¿QUÉ SE PRETENDE DEFENDER?

La tensión en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España ha crecido en la última semana llegándose a la detención de catorce altos cargos de la administración catalana y a la incoación, por parte de la fiscalía, de unas diligencias penales por un presunto delito de sedición. Como todo gobierno que se enfrenta a una crisis de estas características, el Gobierno del Partido Popular dispone de un abanico de posibilidades por las que optar habiendo optado evidentemente por, la que solo se puede denominar, la vía represiva lo que ha provocado que el debate que nunca debió salir de los despachos se haya trasladado a las calles creando un panorama explosivo y una atmósfera de conflicto civil (dejémonos ya del eufemismo del "choque de trenes").

            Por su parte, la situación de asedio que sufrieron durante varias horas los efectivos de la Guardia Civil mientras practicaban un registro en las dependencias de la Consejería de Economía el pasado miércoles 20 de Septiembre ha hecho que no pocos medios de comunicación hayan señalado que el gobierno está perdiendo el control de la situación, lo cual se veía venir porque, a estas horas, es muy difícil que el gobierno que preside el señor Rajoy sepa cuáles son las prioridades que tiene que defender.

            En toda comparecencia o manifestación pública, el gobierno reitera cansinamente que va a defender la legalidad, una legalidad que como demuestran los hechos se ha ido desbordando progresivamente durante varias décadas ante la pasividad de los sucesivos gobiernos y de las demás instituciones del estado hasta llegar a esta grave crisis. La legalidad cuya defensa afirma defender el gobierno tiene treinta y nueve años escasos de existencia mientras que lo que se está discutiendo es la permanencia de una comunidad histórica, cultural, económica y política de más de quinientos años de antigüedad, con lo que la afirmación gubernamental de que lo que se está defendiendo es la legalidad  pone de manifiesto una estrechez mental y de miras impropia de cualquier gobierno que se considere competente, eficaz y responsable.

             En los últimos quinientos años, por las Españas han pasado distintos tribunales que hoy no existen, diferentes cuerpos militares que quedaron disueltos, se han sucedido monarquías, repúblicas y dictaduras y ha habido cientos o miles de leyes, buenas y malas, que ya solo pertenecen a la Historia del Derecho; en cambio España ha permanecido más allá de todo esos cambios formales porque tanto el pueblo como sus gobernantes tenían claro cuáles eran las prioridades, cosa que hoy, al parecer, no tiene claro ni el gobierno ni las demás instituciones del estado.

            Cuando las Españas se enfrentan a la peor crisis de su historia porque, a diferencia de todas las anteriores, esta crisis puede suponer la quiebra de quinientos años de convivencia y la liquidación misma de España, el gobierno y las instituciones se reafirman en defender la legalidad, defensa a ultranza que solo se explica porque esa misma legalidad que dicen defender contempla y estipula los magros emolumentos mensuales que la casta política e institucional viene percibiendo desde hace décadas por habernos conducido paulatina y alegremente al desastre actual.

            La legalidad está para solucionar problemas, no para crearlos. La legalidad existe para ordenar la convivencia no para romperla. El problema que ahora afronta nuestro país trasciende a la mera defensa de una legalidad evidente y manifiestamente quebrada y requiere una salida política, aunque esta sea a costa de sepultar la formalmente vigente legalidad, realmente ya fallecida.

            A pesar de todo,  aún se está a tiempo, aún hay tiempo. El objetivo político fundamental a alcanzar es la reconstrucción de los lazos de convivencia entre catalanes y entre los catalanes y los demás españoles, es de prioridad absoluta ir cerrando la brecha abierta, cuya existencia es cierta, en la sociedad catalana y entre los catalanes y el resto de los españoles y para ello, estando las cosas como están, un gobierno responsable debería ordenar el archivo de los procedimientos judiciales abiertos y la retirada de los efectivos extra de policías y guardias civiles desplazados a Cataluña mientras que, por su parte, el President de la Generalitat debería suspender la celebración del referéndum previsto para el próximo 1 de Octubre acordando ambas partes un compromiso serio para la celebración de un referéndum, con todas las garantías, antes de un año, tras el cual se iniciaría un nuevo proceso constituyente que cerrase definitivamente las numerosas fracturas políticas y sociales existentes en nuestro país.

            La cuestión que surge ahora es ¿Existe en todo el espectro político de las Españas algún hombre de estado con alturas de miras para solventar esta crisis?. Que cada uno se conteste a esta pregunta y saque sus propias conclusiones.