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lunes, 1 de agosto de 2016

¿LUCHA CONTRA EL FRAUDE?



No hay campaña electoral ni líder político que concurra a la misma que entre sus soflamas, promesas, programas y demás artificios propagandísticos no mencione reiteradamente una política de "lucha contra el fraude", pero ¿Qué es y en qué consiste el fraude? ¿Quiénes son los defraudadores? ¿Por qué se defrauda?.

            Para empezar, hay distintos tipos de fraude que los líderes de la casta política afirman pretender combatir siendo los más comunes el fraude a la Seguridad Social y el fraude fiscal los cuales están íntimamente relacionados entre sí.

            El fraude a la Seguridad Social consiste en que un empresario o empleador tiene trabajadores que desarrollan su actividad laboral sin ser dados de alta en el Régimen Común de la Seguridad Social, por lo que ni se cotiza por ellos ni se les practican en sus salarios las correspondientes retenciones para el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, con lo que, a su vez, también se convierte en un fraude fiscal. El origen del fraude a la Seguridad Social, se encuentra principalmente en la llamada "Economía Sumergida" que consiste en que un empresario desarrolla una actividad económica como autónomo o profesional, con  trabajadores a su cargo o sin ellos, sin declararla y sin darla de alta en Hacienda por lo que no puede emitir facturas con el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido, ni emitir recibos de percepción de salario (nóminas) con las correspondientes retenciones para el IRPF y la Seguridad Social por lo que los trabajadores, en caso de tenerlos, no adquieren derechos sociales cara a su futura jubilación.  La "Economía Sumergida" puede ser total o parcial; es total si el empresario realiza toda su actividad sin declararla a hacienda o parcial si, estando dado de alta en hacienda y en la Seguridad Social, realiza una parte de su actividad en "negro", esto es, ocultando una parte de sus actividades y los ingresos que de ella dimanan. Evidentemente en "la economía sumergida" ni el empresario ni el trabajador declaran ningún ingreso de los que perciben por  la actividad no declarada que realizan por lo que ninguno tributa por ningún concepto.

            Por su parte el fraude fiscal, además de tener su origen fundamentalmente en "la economía sumergida", consiste también en una variedad de actitudes de empresarios y trabajadores que comprenden el no cumplir con sus obligaciones fiscales simplemente no realizando las declaraciones impositivas pertinentes; el ocultar ingresos, el empresario mediante la "facturación en negro" y el trabajador percibiendo cantidades no reflejadas en las nóminas (sobresueldos); o el aplicarse, en los distintos impuestos, deducciones y reducciones no procedentes.

            Ante esto, surgen dos importantes preguntas cuyas respuestas se pretenden obviar al no ser nada fáciles de contestar:  ¿Quiénes son los defraudadores?  y  ¿Por qué se defrauda?.

            Conforme al espíritu y letra de la ley, defraudador es todo aquel que no cumple con plena exactitud sus obligaciones para con la Seguridad  Social o para con Hacienda, pero a pesar de lo que manifiestan los políticos de todo tinte y pelaje sobre que hay que combatir el enorme fraude que cometen los grandes de la economía, parece ser que de manera real y práctica solo se entiende por defraudador a aquel que oculta varios miles de Euros al año con la intención de ahorrarse en ese mismo periodo de tiempo varios cientos de Euros.

            Expliquemos esto.  Como es lógico y natural los que poco o nada tienen no están sujetos a gravamen alguno porque no tienen con qué pagar por lo que no son ni pueden ser defraudadores ya que nada tienen que defraudar. Por su parte las grandes empresas y las grandes fortunas tienen toda una batería de disposiciones legales aprobadas por el Parlamento que les permite crear legalmente infraestructuras (fundaciones, acogimiento a planes de patronazgo, organizaciones filantrópicas diversas...),para pagar menos impuestos y, por  si esto fuera poco, pueden gastar varios cientos de miles de euros, o incluso algunos millones, en constituir, conforme a la legalidad nacional e internacional, enjambres de sociedades con distintas nacionalidades y sedes en estados con nula o baja presión fiscal lo que les permite desarrollar una lucrativa actividad por la que no pagan impuesto alguno en nuestro país y como todo esto lo hacen legalmente, o con toda la apariencia formal de legalidad, pues resulta que tampoco son defraudadores. Así pues, como únicos defraudadores quedan los que hemos mencionado antes: aquellos que teniendo algo pero no lo suficiente para crear infraestructuras que les permitan pagar menos impuestos, ocultan anualmente, de forma burda, varios miles de euros con la intención de ahorrarse ese año varios cientos o, incluso, algún millar de Euros; éstos, que en su inmensa mayoría constituyen la ya muy maltratada clase media, parece ser que son el único objetivo  real al que se reduce todo plan de lucha contra el fraude.

Ahora bien, ¿Por qué se defrauda?. La pregunta no resulta baladí  porque ignorando las causas del fraude difícilmente se puede combatir eficazmente puesto que solo acabando con las causas se acabará con sus consecuencias. A este respecto los dirigentes de la casta política siempre acuden a un argumento que si bien no es de mucho peso sí es muy bien acogido y comprendido por sus votantes: la causa del fraude es la desmedida ambición por enriquecerse.

            No obstante, resulta difícil de creer de forma racional que en aquellos que pretenden ahorrarse uno o dos mil euros al año están poseídos por enormes e irrefrenables deseos de lucrarse. Y es que estas personas acuden a esto que los políticos califican de "fraude", cuando no son más que trapacerías propias de un pícaro barroco, porque necesitan imperiosamente ahorrarse estos cientos de Euros (o, incluso, algún millar) para poder vivir, en definitiva, lo hacen realmente por una cuestión de pura supervivencia basada en el razonamiento de que esos cientos de Euros anuales mucho les alivia a ellos y en poco perjudican a la colectividad sin caer en la cuenta de que al no ser los únicos que cometen esa picardía anualmente, esos cientos de Euros hay que multiplicarlos por los varios millones de personas que hacen lo mismo.

            Así pues, el origen de este fraude o picaresca está en la necesidad de sobrevivir de una inmensa mayoría de la población y en la voracidad recaudadora de un estado que, como el español, gasta mucho y mal a lo que hay que añadir la constante falta de ejemplaridad de los distintos representantes de la casta dirigente y empresarial que con su corrupción generalizada hace tiempo que se han constituido en unos verdaderos corruptores de nuestra sociedad siendo fuente inagotable de malos ejemplos frente a los cuales estos "defraudadores por supervivencia" no son más que unos pésimos aprendices.

            Al fin y al cabo, deduzcamos con un poco con lógica: cuando el país tiene casi cinco millones de parados, los comedores sociales se encuentran atestados de solicitantes de ayudas alimenticias básicas, casi un tercio de la población vive en el umbral de la pobreza, se han recortado derechos y ayudas sociales por doquier ¿Cómo es que no ha habido un estallido social?, pues evidentemente porque, además del apoyo familiar que no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, la inmensa mayoría de la población española vive "trampeando" por pura necesidad de supervivencia y la verdadera lucha contra el fraude no se producirá si no se eliminan los beneficios fiscales y legales a las grandes empresas y se acaba con esa "picaresca" a base de un adelgazamiento, moralización y racionalización del estado que le permita reducir la presión fiscal y gastar inteligentemente sin arrojar el dinero del contribuyente a una hoguera de vanidades.

jueves, 19 de febrero de 2015

PARAÍSOS FISCALES O TERRITORIOS PIRATA



            Como consecuencia de la publicación por un medio digital de parte de la llamada "lista Falciani" se ha vuelto a hablar de los llamados "Paraísos Fiscales" como si fueran unos territorios donde uno puede llevar su dinero y no tributar ni un solo céntimo, pero los "Paraísos Fiscales" entendidos como territorios exentos de toda tributación prácticamente no existen ya que la mera existencia de impuestos indirectos hace que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considere que el territorio en cuestión ya no es un "Paraíso Fiscal".

            Los verdaderos "Paraísos Fiscales" no son aquellos territorios o estados soberanos donde no existen impuestos sino aquellos que poseen una total opacidad en su gestión bancaria, se niegan o entorpecen sistemáticamente el intercambio de información a efectos fiscales con otros países y permiten a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. Estas tres características se justifican y amparan en la existencia de severas leyes que garantizan el "Secreto Bancario" y una rígida protección de datos personales.

            Existe un listado de la OCDE en el que se relacionan los territorios y estados que se consideran "Paraísos Fiscales" aunque, no obstante, países como España y Argentina también tienen su propio listado diferente y/o más amplio al que proporciona la OCDE. ¿A qué es debido esta notable diferencia entre el listado de la OCDE y la de España o Argentina?. La respuesta a esta pregunta no puede ser más simple y se encuentra en los propios estados integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en la realidad de quienes constituyen los "Paraísos Fiscales".

            Los "Paraísos Fiscales" están integrados por dos entidades claramente diferenciadas: la primera sería la formada por estados soberanos, reconocidos internacionalmente y la segunda estaría constituida por territorios ultramarinos pertenecientes o administrados por potencias metropolitanas. En el primer caso (Mónaco, Andorra, Suiza, Granada, Belize, etc...) nos encontramos con estados de muy poca extensión geográfica, la mayoría de los cuales podrían considerarse estados de opereta que son económicamente imposibles por carecer de recursos naturales propios y por poseer escasa capacidad industrial, agrícola o ganadera por lo que basan su economía en la prestación de diversos servicios financieros y bancarios a personas y empresas de todo el mundo constituyendo los mencionados servicios su verdadero Producto Interior Bruto. En el segundo caso nos encontramos ante posesiones territoriales (Gibraltar, Curaçao, Aruba, Isla de Man, Guernesey, Puerto Rico, etc...), de potencias metropolitanas, que son o en su día fueron grandes imperios como la Gran Bretaña, Holanda o los propios Estados Unidos de América, y que de ser estados independientes serían estados económicamente imposibles y a los que la potencia a la que pertenecen les permite tener regímenes fiscales especiales y prestar ciertos servicios financieros y bancarios con el objeto de conseguir que sean económicamente autosuficientes y así no tener que cargar con el enorme coste que, de otra manera, supondría su mantenimiento.
            
Es precisamente el hecho de que la mayoría de los "Paraísos Fiscales" sean territorios pertenecientes a grandes potencias metropolitanas e integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como Gran Bretaña o Estados Unidos, lo que hace que dicha organización solo considere "Paraísos Fiscales" a Nauru y Niue mientras que considera que otros importantes "Paraísos Fiscales" como Gibraltar, la Isla de Man o Puerto Rico están comprometidos con la realización de una mejora en la transparencia e intercambio de información aunque tal mejora jamás termine de materializarse.

            En el supuesto caso de que la Comunidad Internacional desease  acabar verdaderamente con estos "Paraísos Fiscales" nada resultaría más fácil pues bastaría con que las organizaciones internacionales les instasen, no a tener un sistema fiscal concreto, cosa que iría claramente contra todo principio de soberanía e independencia, sino a abandonar el secreto bancario y a colaborar activamente en el intercambio de información con el resto de los países con el apercibimiento de, que de no hacerlo, se les consideraría excluidos del Derecho Internacional y se les podría considerar como "Territorios Pirata" pudiendo ser objeto sus bancos, sus ciudadanos y las empresas en ellos domiciliadas de todo tipo de sanciones, embargos de bienes en el extranjero y "asaltos informáticos" a sus bases de datos. Es decir, darles el mismo tratamiento que en el siglo XIX se daba a los buques declarados "piratas" y utilizando la misma táctica que se usó en la lucha contra la piratería en los siglos XVIII y XIX que se basaba en la idea de que "al corsario se le combate de forma corsaria". Esto, que parece una propuesta muy radical, no debe escandalizar a ningún lector porque ya hace unos años se descubrió que Alemania había pagado más de un millón de Euros a un informático, Lutz Otte, por violar la seguridad informática de los bancos suizos y robar los datos de evasores fiscales alemanes y la actual utilización por el estado español de los datos proporcionados por Falciani, no es más que el aprovechamiento por el mismo de una información conseguida de manera ilícita según la legislación suiza y que, conforme al artículo 197 del vigente Código Penal español, constituye un delito de descubrimiento y revelación de secretos penado hasta con siete años de prisión.

            Para terminar, es de indicar, que a tenor de lo expuesto anteriormente, los "Paraísos Fiscales" existen fundamentalmente porque son tolerados por todo el mundo y porque no existe un verdadero interés en acabar con ellos al resultar en ocasiones muy útiles a no pocos estados y a sus servicios secretos para financiar operaciones políticas y militares encubiertas por lo que en esta materia no es de esperar nada más que, de vez en cuando, salgan algunos escándalos que haga que los dirigentes mundiales y miembros de la casta política se rasguen las vestidura y se mesen los cabellos pero que no tomen jamás medidas realmente eficaces para acabar con ellos.

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