LA TRAMPA DEL ARTÍCULO 155

Tras la aprobación por el Parlament de Catalunya, a principios del mes de Septiembre, de las llamadas leyes de Referéndum y de desconexión con España la situación política en nuestra patria en general y en Cataluña en especial se ha ido deteriorando en progresión geométrica hasta llevar al país al borde del conflicto civil.

            Después de años en que los sucesivos gobiernos de España negaban la realidad de la fragilidad constitucional del estado agravada por una progresiva deserción de la autoridad refugiándose en la negación de la posibilidad de cualquier fractura, los españoles nos hemos encontrado, prácticamente de la noche a la mañana, con que lo que era imposible que pasase está pasando. Después de perder estúpidamente el tiempo durante años recreándose en la autocomplacencia de una “transición modélica” que ha resultado no ser tan modélica y negándose a abordar  el grave problema de la articulación y organización territorial del estado yendo, en un momento en que existía el imprescindible sosiego en la sociedad española para ello,  a una profunda reforma constitucional o incluso a un nuevo proceso constituyente que cerrara  de forma definitiva el modelo político de estado y su organización territorial, el gobierno del señor Rajoy parece que pretende concluir una cadena de despropósitos iniciados el 20 de Septiembre de 2017 con una última y definitiva estupidez como puede ser la aplicación del artículo 155 de la todavía vigente Constitución de 1978.

            Si desde el mes de Septiembre el gobierno de la Generalitat ha forzado al gobierno del Partido Popular a jugar una partida de ajedrez  para la que no estaba preparado y que va perdiendo por puntos al haber caído en todos los gambitos que se le han ofrecido desde el independentismo catalán, la aplicación del artículo 155 que pretende el gobierno del señor Rajoy puede ser el movimiento fatal que permita al secesionismo la captura de las posiciones vitales del tablero y lleve al gobierno y a las instituciones a sufrir un claro Jaque Mate.

            El artículo 155 de la todavía vigente Constitución de 1978 prevé que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan, o actuare de forma que  atente gravemente al interés general de España, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general dando las instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. De la redacción del mencionado artículo 155 se deducen dos cosas importantísimas: la primera es que no expresa cuales pueden ser las medidas a adoptar y la segunda es que esas medidas deben realizarse a través de las autoridades (entiéndase instituciones) autonómicas.

            Todo indica que la aplicación del artículo 155 se puede encontrar con varios escenarios todos ellos conflictivos:

            El primer escenario es que, los funcionarios y trabajadores públicos que dependen de la Generalitat, pura y simplemente, se nieguen a ejecutar las instrucciones haciendo fracasar la aplicación del artículo 155 y dejando en ridículo al gobierno y a las instituciones del estado.

            El segundo escenario es que los funcionarios y trabajadores públicos que dependen de la Generalitat, no se nieguen expresamente a ejecutar las instrucciones pero tampoco las apliquen jugando a sabotear el correcto funcionamiento de la administración catalana llevándola a un caos que sería percibido por la población como una mala gestión del gobierno que aplica el 155 y que sería aprovechado propagandísticamente por el independentismo.

            El tercer y último escenario, que puede producirse simultáneamente con cualquiera de los otros dos anteriores, sería que la aplicación del artículo 155 se encontrase con una organizada resistencia civil pacífica de masivas manifestaciones y  de huelgas indefinidas que llevase a Cataluña al colapso económico del que la propaganda independentista se encargaría de echar la culpa a las instituciones españolas.

            Ante cualquiera de esos escenarios el estado español solo podría remover a funcionarios y trabajadores públicos sustituyéndolos por otros y suspender algunas garantías y derechos constitucionales como el de reunión, manifestación y huelga todo lo cual implicaría una nueva vuelta de tuerca a la situación cual sería la aplicación, de una u otra forma, del número 3 ó 4 artículo 116 de la Constitución, es decir la declaración y aplicación en Cataluña del estado de excepción o sitio.

            El gobierno de la Generalitat lo tiene muy claro, sabe lo que quiere y está llevando al estado español  a tomar decisiones poco imaginativas que solo pueden terminar favoreciendo los intereses independentistas y la liquidación definitiva de España. Al punto en que han llegado las cosas, la declaración unilateral de independencia de Cataluña solo puede consumarse con un acto de violencia insurreccional, al igual que la legalidad constitucional solo puede defenderse con un acto de fuerza gubernativa y precisamente todos los movimientos de ajedrez que está realizando Puigdemont son tendentes a que el estado termine desplegando toda su capacidad coercitiva y toda su fuerza contra el independentismo catalán lo que le permitiría presentar a España como potencia agresora y a Cataluña como pobre víctima agredida haciendo inclinarse la balanza de la opinión pública internacional a favor del reconocimiento de la independencia de Cataluña.

            El Señor Rajoy, no es Arturo Pomar. La aplicación del artículo 155 es una trampa en la que él solito va a meter a las Españas y a los españoles, un error irreparable que tiene muchas posibilidades de provocar un enfrentamiento civil y la liquidación definitiva de España.