Desde
la semana pasada se vienen sucediendo en nuestras ciudades numerosas
manifestaciones de jubilados que están viendo peligrar sus pensiones a pesar de
los mensajes de tranquilidad que se emiten desde el gobierno asegurando reiteradamente
que las pensiones públicas están garantizadas. Y es que, los jubilados se han
dado cuenta de la trampa que les hizo el gobierno del Partido Popular al establecer,
durante su anterior mandando, que las pensiones subirían siempre y de forma
anual un 0.25 por ciento.
La congelación de las pensiones que
hizo el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero permitió al
Partido Popular utilizar la más básica psicología y sociología de masas para
presentar la subida anual y permanente del 0.25 por ciento como un "éxito"
social ya que frente a la congelación que habían realizado sus antecesores por primera vez, y gracias a Mariano Rajoy,
"se garantizaba por ley que las pensiones subirían siempre".
Al encontrarse en una situación en
que sus pensiones estaba congeladas, es decir no subían nada, los jubilados
acogieron con cierto beneplácito esta subida anual de un cuarto de punto sin
darse cuenta de que iban a ir notando progresivamente como sus pensiones
perdían un enorme poder adquisitivo que se iría agrandando según iban
transcurriendo los años por lo que la "garantizada subida anual del 0.25
por ciento" significaba, material y realmente, un recorte en la cuantía de
las pensiones públicas. Antes de la congelación de las pensiones y del
"éxito" de que las mismas subieran siempre "por ley" un
0.25 por ciento, una pensión media de 900.- Euros mensuales se hubiera incrementado
en cinco años, atendiendo a los Incrementos de Precios al Consumo (IPC), en
unos noventa euros mientras que con el nuevo sistema del 0.25 por ciento, esa
misma pensión y en esos mismos cinco años tan solo se ha visto incrementada en
unos quince euros. En definitiva, mientras el gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero estipuló que las pensiones no subirían dejando abierta la posibilidad
de que, pasado un tiempo más o menos breve, las mismas volvieran a
revalorizarse nuevamente conforme al IPC, el gobierno popular presidido por Mariano
Rajoy ha bajado las pensiones.
Lo que resulta más grave aún que
esta bajada real de las pensiones es la situación general de las mismas porque
se sabe fehacientemente que el fondo de reserva de las pensiones establecido en
el llamado "pacto de Toledo" ha sido utilizado por el gobierno para comprar
deuda pública por lo que dicho fondo, que constituía una verdadera hucha para
urgencias, prácticamente ha desaparecido al destinarse a una finalidad para la
que no se constituyó y generándose una situación tan grave que, incluso, se ha
tenido que recurrir a un préstamo para abonar las pensiones del mes de Enero de
2018.
Evidentemente, el sistema público de
pensiones peligra gracias a la garrafal gestión gubernamental de todo el país y
que repercute en el sistema público de pensiones, pero detrás de esta nefasta
gestión es muy posible que se encuentre un inconfesable interés político por forzar
un cambio en el modelo de financiación de las pensiones, y para ello nada mejor
que ponerlas en peligro para que la gente acepte, como un hecho irremediable,
que hay reformar profunda y substancialmente dicho modelo.
En
este sentido, el Ex-Ministro de Asuntos Exteriores del anterior gobierno del
Partido Popular, José Manuel García -Margallo, actúa como un globo sonda
explicando que las pensiones peligran por una inversión de la pirámide
demográfica, cosa que constituye un verdadero sofisma, es decir una mentira con
apariencia de verdad porque, como ya explicamos en nuestro artículo de enero
del 2011 titulado "El Sofisma de la Reforma de las Pensiones", tal inversión
solo implica un desplazamiento del gasto público en el sentido que supondrá
gastar más en Seguridad Social y menos en otros Ministerios y además resulta
que el aumento de la población activa no implica un incremento de cotizantes por
el alto porcentaje de paro juvenil y el cada vez mayor retraso de la edad de
incorporación al mundo laboral. Todo esto sirve al señor García-Margallo para
proponer determinadas soluciones que son:
1º. Favorecer la natalidad mejorando
y ampliando las políticas de conciliación familiar y laboral, ignorando el
hecho de que fundamentalmente no se tienen hijos porque con la media salarial
que hay en nuestro país unida a la carestía de los bienes y servicios básicos,
especialmente de la vivienda y la educación, es muy difícil que la gente se
decida a tener hijos aunque se dieran todas las facilidades de conciliación de
la vida familiar y laboral.
2º. Señalar la importancia de la
inmigración, es decir, cubrir los déficit de la pirámide poblacional con importación
de población foránea lo que plantea el mismo problema de que el aumento de la
población activa no implica necesariamente el incremento de cotizantes debido
al alto nivel de desempleo existente en nuestro país y que tiene un carácter
estructural en un muy elevado grado.
3º. Cambiar el modelo del sistema de
pensiones de tal forma que las mismas no se financien con las cotizaciones de
los trabajadores sino con los impuestos. En realidad, de todo el discurso que
sostiene el señor García-Margallo en esta materia, esto es lo único que
verdaderamente quiere decir: que hay que cambiar el modelo del sistema público
de pensiones para que se financien de otra manera. Ahora bien, esta propuesta
presenta una muy sutil trampa porque si las pensiones se financian con los
impuestos, además de que el estado conservará la potestad para fijar la edad de
jubilación, la cuantía de la pensión resultante de este nuevo modelo será
lineal, es decir, igual para todos y el que esto escribe tiene motivos para
sospechar que dicha cuantía no va a ser de mil quinientos euros mensuales para
cada uno sino notablemente más baja. Es de suponer que, de este modo, el estado
garantizará a todos los ciudadanos el derecho a cobrar una pensión pública a
partir de cierta edad pero que la cuantía de dicha pensión será mínima por lo
que luego empezará a vender la idea de que dicha cantidad deberá ser
complementada con alguna suscripción de planes de pensiones u otros productos
financieros que garanticen al ciudadano, a partir de cierta edad, unos ingresos
mensuales suficientes para su subsistencia.
En definitiva, una vez más la casta
política española juega al trile con los ciudadanos intentando vender, bajo la
máscara de las garantías y de derechos universales, aparentes soluciones que no
son más que burdos maquillajes con los que tratan de engañarnos demostrando el
más grosero desprecio por nuestra inteligencia.
