VALORACIÓN DE LAS ELECCIONES DEL 22 DE MAYO

Tras la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de Mayo del 2011 se impone hacer una valoración de los resultados electorales que permitan hacernos una idea de la realidad social y política en la que las mismas han situado al país.

En primer lugar es incuestionable el notable avance del Partido Popular que ha ganado en prácticamente todas las capitales de provincia salvo en siete y ha obtenido quinientos mil votos más que en las pasadas elecciones municipales del 2007 que se traducen en un aumento de la representatividad institucional en tres mil trescientos concejales. Este triunfo arrollador del Partido Popular significa que el electorado no ha castigado a este partido por los casos de corrupción política que le han salpicado y hace muy posible que en las elecciones generales del año próximo obtenga una victoria electoral por mayoría absoluta solo equiparable a la que consiguió el Partido Socialista en 1982.

Por su parte el Partido Socialista Obrero Español, obtiene los peores resultados de su historia al perder algo más de millón y medio de votos y algo menos de dos mil quinientos concejales. Este millón y medio de sufragios perdidos por el histórico partido socialista no han ido a beneficiar a la Coalición Izquierda Unida porque éste agrupación política solo ha visto incrementados sus votos en poco más de doscientos mil que se han traducido en un incremento de su representatividad institucional en tan solo doscientos concejales.

Hasta aquí, los resultados eran, más o menos, los esperados y reiteradamente anunciados por las encuestas, no obstante lo más indicativo ha sido el incremento del voto en blanco y nulo así como la abstención, que aunque menor que en las elecciones del 2007 aún se mantiene en un alto nivel. Así en estas elecciones, la abstención ha alcanzado el 33´77 por ciento con casi once millones ochocientos mil electores que no han acudido a la convocatoria electoral, es decir, más de una tercera parte de los ciudadanos convocados a las urnas no ha ejercitado su derecho al voto, por otra parte el voto en blanco se incrementa en estas elecciones alcanzando el 2´54 por ciento con casi seiscientos mil sufragios mientras que igualmente aumenta el voto nulo que alcanza el 1´70 por ciento con casi cuatrocientos mil votantes. La suma de los porcentajes de abstención, voto en blanco y voto nula arroja el dato de que el 38´01 por ciento de los votantes llamados a las urnas (un total de 12.684.280 ciudadanos) esta claramente disconforme con el régimen político imperante en España o no se siente representado por el mismo por lo que no participa en los comicios u opta por manifestar su disconformidad y protesta con el voto en blanco o el voto nulo.

Otro dato indicativo es la reaparición, con fuerza renovada y con un potencial electoral inesperado pero para nada sorprendente, de la coalición Abertzale “Bildu” que con 1´39 por ciento de los sufragios y 313.231 votos se convierte en la primera fuerza política en número de concejales de la Comunidad Vasca por delante del histórico Partido Nacionalista Vasco que pierde más de ciento cincuenta concejales a pesar de conseguir 327.100 Votos (17.000 votos más que en las elecciones del 2007). Este resultado electoral en el País Vasco no puede menos que cuestionar la pervivencia del pacto PSOE-PP que sostiene el Gobierno Vasco pues dicho gobierno ha dejado de ser representativo ante la correlación de fuerzas políticas existente tras las elecciones municipales del 22 de Mayo.

Finalmente es de indicar la irrupción en el panorama político español de Unión Progreso y Democracia, el partido de doña Rosa Díez, quien obtiene el 2´06 por ciento de los votos y con 465.125 sufragios logra ciento cincuenta y dos concejales en toda España. El éxito de este partido debería ser objeto de un análisis sociológico profundo realizado por personas expertas pues, a pesar de estar liderado por una antigua dirigente del Partido Socialista Obrero Español que llegó a ser Consejera de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco nacido del pacto PNV-PSOE en 1991; se ha convertido en el refugio de un sector importante de la derecha sociológica disconforme con la moderación y tibieza que, a su entender, muestra la dirección del Partido Popular.

Asimismo, y por último, también debe mencionarse la reaparición en el panorama institucional español, tras casi treinta años de ausencia, de la extrema derecha representada por los hasta ahora microscópicos grupúsculos “España 2000”, que logra cinco concejales (uno de ellos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares) y “Plataforma por Cataluña”, que pasa de dieciséis concejales a sesenta y cuatro.

Siendo los resultados y los porcentajes surgidos de las elecciones autonómicas y municipales del 2011 los arriba reseñados, solo cabe concluir que, a pesar de quienes lo pretenden negar u ocultar con aplausos y bailes de exaltación del triunfo, hay en la sociedad española un poderoso malestar que se ha traducido en estas consultas en un notable incremento en el cuerpo electoral de legítimas actitudes antisistema y contrarias al régimen imperante, bien porque no vota o porque vota en blanco o en nulo o porque vota a opciones políticas claramente contrarias al marco constitucional surgido del llamado “consenso” de 1978. Esto debería llevarnos a todos los ciudadanos (que no a la casta política española que, atrincherándose detrás de la “todopoderosa” Constitución de 1978, ha demostrado ser ciega y sorda ante la realidad socio-política) a una profunda reflexión sobre el futuro político del país que seguramente debería dar por finiquitado todo el régimen nacido de la llamada transición y de la Constitución de 1978 yendo a un proceso constituyente que elaborara un nuevo y definitivo texto constitucional que, recogiendo las demandas sociales y políticas individuales de los ciudadanos y las colectivas de los pueblos que integran el Estado Español, solucionara los graves problemas generados por las crecientes tendencias centrífugas existentes en la política española y por el divorcio definitivo que se manifiesta entre las instituciones políticas del Estado y la sociedad.