ESTADO DE ALARMA, SEÑAL DE ALERTA

Hasta el momento nadie ha caído en la cuenta de que la declaración del Estado de Alarma decretada por el gobierno socialista ante la incomparecencia en sus puestos de trabajo de los controladores aéreos puede entenderse como una demostración de fuerza tendente a prevenir futuras movilizaciones frente a los radicales recortes socio-económicos que pueden ser aprobados en el futuro.

La pretendida y más que dudosa “modernización” de la administración del estado que se ha venido haciendo en España desde la promulgación de la Constitución de 1978 no solo ha supuesto el incremento desmesurado del número de funcionarios y trabajadores públicos sino también que haya ido apareciendo una categoría privilegiada entre estos que, por los puestos que ocupan o por las funciones que desempeñan, serían capaces de paralizar por completo los servicios imprescindibles para el funcionamiento mínimo del estado llevándolo al colapso.

A los miembros de esta categoría privilegiada de empleados públicos que trabajan, bien en empresas públicas o bien directamente en la administración, se les ha mantenido alejados de acciones reivindicativas y dentro de la “paz social” concediéndoles, por parte de todos los gobiernos que ha habido en España, numerosos beneficios entre los que se encuentra desorbitados emolumentos y jornadas laborales reducidas o ampliamente flexibles.

Cuando empieza a ser evidente que la crisis económica que padecemos hace imposible sostener por más tiempo los privilegios de estos sectores minoritarios de empleados o funcionarios públicos y cuando es previsible que en un futuro no muy lejano se tengan que tomar urgentes y poco o nada populares medidas económicas que impliquen incluso recortes importantes en servicios públicos básicos que afectaran gravemente a la vida de muchos ciudadanos, el gobierno ha querido dar un claro e inequívoco golpe de fuerza preventiva demostrando que no se detendrá ante nada para aplicar y sostener dichas medidas.

Evidentemente, el pasado cinco de Diciembre los controladores aéreos echaron un pulso al gobierno en defensa de los privilegios adquiridos por este colectivo durante décadas llegándose a cerrar totalmente el espacio aéreo español con graves perjuicios a la economía española, pero lo que hay que preguntarse es si tales perjuicios ¿Justifican la declaración del Estado de Alarma con la consecuente suspensión de garantías y derechos constitucionales?.

Hay que recordar que el Estado de Alarma, que es el primero y el “más leve” de los estados de suspensión de garantías constitucionales que prevé la Constitución de 1978 siendo los otros dos el Estado de Excepción y el Estado de Sitio, no fue decretado ni el 11 de Marzo del 2010 cuando los cadáveres inundaban las calles de Madrid tan solo dos días antes de unas elecciones generales ni el 15 de Junio pasado cuando los trabajadores del metro de Madrid provocaron una situación similar a la provocada por los controladores aéreos con la total paralización del servicio de transporte suburbano de la citada capital. Considerando solamente que la situación provocada por los trabajadores del metro madrileño en Junio y la recientemente provocada por los controladores nos ponen ante dos situaciones idénticas con la paralización total e intencionada de un servicio público que presuntamente puede constituir un grave delito de sedición, surge una nueva pregunta ¿Por qué no se acudió a la declaración del Estado de Alarma ante la huelga salvaje de los trabajadores del metro madrileño?.

Así pues, existen muchas preguntas sin contestar y no pudiéndose esgrimir de forma lógica el argumento de garantizar la prestación de un servicio público y de evitar perjuicios para decretar el actual Estado de Alarma hay que buscar otras justificaciones ocultas y todo indica, como hemos dicho antes, que es la de advertir con una demostración de fuerza a quienes puedan promover movilizaciones ante los recortes sociales que se prevén en el futuro además de servir de oportuna pantalla para minimizar el impacto mediático y social que pudiera haber provocado la aprobación en el Consejo de Ministros del día 5 de Diciembre de la supresión, a partir del próximo mes de Febrero, de la “Ayuda Familiar” de 426.- Euros que venían percibiendo los parados de larga duración. Nos tememos que estamos ante una extraña utilización del “Estado de Alarma” que como poco es preocupante si no claramente alarmante y que ha de ponernos muy alerta de lo que se nos puede venir encima.