¿EL ASUNTO DELCY RODRIGUEZ?

 El aterrizaje de la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, el pasado 19 de enero, está suponiendo para el gobierno presidido por Pedro Sánchez un escándalo político al tener esta ilustre señora prohibida su entrada en territorio Schengen y al haberse entrevistado supuestamente con el Ministro de Transportes, señor José Luis Ávalos, en dependencias del aeropuerto.  No obstante tal escándalo nos sirve para recordar y reflexionar sobre otro mucho mayor al ser a escala internacional y estar auspiciado por Estados Unidos, imitado por la Unión Europea y servilmente obedecido por una España que cada vez es menos una, más ente absurdo y acomplejado y más marioneta en la cuerda de unas potencias europeas que se pitorrean de ella. Este escándalo internacional al que nos referimos no es otro que el protagonizado por Juan Guaidó Márquez.

            Juan Guaidó Márquez es un político venezolano que en enero de 2019 fue elegido  Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo desde el cual declaró ilegítimo al dirigente venezolano Nicolás Maduro y proclamó a la Asamblea Nacional Venezolana como único poder legítimo del país, lo cual le llevó a ser detenido y posteriormente puesto en libertad por la policía de Venezuela. Desde ese momento la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, España, ya entonces gobernada por Pedro Sánchez, reconocieron a Juan Guaidó Márquez como único representante legítimo de Venezuela y como "Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela". Hasta aquí todo aparentemente normal: un dirigente político se enfrenta al poder constituido, le anatemiza afirmando que carece de legitimidad y obtiene un relevante apoyo internacional. Ahora bien, el tiempo pasa y el "depuesto" presidente Nicolás Maduro sigue ejerciendo su cargo, sigue controlando la economía y las instituciones del país (judicatura, policía, ejército, etc...), sigue gozando de no poco predicamento entre el pueblo venezolano y, curiosamente, sigue teniendo acreditadas las embajadas de los estados que dicen haber reconocido a Juan Guaidó. Así pues ¿Qué significa Juan Guaidó y su "Presidencia encargada"?.

            Juan Guaidó Márquez, es una anomalía jurídica, un personaje típico del realismo mágico de la literatura hispanoamericana y, por tanto, un absurdo político sin precedentes en la Historia Universal. Para empezar, la denominación de su cargo suena raro y extraño: "Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela"; acaso un revolucionario, un rebelde o un luchador por la libertad ¿No se hubiera denominado más apropiadamente Presidente Provisional de la República?, pero denominaciones a parte pasemos a analizar en qué consiste el absurdo en el que están incurriendo Juan Guaidó y aquellos estados que dicen reconocerle como único legítimo representante de Venezuela.

 Juan Guaidó Márquez, como "Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela" o como Presidente Provisional de la República, no controla el más mínimo territorio venezolano en el que asentar su gobierno provisional o encargado, no tiene el más mínimo control sobre ninguna de las instituciones venezolanas pues el ejército, la policía, la judicatura etc.. parecen permanecer fieles a Nicolás Maduro y por si todo esto fuera poco, los estados que dicen reconocerle mantienen sus representaciones diplomáticas en Caracas ante el Gobierno de Maduro, siguen comerciando con él y siguen dando por buenos los pasaportes y demás documentos que expide el gobierno al que dicen no reconocer (¡Curiosa forma de reconocer a Guaidó e ignorar a Maduro!).

            Se podrá argumentar que en la Historia existen ejemplos de mandatarios que careciendo de poder real e incluso sin controlar ninguna parte de territorio dirigieron grandes movimientos de liberación y los hicieron triunfar.  Se podrá mencionar a Benito Juárez o a Charles De Gaulle, pero lo cierto es que cualquier comparación de Juan Guaidó con tales personajes históricos es pura ficción cuando no una burda farsa porque Benito Juárez, aun siento Presidente nómada de México, disponía de un ejército y de un pequeño territorio en el que radicaba la Presidencia de la República Mexicana y desde el que emitía  órdenes y Charles De Gaulle a pesar de no estar asentado en ninguna parte del territorio francés en 1940 al menos disponía de una fracción, aunque minúscula, de las Fuerzas Armadas Francesas que se dieron el nombre de Fuerzas de la Francia Libre (FFL) constituyendo ambos líderes gobiernos que contaban a su alrededor con representantes oficiales u oficiosos de las potencias que les habían reconocido; por el contrario, el poder de Juan Guaidó no se asienta en más territorio que en los metros cuadrados que tenga su vivienda careciendo de autoridad hasta el extremo de que si tuviera que requerir la presencia de algún policía para retirar un vehículo aparcado en el vado de su casa tendría que acudir a los agentes de la autoridad del gobierno de Nicolás Maduro.

            Juan Guaidó y su "Presidencia Encargada" no son más que una pura ficción política que se encuentra entre lo cómico y lo patético; no puede ser considerado una realidad política al no contar ni con la más mínima infraestructura gubernamental en el interior de Venezuela ni con el más mínimo apoyo real de las potencias que dicen reconocerlo ya que tal reconocimiento debería conllevar, en puridad lógica y como mínimo, la retirada de embajadores de Caracas, la negativa a comerciar con el gobierno de Maduro y el no reconocimiento de los documentos que este pudiera expedir. Lo que no sea eso es, simple y llanamente, seguir reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro lanzando a escena a un "payaso triste" para el entretenimiento del personal.

ACTO CONSTITUYENTE Y PROCESO CONSTITUYENTE

 Que el régimen político nacido de la llamada "Transición" y de la Constitución de 1978 no está pasando por uno de sus mejores momentos, si es que alguna vez tuvo alguno, no es un secreto para nadie sino, más bien, una clara evidencia para todos. Esto ha hecho que no pocos miembros de la casta política española se hayan apuntado a aquella idea abstracta de una "Segunda Transición" que apuntó,  a mediados de los años noventa del pasado siglo, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.  La falta de definición de lo que es o la ausencia de concreción de en lo que consiste esa "Segunda Transición" nos permite especular sobre el que será y nos lleva a reflexionar sobre hechos de nuestra historia política reciente que nos hacen concluir que el marco jurídico español ha estado en constante e interrumpida transición desde 1939.

            Si bien se analiza, el Régimen Franquista totalmente triunfante el 1 de abril de 1939 y del que emana el actual régimen político que padecemos, pasó por distintas etapas no pudiéndose decir seriamente que aquel régimen de 1939 fuera exactamente el mismo que supuestamente se extinguió en 1976. Estas transformaciones que bien pudieran llamarse "transiciones" permitieron a Francisco Franco permanecer en el poder hasta su muerte y a su régimen perpetuarse hasta la actualidad porque de hecho, y por mucho que se pretenda lo contrario, la "Ley para la Reforma Política" de 1976, de la que dimana la Constitución de 1978,  no deja de ser una de las "Leyes Fundamentales" del Estado Franquista por lo que en puridad lógica la Constitución de 1978 dimanante de tal "Ley Fundamental" es otra, y hasta el momento, la última de las "Leyes Fundamentales".

            Atendiendo a las circunstancias sociales del interior y a las circunstancias políticas del exterior, el Régimen Franquista se fue transformando periódicamente con la exclusiva intención de perpetuarse mediante sucesivas "Leyes Fundamentales" que actuaban como verdaderos "Actos Constituyentes". Así, la ley Fundamental, fundadora del Régimen Franquista fue el "Fuero del Trabajo" de 1938 que constituía un estado totalitario acorde con los fascismos triunfantes en aquellos momentos en Europa mientras que las "Leyes Fundamentales" posteriores (1) fueron transformando dicha tendencia inicial hacia posiciones más homologables a lo existente en nuestro entorno europeo occidental de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Las "Leyes Fundamentales del Reino" fueron sucesivas transiciones del Régimen Franquista y, aunque unas más que otras, verdaderos  "Actos Constituyentes" porque cada una de ellas, sin romper ni derogar la anterior, marcaban un cambio de tomo y de expresión del franquismo.

 Ahora bien, y he aquí el engaño: un "Acto Constituyente" puede suponer la culminación de una transición, pero no es un "Proceso Constituyente" del cual se diferencia radicalmente. El "Acto Constituyente" es un acto de estado, dimana de la autoridad del estado y de sus máximas instituciones quienes, sin debate alguno, acuerdan modificar las reglas constitucionales por el exclusivo interés de las propias instituciones del estado excluyendo al pueblo de cualquier participación en los debates decisivos; como acto de estado, el "Acto Constituyente" es otorgado al pueblo o, en el mejor de los casos, simplemente presentado para su refrendo mediante un referéndum. Por su parte, un "Proceso Constituyente" es una demanda social que emana del pueblo mismo convirtiéndose en una necesidad política y en el que el único papel que debe asumir el estado y sus instituciones es el de garantizar la seguridad del proceso y poner  a disposición del mismo todos los medios apropiados para culminarlo con éxito. Un "Proceso Constituyente" es siempre un proceso muy largo, con avances y retrocesos, en el que se discute todo, sin limitación alguna y cuyo fruto último tiene una finalidad de conservación que tiende a la eternidad al prever incluso su modificación por causas que, discutidas durante el mismo proceso, no llegaron, por los motivos que fueran, a materializarse en el texto legal resultante.

            Mientras un "Proceso Constituyente" crea un estado nuevo con deseos de perpetuarse, un "Acto Constituyente" mantiene el estado de cosas imperantes aparentando cambiarlo todo, debiendo recurrir periódicamente a nuevos "Actos Constituyentes" que mantengan el Status Quo. Por eso, cuando desde los actuales medios de comunicación y desde no pocos ámbitos de la política se habla de la famosa "Segunda Transición" se ha de estar atentos para que no se repita lo acaecido en 1976 y, que mediante un "Acto Constituyente", se hurte al pueblo español su deseo de un "Proceso Constituyente" y con ello, la posibilidad de crear una verdadera democracia que, lejos de confundirse con el parlamentarismo liberal, no es otra cosa que la participación del pueblo en el estado de forma continua y sostenida.

(1) Las Leyes Fundamentales del Régimen Franquista llamadas "Leyes Fundamentales del Reino" fueron: El Fuero del Trabajo (1938) , Ley Constitutiva de las Cortes (1942), Fuero de los Españoles y Ley de Referéndum Nacional (ambas de1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), Ley Orgánica del Estado (1966) y Ley para la Reforma Política (1976). En puridad lógica, considerando que la actual Constitución de 1978 dimana de la Ley para la Reforma política de 1976, se debería considerar también a la vigente constitución como una Ley Fundamental del Régimen de Franco.

COMUNICADO DE DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA CON MOTIVO DE LA FORMACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

 

Queridos Carlistas,

Ante el nuevo Gobierno de coalición recientemente formado en nuestro país, quiero dirigirme de nuevo a vosotros y a todos los españoles, para compartiros mis reflexiones en torno a la situación política que se ha vivido y que se está viviendo en estos momentos, sin olvidar que en un mundo globalizado como en el que vivimos, no se puede hacer política única y exclusivamente centrados en los asuntos internos. 

La sociedad española abarca mucho más de lo estrictamente peninsular, sino que se extiende a Europa y a los países hermanos iberoamericanos. Una vez que ya tenemos gobierno, se debe retomar el mandato europeísta.  Junto con Portugal como ya decían mis mayores y tomando como referencia a expertos analistas, se percibe cada vez más como posible, formar una gran alianza en una apuesta común, Europa, en favor de la plena continuidad y desarrollo de la Unión y en estos momentos de dudas y disidencias de varios países, convertirnos en un tercer pilar que con Alemania y Francia, podamos avanzar en la tarea y hacer frente, reafirmando el desarrollo global, a fenómenos como el Brexit, la inconsistencia actual de Italia y al cada vez más presente distanciamiento de los países de la llamada “Europa Oriental” respecto del concepto y espíritu de la Unión Europea.

Por ello, los actores políticos tienen la obligación de ejercer una verdadera amplitud de miras. 

Tal y como dejé públicamente dicho en mi comunicado del año 2016 sobre las elecciones generales, “el Estado no es un fin en sí mismo, ni una empresa mercantil donde lo único importante es el balance económico. El Estado solo se justifica si sirve al bien común mediante un correcto ejercicio de la justicia distributiva. Sus poderes deben estar limitados no solo por un adecuado marco jurídico, sino también por los distintos cuerpos sociales que articulan la sociedad civil. El Carlismo ha planteado siempre esta necesidad de potenciar la sociedad, porque de ella sale el impulso colectivo como punto de partida de cualquier solución política”.  Traigo a colación estas palabras porque en las sesiones de investidura celebradas durante la primera semana de enero, se han escuchado voces en las Cortes Generales que poco, por no decir nada, se ajustan a una vocación de servicio a la sociedad, de servicio al bien común. 

El discurso planteado por los diversos actores políticos con representación parlamentaria, abandona el diálogo para crear un relato populista e identitario que arrincona los retos a los que España debe hacer frente en el corto y medio plazo.

Nuestro país afronta este nuevo año con un gobierno de coalición, primero de su historia democrática, por lo tanto frágil en cuanto a su novedad dentro del llamado “régimen del 78”, pero que pone fin a la incertidumbre que se vivía de no contar con un gobierno al frente de nuestro país, situación que ha provocado una desaceleración económica y una polarización extrema de la opinión pública. 

Ante un escenario internacional inestable como el presente, en el que de nuevo se atisban conflictos en Oriente Próximo, los representantes elegidos democráticamente tienen la obligación de trabajar por el bien común haciendo uso del diálogo, con el objetivo de volver a ilusionar al pueblo español en una tarea colectiva, es decir, deben escuchar a la sociedad y no convertirse en un dique de contención de intereses partidistas.

Este nuevo Gobierno de España ha prometido diálogo con la Generalitat de Catalunya. Para nosotros, los carlistas, este diálogo con todos los pueblos de las Españas es indispensable, eso sí, sin exclusiones ni sectarismos de ninguna naturaleza. Las Españas, desde su pluralidad, deben dialogar y desde el respeto mutuo, pactar. La vida de los pueblos se cimienta en el pacto y, frente al anhelo legítimo de los mismos no podemos caer en la politización de la justicia ni en la judicialización de la política. 

Finalmente, es positivo y por ello lo remarco, la apuesta decisiva que se hace en este nuevo gobierno por hacer frente a dos problemáticas que nos afectan de lleno como sociedad europea que somos, uno de ellos el reto ecológico y no muy separado de este, el reto demográfico que presentan muchos territorios de nuestras Españas. 

Tengo la certeza de que todos los españoles sabremos reconstruir las bases de una convivencia respetuosa y serena, marginando toda actitud populista que intente impedir que nuestro país afronte la ilusionante tarea, que en estos momentos puede parecer vertiginosa, de construir unas Españas plurales, sociales y al mismo tiempo enfocadas al papel global que la historia y la realidad presente obliga.

Tened plena confianza en que tanto mi familia como yo mismo, estamos y estaremos al servicio de los españoles, vocación de servicio que viene refrendada por la legitimidad histórica y democrática del Carlismo desde hace más de 185 años. 

En La Haya, a 12 de enero de 2020

Carlos Javier de Borbón Parma