Es lógico, muy lógico, que los medios
de comunicación y tertulias televisivas no hablen de una "Contraofensiva
Constitucionalista" y se limiten a difundir las medidas que el gobierno y
los jueces están imponiendo porque crear una expresión tal como "Ofensiva
Secesionista" o "Contraofensiva Constitucionalista" implica
abrir un amplio debate abierto a tesis, antítesis, síntesis, críticas y
posicionamientos a favor o en contra de las decisiones del gobierno y de las
medias judiciales adoptadas que, hoy, no toca abrir porque lo que hoy toca es que
todos estemos con el gobierno, con la judicatura y con la Guardia Civil.
¿Todos?, pues mire usted.... todos,
todos no y desde luego este blog no puede cerrar filas con actuaciones
circenses que se revisten con el carácter de grandes políticas de estado.
Que el Tribunal Constitucional haya
declarado inconstitucionales y suspendido la Ley de Referéndum y la llamada Ley
de Transitoriedad aprobada por el Parlament de Cataluña puede ser una medida
que podrá gustar o no, ser efectiva o no, pero que resulta lógica, previsible y
coherente con la propia institución que, cual oráculo de Delfos, tiene el
monopolio de la interpretación del sagrado texto constitucional. No obstante
hay otras medidas que se han tomado que resultan de dudosa legalidad constitucional
y que pueden llevar, o están llevando, a ciertas instituciones a hacer el más
absoluto ridículo.
En primer lugar nos encontramos con
el hecho de que la Guardia Civil haya sometido, durante varios días, a
vigilancia estática y visible a la imprenta Indugraf de la localidad
tarraconense de Constantí para terminar entrando en la misma con el fin de hacer
un registro a causa de sospecharse de que en dicha empresa de artes gráficas se
estaban imprimiendo las papeletas que se utilizarán en el referéndum del día 1
de Octubre, cosa ésta que, al igual que lo que paso con las armas de
destrucción masiva de Sadam Hussein, no se verificó. Ahora bien, lo
verdaderamente relevante de esto no es siquiera que un estado que hace menos de
un mes ha sufrido un grave ataque terrorista dedique efectivos policiales a
perseguir unas papeletas, sino que tal
hecho puede suponer una vulneración del derecho a la libertad de prensa y
expresión previsto en el artículo 20 de la misma Constitución que se dice
defender porque, aun habiendo sido declarado ilegal el referéndum, no existirá
delito alguno hasta el momento justo en que ese referéndum se realizase y, por tanto, las papeletas solo serían
presuntamente delictivas si las mismas estuvieran a disposición de los votantes
en los lugares designados para la votación. Por otro lado, la imagen difundida
por televisión de la Guardia Civil vigilando la imprenta y finalmente entrando
en ella, para encima no encontrar nada, dejan en muy mala situación al
"Benemérito Cuerpo" al reducirlo a protagonista de una especie de comedia
bufa de muy mala calidad donde la gracia se encuentra solamente en la falta de
previsión de aquel, que ordenando la vigilancia, no consideró la posibilidad de
que las papeletas pudieran imprimirse en otro sitio e incluso fuera del
territorio nacional.
Otra
medida dudosa que roza la vulneración de derechos fundamentales proclamados por
la Constitución que ahora se pretende defender y que no deja de estar exenta de
cierta comicidad ha sido la prohibición
por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Madrid de un acto convocados
por el colectivo "Madrileños por el derecho a decidir" y que se iba a
celebrar en un espacio cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid que
preside doña Manuela Carmena. La prohibición judicial, que tiene forma de Auto,
dice que "los actos de apoyo al referéndum no pueden estar amparados por
el Ayuntamiento", ahora bien, tal argumento podría ser válido si el
espacio cedido por el Consistorio madrileño fuera el Salón de Plenos o el
vestíbulo del Palacio de Telecomunicaciones (actual sede del Ayuntamiento de
Madrid), pero el espacio en cuestión no era otro que la Nave de Terneras del
antiguo Matadero que hoy es un centro cultural con numerosas salas de
exposiciones y de conferencias. Es de suponer que este colectivo solicitó del
ayuntamiento el espacio que más y mejor le convenía como hubieran podido
solicitar la sala de conferencias de cualquier centro cultural de entre los
muchos que hay por la Villa de Madrid por lo que la intervención del Ayuntamiento
de Madrid en este asunto no va más allá que la de permitir y autorizar un acto
público en un centro cultural público y municipal. Siendo de recordar que lo
prohibido por el Tribunal Constitucional es la celebración del referéndum, no
existe falta alguna en que alguien desee exponer públicamente sus argumentos a
favor o en contra del mismo y, a nuestro modo de ver, el argumento esgrimido
por la Justicia para prohibir la cesión de este espacio público municipal a los
convocantes del acto son de tal brillantez que su validez universal (y de ahí
su comicidad) puede hacer que sirva también para prohibir a la Empresa
Municipal de Transporte (EMT) que transporte a los participantes de cualquier
acto donde se hable del referéndum.
A pesar de que resulta muy difícil
que un estado y sus instituciones delincan ya que el estado hace una ley hoy
que mañana puede cambiar haciendo otra de signo contrario convirtiendo lo que era lícito ayer en delito
hoy (y viceversa), la adopción de estas medidas además de rozar la legalidad
constitucional y, desde luego, incurrir en la más pura estupidez e
inmoralidad política solo muestran la
cómica desesperación de un estado y de unas instituciones que, ante una
situación de crisis y con la mera intención de justificar su partida en el
presupuesto público, está improvisando y en la improvisación se ha olvidado de
declarar el Estado de Excepción o Sitio que son los instrumentos legales que la
Constitución de 1978, cuya defensa a ultranza se pretende, prevé para poder
ordenar la suspensión de los derechos de libertad de prensa, reunión,
manifestación y expresión y sin cuya declaración previa toda orden que sea
emitida en ese sentido resulta ilegal y en ilegalidad incurrirá cualquiera que
la cumpla.
Aunque claro... como lo que en
verdad está en juego en toda esta crisis es la continuación en la cobranza de
emolumentos por parte de una casta política e institucional, que son los
verdaderos responsables de esta grave crisis política que padecemos, ya se puede llegar a estar en un Estado de
Excepción o Sitio encubierto y no declarado que ya se encargaran de argumentar
y justificar para convencernos de lo
contrario.
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