Desde luego, a tenor de los acontecimientos
posteriores, no se puede decir que estuviéramos muy equivocados porque,
curiosamente durante el tiempo que el país lleva en estado de alarma, el
Gobierno de coalición PSOE-PODEMOS ha intentado maniobrar para imponer
unilateralmente un cambio en las reglas de juego que rigen el nombramiento de
miembros del Consejo del Poder Judicial y ha publicado en el Boletín Oficial
del Estado, el día 30 de octubre de 2020, (un día después de conseguir la
prórroga del estado de alarma) una orden del Ministerio de la Presidencia por
la que se crea la "Comisión Permanente contra la desinformación" que
será coordinada por la Secretaria de Estado de Comunicación y tendrá por
finalidad, como su propio nombre indica, combatir la desinformación.
Ahora bien, ¿Qué es la
desinformación?. En sentido estricto, desinformación es todo bulo, rumor o
información difundida con el exclusivo objeto de crear confusión a la hora de
tomar decisiones, así pues, hay que tener en cuenta dos cosas: Primera que la
desinformación no es nueva y ha existido siempre, aunque en algún momento se la
llamó "intoxicación" y, segunda, que las verdaderas campañas de
desinformación están siempre coordinadas y organizadas por estados hostiles,
por lo que son los organismos de seguridad e inteligencia del estado las
encargadas de combatirlas y contrarrestarlas, no siendo, por tanto, necesaria
la creación de ninguna nueva "comisión" salvo que lo que
verdaderamente se pretenda sea instaurar algún tipo de censura, limitar la
libertad de expresión o, simplemente, colocar a algunos "amiguetes"
en un puesto con magras remuneraciones.
Conforme recoge la Orden Ministerial
publicada en el BOE, el medio básico a utilizar en la "lucha contra la desinformación" va a ser la "Monitorización y vigilancia";
es decir el control constante y completo de todo aquello que aparezca publicado
en prensa y redes sociales, lo cual no constituye novedad alguna porque
cualquiera que sepa algo de seguridad sabe perfectamente que todo,
absolutamente todo, lo que se publica en redes y en prensa es "monitorizado y vigilado",
aunque, como es tantísimo lo publicado no todo se puede analizar rápida y
correctamente.
Este nuevo organismo deja exclusivamente
en manos del gobierno la definición en cada momento de lo que puede
considerarse "desinformación" por lo que genera una total inseguridad
jurídica a los ciudadano a la hora de determinar qué es lo que podrán expresar
libremente y lo que no, lo cual fomentará la autocensura y sentará las bases de
que tan solo aquello que se diga con la autorización tácita o expresa del
gobierno pueda considerarse verdadero. De hecho, el pasado sábado 7 de
noviembre del 2020, la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya,
manifestó en defensa de esta "Comisión Permanente contra la
desinformación" que en realidad lo que se pretende es garantizar a los
ciudadanos el acceso a una información veraz persiguiendo noticias como las que
"sugieren beber lejía contra el
coronavirus", con lo que queda claro que de lo que se trata es de
definir qué es verdad y qué no lo es pues,
si lo que se trata es de perseguir noticias como la "sugerencia de beber
lejía", en clara referencia a la estupidez pronunciada por no sé quien en
Estados Unidos, ¿Acaso no podría calificarse también como desinformación y
noticias profundamente contrarias al interés general aquellas emanadas hace
meses del mismo gobierno en el que la señora González Laya es ministro de que "el uso de mascarillas era innecesario,
e incluso contraproducente"?. ¿Acaso el gobierno del que es miembro la
señora González Laya no desinforma manipulando las cifras reales del número de
fallecidos provocados hasta el momento por la epidemia?.
Evidentemente el gobierno que preside el señor Pedro Sánchez se está deslizando de una manera cada vez más clara y consciente por la pendiente del autoritarismo si no es directamente por la del totalitarismo con la aquiescencia de sus socios parlamentarios y de gobierno incumpliendo, incluso, su promesa electoral de derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (conocida como "Ley Mordaza") a pesar de haber tenido más de un año para ello, lo que demuestra no solo la falta de voluntad para derogarla sino la intencionalidad de utilizarla y de servirse de ella.
(1) La imposición popular de motes a los políticos, es una costumbre muy extendida incluso en dictaduras, así a Francisco Franco se le conocía en determinados círculos como "Currito Medallas", a Joseph Goebbels, como "Joe el Cojo", a Santiago Carrillo como "El Conde de Paracuellos", a Adolfo Suarez como "El Tahúr del Missisipi" o a la suntuosa vivienda del que fuera Ministro alemán de Economía con el gobierno social-demócrata de Gerard Schöder, Oskar Lafontaine, se la conoce como "El Palacio de la Justicia Social". Esto es consecuencia del "Animus Iocandi" que provoca la falta de coherencia entre lo que se dice y se hace, pretender ver otra cosa además de una falta de sentido del humor es una total falta de sentido común.
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