NARANJAS TRAIGO

"¿A dónde vas? Naranjas traigo". Este tradicional refrán que hace referencia a los fallos en la comunicación de quien padece sordera o de quien no quiere oír es el que mejor define el segundo mensaje navideño de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey emitido por televisión el pasado 24 de Diciembre. Después de que el año pasado Su Excelencia debutase con un mensaje que nodecepcionó porque solo se puede decepcionar al que conserva alguna expectativa, la audición este año del tradicional mensaje navideño ha sido algo así como escuchar música psicodélica después de haber consumido unas pastillas de LSD.

            A los pocos días de la celebración de unas elecciones que han consagrado la inestabilidad política y más que posiblemente una ruptura social, Su Excelencia habla de responsabilidad y de estabilidad a pesar de que los distintos miembros de la casta política han demostrado una irresponsabilidad creciente en proporción geométrica a lo largo de las dos últimas décadas y esto no porque antes no hubiera existido esa irresponsabilidad, que también, sino porque al menos no la hacían tan pública y patente.

            A pocos meses de las elecciones autonómicas catalanas que han manifestado la fractura social existente no solo en el seno de la sociedad catalana sino entre Cataluña y el resto de las Españas, Su excelencia, con toda tranquilidad apela reiterativamente a una "unidad" que no solo contradice la tradición política y la historia de las Españas que siempre ha consistido en fomentar la "unión" heterogénea de sus entidades políticas, sino que además contradice el texto constitucional al apelar a la homogeneidad jacobina que la palabra "unidad" implica cuando el texto constitucional deja muy claro que existen "nacionalidades" diversas.

            Algunos, los menos, y desde hace mucho tiempo habrían deseado escuchar algunas palabras sensatas de quien tiene el papel de "árbitro y moderador de las instituciones españolas", pero los más, somos conscientes de que tal cosa es imposible porque el texto constitucional de 1978, desde que se le puso el punto y final antes de ser sometido a referéndum, no deja de ser un texto confuso, ambiguo e ineficaz en todos los aspectos y que concretamente priva a la Jefatura del Estado de toda prerrogativa para cumplir el papel que se le otorga. De hecho, digámoslo ya, un árbitro de futbol tiene un silbato y dos tarjetas ¿Cuales son las posibilidades reales y legales de que Su Excelencia toque el silbato y saque una tarjeta, que la legalidad no le da, a algún político?. Ninguna. La ausencia actual de cualquier prerrogativa del Jefe del Estado fue una cosa querida y deseada por la propia Jefatura del Estado ya que, hay que recordarlo, antes de la aprobación en referéndum del texto constitucional, ésta tenía todos, absolutamente todos, los poderes al ser sucesora de Francisco Franco y al haber designado directamente a cuarenta y un senador en las Cortes de 1977 que redactaron y aprobaron la Constitución sin que ninguno de ellos incidiera o cuestionara este aspecto.

            La situación política y social de las Españas es la que es, la noche del 24 de Diciembre de 2015 el "Augusto Cero" habló y el pésimo espectáculo español continúa el curso hacia su desenlace.

EL DESEMPLEO EN ESPAÑA NO ES PROBLEMA

En las sociedades esclavistas no existe desempleo

Un titular es una frase breve que tiene por objeto fundamental conseguir la atención del lector y despertar su interés sobre un texto mucho mayor y estoy seguro que con el título que encabeza el presente artículo voy a conseguir ambas cosas aunque solo sea de aquellos a los que escandalice una afirmación tan frívola e inconsciente.

Los datos del paro correspondientes al mes de Junio que se hicieron públicos la semana pasada arrojan la cifra de ciento veintidós mil desempleados menos siendo el quinto mes consecutivo que el paro desciende en nuestro país. ¡¡Cambio de tendencia en el empleo!! Gritan unos, ¡¡La luz al final del túnel!! Vociferan otros; pero en realidad no hay nada de eso porque a pesar de existir en nuestro país casi seis millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre del 2014, ya podemos decir (o deberíamos decir) que en España el desempleo ha dejado de ser un problema. Y es que efectivamente, el desempleo ya es un problema superado, es el problema del año pasado, no de este y por supuesto tampoco es el problema de los lustros, o décadas, que están por venir porque el problema real y cierto empieza a ser otro.

El problema que viene, o mejor dicho, que ya está aquí es que con las nuevas condiciones laborables y sociales que se han impuesto en los últimos tres años desde el gobierno a base de recortes y subida de impuestos es posible llegar a una situación de pleno empleo sin que esta solucione absolutamente nada porque la tendencia real, no la estadística, indica que los salarios son cada vez más bajos y los precios cada vez más altos lo que se traduce en una progresiva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en activo que se materializa en un número creciente de familias españolas a las que no les resulta posible llegar, no ya a finales, sino a mediados de mes.

Los distintos gobiernos que afirman centrar su actividad en la lucha contra el paro y a favor del pleno empleo adolecen de un error de base fundamental que les permanece oculto a sus razonamientos y formas de pensar que consiste en considerar el pleno empleo o a la lucha contra el desempleo como un fin en sí mismo y no como un medio para generar riqueza y combatir la pobreza y la exclusión social. Así pues, de nada sirve crear cientos de miles o millones de puestos de trabajo si el esfuerzo productivo que realiza el trabajador no se traduce en una justa remuneración en dinero y/o en especie y en una estabilidad laboral que le permita llevar una vida digna alejada de las incertidumbres y sobresaltos que provocan esos nuevos templos que se llaman “mercados” donde se practica la nueva religión denominada “economía”.

A pesar de tener empleo, la miseria es el problema del futuro inmediato

De hecho, la profundidad de la crisis que padecemos actualmente se debe en gran medida a que la situación de casi pleno empleo existente en los años 2007 y 2008, desconocía por completo la verdad anteriormente expuesta en el párrafo anterior y mientras la “moderación salarial” de aquellos contratos “mileuristas” no fomentaba el ahorro de los ciudadanos y sí su endeudamiento, la inestabilidad laboral debida a la concatenación de multitud de contratos laborales de carácter temporal hacía más que previsible pequeñas crisis económicas periódicas en el seno familiar al tener que compaginar el trabajador periodos de actividad con periodos de desempleo. Con una situación así, donde se ganaba poco y no se estaba seguro de seguir trabajando al año siguiente el fomentar el consumo y el permitir que se concedieran hipotecas a cuarenta años fue una locura, pero una locura inevitable si consideramos que la gente precisa de vivienda y que los bancos viven de dar préstamos ya que la única posible defensa contra esa situación solo podía haber sido que la gente gastase menos y ahorrara más y los bancos no dieran ningún préstamo por considerar que la situación laboral del solicitante no ofrecía garantía alguna de pago a medio y largo plazo; cosa esta que, por cierto, es lo que viene ocurriendo en la actualidad.

De forma práctica, el salario de un trabajador no está solo integrado por el dinero que percibe del empresario para el que trabaja sino también por las prestaciones sociales, como sanidad, educación, justicia etc… que el estado presta a la colectividad y que financia con los impuestos que pagamos todos. Así pues, si de un salario, ya bajo de por sí, restamos determinadas cantidades destinadas a cubrir necesidades que anteriormente venían cubiertas por las prestaciones sociales a cargo del estado resulta que la renta disponible real se reduce mucho más que lo que indican las estadísticas que solo tienen en cuenta el salario que se percibe y que figura en la nómina encontrándonos con un empobrecimiento progresivo de la población que, a fin de cuentas, es el verdadero problema, y no ya el desempleo, con el que los españoles estamos empezando a enfrentarnos actualmente.

Llegar a una situación de pleno empleo a costa de mantener los salarios bajos (incluso por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional si este se elimina como propone la Fundación FAES que dirige el expresidente y eminente lumbreras con bigote, José María Aznar) en un mercado laboral altamente flexible que favorezca despidos y movilidades geográficas de los trabajadores generará irremediablemente el empobrecimiento generalizado y radical de la población y muy posiblemente la reducción del país a una situación de colonia de diversas corporaciones y multinacionales interesadas en encontrar mano de obra dispuesta a aceptar un salario de pura y simple supervivencia. 

Este es, en definitiva,  el problema actual con cuyo agravamiento y generalización tendremos que enfrentarnos en un futuro no muy lejano: La situación de pleno empleo que no permita a los trabajadores mantenerse económicamente.

GIBRALTAR: LA ROCA DE VERANO

En el periodo estival, cuando las noticias escasean, es antigua y tradicional costumbre periodística acudir a las llamadas “serpientes de verano”, noticias irrelevantes o intrascendentes que llenan las páginas de los periódicos durante las vacaciones veraniegas para ocupación de los plumillas y entretenimiento de los lectores. Como los tiempos cambian, las tradiciones se renuevan y el ecologismo gana terreno los periodistas españoles, en vez de acudir a una representante del reino animal como es la serpiente, han recurrido más bien a un representante del mundo mineral como es una roca y más concretamente al Peñón de Gibraltar.

            El Peñón de Gibraltar fue ocupado militarmente por un combinado de fuerzas anglo-holandesas el 4 de Agosto de 1704 y finalmente cedido a la Gran Bretaña, junto con la isla de Menorca, en virtud del Tratado de Utrecht de 1714 que ponía fin a la Guerra de Sucesión Española. Prácticamente desde el mismo momento de la ocupación los intentos militares españoles por recuperar la roca han sido varios y todos ellos infructuosos.

            La mala fe británica en el Peñón de Gibraltar ha sido siempre manifiesta desde los comienzos de la ocupación. Primeramente forzó el desplazamiento de los habitantes españoles autóctonos, que terminaron fundando el pueblo de San Roque en la Provincia de Cádiz, para introducir en la roca una heterogénea población procedente de los más diversos lugares, seguidamente concedió al territorio y a su población el status de colonia británica en 1830 para continuar apropiándose del istmo que une el peñón con la península, cosa que hizo durante los año de nuestra guerra civil cogiendo nuestra propia verja y subiéndola unos cuantos kilómetros más arriba. Posteriormente, sobre el istmo robado ha construido un aeropuerto para seguir construyendo un dique en el puerto de Gibraltar con el fin de apropiarse de una parte de la Bahía de Algeciras que no le pertenece. Por último, la política gibraltareña apoyada por la Gran Bretaña ha permitido que la roca se convierta en un paraíso fiscal en el que se encuentran domiciliadas numerosas sociedades mercantiles, en un refugio de todo tipo de contrabandistas, en un lugar donde los buques pueden repostar en diques flotantes instalados en aguas de la Bahía de Algeciras que son de legal soberanía española y finalmente haya comenzado a tirar bloques de hormigón a la Bahía con el fin de desecarla y agrandar su extensión terrestre tal y como los holandeses hicieron con Holanda. Todos estos actos han hecho que la colonia británica de Gibraltar se haya convertido en un parásito de la economía española, en un peligro ecológico para la biodiversidad de la Bahía de Algeciras y en un grave problema político para España que trasciende la mera reivindicación histórica y territorial.

            Ante la imposibilidad militar de recuperar el Peñón de Gibraltar, España optó, a mediados del Siglo XX, por aplicar estrictamente el Tratado de Utrecht que prohibía todo contacto terrestre entre el Peñón y la península y por desencadenar una gran ofensiva diplomática. El resultado de la primera medida fue la supresión de todas las comunicaciones terrestres entre el Peñón y España con el cierre de la verja en 1969 mientras que en virtud de la segunda opción, la Asamblea General de la ONU adoptaba las resoluciones 2231 de 1966 y 2353 de 1967 por la que se instaba a la Gran Bretaña a reintegrar el peñón a la soberanía española. A pesar de todo esto, y dentro del marco de las conversaciones sobre el ingreso de España en el entonces Mercado Común Europeo, el primer Gobierno Socialista de Felipe González acordó, en 1982, la apertura de la verja permitiendo el libre acceso terrestre del peñón a la península y viceversa e iniciándose una serie de sucesivos despropósitos al respecto del Peñón por parte de los siguientes gobiernos españoles que han rozado siempre la traición y el abandono de las reivindicaciones españolas.

            Siendo éste el estado de cosas y quedando muy claro que, desde 1982, ningún gobierno español ha tomado ni va a tomar las medidas pertinentes tendentes a evitar los abusos del Reino Unido en el Peñón de Gibraltar donde lleva décadas haciendo lo que le da la gana, llama poderosamente la atención el descubrimiento informativo del “contencioso gibraltareño” y el bombardeo de noticias al que el pueblo español esta siendo sometido desde los primeros días de este mes de Agosto, como si existiera algún tipo de interés de que se hable de Gibraltar y no de otras cosas.

            Ya es hora y resulta imprescindible que alguien manifieste a los españoles la cruda verdad sobre el tema del Peñón de Gibraltar y que no es otra que la siguiente:

            1º. El Peñón de Gibraltar es un territorio de la Gran Bretaña ocupado militarmente desde 1704 siendo su permanencia en la roca fruto de casi trescientos años de superioridad militar británica sobre España.

            2º. Mientras perdure esta ocupación británica del peñón, los británicos harán lo que les de la gana con el mismo y sus alrededores porque para eso lo tienen ocupado y son más fuertes.

            3º. La posibilidad de recuperación militar de la roca por parte del ejército español es poco más que un cuento considerando nuestra notable inferioridad militar respecto a los británicos por lo tanto cualquier medida militar debe descartarse totalmente.

            4º. No obstante de lo anterior, existen medidas diplomáticas, jurídicas y políticas que se pueden y deberían tomar como podrían ser, entre otras: la exigencia de la aplicación estricta de las resoluciones de la ONU y del Tratado de Utrecht,  el cierre de la verja con la supresión de las comunicaciones terrestres y el corte de todo suministro de la península al peñón, la construcción de altos edificios en la zona que dificulten el  tráfico aéreo del aeropuerto de Gibraltar, la prohibición de que las sociedades mercantiles domiciliadas en Gibraltar comercien o tengan relaciones comerciales con empresas españolas, el cierre de los puertos navales españoles a unidades de la flota británica, etc…

            5º. Parece ser que ningún gobierno español va a tomar medida alguna tendente a reivindicar eficazmente la reintegración del Peñón de Gibraltar ni a impedir o limitar los abusos británicos en la zona.

            6º. Al sesenta por ciento de los españoles no les importa el asunto de Gibraltar como tampoco parece importarles el futuro de sus hijos y nietos por lo que muestra total confianza y conformidad con todo lo que hace la casta política española dándose la surrealista situación en la que, parafraseando a un político de la llamada Transición, parece ser que “el ladrón roba a la víctima con su pleno conocimiento y consentimiento”.

            Así pues, permanezca tranquilo el español y siga disfrutando de sus vacaciones porque este revuelo periodístico al respecto del Peñón de Gibraltar no es más que la última pose histriónica que los políticos españoles han adoptado en trescientos años de poses y manifestaciones que amenazan con aburrir, si es que no lo han aburrido ya, al pueblo español con la cantinela de “la espinita que se ha clavado en mi corazón” y que resulta ser el “¡¡¡Gibraltar Español!!!”.

EL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

l pasado 19 de Marzo del 2012, se conmemoró en un tiempo de plenos recortes de derechos fundamentales, el doscientos aniversario de la aprobación por las sitiadas Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812, bautizada por el sabio humor popular como “La Pepa”, al igual que la vigente Constitución de 1978 estuvo a veinticuatro horas de ser bautizada por la misma popular sapiencia, que en este caso además habría sido muy justa y acertada, como “La Inocentada” (1).

La conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz se enmarca en la imperiosa necesidad que tiene un estado, que hace más aguas que el “Titanic”, por justificarse ante sus ciudadanos, demostrar torpemente a los españoles que fuimos pioneros allí donde solo recurrimos al plagio y fundamentar aquellos mitos, como la soberanía nacional, en los que se basa el actual régimen político español y los privilegios de la casta que lo encarna. Como “la ignorancia es atrevida” y la necesidad urgente, en los fastos conmemorativos no se ha dudado en loar una supuesta unidad política que significó aquella gaditana Constitución ignorando que la misma abrió doscientos años de querellas, disturbios y guerras fraticidas entre españoles que concluyeron con la existencia de un estado a la deriva sin que aún haya encontrado el rumbo.

Para empezar, la Constitución de Cádiz constituye el primer gran absurdo político español porque resulta propio de imberbes y poco aventajados aprendices de los grandes el pretender cambiar de política sin cambiar de dirigentes. De este modo, los señores diputados de 1812, si querían un régimen político similar al que había instaurado en Francia la Revolución Francesa podían haber optado por proclamar una república o haber instaurado una nueva dinastía pero en puridad lógica no podían pretender crear un nuevo régimen manteniendo, defendiendo y confirmando en el trono a Fernando VII, máximo representante del Antiguo Régimen, cuando éste ya había demostrado sobradamente en el pasado el carácter felón de su persona con la conspiración contra su padre, Carlos IV, y con la correspondencia mantenida con Napoleón en la que llegaba a felicitar a éste por sus victorias contra los españoles.

Por otra parte y para seguir argumentando sobre el absurdo que supuso la Constitución de 1812, es de indicar que hubiera sido más coherente, más barato en sangre y, sin duda, más eficaz para la intención de instaurar un régimen liberal en España tal y como pretendían los señores diputados de 1812 el ir a besar la mano de José Bonaparte y haber aceptado y proclamado la Constitución de Bayona de 1808 y que, se quiera reconocer o no, es la primera Constitución de España y no la de 1812. En este sentido resulta un grave despropósito el hecho de que, mientras el pueblo español se desangraba en su lucha contra el invasor galo, las Cortes reunidas en Cádiz, las cuales fueron convocadas sin legitimidad alguna pues, conforme a la legalidad vigente en aquella época, solo podían ser convocadas por el Rey y cuyos diputados no representaban al pueblo español al no haber sido elegidos por éste; redactasen un texto legal que en esencia daba la razón a José Bonaparte, y por ende al mismo invasor, al recoger en buena medida los contenidos de aquella Constitución de Bayona que el hermano de Napoleón había otorgado a España en 1808 actuando, sin duda, con mayor honradez y mejor voluntad que las Cortes de Cádiz.

De hecho es innegable que en muchos aspectos, la Constitución de Cádiz tiene como fuente de la que bebe la Constitución de Bayona y esto se demuestra en el hecho de que ambas tuvieran carácter transoceánico, ambas suprimieran la Inquisición y las dos reconocieran algunos derechos individuales, aunque en esto último la Constitución de 1808 fue más generosa al prohibir el tormento y reconocer derechos al detenido y preso (artículos 41 al 43 y 127 al 132).

En cuanto a su efectividad y sus consecuencias políticas, la Constitución de 1812 no puede ser calificada nada más que de aborto político no solo porque, a pesar de ser proclamada en tres ocasiones (1812, 1820 y 1836), tuvo muy cortos periodos de vigencia sino, sobre todo, porque en el momento mismo de su primera proclamación y a pesar de pretender constituir un mismo estado para dos hemisferios ya existían territorios en la América española donde dicha constitución no podía regir ni ser aplicada porque hacía casi un año que habían proclamado unilateralmente su independencia y no reconocían ni a Fernando VII ni al Consejo de la Regencia de España e Indias bajo cuyos auspicios se organizaron las Cortes en Cádiz. Tales territorios eran: Capitanía General de Venezuela que declaró la independencia el 5 de Julio de 1811 y el Virreinato de Nueva Granada que declaró la independencia el 15 de Julio y el 11 de Septiembre de 1811.

A mayor redundancia, el carácter centralizador de la Constitución de Cádiz (por otra parte idéntico al de la Constitución de Bayona de 1808) expresado en su concepto de “Soberanía Nacional” (artículo 1: “La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios” y artículo 3: "La soberanía nacional reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales") provocó una fuerte reacción negativa en los pueblos peninsulares que vieron peligrar sus libertades históricas y sus regímenes forales e imposibilitó en 1820 un entendimiento con los territorios americanos que solicitaban, precisamente al gobierno liberal instaurado tras el levantamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en las Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos y que, muy probablemente, hubiera acabado con los movimientos independentistas de ultramar y culminado con la efectiva y eficaz organización y estructuración de un único gran estado federal con presencia en tres continentes.

Así pues, solo se puede concluir que la Constitución de 1812 generó mas perjuicios que beneficios (si es que de éstos generó) contribuyendo a una desestructuración e invertebración del estado, que aún hoy perdura, por ignorar las peculiares características patrias las cuales determinan que una Constitución española solo puede redactarse de “abajo a arriba” y resultar de la suma feliz de las libertades y derechos de los pueblos que integran las Españas y que constituyen las constituciones de dichos pueblos.

Curiosamente, y para terminar, hay que informar que, el mismo fin de semana en que institucionalmente se conmemoraba a bombo y platillo por toda la casta política española la promulgación de la Constitución de 1812; S.M. don Carlos Javier de Borbón Parma, Jefe de la Dinastía Legítima y abanderado de la Causa Carlista, reconocía y confirmaba los Fueros del Reino de Navarra en el Monasterio de Iratxe y las libertades de La Rioja en el Monasterio de Valvanera, lo que equivale a reconocer la soberanía de estos territorios históricos integrados e integradores de Las Españas.

(1) La Constitución Española de 1978 fue sancionada el 29 de Diciembre de ese año en vez del previsto día 28 justamente para evitar tal sacramento.

¿DÓNDE ESTÁ LA DEMOCRACIA?

Si democracia significa gobierno del pueblo, al que algunos añadieron por y para el pueblo, resulta que es una bella utopía, aún no realizada. Y, sin embargo, es difícil encontrar hoy un sólo país en el mundo que no se defina como democrático, aunque su sistema de gobierno resulte de lo más tiránico.

Claro que los que más presumen de serlo, distan mucho de haber conseguido llegado a esa realidad. Empecemos por nuestra propia casa. Superada la dictadura franquista, nos dotamos de una Constitución que abre paso a la participación popular en el gobierno, a través de un sufragio universal y secreto. Cada cuatro años, nos convocan a una elecciones para que elijamos libremente (?) a nuestros representantes. ¿Entre quiénes?. Entre las listas que han preparado los partidos políticos. Listas bien cerradas. Luego, los votos emitidos se computan a través de la mecánica llamada de d´Hont y de las provincias como circunscripciones electorales que asegura a dos partidos el control de las cámaras, bien a través de la mayoría absoluta o pactando con algún partido nacionalista periférico, si no la ha conseguido. El sistema, radicalmente injusto y, en la práctica, totalmente antidemocrático, se perpetúa, porque ninguno de los partidos mayoritarios está dispuesto a flexibilizar un sistema que les garantiza el poder, continua o alternativamente.

La perversión del sistema les lleva a que su forma de actuación, en el poder o en la oposición, está más dirigida a la conquista o conservación del gobierno que a servir a los ciudadanos. El PSOE que perdió estrepitosamente las elecciones, acaba de celebrar un Congreso para elegir al sucesor del Rodríguez Zapatero en su secretaría general. ¿Se ha enterado la opinión pública de las diferencias programáticas entre los dos candidatos a sucederle?. La lucha entre dos personas ha ocultado una serena reflexión ideológica. Ha faltado una profunda autocrítica, capaz de explicar la pérdida de cuatro millones de votos. ¿Cómo se entiende la aplastante aprobación de la gestión del sr. Zapatero que les llevó a ese desastre?.

Y ¿qué decir de la reformas reaccionarias emprendidas por el PP, amparado en su mayoría absoluta?. Es plausible, en mi opinión, la derogación de la reforma de la anterior ley del aborto que convertía este mal ético en un derecho en vez de ser un hecho despenalizado en ciertos supuestos graves. Pero el resto de las medidas, suponen un grave paso atrás. El rechazo a todo pacto integral en materia educativa, con su cierre ideológico. El endurecimiento de las sanciones penales, con olvido de su función rehabilitadora que consagra la misma Constitución. La eliminación de los subsidios a las energías renovables, la apuesta en cambio por el carbón y la prolongación de la vida de las obsoletas centrales nucleares, el soñar con la reactivación de la economía del ladrillo. La búsqueda del incremento del empleo, a través del abaratamiento del despido y de contratos basura. El apoyo público a la banca, empujándola a macrofusiones. Los recortes que acabarán extendiéndose a los gastos sociales: educación sanidad, dependencia...¿Será cierto que en cuanto pasen las elecciones andaluzas. tendremos que soportar una brusca subida del IVA?.

Si elevamos nuestra mirada a la Unión Europea, el déficit democrático es, si cabe, aun más visible. Una unión de mercado que no cuenta con un gobierno económico común. Un Parlamento que no controla y unos consejos ejecutivos, designados a espaldas de los ciudadanos. Un banco central que no ejerce como tal, sino para ayudar a los bancos, o para salvar in extremis y a regañadientes, emisiones de deuda pública de los Estados miembros. Y el caciquismo total de Merkel y Sarkozy que trata al resto como a menores de edad, menos a Londres que juega a estar, a la vez, dentro y fuera, para salvar el predominio de la City bursátil. Con el pretexto de salvar al euro, se imponen medidas draconianas de control del déficit público y exigencia total de privatizaciones. El desmantelamiento del Estado del Bienestar conseguido en los países europeos, en forma desigual, es ya una profecía a punto de cumplirse. Los mercados, o sea los grandes mercaderes, así lo han decidido. Y nuestros gobernantes, conservadores o ex-socialdemócratas se aprestan a complacerles.

Y si nuestra mirada se globaliza y se extiende a la Organización de Naciones Unidas, cualquier sombra de apariencia democrática se evapora. La Asamblea no tiene poderes, sino que están reservados a un Consejo de Seguridad, en el cual cinco miembros tienen derecho a veto. Son las llamadas potencias vencedoras en la segunda guerra mundial: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China y Francia. Lo tienen y lo ejercen, cuando les conviene a sus intereses. USA no duda en aplicarlo para evitar las condenas del Estado de Israel por sus frecuentes violaciones del derecho internacional. Y últimamente, Rusia y China para que no se condene al régimen sirio por las masacres que comete contra su pueblo que está reclamando libertades.

¿Dónde está la democracia?. En el corazón y en la mente de las víctimas de las violaciones constantes de Derechos Humanos. De las que no se han resignado y han dicho basta. ¿Por qué están lejos de conseguirla?. Porque hay bastantes que, aunque no sean autores de esas violaciones, se convierten en sus cómplices, cuando cierran sus ojos y sus oídos a esas injusticias, y siguen votando a los que las perpetran o las consienten. Porque se aprovechan de las ventajas del sistema y prefieren no pensar y no complicarse la vida involucrándose en la lucha por la libertad. Es más cómodo arrellenarse en la butaca, frente al televisor y no discutir el pensamiento único que se expande por los controlados medios de comunicación.

La historia humana no es lineal en el avance hacia mayores cotas de justicia y libertad. Ha habido avances y retrocesos. Hoy estamos en una situación crítica en que nos jugamos el suicido colectivo. La guerra, el hambre, la degradación moral, la destrucción del ecosistema que permite la misma vida humana, nos acechan. ¿Sabremos optar por la vía solidaria que permita a nuestros descendientes una vida más justa y digna?.

Pedro Zavala

UN SOFISMA MÁS DEL GOBIERNO POPULAR: LA DACIÓN EN PAGO

Siempre se ha dicho, y no sin falta de razón, que los jueces y magistrados hablan a través de sus resoluciones judiciales (Autos y Sentencias); pero no es menos cierto que los gobiernos hablan por medio de las leyes que llevan al Congreso de los Diputados para su aprobación.

Esto viene a cuento, a consecuencia del último acontecimiento protagonizado por el actual gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, quién el Viernes pasado anunciaba “a bombo y platillo” que iba a proponer a los bancos y demás entidades financieras que aceptaran la entrega de la vivienda hipotecada como pago total de los préstamos hipotecarios y que aceptasen una “espera” de dos años para ejecutar las hipotecas impagadas por aquellas familias que tuvieran a todos sus miembros en paro y que constituyeran una carga sobre la vivienda habitual.

Tras la gran expectación mediática suscitada por este gubernamental anuncio y que solo se ha solapado por la gran noticia de la declaración ante el juez como imputado del yerno de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, resulta que la tan traída y llevada “Dación en Pago” no es más que una propuesta no vinculante, lo que equivale a una súplica o a un ruego, que el Gobierno de la Nación Española (sea esto entendido con todo sarcasmo), hace a empresas bancarias privadas que serán libres para aplicar o no este consejo gubernamental.

El actual Presidente del Consejo de Ministros, Señor Rajoy, se ha dedicado a decir desde el remunerado puesto de Jefe de la Oposición que ha ocupado en los últimos ocho años que el anterior gobierno socialista no gobernaba y que se dedicaba a hacer continuos “brindis al sol” que no tenían una materialización práctica en soluciones a los problemas de los ciudadanos españoles. Pues bien ¿Qué es este ruego que el gobierno del Sr. Rajoy hace a las entidades bancarias de que acepten la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, sino un “brindis al sol”?.

Si el Señor Presidente del Consejo de Ministros y su Gobierno están tan convencidos de que la situación económica de las familias españolas es tan grave (que lo es) y que su endeudamiento les esta condenando en un futuro a medio plazo a la exclusión social (cosa que es completamente cierta), lo que tiene que hacer es LEGISLAR posibles soluciones, no dedicarse a difundir vanas esperanzas rogando, suplicando o sugiriendo a las entidades de crédito que acepten la entrega de la vivienda como pago total de la deuda hipotecaria o que apliquen una “espera” de dos años para ejecutar las hipotecas. Si el gobierno desea establecer la “Dación en Pago” y la “espera” de dos años para poder ejecutar la hipoteca sobre la vivienda habitual, lo que tiene que hacer es modificar la actual Ley Hipotecaria y su Reglamento introduciendo estas dos figuras jurídicas, lo que hará que la aceptación de la vivienda en pago de la hipoteca sea obligatorio para todas las entidades financieras, aunque lamentablemente dicha modificación legal no podría tener carácter retroactivo.

No obstante, lo qué si se podría legislar para ser aplicado e impuesto de forma inmediata a las entidades bancarias es la eliminación total de los intereses de “mora” que gravan el capital prestado en caso de impago de las hipotecas. En este sentido es de indicar que estos intereses moratorios pueden llegar a suponer para aquel que toma el préstamo una penalización de más de un veinte por ciento anual sobre el capital principal que resta por pagar y como este interés es un interés extraordinario que solo se establece con carácter de penalización por impago o descubierto, no se puede decir que sea prioritario su cobro para un banco porque de una entidad bancaria seria que no sea una mera entidad usuraria o agiotista lo único que se puede esperar es que cobre la cantidad principal prestada más el interés normal pactado, que viene a constituir sobradamente el lógico deseo de beneficio empresarial, siendo el empecinamiento que, en no pocos casos, se muestra en cobrar los extraordinarios intereses moratorios síntoma de que existía un secreto deseo por parte del prestamista de que el prestatario incurriera en mora y así poder obtener una mayor, aunque injusta, rentabilidad por el capital prestado.

Igualmente, otra medida de aplicación inmediata que podía legislar el gobierno para proteger a las familias incursas en un proceso hipotecario es, o bien, el automático reconocimiento del beneficio de justicia gratuita para aquellos procesos hipotecarios que tengan por objeto la vivienda habitual, lo que las eximiría de tener que pagar a la entidad ejecutante las costas del proceso de ejecución; o bien, el establecimiento de un límite máximo y moderado a la cuantía que el ejecutante viene exigiendo al ejecutado en concepto de dichas costas judiciales.

Con la adopción de estas dos medidas indicadas: la eliminación de los intereses de mora establecidos para los supuestos de impago y el reconocimiento automático del beneficio de justicia gratuita a los ejecutados hipotecarios cuando se trate de su vivienda habitual o la limitación de las costas procesales que el ejecutante pueda cargar sobre el ejecutado, tendríamos en la práctica una muy importante reducción de la deuda hipotecaria, con la cual se podría llegar a que la vivienda cubriera total y sobradamente la deuda y, todo ello, sin originar perjuicio alguno a las entidades financieras ya que éstas, cuando hacen un préstamo hipotecario, ya han establecido sus beneficios, aun en caso de impago, con los intereses ordinarios establecidos por lo que la ausencia del cobro de los intereses moratorios no puede implicar pérdida económica alguna para ellas.

Por último es de indicar que resulta extremadamente curioso, cuando no directamente raro y extraño, que un gobierno que hace menos de un mes ha tomado la decisión drástica de imponer a los trabajadores la reducción de la indemnización por despido haciendo éste más barato y que hace menos de dos meses ha subido por ley los impuestos a las clases medias, esto es, a la inmensa mayoría de los españoles no se atreva a redactar un decreto o una ley para aliviar la presión hipotecaria y acreedora a la que se encuentran sometidas numerosas familias españolas por culpa de un desmedido ánimo de lucro de los bancos y entidades financieras.

COMENTARIOS DE URGENCIA A LA REFOMA LABORAL

El Gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, aprobaba por decreto en el Consejo de Ministros celebrado el Viernes 10 de Febrero del 2012 (un nuevo día de la infamia), una reforma del mercado laboral de la que lo más criticado ha sido el abaratamiento del despido, aspecto este que siendo grave, no es el más grave que ofrece el decreto del gobierno.

El decreto que aprueba la Reforma Laboral, abarata el despido al reducir a 33 días por año trabajado, en vez de los 45 días por año trabajado como era hasta ahora, la indemnización que ha de percibir un trabajador cuyo despido sea declarado improcedente. Así mismo fija una indemnización de 20 días por año trabajado para los despidos que se realicen en empresas que puedan demostrar una reducción de beneficios continuada durante los nueve meses anteriores a la realización del despido. En ambos casos el abaratamiento del despido es evidente pero es mucho más grave el segundo caso porque, en un país donde la casta empresarial acostumbra a sostener que ha perdido diez millones cuando en un año gana noventa millones en vez de los cien que gano el año anterior, es prácticamente una carta en blanco para proceder a despedir trabajadores.

No obstante, la reducción de indemnizaciones por despido, va a tener una escasa repercusión real en la economía general del país, pues hace ya mucho tiempo que en España han pasado a la arqueología de las relaciones laborales, más que a su historia, aquellos contratos de trabajo jamás escritos, pero siempre cumplidos en virtud de los cuales un trabajador comenzaba a trabajar en una empresa a los veinte o veinticinco años de edad y en ella se quedaba, ascendiendo o no de categoría profesional, hasta su jubilación a los sesenta y cinco años de edad (actualmente la edad de jubilación esta fijada a los sesenta y siete años). Por tanto, aún en el caso de que se hubieran mantenido la cuantía de la indemnización por despido en cuarenta y cinco días por año trabajado, dicha indemnización no constituye un oneroso gravamen para el empresario porque ya es costumbre generalizada que un trabajador tenga tan escasa estabilidad laboral y tan poca antigüedad en cualquier empresa que es imposible que, en caso de despedirlo, se le tenga que abonar una fuerte indemnización, quedando tales elevadas indemnizaciones para los altos cargos y ejecutivos de las grandes empresas publicas y privadas que disfrutan de “contratos blindados”.

A mayor redundancia, hay que recordar que desde que se aprobara en 1980 el “Estatuto de los Trabajadores”, norma esta que queda modificada nuevamente por la “reforma laboral” aprobada por el Gobierno del señor Rajoy se distinguen claramente en nuestro Derecho del Trabajo tres clases de despidos: los nulos, los procedentes y los improcedentes. Los despidos declarados nulos obligan al empresario a readmitir al trabajador despedido no cabiendo, por tanto, indemnización alguna al trabajador aunque este tendrá derecho a los llamados “salarios de tramitación” que son aquellos que el trabajador tenía que haber percibido desde que recibe la carta de despido hasta su readmisión; los despidos procedentes, generalmente disciplinarios, no tienen ninguna indemnización a favor del trabajador y, finalmente, los despidos declarados improcedentes, permiten optar al empresario entre indemnizar al trabajador con la indemnización anteriormente mencionada de cuarenta y cinco días por año trabajado (a partir de la actual reforma de treinta y tres días por año) o, readmitirlo, con lo que el empresario no tiene que abonar indemnización alguna. Es decir, jamás ha existido obligación del empresario de indemnizar a un trabajador con cantidad alguna en caso de despido improcedente porque el empleador siempre ha tenido la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador en vez de la indemnización.

Así pues, el contenido de la reforma laboral aprobada por el gobierno va dirigido a contentar al sector empresarial al que siempre le ha molestado no solo pagar cuarenta y cinco días por año trabajado sino pagar un solo día de indemnización.

Siendo grave el abaratamiento del despido que consagra esta medida del gobierno popular, no es lo más grave contenido en la misma pues posiblemente lo peor de ella es la eliminación de la autorización administrativa previa para que las empresas puedan realizar Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). En este sentido es de recordar que los EREs son una medida que le viene muy bien al gobierno y a los empresarios porque al primero le permite ocultar o maquillar las encuestas que reflejan el paro y a los segundos les permite acudir a una vía que, en cierto modo, les subvenciona los despidos. En este sentido es de recordar que los EREs, permiten que numerosos trabajadores en plena capacidad de sus facultades y en plenitud de su capacidad laboral dejen de trabajar, generalmente por reajustes productivos de la empresa que realiza el Expediente de Regulación de Empleo, acogiéndose a un sistema de pre-jubilaciones que son pagadas en parte por la Seguridad Social, es decir, por todos los ciudadanos.

Si anteriormente a la reforma aprobada por el Gobierno, todo Expediente de Regulación de Empleo, requería una autorización administrativa previa concedida por el Gobierno, quien vigilaba mínimamente que se cumplieran ciertos requisitos para que una empresa pudiera acogerse a esta modalidad de despido colectivo ahora prácticamente nos encontramos con que, no solo los trabajadores afectados, sino todos los ciudadanos, (porque, repetimos los EREs afectan a todos pues todos los pagamos), perdemos garantías ante este procedimiento del que generalmente solo pueden disfrutar las grandes empresas y multinacionales ubicadas en nuestro país.

Por último, otro punto de la reforma laboral aprobada el pasado 10 de Febrero del 2012 es el relativo a las subvenciones que se prevén en la misma para los empresarios que contraten a menores de treinta años y a parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco, llamando escandalosamente la atención que al mismo tiempo que se producen recortes en los servicios públicos esenciales por falta de dinero se vaya a dedicar unas cantidades, aunque no muy grandes y en forma de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, a financiar a empresarios privados por contratar en forma precaria a trabajadores. A este respecto hay que afirmar que quienes hacen gala de liberalismo y de ser opositores a cualquier regulación de la economía y de los mercados, como es el caso de los dirigentes del Partido Popular hoy en el Gobierno, no deberían financiar con dinero público a empresas privadas, salvo que las obliguen de alguna manera a mantener contratado unos determinados años al trabajador por el cual se benefician de las bonificaciones.

En definitiva, la reforma laboral decretada por el gobierno presidido por el señor Mariano Rajoy no tiene en cuenta a la mayoría trabajadora del país y constituye un paso más hacia la sumisión de toda política al interés económico y empresarial alejando el poder real de las instituciones políticas elegidas por sufragio universal para concentrarlo solapadamente en Consejos de Administración no elegidos democráticamente por los ciudadanos.

LA PROBLEMÁTICA DE LA LITERATURA RUSA EN ESPAÑA

Desde que Mijail Lomonósov fundara en el Siglo XVIII las bases de la literatura rusa moderna no han faltado en las librerías españolas obras de autores rusos aunque la variedad ofrecida a los lectores de habla hispana ha sido escasa limitándose sobre todo a la publicación de obras de autores pertenecientes a la “Edad de Oro” de la Literatura Rusa que coincide con el Romanticismo posterior a la Gran Guerra Patria de 1812 y a escritores incluidos en la “Edad de Plata” de dicha literatura que coincide con el Realismo de comienzos del Siglo XX.

Entre los autores pertenecientes a la “Edad de Oro” de la Literatura Rusa se encuentran autores tan conocidos como Pushkin, Gogol, Dostoievski, Turguenev y Herzen; mientras que entre los pertenecientes a la “Edad de Plata” se cuentan Anton Chejov, Leon Tolstoi y Máximo Gorki. Fuera de estas dos grandes generaciones literarias escasos ecos ha tenido la producción literaria rusa entre los lectores españoles al limitarse las diferentes editoriales a publicar contadas obras de autores rusos actuales que, generalmente, presentaban cierto posicionamiento político a favor o en contra del régimen soviético, aspecto éste que seguramente les resultaría decisivo a la hora de obtener el Premio Nobel de literatura siendo tal el caso de Boris Pasternak, autor de “Doctor Zhivago” y Premio Nobel en 1958, Mijail Sholojov, autor de “El Don Apacible” y Premio Nobel en 1965 y Alexander Solzhenitzsyn, autor de “Archipiélago Gulag” y Premio Nobel en 1970.

En realidad la literatura rusa en España resulta mucho menos conocida y mucho menos popular que la francesa, inglesa, italiana, alemana o norteamericana y ello porque el público español la encuentra de difícil acceso a causa de las traducciones y de la dificultad de retener en la memoria los nombres de los personajes y de los lugares en ella descritos.

En primer lugar, es comprensible que en un país que parece reñido con el cultivo del conocimiento de lenguas extranjeras no se encontraran originariamente buenos conocedores del idioma ruso que hicieran correctas traducciones de las obras escritas en un idioma tan secundario (comparado con el Inglés o Francés), lo que provocó que en un principio no se tradujeran las obras directamente del idioma en que originariamente fueron escritas (el ruso) sino de un idioma, generalmente francés o alemán, al que ya habían sido previamente traducidas con los problemas, lingüísticos y literarios, que son inherentes a este procedimiento. No obstante en los últimos años, este problema se ha superado totalmente gozando todas las ediciones de autores rusos que se ofrecen actualmente al público español de excelentes traducciones al castellano que no plantean problema alguno de comprensión.

Más difícil, por no decir imposible, de superar es el problema de la retención en la memoria de los nombres de personajes y lugares por parte del lector de una obra literaria rusa. Esta retención mnemónica resulta decisiva para la comprensión del texto, sobre todo cuando cuenta con una gran extensión, porque al ser numerosos los lugares y los personajes que aparecen en la novela y al tener estos unos nombres y apellidos francamente difíciles de pronunciar, el lector tiende a confundir unos con otros llegando incluso a perder el hilo de la acción. Este problema se intentó solucionar hace décadas castellanizando el nombre de los personajes lo que resultaba francamente ridículo y poco afortunado ya que al castellanizar el nombre propio, el cual en ocasiones correspondía a varios personajes diferentes, y mantener el apellido familiar no solucionaba el problema aunque arrancase alguna sonrisa en el lector ya que, por ejemplo en “Guerra y Paz” de Leon Tolstoi, el hecho de que Andrei Volkonsky pasase a llamarse Andrés Volkonsky, no ayudaba a que el lector se aclarase de las acciones de este personaje y las distinguiera de otro personaje de su misma familia y por tanto de su mismo apellido. En este sentido es de indicar que mientras es fácil que un lector español enumere varios personajes de una misma novela francesa o inglesa leída hace varios años, es muy difícil que haga lo mismo con varios personajes de una novela rusa de grueso tamaño leída hace el mismo tiempo. Así por ejemplo si de la “Cartuja de Parma” de Stendhal surgen rápidamente a nuestra memoria nombres como Fabrizio del Dongo (protagonista), la Duquesa Sanseverina o el Conde Mosca, de “Crimen y Castigo” apenas nos acordamos del nombre de Raskólnikov, personaje protagonista de esta novela de Dostoievski.

Esta grave dificultad con la que se encuentra el lector español hace que la obra literaria rusa solo sea disfrutada mientras se esta leyendo no pudiéndose disfrutar con el recuerdo de haberla leído siendo una posible solución a este problema introducir en todas las ediciones junto al nombre del personaje, perfectamente escrito en ruso, y entre paréntesis; su escritura fonética a fin de facilitar al lector su pronunciación lo que aseguraría su memorización y permanencia en el recuerdo además de permitir en todo momento distinguirlo de cualquier otro personaje de escritura similar.