DESVERGÜENZA

 Nadie lo dice porque tal vez nadie lo ve o porque nadie lo quiere ver o, simplemente, porque a todos les da igual lo que pase, pero el reciente panorama político español se encuentra plagado de desvergüenza.

            Resulta evidente que estos últimos treinta días han sido aciagos  para el Gobierno y para el Partido que lo sustenta, el Partido Popular. En  estos últimos treinta días ha tenido que dimitir la Presidenta de la Comunidad de Madrid por haber mentido sobre su currículum académico y por haber sido descubierta mientras hurtaba en una tienda; Eduardo Zaplana, ex-presidente de la Comunidad Valenciana, la que fuera la "Comunidad Piloto" del Partido Popular, ha sido detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales y, por si todo esto fuera poco, se ha publicado la sentencia de la pieza principal de la denominada "Trama Gürtel" que ha condenado al propio Partido Popular como partícipe a título lucrativo, valorándose en dicha sentencia que el testimonio prestado ante el Tribunal, el 26 de Julio del pasado año, por el Presidente del Gobierno y del propio Partido Popular, Mariano Rajoy Brey, era poco digno de crédito.

            Después de más de un año de sesiones de juicio en la llamada "Trama Gürtel" y de más de un centenar de testimonios prestados durante las mismas, había que estar muy desinformado o ser muy ingenuo para no sospechar que la sentencia iba a imponer penas muy duras a los principales acusados y que iba a condenar a los "partícipes a título lucrativo", entre ellos al Partido Popular. Así pues y a pesar de lo que nos pretenden contar y hacer creer, en materia de corrupción política, la sentencia de la "Trama Gürtel" no significa un antes y un después sino, todo lo más, un punto y seguido.

            Tras las últimas elecciones generales de Junio de 2016, el Partido Popular, que las gano sin alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en solitario, acumulaba tantos casos y tantas sospechas de corrupción que si lo que de verdad se deseaba era intentar una regeneración de la política española no había que haber favorecido la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno cosa que, por activa o por pasiva, consintieron "Ciudadanos" y Coalición Canaria dando su apoyo expreso y el PSOE absteniéndose. No obstante, de aquella investidura del 31 de agosto de 2016 han transcurrido casi dos años en el que el Partido Popular no ha dejado de contar de apoyos parlamentarios para sacar adelante determinadas leyes, aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y, fundamentalmente, sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, estos últimos, sin ir más lejos, la semana pasada con el apoyo de "Ciudadanos", Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ello a pesar de la especial cruzada que parece sostener "Ciudadanos" contra el cupo vasco y el Concierto Económico Navarro y que afecta directamente a dos "aliados" en la aprobación de los presupuestos como son el PNV y Unión del Pueblo Navarro.

            Ahora, la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre la llamada "Trama Gürtel" sirve de justificación para que el PSOE presente una moción de censura que pone o va a poner de manifiesto la desvergüenza de los distintos partidos y de sus líderes, integrantes todos ellos de la casta política, parasitaria del erario público y destructora del país.

 Hoy, las circunstancias sobre la corrupción del Partido Popular son las mismas que en agosto de 2016, cuando el PSOE facilitó la investidura de Mariano Rajoy mediante su abstención y resulta muy poco serio que el PSOE plantee una moción de censura después de haberle facilitado la formación de gobierno y que encima la excusa de la presentación de dicha moción de censura sea la sentencia de la "Trama Gürtel" cuando el 31 agosto de 2016 ya se había publicado por todos los medios de comunicación que dicha trama comenzaría a juzgarse en la Audiencia Nacional  un mes más tarde, el 4 de Octubre de ese mismo año.

            Que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se sume a la moción de censura propuesta por el PSOE menos de una semana después de haber dado su apoyo expreso a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a pesar de su supuesta oposición a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y cuando la no aprobación de dichos presupuestos hubiera obligado al gobierno a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales no deja de hacer dudar de sus verdaderas intenciones y motivaciones.

            Que el PSOE, después apoyar al gobierno del Partido Popular para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, negocie o esté dispuesto a negociar con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y PdCAT su apoyo a la moción y que estos estén dispuestos a sumarse a dicha moción al lado de "Ciudadanos", resulta de una desfachatez descarada al igual que resulta una descarada desfachatez que "Ciudadanos" esté dispuesto a votar a favor de dicha moción conjuntamente con PODEMOS, PNV, ERC y PdCAT, formaciones políticas éstas a las que desprecia y cuestiona hasta el extremo de ser una seria amenaza para el mantenimiento del Cupo Vasco y del Concierto Económico Navarro.

            La sentencia de la "Trama Gürtel" ha servido para que los pequeños se movilicen en una maniobra que; pretendiendo  "mover la silla" al Partido Popular y al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solo busca conseguir un lugar mejor bajo el sol y un mejor posicionamiento para sus intereses particulares en una reformulación del antiguo "quítate tu para ponerme yo", en ningún caso para cambiar nada. Ahora el Partido Popular es corrupto, cuando se le investía hace casi dos años no lo era, tampoco lo era cuando hace un mes le salpicaba el escándalo de Cristina Cifuentes y menos aún lo era la semana pasada cuando, apoyado por ciertos grupos políticos, lograba aprobar los presupuestos generales.

            La moción de censura ha revolucionado la cerrada colmena parlamentaria en lo que solo se puede calificar de carrusel de la desvergüenza, en la que cada uno busca su propio interés y ninguno el del conjunto del país.

            Por su parte, Mariano Rajoy Brey, muestra su falta de vergüenza al no haber convocado elecciones generales o dimitido en las veinticuatro horas siguientes a la sentencia de la "Trama Gürtel" porque parece ser que no se ha dado cuenta que al haber quedado como testigo sin credibilidad, no solo carece de credibilidad para el Tribunal ante el cual ha declarado, sino también para todo lo demás, es decir, en base a la fórmula de "quien no puede lo menos no puede lo más", si carece de credibilidad para ser testigo en un proceso judicial aún tiene menos para estar al frente de un gobierno y dirigir sus destinos.

            Este es el panorama en el que se pretende crear la ilusión de la posibilidad de que unos sean mejores que otros, cuando si se rasca un poco se ve que todos son iguales.

LA PRUEBA DE LO EVIDENTE

A mediados del Siglo XIX, Fiodor Dostoyevski afirmó que "el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos"; ya entrados en el Siglo XXI, por su parte, se puede afirmar, tal vez con mayor certeza, que el poder interno de un estado se mide por la seriedad con la que sus tribunales administran justicia, lo cual parece  encajar perfectamente para el caso del Estado Español.

             Esto viene a cuento de lo acaecido el pasado 26 de Julio de 2017 en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) donde ha continuado el enjuiciamiento de la llamada "Trama Gürtel" con la declaración testifical del actual Presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, don Mariano Rajoy Brey, y que tuvo mucho de espectáculo poco serio pero muy revelador de la falsedad e hipocresía que impera en nuestras instituciones.

            El Presidente del Gobierno de España fue propuesto como prueba testifical por una de las acusaciones particulares que ejercen la acusación popular en el procedimiento. En un principio, la práctica de dicha prueba no fue admitida dejando la sala, para más adelante, la posibilidad de admitirla cosa que ocurrió después de que uno de los magistrados que la integran cambiase de opinión ante la negativa a declarar en el acto del Juicio Oral del representante legal y apoderado del Partido Popular, partido político que aparece en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal como responsable civil.

            Citado don Mariano Rajoy Brey para comparecer como testigo para el día 26 de Julio de 2017, empezaron los movimientos tendentes a que declarase por escrito o por videoconferencia a todo lo cual se opuso el Tribunal indicando que debería acudir personalmente a la sede judicial. Llegado el día indicado, como no podía ser de otra forma, se produjo un enorme despliegue de seguridad que abarcó un perímetro de varios cientos de metros alrededor de la Sede Judicial y un férreo control de acceso a sus proximidades, lo cual solo se puede considerar normal ante la posibilidad de que se produjera cualquier incidente dada la relevancia del personaje llamado a comparecer.

            Lo que ya no resulta tan normal es el especial tratamiento que el Tribunal ha dispensado al testigo don Mariano Rajoy Brey, que comparecía en calidad de presidente del Partido Popular y no en su calidad de Presidente del Gobierno. A diferencia del común de los testigos, don Mariano Rajoy, no ha declarado en el sitio habitualmente reservado a los mismos sino que se le ha permitido subirse a estrados, lugar legalmente reservado exclusivamente a Abogados, Procuradores y Jueces y Magistrados, situándose a la derecha y al mismo nivel que los Magistrados. Esto que parece baladí no lo es tanto porque el lugar que cada uno ocupa en la sala de un Tribunal esta legal y reglamentariamente establecida; del modo que los jueces y magistrados se situarán en un plano superior a los abogados y fiscales que se encontraran enfrente unos de otros y en el mismo plano como muestra de la igualdad de partes, mientras que los acusados y testigos estarán en un plano inferior al de los abogados y fiscales.

El hecho de que el testigo don Mariano Rajoy Brey haya declarado desde estrados situándose en el mismo plano que los magistrados y a la derecha de los mismos constituye, innegablemente, la concesión injustificada de un privilegio que revela que eso de que "todos somos iguales ante la ley" resulta un mito falso de nuestro, llamado, Estado de Derecho.

            El tribunal ha pretendido justificar tal privilegio ante los letrados, medios de comunicación presentes y público asistente alegando que "la policía de Sala" había aconsejado tal medida por seguridad lo cual, como ahora veremos, no deja de resultar muy difícil de creer. Como hemos dicho, en el polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid), donde se encuentra la Sede de la Audiencia Nacional, se había establecido un perímetro de seguridad bastante amplio alrededor de la misma dentro del cual solo podían acceder, previa identificación ante los Servicios de Seguridad del Palacio de la Moncloa, los profesionales del derecho, los medios de comunicación, los acusados y unos pocos manifestantes perfectamente identificados, acotados y controlados; luego a la Sede Judicial solo podían acceder, nuevamente previa identificación y tras pasar por el arco de seguridad,  los profesionales del derecho, los medios acreditados, los acusados y un restringido público al que se le permitiría acceder a la Sala. Una vez dentro del edificio, a la Sala donde iba a declarar tan mediático testigo, han accedido primero los profesionales del derecho, luego los acusados (solo acudió uno de ellos), tras estos los medios de comunicación acreditados y por último una veintena de personas que constituían el reducido público. Así pues, resulta muy difícil de creer que, en esas circunstancias, la ubicación de don Mariano Rajoy dentro de la Sala de Juicio plantease problema alguno de seguridad, menos aún si se considera que el número de efectivos policiales presentes en la misma, y que generalmente es de dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, se había incrementado notablemente con la presencia de numeroso personal de seguridad de la propia Presidencia del Gobierno.

            Habitualmente, un testigo declara de frente a los Jueces o Magistrados, de espaldas al público y a la puerta de acceso a la sala sentado en una silla y auxiliado por una pequeña mesa,. Este  hecho de estar de espaldas al público tampoco plantea problema alguno si se considera que entre el público y el testigo media un espacio en el que hay al menos dos policías que pueden impedir cualquier agresión al testigo por su espalda pudiéndose incrementar el número de efectivos hasta, incluso, crear un cordón policial en torno suyo. Por su parte, la puerta de acceso tampoco plantea problema porque es seguro que tal puerta, al igual que todos los demás accesos posibles a la sala estarían bloqueados por agentes policiales o de seguridad.

            Por tanto, los motivos de seguridad aducidos para justificar el privilegio del que ha gozado don Mariano Rajoy al sentase en estrados para declarar, resultan, tomando una frase empleada por el propio señor Presidente del Gobierno en su declaración, "un razonamiento poco brillante".

            Curiosamente, la decisión judicial de conceder este injustificado privilegio a un testigo como don Mariano Rajoy ha puesto de nuevo en entredicho a la administración de justicia y su imparcialidad, revelando a todos los ciudadanos que no existe esa pretendida igualdad ante la ley y que nuestro "Estado de Derecho" está plagado de principios rimbombantes vacíos de substancias que en realidad ocultan una sucesión de ideas falsas. Si esa pretendida igualdad ante la ley no se da en las formas que se ven ¿Quien se puede creer que se da en los razonamientos jurídicos que llevan a la toma de decisiones y que permanecen ocultos a la generalidad de los ciudadanos?. Por otra parte, también deja en una extraña posición constitucional a la propia Jefatura del Estado, cuyos titulares, no hace mucho, han tenido a una hija y hermana acusada en un proceso penal y que, a pesar de haber estado desempeñando, durante lustros, funciones protocolarias y representativas del Estado y ser, por ello, un claro objetivo terrorista, no ha gozado del más mínimo privilegio en base a razones de seguridad por lo que lo realizado por la Audiencia Nacional supone, de facto, un destronamiento protocolario y un desplante a la Jefatura del Estado en beneficio de la Presidencia del Gobierno que, en un estado serio, coherente, constituido y estructurado sobre unas sólidas bases jurídicas y sociales, debería acarrear muy serias consecuencias para alguien, pero que al tratarse del circo en el que la clase política ha convertido al Estado Español no tendrá la más mínima consecuencia.