La
formación del nuevo gobierno nacido del pacto Partido Popular-Ciudadanos tenía
necesidad de alguna medida que transmitiera a la ciudadanía un cierto lavado de
cara de aquella porción de la casta política que nos mal gobierna y para ello
nada mejor que anunciar una bajada de impuestos subrayando la bajada del llamado I.V.A. Cultural que gravaba con un 21
por ciento todos los espectáculos públicos. Ahora bien, todo tiene su trampa y
por mucho que el actual gobierno nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino
solo los muy lo harán.
En primer lugar, el descenso del
I.V.A. Cultural no es realmente tal porque la anunciada bajada del 21 al 10 por
ciento no se aplicara a todos los sectores culturales al aplicarse
exclusivamente a los espectáculos públicos que sean en directo es decir a
funciones teatrales, musicales y conciertos, dejando fuera a todos los demás
sectores y que, curiosamente, son los
que más consumidores tienen y, por tanto, los que más recaudan en este concepto.
De esta forma el cine, los DVDs y los discos mantendrán el tipo del Impuesto
sobre el Valor Añadido en el 21 por ciento.
Así pues, la tan cacareada bajada
del I.V.A. Cultural no es más que una medida cosmética que como hemos explicado
anteriormente no es cultural, sino solo parcialmente cultural y que, ni
siquiera, supone una bajada real como ahora explicaremos.
Desde 1993 el Impuesto sobre el
Valor Añadido en nuestro país no ha dejado de subir. Si en dicho año se
estipulaban tres tipos de I.V.A: el general del 15 por ciento, el reducido del
6 por ciento y el superreducido del 3 por cierto; en 1995 dichos porcentajes
subieron al 16, 7 y 4 por ciento respectivamente; en 2010 se incrementaron al 18, 8 y 4 por ciento respectivamente llegándose dos
años después, en 2012, a fijarse en el 21, 10 y 4 por ciento actual. Que ahora
el gobierno que preside el señor Rajoy y que sostiene el señor Rivera pretenda
aplicar el tipo reducido del 10 por ciento de
I.V.A en vez del tipo general del
21 por ciento a determinadas actividades artísticas, no supone una bajada del
Impuesto sobre el Valor Añadido sino que sigue suponiendo un incremento de
dicho impuesto en un dos por ciento respecto al año 2010 y de un tres por ciento respecto a 2009.
Ciertamente el gobierno a través de
los Presupuestos Generales del Estado tiene la facultad soberana de fijar los
tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero que la facultad sea
soberana e, incluso, caprichosa no quiere decir que no tenga que someterse a
los mínimos principios de la lógica y del sentido común, cosa que la anunciada
bajada del I.V.A. Cultural no hace porque o bien el tipo que grava la cultura
baja o no baja, pero no se puede bajar a unas actividades culturales y a otras
no y afirmar que el I.V.A. Cultural baja. La anunciada intervención
gubernamental sobre el I.V.A. Cultural marca tendencia definitivamente y esa tendencia
no es otra que la del mantenimiento de una presión fiscal alta porque como
hemos explicado antes la evolución del Impuesto Sobre el Valor Añadido en los
últimos ocho años ha sido al alza solo pudiéndose hablar realmente de bajada
impositiva si los tipos quedasen por debajo de los existentes en el año 1993.
El estado español tiene plena
libertad para fijar el tipo impositivo que se aplica a los impuestos que gravan
cada actividad y cada producto y debería utilizar esa soberanía para regular
los precios de mercado y hacerlos más asequibles a los ciudadanos pero, en vez
de eso, utiliza dicha libertad exclusivamente para asegurarse una mayor
recaudación.
Cuando por el año 2003, los
constantes incrementos del precio de los inmuebles hacían presagiar la futura
imposibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda, el estado pudo
intervenir en los precios de la misma bajando el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y los tipos de I.V.A. del 7 por ciento que gravaba entonces la
compraventa de las viviendas al 4 por ciento así como reduciendo el Impuesto
sobre el Valor Añadido a los materiales de construcción lo que hubiera supuesto
una muy sensible bajada del precio de venta al público de un bien tan necesario
como la vivienda habitual, pero lejos de eso el estado mantuvo los tipos
impositivos incrementándolos en 2010 y 2012, lo cual solo se explica por el
rapaz deseo de recaudar del estado.
El Impuesto sobre el Valor Añadido
es la más clara y expresa explicación de
la rapacidad recaudadora del actual Estado Español que queda concebido como un
puro negocio pensado para no perder dinero y en el que más que ciudadanos solo
hay contribuyentes que pagan sus impuestos para luego soportar recortes,
estafas y recibir falacias por explicaciones y el I.V.A. Cultural es un claro ejemplo.
Una de las funciones del estado es
defender la cultura y promocionarla entre sus ciudadanos, frente a esa
obligación, el estado actúa como si la actividad cultural solo fuera una
oportunidad de recaudar y una parcela de negocio. A la hipotética pregunta de
¿Qué es más importante, la cultura o el dinero? el estado español parece
responder, al igual que el editor de una obra o el productor de una película,
que el dinero pero con la notable diferencia de que mientras el editor o el
productor reconocen que la cultura es un negocio en el que invierten en espera
de obtener beneficios el estado no participa en la creación artística
utilizándola exclusivamente para recaudar a través de los impuestos que gravan su
consumo por parte del público.
Un sistema impositivo debe ser justo
y la justicia del mismo radica en el hecho de que los caudales públicos sean
honrada y eficazmente gestionados y el ciudadano reciba del estado, bajo la
forma de servicios y prestaciones públicas, al menos tanto como él aporta a ese
estado y evidentemente en el caso de nuestro país no es así por lo que el
estado español solo parece concebido por nuestra casta política como un negocio
perfectamente pensado para recaudar dinero. Al estado español parece no
importarle si el ciudadano vive en condiciones paupérrimas, si es así le remite
a los servicios sociales donde un plato de sopa caliente y una mísera pensión insuficiente para
subsistir puede ser la contrapartida a toda una vida de contribuyente pero, si
por el contrario, el ciudadano gana algo de dinero con su trabajo ahí está el
estado para pedirle su parte y decirle que es su necesaria e imprescindible
contribución económica a la protección que le presta. Por cierto esto de pagar
por la protección me suena de alguna película, pero no recuerdo cual.
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