidad, los temas substanciales que han de plantearse respecto a las relaciones Iglesia-Estado, no es si la Iglesia Católica tiene o no que pagar el I.BI., sino los dos siguientes: 

            1º. La Iglesia Católica en la actualidad desarrolla unas prestaciones sociales y asistenciales que, siendo inferiores a las que prestaba hace treinta años cuando nutría de monjas-enfermeras los hospitales, dan cobertura a varios millones de personas en España. Estas prestaciones asistenciales se financian con lo que la Iglesia Católica percibe a través de la famosa “X” en las Declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.),  por medio de los donativos de muchos fieles y con las rentas que obtiene de actividades económicas que pueden ir desde el alquiler de plazas de garajes hasta la venta en tiendas especializadas de distintos productos elaborados ecológicamente en diversos monasterios (es de indicar que la Iglesia Católica paga los impuestos correspondientes a estas actividades incluido el I.B.I. de aquellos inmuebles de los que es propietaria y en los que desarrolla una actividad lucrativa). Siendo esta la realidad objetiva, es al Estado Español a quien le corresponde plantear a los ciudadanos si la labor asistencial desarrollada por la Iglesia Católica debe considerarse como una simple actividad de beneficencia llevada a cabo por una entidad privada que debe financiarse exclusivamente de las donaciones y cuotas de las personas afines, eliminando tanto la casilla destinada a la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta como la reducción por donativos que disfrutan los ciudadanos o, por el contrario, seguir como hasta ahora.  En el caso de que se optase por lo primero, sin duda se reducirían los ingresos que percibe la Iglesia con lo que también se reducirían las prestaciones que oferta por lo que el Estado debería optar, bien por dejar en total desamparo a los ciudadanos que ya no podrían beneficiarse de las prestaciones sociales de la Iglesia  o bien, asumir directamente esas coberturas con el coste económico que ello conlleva.

            2º. Asimismo, la Iglesia Católica española ha adquirido a lo largo de más de dos mil años de historia cierto patrimonio cultural, artístico e histórico que administra, sostiene y conserva gracias igualmente a los fondos que percibe de la casilla de la Declaración de la Renta, de donativos particulares y de subvenciones públicas que percibe para esta concreta finalidad. También en este aspecto, es al Estado Español al que corresponde decidir si le interesa mantener el Status Quo con la Iglesia Católica en la que ésta sostiene el patrimonio cultural con ayudas del estado o privarla totalmente de la administración de ese patrimonio haciéndose cargo íntegramente de su mantenimiento, lo que implicaría un importantísimo incremento del gasto público o el abandono a su suerte de gran parte del precitado patrimonio histórico y cultural.

            Ya sé que no pocos lectores criticaran el hecho de que la Iglesia Católica Española tenga ese patrimonio, pero a ellos les digo que dicho patrimonio ha sido lentamente adquirido a lo largo de más de dos mil años y que, tal vez, mejor y más productivo sería el cuestionarse el como y el por qué determinados políticos han conseguido hacerse con sus actuales patrimonios particulares y privativos en tan solo veinte años o menos.

            Por otra parte, resulta extremadamente curioso, como ha sido precisamente en estos momentos cuando los políticos se han dado cuenta que los inmuebles históricos, culturales, artísticos y aquellos dedicados al culto que tiene la Iglesia Católica en distintos municipios no pagan el Impuesto municipal de Bienes Inmuebles a pesar de que muchos de estos políticos han estado en el poder durante décadas sin decir nada al respecto y es que este tema, además de responder a un posible afán recaudatorio (pues la casta política española esta por sacar dinero de donde sea para seguir la juerga), sirve de campaña política y de afirmación ideológica porque, en primer lugar, no hay mejor forma de movilizar a las masas que movilizarlas en contra de algo o de alguien y, en segundo lugar, porque unas corrientes políticas llamadas “progresistas”, que están ideológicamente huérfanas desde que renegaron del Stalinismo y desde que han tenido que justificar el desmantelamiento del estado del bienestar; encuentran en el anticlericalismo la base ideal para reafirmarse, revitalizarse y justificar su existencia.

            Es dentro de esta orfandad ideológica y reafirmación existencial donde hay que encuadrar las recientes manifestaciones y apoyos recibidos por el cantautor Javier Krahe durante el juicio celebrado contra él en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado día 29 de Mayo del 2012 y que constituyen una estupidez política solo comparable a la estupidez de haber interpuesto la querella que ha dado lugar al proceso. Partiendo del hecho de que es absurdo e injusto pretender procesar a una persona por unos hechos que tienen una antigüedad de más de treinta años y que consisten en rodar una película (recordemos que los asesinatos prescriben a los veinte años) hay que reconocer que la cinta, más que ofender unos sentimientos religiosos es simple y llanamente de muy mal gusto, pero el mal gusto no es delito porque si lo fuera… no habría prisiones para meter a tanta gente empezando por el que diseño los actuales uniformes del Cuerpo  Nacional de Policía que, por su color negro, recuerdan al de los fascistas de la Milicia Voluntaria de la Seguridad Nacional (MVSN).

            Dicho esto, es de indicar que el Juicio Oral contra Krahe ha servido para que sectores intelectuales y políticos autocalificados de “progresistas” lo utilicen desesperadamente para reafirmarse en sus supuestas y, cada vez más diluidas, posiciones ideológicas haciendo del acusado un perseguido por la intransigencia católica y al caso como una cuestión de “libertad de expresión” cuando lo únicamente cierto es que la película en cuestión no es delito, difícilmente ofende y desdora más allá de a las propias personas que la hicieron y la emitieron y simplemente es de un surrealismo de pésimo gusto e ideológicamente muy dudosa porque, al fin y al cabo, lo que rueda el señor Krahe también puede interpretarse como la introducción en efigie, treinta y seis años después de la reunión de Wannsee, de un (personaje) judío en un horno. Todo ello aplaudido estúpidamente por unos sectores superados por la historia y por sus propios errores e incoherencias y que ya no pueden hacer nada más que agarrarse a un clavo ardiendo para justificar el decir algo en alta voz.