Lasemana pasada criticábamos, desde estas páginas, la actitud de los políticosindependentistas catalanes ante la aplicación del artículo 155 de laConstitución y, especialmente, la salida del territorio catalán del Presidentde la Generalitat porque daba la impresión de que les había fallado la fe en elproceso que ellos mismos habían iniciado y que, realmente, carecían de voluntadpara culminarlo. No obstante, la decisión judicial tomada por la Juez titular del Juzgado
Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el pasado 2 de
Noviembre de 2017, de decretar prisión provisional contra el Vicepresidente de
la Generalitat y siete Consejeros más del gobierno catalán da un giro
inesperado a la situación existente que viene a explicar lo que parecía
inexplicable y que demuestra que, lejos de haber terminado la partida de
ajedrez iniciada por Carles Puigdemont porque éste había tirado el tablero, tal
y como dijimos la semana pasada, la partida no ha terminado y Puigdemont ha
vuelto a entrar en juego.
Si la aplicación limitada del
artículo 155 de la Constitución con una convocatoria de elecciones autonómicas
en Cataluña en menos de dos meses, unida a la actitud generalizada de sumiso acatamiento por parte
de los políticos catalanes y a la salida de territorio catalán del President de
la Generalitat, había descolocado al mundo independentista y supuesto un cierto
desprestigio de la casta política catalana;
la prisión preventiva decretada contra Oriol Junqueras y siete Consejeros
del gobierno catalán reabre, revive y agudiza el problema y hace que, si era
posible que de las elecciones del 21 de Diciembre resultara una composición
parlamentaria distinta a la existente antes del 27 de Octubre, ahora sea seguro
que las elecciones planeadas no resolverán nada arrojando las mismas mayorías
parlamentarias en Cataluña, o incluso, un incremento de apoyos electorales al
bloque separatista.
Nunca un estado y sus instituciones
han actuado jamás con mayor ceguera política ni de peor manera para la defensa
de sus intereses aunque, después de lo visto el 2 de Noviembre con la prisión
provisional decretada contra una parte del destituido gobierno autonómico catalán,
caben muchas, muchísimas, dudas de cuáles son esos intereses y si los mismos
coinciden con los intereses de la inmensa mayoría de los españoles.
Desde el punto de vista jurídico, la
prisión provisional constituye la más grave medida cautelar que se puede
decretar contra un investigado (antes imputado) en la fase de instrucción de un
procedimiento penal que tiene que fundamentarse en la posibilidad de
destrucción de pruebas y de continuación
en el acto delictivo por parte del reo, en la posibilidad de sustraerse
a la acción de la justicia del mismo y en la repercusión o alarma social que
los hechos hayan suscitado. En el presente caso, solo con una interpretación
extremadamente rigorista y, hasta cierto punto, torticera de la ley concurren
esos requisitos.
En primer lugar, una vez destituido
el Gobierno Catalán, sus Consejeros y Vicepresidente ya no pueden ordenar nada
que suponga la destrucción de pruebas y si esto se produjera sería porque
funcionarios subalternos lo estarían haciendo motu proprio, no porque esas
autoridades destituidas lo estuvieran ordenando.
En segundo lugar, no se puede
deducir que los investigados vayan a continuar en la presunta acción delictiva
porque al ser cesados y al haberse disuelto el parlamento catalán los investigados
han perdido toda condición de autoridad, solo desde la cual, han podido cometer
los supuestos delitos que se les imputan porque sin esa condición de
autoridades difícilmente se puede malversar fondos públicos para destinarlos a
un referéndum ilegal o proclamar más república independiente que la de su
propia casa. Si contra esto se argumenta que los investigados manifiestan que
de continuar siendo autoridades volverían a hacer lo mismo, lo que se estaría sancionando
sería exclusivamente una determinada tendencia ideológica además de demostrarse
que la administración de justicia actúa arbitrariamente porque, las cosas como
son, Oriol Junqueras y los demás Consejeros del Gobierno Catalán llevan
afirmando que iban a ir a la Declaración Unilateral de Independencia y actuando
públicamente en ese sentido desde que fueron elegidos en las elecciones
catalanas de 2015 sin que la administración de justicia haya actuado antes.
Por lo que se refiere a la
posibilidad de sustracción a la acción de la justicia, no se pude presuponer de
una forma lógica la existencia de tal posibilidad en unas personas que acuden
voluntariamente y por sus propios medios a una citación de un órgano judicial radicado a más de
quinientos quilómetros de sus domicilios porque para abandonar el país, como ha
demostrado el propio Carles Puigdemont, han tenido tiempo más que suficiente y
no lo han hecho. Además todos ellos tienen domicilio conocido, arraigo probado
en nuestro país y existen otras medidas cautelares menos gravosas, como la
personación apud acta ante el juzgado cada
semana o cada quince días y la retirada del pasaporte, que sirven sobradamente
para garantizar la presencia de los investigados en el acto del Juicio Oral.
Además es de considerarse que son personas muy conocidas, sobre todo Oriol
Junqueras, lo que dificulta su ocultamiento y que siempre se les puede someter
a una discreta vigilancia por parte de las autoridades policiales
correspondientes, todo ello sin entrar a considerar que sin pasaporte al único
lugar donde podrían fugarse sería a un estado de la Unión Europea donde se
podría dictar una Orden Europea de Detención y Entrega que es poco más que una
Orden de Búsqueda y Captura nacional y que, como dijo un ministro del gobierno
de Rajoy refiriéndose a los jóvenes que se veían obligados a emigrar por
motivos económicos, salir de España para ir a estados de la Unión Europea no es
abandonar el país.
Finalmente,
y en lo referente a la repercusión o alarma social suscitada hay que indicar
que dicha repercusión se viene dando, como muy poco, desde hace unos cinco años
como demuestra la cantidad de noticias que el llamado "Procés" ha
generado en todos los medios de comunicación. Desde hace un lustro, como mínimo,
los únicos que parecían que no estaban alarmados con la deriva que estaban
tomando los acontecimientos en Cataluña eran los señores Magistrados, Jueces,
Fiscales y Abogados del Estado que se dedicaron a mirar para otro lado con lo
que, si en realidad existiese algún delito de los que se pretenden imputar a
los cesados miembros del Gobierno Catalán, ellos mismos también lo habrán
cometido por una manifiesta negligencia "In Vigilando", tan
gigantesca que solo podría tener relevancia penal.
Evidentemente, todo este proceso
que, hasta el momento, ha culminado con la prisión provisional del
Vicepresidente de la Generalitat y de siete Consejeros del Gobierno Catalán ha
sido un proceso públicamente planteado y ejecutado a lo largo de un prolongado
espacio de tiempo durante el cual las autoridades políticas y judiciales del
estado español han tenido sobrado conocimiento del mismo, aunque solo fuera por
lo que se podía oír en las emisoras de
radio, y ante el cual no han hecho nada en absoluto para atajarlo en su momento
por lo que, si bien no nos encontramos ante un delito provocado, bien podríamos
considerar que estamos ante una delito tolerado y permitido por los poderes del
estado y tolerado durante tan largo tiempo que el pretender hacer valer ahora,
en este preciso momento, la legalidad cuando se ha podido hacer mucho antes y
no se ha hecho no deja por menos que sorprender, permitiendo interpretar que
estamos ante una clara y manifiesta aplicación arbitraria de la ley al
aplicarse ésta solo en el momento y con el grado que interese.
La desproporcionada actuación
judicial del pasado 2 de Noviembre de 2017, viene a justificar los argumentos
de Carles Puigdemont en Bruselas sobre la "terrible represión" que
iba a desencadenar el estado en Cataluña y, nuevamente, permite presentarse al
independentismo catalán como víctima de una "durísima persecución"
echando leña, más bien gasolina, al fuego de la crisis abierta entre Cataluña y
el resto de España cuya explicación se encuentra fuera de toda lógica.
Fuera de toda lógica, salvo que...
todo responda a una enorme cortina de humo que esté haciendo que el tema de
Cataluña monopolice absolutamente todo permitiendo que pase a un segundo plano
el incremento del paro y de la pobreza en España o la aprobación del Acuerdo
Económico y Comercial Global (CETA) con Canadá y que deja en un juego de niños al
Tratado Transatlántico de Libre Comercio
(TTIP). También puede ser una maniobra electoralista para permitir al Partido
Popular reforzar su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales
dependiendo para gobernar exclusivamente de sí mismo o, todo lo más, de
"Ciudadanos" y hundiendo por completo a la izquierda que representa
PODEMOS, que según las encuestas pierde un tercio de sus votos, y al PSOE, que
se descompone por momentos y a ojos vista. Igualmente, es casi seguro que estemos
ante un movimiento de autojustificación de unas instituciones que pretenden
demostrar que la autoridad y el Estado de Derecho existen aunque el segundo se
encuentre en una nítida fase de degeneración y la primera se ejerza mal y a
destiempo.
No nos cansaremos de repetirlo y lo
repetiremos una vez más. En toda esta crisis entre catalanes y catalanes y el
resto de españoles, que ya se prolonga demasiado, el bien supremo a proteger no
es la legalidad constitucional, ni las prebendas de unos funcionarios
garbanceros ni la ambición de unos políticos alejados de toda finalidad de
servicio público. El bien supremo a proteger, política y jurídicamente, es la
unidad de convivencia que suponen Las Españas y para ello se debe empezar a trabajar
para cerrar la fractura abierta entre Cataluña y el resto de España al igual
que se trata una profunda herida abierta para favorecer su cicatrización (lentamente
y de dentro a fuera), haciendo pedagogía y alejándonos tanto de posiciones
separadoras como separatistas y desde luego, sépalo el Gobierno, la Fiscalía y
los Tribunales, metiendo a la gente en la cárcel no es la mejor manera de
iniciar tan ardua tarea.
