RECORTES, AMNISTÍAS, SUBIDAS DE PRECIOS Y BAJADA DE PANTALONES

Diariamente surgen noticias sobre la acción del actual gobierno del Partido Popular presidido por el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy que no dejan de sorprendernos por poner nítidamente de manifiesto que en política todo parece estar permitido, situado por encima de la ley y alejado de todo principio moral o ético ya que en poco más de cien días el actual gobierno de España ha hecho todo lo contrario de lo prometido durante la campaña electoral. Y es que el Partido Popular se presentó a las elecciones prometiendo una bajada de impuestos, el apoyo a las clases medias y a pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, combatir la crisis económica sin acudir a recortes en servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones.

Hoy, el partido político que se presentaba a los españoles como el “salvador de la situación” ha llegado al poder y, en poco más de cien días en el gobierno, ha subido los impuestos y los precios públicos, ha empobrecido a las familias españolas y ha empezado a plantearse un “ajuste” en sanidad y en educación que solo se puede traducir en un recorte de las prestaciones en dichos servicios, todo ello con la justificación tradicional en la política española de que la situación es peor que la que se esperaban encontrar y que “la culpa de todo la tiene el gobierno anterior”, tradición política esta que esta al mismo nivel que ese otro postulado político tradicional bajo el cual actuaron los gobiernos anteriores y que reza que una vez en el poder “no importa lo mal que se haga porque por muy mal que se haga, otro vendrá que bueno te hará”.

La justificación de todo este despropósito lo encuentra el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy en la necesidad de salvar la economía española de una caótica situación sentando las bases para un próspero futuro, con lo cual el señor (por llamarlo de alguna manera) Presidente del Consejo de Ministros cree que los españoles somos tontos y que ignoramos que los derechos que hoy nos dejemos quitar los habremos perdido para siempre y que jamás nos serán reintegrados, ni siquiera cuando la economía sea boyante y los amigos financieros del aparato político vuelvan a ganar miles de millones. No obstante, y a pesar de lo que digan los reptiles gacetilleros afines al régimen, el hecho cierto es que las medidas económicas adoptadas por el gobierno vienen impuestas, de forma tácita y en ocasiones expresa, por potencias extranjeras con las que los distintos mandatarios y dirigentes de partidos políticos españoles han firmado ignominiosos tratados cuyas consecuencias reales siempre se han mantenido ocultas a la opinión pública española y, concretamente, me estoy refiriendo a los tratados de adhesión a la Comunidad Económica Europea, al Tratado de Maastricht y a demás tratados de similar jaez supranacional.

El actual Gobierno, su Presidente, el señor (por llamarlo de alguna manera) Mariano Rajoy, el Partido Popular y su directiva han olvidado radicalmente que los que les votaron el 20 de Noviembre del 2011 lo hicieron (seguramente con gran ingenuidad) para que sacara a España de la crisis NO para que la hiciera sentir más crudamente a la inmensa mayoría de los españoles y que es al pueblo español al que se debe un gobierno de España y NO a los mercados internacionales o a los intereses de supuestos amigos y aliados que, con su actitud, han demostrado sobradamente que no lo son.

En base a este sometimiento a los intereses foráneos y mercantilistas, el gobierno del señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy ha subido los impuestos a la mayoría de la población española, recortando su poder adquisitivo y empobreciéndola, ha aprobado una reforma laboral que abre la puerta a la liquidación total de los logros de ciento cincuenta años de lucha del movimiento obrero en nuestro país y ha concedido el PREMIO de una amnistía fiscal a todos aquellos que durante años han defraudado a la hacienda pública ocultando sus capitales y llevándoselos a paraísos fiscales con la infantil, necia y estúpida intención de que, a cambio de un módico diez por ciento, se traigan a España los dineros que tengan en el exterior. Y bien digo que es una estúpida, necia e infantil intención la del gobierno porque aquel que en los tiempos de bonanza económica se llevo sus fondos e ingresos fuera de España es porque ya entonces no confiaba en la estabilidad política y económica del país con lo que menos, en el momento presente de plena crisis, va a hacer un acto de confianza trayéndoselos de nuevo a España considerando además que los paraísos fiscales son precisamente paraísos porque tienen una total opacidad en cuanto a dar información de las cuentas bancarias que se poseen en ellos por lo que un estado extranjero difícil tiene el intervenir sobre dichas cuentas o conocer quienes son sus titulares.

Por otro lado, el actual gobierno del Partido Popular, tiene una falta absoluta de honradez para con el ciudadano que le paga el sueldo pues pretende mantener, a pesar de todo, ciertas ficciones como la de que “España no está intervenida” o que el “sistema financiero goza de una excelente salud”. En primer lugar, el hecho de que Alemania y Francia (los únicos países que realmente cuentan en la Unión Europea) no hayan declarado expresamente que España ha de ser rescatada y, por tanto, intervenida no desmiente el hecho de que, desde que asumiera el poder, el gobierno no ha hecho nada más que legislar sobre medidas económicas que han sido sutil pero insistentemente “sugeridas” por estos dos países y sus satélites, con lo que realmente el estado español podría ahorrarse todo lo que le cuesta el actual gobierno con sus ministros y ministerios y, simplemente, dejarse gobernar desde París o Berlín.

En segundo lugar la ficción de que el “sistema financiero español goza de una excelente salud” no solo queda contradicho con las ayudas públicas recibidas por los bancos privados en el último año sino también por la medida anunciada por el Gobierno del Partido Popular de que “no se podrán hacer pagos con dinero en efectivo superiores a dos mil quinientos euros” con el peregrino argumento de que con ello se trata de evitar los “pagos en negro” que sostienen la “economía sumergida”. Esta grave medida tendrá cuatro consecuencias:

1ª. Incremento del beneficio de los bancos al incrementarse el número de operaciones sobre las que cobrar comisiones tales como el pago de cheques y las transferencias bancarias.

2ª. Un incremento de los precios al verse estos incrementados por la cuantía de la comisión bancaria.

3ª. La imposición a los ciudadanos de un “corralito” porque evidentemente si no se pueden hacer pagos en efectivo por importe superior a dos mil quinientos euros, ello implicará que los ciudadanos no podrán retirar libremente y sin dar explicaciones fondos de sus cuentas bancarias por importes superiores a dicha cantidad ya que sería un absurdo sacar tres o seis mil euros cuando no se pueden hacer pagos en metálico superiores a dos mil quinientos euros.

4º. Un beneficio para aquella minoría económicamente privilegiada que puede permitirse el lujo de tener suculentas cantidades en cajas de seguridad bancarias cuyo contenido es ignorado por la Hacienda Pública y por la propia entidad financiera que las alquila y que podrán seguir pagando en metálico por encima de los dos mil quinientos euros estipulados por el gobierno.

No obstante y a pesar de todo; el servil sometimiento del actual gobierno a las exigencias de las potencias extranjeras y que supone un progresivo estrangulamiento económico de los ciudadanos y de las familias españolas parece insuficiente para calmar y convencer a los mercados internacionales y a las instituciones europeas, quizás porque ambas ya tenían planeado hace tiempo arrojarse sobre España cual aves carroñeras habiendo redactado en sesión secreta, que recordaría la escena final de la película de Berlanga, “La Vaquilla”; un duro “diktat” para el pueblo español que implicaría una esclavitud tan bíblica como la que le fue impuesta a los Hijos de Israel en Egipto.