Dentro de las andanadas de recortes con
las que el Gobierno del Partido Popular agrede al pueblo trabajador español
tras lanzarlas en sucesivos Consejos de Ministros, el último de ellos presidido
por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, especial mención merece
el llamado copago farmacéutico porque de una forma sibilina, deshonesta y
trapacera oculta la rebaja de las pensiones de jubilación e implica un coste
para nuestros pensionistas superior al indicado por los sofistas que integran y
ocupan el gobierno.
Según esta medida de copago
farmacéutico, los pensionistas que hasta el 1 de Julio del 2012 no tenían que
pagar por los medicamentos que les eran médicamente recetados tendrán que pagar
las medicinas que les sean necesarias con un límite de ocho o dieciocho Euros
al mes (Euros 8.- ó 18.-) a partir de los cuales tendrán el derecho de que la
administración pública les reintegre el exceso pagado aunque no está claro ni
como y cuando se va a producir dicho reintegro.
Es casualmente en esta fórmula donde
radica el embuste del gobierno o, lo que es peor, el desconocimiento de la
realidad social del país que dice pretender gobernar. Estadísticamente los
jubilados españoles son personas mayores que tienen numerosos achaques y
enfermedades crónicas que han de ser tratadas con medicamentos por lo tanto el
obligarles a pagar ocho o dieciocho Euros (Euros 8.- ó 18.-) al mes en concepto
de copago farmacéutico, equivale a rebajarles la pensión 96.- ó 216.- Euros al
año (o incluso el doble si son un matrimonio jubilado que tiene una sola
pensión de jubilación). Pues bien, de todas las medidas al respecto del copago
farmacéutico que el gobierno podía tomar ¿Por qué no tomo la de rebajar
directamente las pensiones de jubilación en 96 ó 216 Euros al año (o el doble
si es un matrimonio que disfruta de una sola pensión)?.
La respuesta a esta pregunta es
doble. En primer lugar, el gobierno no quiso adoptar tan injusta pero también
sincera medida porque se pondría de manifiesto nítidamente que lo que se estaba
produciendo era una rebaja o disminución de las pensiones de jubilación y en
segundo lugar porque al hacer el copago farmacéutico de esta forma el estado se
asegura un mayor porcentaje de financiación del gasto farmacéutico por los
ciudadanos particulares.
Esto resulta en primer lugar, porque
el jubilado que va a la farmacia a adquirir los medicamentos recetados para sus
dolencias, generalmente crónicas, tiene que pagar el porcentaje legalmente
establecido que es el de un diez por ciento y si el medicamento es caro,
entendiéndose por tal y solo a modo de ejemplo el que supere los cien euros,
tendrá que abonar por él diez Euros. Como es previsible que el paciente acuda
tres o cuatro veces al mes a la farmacia a adquirir dicho medicamento, resulta
que el jubilado tendrá que ADELANTAR a sanidad, treinta o cuarenta euros al mes
de los cuales tendrá derecho a que le reintegren (sin intereses y seguramente
tarde) veintidós o treinta y dos euros al mes. Así pues, es posible que el jubilado
vea como su pensión mensual ha disminuido realmente en treinta o cuarenta
euros. Ahora, imaginemos, y es muy posible que así ocurra, que el jubilado no
necesite solo un medicamento sino varios y que alguno de ellos ronde o supere
los cuatrocientos euros ¿En cuanto se verá mensualmente reducida de forma
práctica la pensión de jubilación?. En este sentido es de indicar que, aunque
la cantidad que supere los ocho o dieciocho euros al mes, sea devuelta, el
hecho de que el pensionista tenga que adelantarla afecta grave e
irreversiblemente a su capacidad adquisitiva y calidad de vida, y todo ello sin
entrar a considerar la subida generalizada de precios que va a provocar la próxima
subida del Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.).
Por otro lado, tenemos el caso
contrario. El jubilado que, afortunadamente para él, requiera de poca
medicación o que esta no sea muy cara es posible que su gasto farmacéutico no
supere los veinte euros al mes de los cuales tendría derecho a que le
reintegraran doce (si el límite establecido para él es de ocho Euros) o dos
Euros (si el límite es de dieciocho Euros) por lo que considerando que para
reclamar el reintegro el jubilado debe llevar una contabilidad exhaustiva de su
gasto sanitario con un archivo ordenado de las facturas o ticket de compra, lo
más probable es que renuncie a solicitar el reintegro al considerar que son
mayores los problemas que genera la solicitud de devolución que los beneficios
materiales que le va a proporcionar el recibir las cantidades a cuyo reintegro
tiene derecho (salvo, claro está, que el gobierno pretenda con esta medida
dinamizar la economía insinuando a cada pensionista que contrate un gestor que
le lleve esta contabilidad como si fuera una empresa).
A todas estas consideraciones
tenemos que añadir una más que es que el copago farmacéutico de los
pensionistas afecta a cada titular de la tarjeta sanitaria por lo que, considerando
que estadísticamente, en la mayoría de los matrimonios de pensionistas solo
existe una pensión de jubilación, resulta que las cantidades de obligado pago
(8.- ó 18.- Euros) se duplican con lo que la cuantía de renta disponible para
los matrimonios pensionistas se reduce aún más.
En definitiva, el copago
farmacéutico impuesto por el gobierno a los pensionistas españoles implica el
mayor atentado contra la salud, bienestar y calidad de vida de nuestros mayores
que jamás haya perpetrado estado alguno viéndose agravada esta medida por la
maldad de la misma que queda demostrada por el adorno de los calificativos de
necesaria y poco onerosa con la que se ha implantado.
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